sábado, 3 de diciembre de 2011

EL JUEZ IMPUTA A 2 EX DIRECTORES DE LA CIUDAD DE LAS CIENCIAS POR EL "CASO URDANGARÍN"

Alfonso Grau, vicealcalde de Valencia, en el centro, tras declarar. | B. Pajares
VALENCIA | Al parecer, hay una tercera imputada cuya identidad se desconoce

* La Policía Judicial ha interrogado a técnicos de la Ciudad de las Ciencias
* Nóos cobró 3,5 millones por dos jornadas sobre grandes eventos y turismo
* El Valencia Summit fue sufragada por la Generalitat y el Ayuntamiento
* El vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, ha prestado declaración como testigo
* El Gobierno valenciano asegura que no se está investigando a la Generalitat

M. Hernández | G. Peñalosa | F. Álvarez | Agencias | Valencia

El juez que instruye la pieza separada y declarada secreta del caso Palma Arena ha imputado a dos ex directores de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias (Cacsa), Jorge Vela y José Manuel Aguilar, en relación con la investigación sobre el Instituto Nóos, la fundación presidida por el duque de Palma, Iñaki Urdangarin. Asimismo, se ha imputado a una tercera persona, cuya identidad no ha trascendido.

La orden del titular del juzgado de Instrucción Número 3 de Palma de Mallorca, se ha conocido después de que el fiscal del caso se haya trasladado personalmente a Valencia para continuar con las pesquisas.

De hecho, el jueves ya declararon tanto Vela, director de Cacsa entre 2005 y 2009, como de Aguilar, su antecesor y responsable de esta empresa pública entre los años 2002 y 2005. Ambos, según fuentes del Gobierno valenciano, fueron acompañados por sus respectivos abogados a la sede de la Policía Judicial de en Valencia.

A penas 24 horas después, los agentes judiciales se han desplazado hasta las oficinas de la Ciudad de las Artes y las Ciencias S.A. (Cacsa) para interrogar a los técnicos que participaron en la redacción de los contratos con el Instituto Nóos para la organización del Valencia Summit. Por estas jornadas sobre grandes eventos deportivos y turismo, la entidad presidida por Iñaki Urdangarín recibió 3,5 millones de euros.

Fuentes de Cacsa han precisado, no obstante, que no se ha realizado ningún registro en sus oficinas, ni tampoco se ha entregado documentación ya que, según precisan, ésta no ha sido requerida.

En paralelo, el vicealcalde de esta ciudad, Alfonso Grau ha prestado declaración este viernes ante el fiscal de Baleares. A su salida, ha aclarado que su comparecencia ha sido en calidad de testigo, aunque no ha adelantado más datos tras alegar que la causa es secreta.

Junto a Aguilar y Vela, también declaró el jueves José Salinas, el director del Valencia Convention Bureau, la fundación controlada por el Ayuntamiento de la ciudad mediante la que se firmó con Nóos el convenio para organizar estas dos jornadas.

Salinas, preguntado por este periódico, aseguró que sólo fue requerido para certificar la veracidad de la documentación confiscada en su día por la Policía Judicial. El pasado 8 de noviembre, agentes de la Seguridad del Estado se personaron en la Consejería de Presidencia y en Cacsa para llevarse todos los expedientes de los contratos.
 
'No afecta a la Generalitat'
Por su parte, la portavoz del Gobierno valenciano ha precisado que la investigación "no afecta a la Generalitat", a la que "no se está investigando".

"Pero sí es verdad que hay alguna conexión, y es por eso que en esta fase de diligencias de investigación se está pidiendo información", ha dicho la consellera, quien ha añadido que, "como no podía ser de otra manera, desde la Generalitat, desde CACSA", están "absolutamente a disposición de la Justicia".

La consellera ha indicado que lo que se ha hecho es pedir información a las personas que podían tener conocimiento en este caso del contrato de esos eventos que se celebraron en Valencia, y ha insistido en que "simplemente, en una fase de diligencias de investigación, es una solicitud de información".

Posteriormente, en un comunicado, el Consell ha asegurado que "el Fiscal no puede imputar procesalmente a nadie y las declaraciones ante él, en concepto de investigado, carecen de valor procesal de imputación".

"Si el Fiscal o la Policía han usado el termino imputado para referirse a declaraciones ante tales funcionarios, solo puede obedecer a la búsqueda del titular mediático por no ignorar el desvalor y descrédito que supone el uso de ese término procesal ante la ciudadanía y los medios de comunicación", añaden las mismas fuentes.

"Respetamos la presunción de inocencia de toda persona pero aún más en el caso de unas personas a las que ningún juez se ha dirigido o ha recibido declaración", concluye el comunicado.

A la celebración del Valencia Summit durante los años 2004 y 2005, unas jornadas sobre los efectos de los grandes eventos en el turismo por las que el Gobierno valenciano y el Ayuntamiento de Valencia pagaron conjuntamente 3,5 millones de euros, según se ha reconocido de manera oficial, se suma otro contrato firmado por el ex presidente Francisco Camps y el propio Urdangarin, para lograr que la ciudad albergara unos hipotéticos Juegos Europeos. Por esta misión, el duque de Palma percibió 382.000 euros, aunque el montante total del convenio ascendía a tres millones de euros.

Además
* Urdangarin se apoderó del dinero en vez de 'reinvertirlo'