jueves, 21 de julio de 2011

"CASO GÜRTEL"; CAMPS DA LA ESPANTADA PARA NO TRAGAR CON EL APAÑO DE RAJOY

Francisco Camps, tras anunciar su dimisión / TANIA CASTRO
El presidente valenciano se derrumbó con el trato ya listo y facilitó así una salida a Rajoy
El líder del PP había aceptado que Camps siguiera en el poder con antecedentes penales
El letrado de Camps llegó a presentar en el tribunal el escrito en el que se reconocía culpable

* EDITORIAL: No muy honorable
* Convicto y confeso, blog de Fernando Garea
* Tarde, muy tarde, por Josep Torrent

 
Carlos E. Cué / Joaquín Ferrandis Madrid / Valencia

Le apoyó por delante, por detrás, al lado, se tragó todos los sapos por él, vinculó el futuro político de ambos, le aclamó en plazas de toros cuando todo el mundo sabía que lo quería ver dimitido. Nunca le pidió que se fuera. Esperó y esperó, confiado en que algún momento la presión lo reventaría. En que moriría sin que nadie lo matase. Y sobre todo sin que él se manchase las manos. Tuvo que esperar dos años, cuatro meses y un día, pero Mariano Rajoy, sin mover un músculo, vio ayer cómo caía por su propio peso, y sin hacer él nada, como pasó con el extesorero Luis Bárcenas, la última gran pieza del caso Gürtel: dimitió Francisco Camps.

El presidente de la Generalitat se resistió hasta el último momento. Y Rajoy, consciente de que no podía forzar su dimisión directamente, buscó una salida intermedia, aunque muy difícil de defender. En varias conversaciones en los últimos días, tanto el líder del PP como otros interlocutores le explicaron a Camps que la dirección nacional no podía permitirse un juicio en otoño, en plena campaña. Así que, si no quería dimitir —y no quería— solo quedaba una salida: declararse culpable, aceptar la multa más alta que le pidieran, y evitar el juicio.

Rajoy aceptaba así que Camps se convirtiera en el único presidente autonómico con antecedentes penales de la democracia española, nada menos que por cohecho, esto es por corrupción. Es más, le dejaba a él decidir. Pero para facilitar las cosas, Génova empezó a trabajar para que saliera adelante ese apaño. “Es el mal menor”, explicaban.

El abogado del dirigente llegó a presentar el escrito de culpabilidad

Rajoy ya había renunciado a su oportunidad real para resolver el problema en marzo, cuando podía no haberle confirmado como candidato. Los estatutos del PP le dan ese último poder al líder. Pero una vez más, no lo ejerció, prefirió esperar, como siempre, y entonces quedó a merced del president. Él tenía la última palabra.

Además de Camps, que nunca estuvo del todo convencido, porque quería ir a juicio, el problema principal era Ricardo Costa. El exsecretario general no quería admitir su culpabilidad porque eso podía facilitar su condena en el caso de financiación ilegal, con penas no de multas sino de cárcel.

El equipo de Rajoy puso en marcha la red para afianzar el apaño. Dolores de Cospedal llamó a última hora de la noche del martes a Costa, y le pidió un sacrificio. A cambio, le garantizó una compensación, un reconocimiento y un buen trato político en el futuro. Costa aceptó, a regañadientes y contra el criterio de su abogado.

Todos, Rajoy y Cospedal incluidos, se fueron a la cama pensando que el president se declararía culpable. Rajoy y Camps hablaron también a última hora, y aunque ambos coincidieron en que la solución no era buena, decidieron seguir adelante. Nadie en los últimos días descartaba la dimisión del todo, porque veían a Camps muy tocado, pero le habían visto tantas veces resistir y resistir que no lo querían creer. Por eso se resolvió que se declaraba culpable. Allí estaba Federico Trillo, siempre cerca de Camps desde el martes por la tarde, para garantizar que su entorno, mucho más resistente, no le convencía de que fuera a juicio. Rajoy no controló nunca la situación, todo estaba en el aire hasta el último momento.

Rajoy habló con Camps y todo quedó arreglado para que se "conformara"

Nada más despertar, comenzó una mañana de esperpento. Costa ya había cedido, pero con una condición: que él iba a firmar con Camps. En ningún caso antes. No se fiaba. Ya le habían engañado otras veces. El president llegó a prometerle que le metería en el Gobierno autonómico. Nada.

Varios periódicos daban cuenta en sus portadas del apaño, y los comentaristas empezaban a criticarlo. En el entorno de Camps se instalaba una realidad: el arreglo no eliminaría la presión mediática, lo que peor lleva un president que en los últimos dos años apenas ha aceptado preguntas de la prensa y que llevaba cinco días encerrado cancelando agendas. Su estado anímico se deterioraba por minutos, según los muchos dirigentes que han hablado con él en las últimas horas.

Aún así, a primera hora de la mañana, todo marchaba según lo previsto. Los abogados de tres de los cuatro imputados, Víctor Campos, Rafael Betoret y Francisco Camps llegaban al Tribunal Superior de Justicia de Valencia con sus documentos para “conformarse”, el término técnico para reconocer el delito. El letrado de Camps, y por tanto no un hombre enviado por Génova sino alguien de su absoluta confianza, llegó a presentar en el tribunal el escrito en el que reconocía el delito y anunció que estaba a la espera de que su cliente viniera a firmarlo. Costa esperaba acontecimientos, y nunca presentó el escrito.

Al final, el presidente no fue capaz de ir ante las cámaras a admitir la condena

El documento sin la firma del imputado no vale. Así que empezaron a desfilar. Primero Campos, que firmó, después Betoret, que también lo hizo... ¿Y Camps? Todo el mundo le esperaba, la expectación iba creciendo, y también la presión. El tribunal se llenó de cámaras y redactores que aguardaban a pleno sol. Pasaban las horas, y el juzgado iba a cerrar.

Entonces el esperpento alcanzó su cénit. El juzgado anunció que el abogado de Camps había comunicado que el president se disponía a acudir para firmar el documento que había presentado su abogado, esto es para reconocerse culpable. Pidió así el favor de que ampliaran el horario de cierre. Le había costado mucho decidirse, pero parecía hecho. El juzgado aceptó esperar nada menos que para recibir al president de la Generalitat, que seguía refugiado en el palacio presidencial con Trillo y Juan Cotino, dos hombres religiosos como él, cercanos al Opus Dei, que han estado casi siempre con él en los días más duros.

Muchos de los que han hablado con él estos meses aseguran que Camps se ha llegado a tomar el caso como una especie de martirio, como un prueba, y que se ha refugiado en la fe para resistir. Algunos incluso señalan que realmente estaba al límite de la resistencia psíquica.

Cuando todo parecía decidido, algo pasó. Se repitió el caso de Bárcenas. El extesorero dimitió un día en que su mujer lloraba porque no podía salir de casa con todas las cámaras esperando a la puerta. Camps se rindió al ver que tenía que declararse culpable y hacer el paseíllo rodeado de cámaras, admitir su falta, pagar la multa y explicarlo antes los ciudadanos. Acorralado, consciente de que casi todo el partido quería que se marchara hace mucho tiempo, se derrumbó. Decidió dimitir para no declararse culpable, para seguir con el juicio y tratar de defenderse. Para no admitir ante todos lo que ya todos reconocen incluso en público: que mintió, ante el juez, el Parlamento y los ciudadanos. “No quería ser un presidente condenado, ahora se siente liberado”, comentaba alguien que habló con él.

Cospedal convenció a Costa, que pidió que su jefe declarase con él

Su decisión, comunicada a las 17.30 con su gobierno en pleno a la espalda y Trillo y Rita Barberá de espectadores, deja a los pies de los caballos a Campos y Betoret. Ambos se han declarado culpables —y eso no tiene marcha atrás— porque el PP les dijo que Camps también lo haría. Costa se salvó por su desconfianza, y ahora él y Camps tratarán de defender su inocencia en el futuro juicio mientras otros dos imputados con las mismas pruebas reconocen su culpabilidad.

Sin haber jugado el partido, el resultado puede parecer muy bueno para Rajoy. Se quita el peso de Camps, que pese a su dimisión de ayer del Gobierno y del PP pretende mantener su escaño en el Parlament de cara al futuro; despeja su camino a La Moncloa y coloca de sucesor a Alberto Fabra, que siempre fue el favorito de Génova una vez que Rita Barberá rechazó el encargo. Se le colocó en las listas autonómicas por si acaso, aunque nadie contempló nunca en serio que Camps cayera.

Sin embargo, aunque políticamente empezó a resolverse ayer, el caso Gürtel en Valencia no ha hecho más que empezar. Queda por juzgar toda la financiación ilegal, las desviaciones y comisiones en la visita del Papa, y los contratos irregulares de todo tipo con la trama. El caso de los trajes era solo el principio. Pero ha sido suficiente, dos años después, para hacer dimitir al responsable de haber llevado la trama a Valencia: Francisco Camps, el amigo del alma de Álvaro Pérez, el Bigotes.


UN EX DIRECTIVO DE CAM NIEGA LA IMPLICACIÓN DE LA CAJA EN LA RAMA DE BRUGAL RELATIVA AL PGOU

Declara en el juzgado de Alicante

* Ha rechazado contestar cualquier pregunta relacionada con las escuchas
* Admite que la CAM negoció con Ortiz pero niega información privilegiada

Juan Nieto | Daniel Moltó | Alicante

El ex director de inversiones inmobiliarias de Caja Mediterráneo (CAM), Daniel Gil, ha negado este jueves ante el juez cualquier vinculación de la entidad bancaria con la supuesta trama de corrupción en torno a la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, investigada en una de las piezas separadas del sumario del Caso Brugal.

Gil es uno de los implicados en el caso según el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, quien le atribuye los presuntos delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario y de tráfico de influencias, por unos terrenos en la partida de Aguamarga para el proyecto frustrado de la Ciudad de la Economía, en beneficio del empresario Enrique Ortiz.

El fiscal considera responsable de los mismos delitos al director general adjunto y director de sociedades participadas de Bancaja cuando se investigaron los hechos, José Cortina, a quien considera responsable de influenciar, diseñar y conseguir, a través del constructor Ortiz, que se revolviera a su medida aspectos relevantes de la redacción del PGOU para salir beneficiado con unos terrenos en La Condomina. Su declaración, prevista para este miércoles, 20 de julio, ha sido aplazada hasta octubre.

Rechaza las escuchas
El ex alto cargo de CAM ha acudido acompañado por su abogado para prestar declaración ante el titular del juzgado de Instrucción número 5, Manrique Tejada, quien instruye la pieza separada del caso en Alicante.

El ex directivo se ha negado a contestar a cualquier pregunta relacionada con las escuchas telefónicas llevadas a cabo por la Policía, pues según ha reiterado, estas conversaciones están pendientes de anulación. También se ha negado a escuchar las grabaciones después de que el fiscal se lo haya sugerido tras asegurar que no recordaba esas conversaciones.

Gil ha admitido que la Cam tuvo negocios a través de una sociedad del empresario Enrique Ortiz, pero ha negado haber recibido cualquier tipo de información o instrucción a través del Ayuntamiento, así como cualquier reunión o encuentro con responsables del área de Urbanismo o de Alcaldía.


elmundo.es

"CASO MALAYA"; ROCA COMUNICABA A GIL TODAS SUS OPERACIONES URBANÍSTICAS PRIVADAS EN MARBELLA

Nuevo argumento del ex asesor

* El ex alcalde marbellí fue también su socio en negocios inmobiliarios

José Carlos Villanueva | Málaga

El principal acusado en el juicio por el caso 'Malaya', Juan Antonio Roca, ha introducido este miércoles un argumento novedoso, no empleado nunca hasta ahora. Ha asegurado que él le comunicaba personalmente al ex alcalde Jesús Gil "todas" sus operaciones urbanísticas de índole privado acometidas en el municipio, al margen de su actividad pública como responsable del urbanismo marbellí.

A preguntas del fiscal, Juan Carlos López Caballero, Roca se ha referido concretamente a la compraventa de la finca La Concepción, en 1997, operación en la que Gil y Gil se convirtió en su socio mayoritario, con un 50% de las acciones de la sociedad Aragonesas de Finanzas Jacetanas, junto a su peón de confianza en las sociedades municipales, José Luis Jiménez -ya fallecido- con un 25%. Se trata del mismo porcentaje de acciones que ostentó el exasesor urbanístico.

En la compra de dos parcelas que sumaban 1,2 millones de metros cuadrados Gil participó a través de la sociedad Mizar , administrada por su hija Miriam; mientras que Jiménez lo hacía mediante la empresa Gestión Safiso.

Gil, Roca y Jiménez pretendieron la recalificación de dichos terrenos, calificados como suelo rústico no urbanizable en el PGOU vigente entonces de 1986, para poder construir 1.6000 viviendas, campo de golf y un hotel. Todo ello en base a la revisión de dicho plan, llevada a cabo en 1998 contra el criterio de la Junta de Andalucía.

Las dos fincas fueron adquiridas en 1997 por más de 500 millones de las antiguas pesetas y la escritura pública se formalizó a comienzos de 1998. El negocio iba a ser redondo. Tal y como ha recordado Roca, "se trata de unos terrenos a menos de 1.000 metros de Puerto Banús". Los hechos se enmarcan en un caso de presunto blanqueo de capitales.

En los primeros meses de 2003 los terrenos fueron ofrecidos al mejor postor, al ser rechazada la recalificación en el nuevo PGOU de la Junta de Andalucía. Jesús Gil y José Luis Jiménez recuperaron la inversión, pero Roca mantuvo siempre la idea de quedarse en la sociedad propietaria, Aragonesas de Finanzas Jacetanas.

Plan de Ordenación Territorial
A preguntas del fiscal Roca ha reconocido que dichos terrenos se ofrecían con la calificación de "urbanizables". Lo cierto es que dicho acusado ha hecho hincapié, ya a preguntas de su abogada, Rocío Amigo, en que en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA) dejaba como urbanizables los terrenos, incluso tras estallar la llamada operación 'Malaya' en marzo de 2006.

De hecho, EL MUNDO desveló en mayo de 2006 que el POTA, impulsado por la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, aplicaba a la finca La Concepción, en manos de testaferros de Roca, la protección más suave de las tres contempladas , como es la de "zona de interés territorial", inferior a las zonas de protección ambiental 1 y 2.

Así pues, en dicha parcela aún cabían determinadas "actuaciones singulares de excelencia turística", como recoge la normativa, tales como un campo de golf, un hotel, así como viviendas unifamiliares de lujo.

La Junta, a través del arquitecto redactor del POTA, José Seguí, decidió dar mayor protección a los suelos a raíz de la operación 'Malaya', desencadenada a finales de marzo de 2006, ya que en el anterior documento del POTA, previo al presentado en mayo de 2006, era una zona no protegida en la que se daba luz verde a las 1.600 viviendas y el campo de golf.

Todo ello a raíz de un convenio entre el Ayuntamiento de Marbella y la sociedad Aragonesas de Finanzas Jacetanas S.L. en la que figuran algunos de los testaferros de Roca que ahora se sientan en el banquillo junto a él.

El documento del POTA previo al definitivo dejaba vía libre a cualquier desarrollo urbanístico, a pesar de que el arquitecto redactor del Avance del PGOU de Marbella, Manuel González Fustegueras, no había cedido a las presiones de Roca y otorgaba la máxima protección ambiental a la parcela de La Concepción.

El criterio de Fustegueras no fue seguido por el arquitecto José Seguí, quien ya había mantenido reuniones con Roca meses antes de su detención. El urbanista sólo se decidió a otorgar mayor protección a los terrenos cuando saltó el escándalo de corrupción en el Consistorio marbellí y la empresa Aragonesas de Finanzas Jacetanas S.L. salió a relucir.

El presidente del tribunal del caso 'Malaya', José Godino, ha dado por concluido el periodo de sesiones de la vista oral hasta el próximo 5 de septiembre, una vez concluida la declaración de Roca.

"CASO GÜRTEL"; CAMPS RENUNCIA A ACEPTAR LA CONDENA POR COHECHO Y SE ENFRENTARÁ A UN JURADO POPULAR


Camps abandona el Palau de la Generalitat tras anunciar su dimisión | Vicent Bosch

Tras dimitir como jefe del Consell

Presenta un escrito ante el TSJ en el que rechaza aceptar la pena por cohecho

Agencias | Valencia

Francisco Camps lo insinuó durante la intervención ante los medios en la que anunció su dimisión: "quedo liberado para defenderme donde corresponda de todas estas infamias e insidias". Dejaba entrever el "completamente inocente" ex jefe del Consell que acudirá a juicio para defender su honor. Este jueves se ha confirmado la decisión de Camps de no declararse culpable en la 'causa de los trajes'.

El abogado de Francisco Camps ha presentado este jueves ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano un escrito donde el dimitido presidente rechaza aceptar la pena más alta prevista para el delito de cohecho pasivo impropio por la que está procesado en la llamada 'causa de los trajes' del caso Gürtel.

Según han confirmado fuentes del TSJCV, el letrado que lleva la defensa de Camps, Javier Boix, presentó el miércoles en el Palacio de Justicia un escrito de su cliente donde éste aceptaba la acusación, pero estaba sin firmar y el entonces aún presidente de la Generalitat finalmente no acudió a ratificarlo en persona, como es obligatorio.

Sí lo hicieron, durante la mañana del miércoles, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo y actual jefe de protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, quienes aceptaron la acusación de haber recibido supuestamente regalos (sobre todo prendas de vestir) de los cabecillas de la trama Gürtel.

Respecto al cuarto procesado en la citada 'causa de los trajes', el ex secretario general del PPCV y actual secretario general del grupo popular en las Cortes, Ricardo Costa, su defensa aún no se ha pronunciado sobre si acepta o no su culpabilidad ante la acusación por el delito de cohecho pasivo impropio.

Quizás no haga falta que Costa se pronuncie, pues la negativa de Camps a conformarse con la pena más alta deja sin efecto lo realizado por Campos y Betoret, al necesitarse las cuatro conformidades para evitar la celebración del juicio oral con jurado que abrió, el pasado viernes, el magistrado del TSJCV José Flors en su auto de procesamiento del presidente y los otros ex altos cargos de la Generalitat y del PPCV.

El magistrado Juan Climent, como presidente del tribunal del jurado, requerirá a estos cuatro procesados el pago de la fianza, que deberán depositar personalmente. Climent, en el caso de que Costa también rechace la conformidad -como ha hecho este jueves la defensa de Camps-, requerirá a todos ellos a que depositen la fianza establecida en el auto de apertura de juicio oral.

Esta fianza, que deberán depositar en persona los imputados ante el TSJCV, corresponde a la pena máxima que pedía el fiscal más un tercio, lo que en el caso de Francisco Camps alcanza los 55.000 euros.

El proceso para la convocatoria del juicio oral discurre en paralelo a estos movimientos, y continuará con la designación formal del presiente del tribunal del jurado, al que las partes podrán plantear cuestiones previas que éste podrá o no resolver antes del juicio; se dictará un auto en el que señalará los hechos que van a ser juzgados y se fijará la fecha de la vista, el trámite final antes de la celebración del juicio.

Además

"CASO MALAYA"; ROCA COMUNICABA A GIL TODAS SUS OPERACIONES URBANÍSTICAS PRIVADAS EN MARBELLA

Nuevo argumento del ex asesor

* El ex alcalde marbellí fue también su socio en negocios inmobiliarios

José Carlos Villanueva | Málaga

El principal acusado en el juicio por el caso 'Malaya', Juan Antonio Roca, ha introducido este miércoles un argumento novedoso, no empleado nunca hasta ahora. Ha asegurado que él le comunicaba personalmente al ex alcalde Jesús Gil "todas" sus operaciones urbanísticas de índole privado acometidas en el municipio, al margen de su actividad pública como responsable del urbanismo marbellí.

A preguntas del fiscal, Juan Carlos López Caballero, Roca se ha referido concretamente a la compraventa de la finca La Concepción, en 1997, operación en la que Gil y Gil se convirtió en su socio mayoritario, con un 50% de las acciones de la sociedad Aragonesas de Finanzas Jacetanas, junto a su peón de confianza en las sociedades municipales, José Luis Jiménez -ya fallecido- con un 25%. Se trata del mismo porcentaje de acciones que ostentó el exasesor urbanístico.

En la compra de dos parcelas que sumaban 1,2 millones de metros cuadrados Gil participó a través de la sociedad Mizar , administrada por su hija Miriam; mientras que Jiménez lo hacía mediante la empresa Gestión Safiso.

Gil, Roca y Jiménez pretendieron la recalificación de dichos terrenos, calificados como suelo rústico no urbanizable en el PGOU vigente entonces de 1986, para poder construir 1.6000 viviendas, campo de golf y un hotel. Todo ello en base a la revisión de dicho plan, llevada a cabo en 1998 contra el criterio de la Junta de Andalucía.

Las dos fincas fueron adquiridas en 1997 por más de 500 millones de las antiguas pesetas y la escritura pública se formalizó a comienzos de 1998. El negocio iba a ser redondo. Tal y como ha recordado Roca, "se trata de unos terrenos a menos de 1.000 metros de Puerto Banús". Los hechos se enmarcan en un caso de presunto blanqueo de capitales.
En los primeros meses de 2003 los terrenos fueron ofrecidos al mejor postor, al ser rechazada la recalificación en el nuevo PGOU de la Junta de Andalucía. Jesús Gil y José Luis Jiménez recuperaron la inversión, pero Roca mantuvo siempre la idea de quedarse en la sociedad propietaria, Aragonesas de Finanzas Jacetanas.

Plan de Ordenación Territorial
A preguntas del fiscal Roca ha reconocido que dichos terrenos se ofrecían con la calificación de "urbanizables". Lo cierto es que dicho acusado ha hecho hincapié, ya a preguntas de su abogada, Rocío Amigo, en que en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA) dejaba como urbanizables los terrenos, incluso tras estallar la llamada operación 'Malaya' en marzo de 2006.

De hecho, EL MUNDO desveló en mayo de 2006 que el POTA, impulsado por la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, aplicaba a la finca La Concepción, en manos de testaferros de Roca, la protección más suave de las tres contempladas , como es la de "zona de interés territorial", inferior a las zonas de protección ambiental 1 y 2.

Así pues, en dicha parcela aún cabían determinadas "actuaciones singulares de excelencia turística", como recoge la normativa, tales como un campo de golf, un hotel, así como viviendas unifamiliares de lujo.

La Junta, a través del arquitecto redactor del POTA, José Seguí, decidió dar mayor protección a los suelos a raíz de la operación 'Malaya', desencadenada a finales de marzo de 2006, ya que en el anterior documento del POTA, previo al presentado en mayo de 2006, era una zona no protegida en la que se daba luz verde a las 1.600 viviendas y el campo de golf.

Todo ello a raíz de un convenio entre el Ayuntamiento de Marbella y la sociedad Aragonesas de Finanzas Jacetanas S.L. en la que figuran algunos de los testaferros de Roca que ahora se sientan en el banquillo junto a él.

El documento del POTA previo al definitivo dejaba vía libre a cualquier desarrollo urbanístico, a pesar de que el arquitecto redactor del Avance del PGOU de Marbella, Manuel González Fustegueras, no había cedido a las presiones de Roca y otorgaba la máxima protección ambiental a la parcela de La Concepción.

El criterio de Fustegueras no fue seguido por el arquitecto José Seguí, quien ya había mantenido reuniones con Roca meses antes de su detención. El urbanista sólo se decidió a otorgar mayor protección a los terrenos cuando saltó el escándalo de corrupción en el Consistorio marbellí y la empresa Aragonesas de Finanzas Jacetanas S.L. salió a relucir.

El presidente del tribunal del caso 'Malaya', José Godino, ha dado por concluido el periodo de sesiones de la vista oral hasta el próximo 5 de septiembre, una vez concluida la declaración de Roca.

Además
* Gráfico: Las claves del caso