miércoles, 27 de enero de 2010

"OPERACIÓN ALMEXIA"; IMPUTAN A OTRA PERSONA EN ALMOGÍA POR IRREGULARIDADES URBANÍSTICAS

TRIBUNALES

Europa Press Málaga

El Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga ha imputado a una persona, con iniciales J.J.P.P., en relación con las presuntas irregularidades urbanísticas que se investigan en Almogía, según informaron fuentes judiciales.

Las mismas fuentes apuntaron que a esta persona se le imputa un delito contra la ordenación del territorio. Otras fuentes precisaron a Europa Press que se trata de un constructor. Además, en estos días han comparecido también varios testigos.

La instructora del caso confirmó entre noviembre y diciembre pasado las imputaciones hechas por la Guardia Civil respecto a 12 personas investigadas en este caso, entre ellas el alcalde del municipio, Cristóbal Torreblanca, al que inicialmente se le imputan los delitos de falsedad documental y prevaricación.

Asimismo, la jueza imputó al arquitecto del Ayuntamiento por los delitos de falsedad documental y contra la ordenación del territorio; y al secretario municipal por los delitos de falsedad, contra la ordenación del territorio, negociación prohibida a funcionarios y prevaricación.

elmundo.es

"CASO MERCASEVILLA"; LA AUDITORÍA REVELA QUE HABÍA PÉRDIDAS CUANDO MELLET REPARTÍA BENEFICIOS

Superaron los 1,5 millones de euros

Protesta de los prejubilados a la entrada de las oficinas de Mercasevilla. | J. Morón

* El plan de prejubilaciones costó nueve millones de euros a la empresa
* La auditoría ya está en manos del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla
* 'Hemos sido engañados', ha asegurado Alfonso Mir, consejero apoderado

Europa Press | Sevilla

La auditoría elaborada por la empresa Deloitte sobre las cuentas generales de la sociedad mixta Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, revela que el ejercicio 2008, cuando la directiva liderada por Fernando Mellet repartió dividendos de 258.000 euros, arrojó pérdidas que superaron los 1,5 millones de euros, toda vez que la amenaza "más grave" la constituyen los nueve millones de euros comprometidos para las prejubilaciones y la nueva dirección sopesa una posible ampliación de capital si la Junta no participa en los costes de los prejubilados.

A lo largo de una sesión que se ha prolongado durante más de tres horas, el consejo de administración de Mercasevilla ha tomado conocimiento del contenido de esta auditoría elaborada por la consultora Deloitte y ya elevada al Juzgado de Instrucción número seis, que investiga tanto el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado por los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, como las irregularidades del concurso público mediante el que se adjudicó a Sanma -filial del grupo Sando- los derechos de opción de compra de los suelos del antiguo mercado central pese a que el grupo Noga concurría con una oferta superior.

Esta auditoría refleja el estado contable y financiero de Mercasevilla a fecha 30 de abril de 2009 y recoge que sólo en el periodo comprendido entre enero y abril de 2009, Mercasevilla acumuló pérdidas por valor de 280.000 euros, aunque "el problemas más grave" que arrastra la sociedad mixta no es otro que los nueve millones de euros que debe afrontar para garantizar los pagos de los trabajadores acogidos al expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007, dado que aunque en las polizas figuran alusiones a la financiación autonómica, no se han descubierto documentos en los que la Junta de Andalucía haya firmado su participación económica en tal procedimiento.

Tras el consejo de administración, el consejero apoderado de Mercasevilla, el concejal socialista Alfonso Mir, ha comparecido ante los medios de comunicación para mostrar el "asombro" y la "indignación" de todos los miembros del consejo ante el resultado de esta auditoría externa encargada como consecuencia de la mencionada investigación judicial.

El mejor ejemplo de la situación de la empresa, a juicio de Mir, es el descubrimiento de que el ejercicio de 2008, -en el que la directiva de Mellet y Ponce repartió dividendos entre los accionistas por unos beneficios valorados en algo más de 258.000 euros-, concluyó "en realidad" con pérdidas que superaban los 1.539.000 euros, extremo que según recordó, no había detectado la auditoría que sobre aquel ejercicio elaboró Price Waterhouse por encargo de la propia empresa.

'Engañados', según Alfonso Mir
"Price Waterhouse tendría que haber hecho su trabajo en condiciones, hemos sido engañados", dijo Alfonso Mir, quien enfatizó que el consejo de administración ha acordado "tomar medidas" judiciales contra los antiguos gestores de la empresa e incluso contra 'Price Waterhouse' a consecuencia de este extremo.

Así, advirtió de que la situación de la empresa "era insostenible" en los momentos en los que Mellet y Ponce, -el primero imputado por la causa del cobro de comisiones ilegales y la venta de los suelos y el segundo sólo por las últimas diligencias-, repartían beneficios entre los accionistas de Mercasevilla.

Dado el caso, el consejo de administración ha acordado "formular" ya las cuentas de la empresa a fecha 31 de diciembre de 2009 para conocer "cómo estamos", en alusión a la situación económica y financiera de la sociedad mixta, que sólo entre enero y abril de 2009 sufrió pérdidas por valor de 280.000 euros.

Pero Alfonso Mir dedicó especial atención a los nueve millones de euros que la auditoría externa de Deloitte recoge como pasivo a cuenta de los compromisos de financiación de los prejubilados derivados del ERE de 2007, porque aunque en las pólizas relativas a este procedimiento figuran "acuerdos" en los que se alude a "que la Junta pagaría", lo cierto es que la consultora no ha localizado documentos "firmados" por la Administración andaluza que prueben su compromiso financiero para con este ERE. Quizá, a juicio de Mir, se trate de "otro engaño más".

En ese sentido, no ocultó que estos nueve millones de euros constituyen el "problema más grave" de Mercasevilla, porque si finalmente la sociedad mixta se ve abocada a afrontar en solitario estos pagos, Mercasevilla se vería obligada a "ampliar capital" a través de aportaciones del Ayuntamiento y Mercasa. Otra de las opciones barajadas por Mir, según dijo, es "un préstamo participativo", si bien descartó la "disolución" de la empresa y garantizó la conservación del carácter público de la empresa.

Ante este escenario, anunció que Mercasevilla buscará una negociación con el Gobierno andaluz para que sume "la mayor participación" posible en la financiación de los costes de las prejubilaciones.

Además
* Entregan a la jueza la auditoría externa
* Los 13 imputados de Mercasevilla

elmundo.es

EL PSIB PIDE A UM QUE NO "ETERNICE" SU DECISIÓN DE CESAR A MIQUEL NADAL POR SU SUPUESTA IMPLICACIÓN EN EL "CASO MAQUILLAJE"

CRISIS DEL PACTE | Dan un plazo de 'días o semanas, pero no meses'

Europa Press | Palma

El portavoz del PSIB en el Parlament, Antoni Diéguez, ha reclamado al nuevo presidente de UM, Josep Melià, que no "eternice" la decisión de cesar al portavoz y regidor de este partido en el Ayuntamiento de Palma, Miquel Nadal, en cumplimiento del código ético y le ha dado para ello un plazo de "días o semanas, pero no meses".

En una rueda de prensa, Diéguez ha considerado que los uemitas han retrasado la decisión de cesar a Nadal, debido a la situación "traumática" que han atravesado en los últimos meses, tras la dimisión del ex-presidente de este partido, Miquel Ángel Flaquer, después de que el juez del caso Maquillaje le retirara el pasaporte y le impidiera abandonar el territorio nacional, por su supuesta implicación en este caso de corrupción.

En este sentido, ha indicado que entiende que UM necesita su tiempo para "recomponer" sus órganos directivos y, una vez hecho esto, aplicar el código ético en Nadal, si bien ha insistido en que a pesar de que el PSIB "acepta perfectamente" que no se le tiene que "marcar un calendario", el cese del portavoz uemita "no puede ser una cosa en la que nos estemos enredando mucho tiempo, porque estas cuestiones tapan la labor del Gobierno municipal".

"Lo más probable es que UM cumpla el código ético, tal como hizo con el ex-parlamentario Bartomeu Vicens, al que apartó del grupo" después de que un juez le decretara prisión bajo fianza de 100.000 euros, "y tal como ha sucedido con Miquel Ángel Flaquer, quien dimitió tras decretarse contra él medidas cautelares".

Diéguez ha considerado que si UM no ha cesado a Nadal antes, pese a que el juez del caso Maquillaje también le retiró el pasaporte y le impidió abandonar el territorio nacional, es porque este partido no ha atravesado la "mejor de las situaciones para que los órganos directivos pudieran tomar decisiones" en esta materia.

Sin embargo, el portavoz socialista ha remarcado que las declaraciones de Melià tras ser nombrado presidente de UM, en las que señaló que quiere "recuperar la credibilidad" de su partido, hacen pensar que "no cabe duda de que va a hacer todo lo posible para cumplir el pacto y el código ético, aunque no es una cuestión de 24, 48 o 72 horas, sino que se tiene que tomar el tiempo que precise y sea lógico".

Además
* El Bloc anuncia que dejará Cort si Calvo no echa a UM
* UM: 'Grosske no nos marca la agenda, vamos a nuestro ritmo'
* Bauzá: 'Cort está en una inestabilidad absolutamente estable'
* Humor: El chiste de Alfie
* Un alto cargo de Munar dice que falsificaron su firma

elmundo.es

EL JUEZ DE "GÜRTEL" AVALA LAS ESCUCHAS EN PRISIÓN ORDENADAS POR GARZÓN

TRIBUNALES | Rechaza los recursos de los acusados

* Los líderes de la trama fueron grabados en conversaciones con sus abogados
* Pedreira prorrogó estas escuchas en la cárcel cuando asumió el caso

ELMUNDO.es | Efe | Madrid

El juez instructor del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha avalado la intervención de las comunicaciones entre varios de los imputados en la trama de corrupción y sus abogados cuando se encontraban en prisión ordenadas por el juez Baltasar Garzón, que fueron calificadas como ilegales por el Consejo General de la Abogacía Española.

En un auto notificado este miércoles, Pedreira rechaza así los recursos interpuestos por los letrados José Luis Izquierdo y Javier Nombela, que solicitaban asimismo que se dictara la nulidad de las escuchas acordadas por el magistrado de la Audiencia Nacional. Se da la circunstancia que el propio Pedreira prorrogó las escuchas cuando asumió el caso.

Las intervenciones cuestionadas eran las referidas a las comunicaciones que el considerado responsable de la trama, Francisco Correa, y sus dos principales colaboradores, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, mantuvieron con sus defensas en la cárcel de Soto del Real después de que Garzón acordara su ingreso en prisión provisional.

Garzón ordenó la detención a estos tres imputados en la trama de corrupción el 12 de febrero. Siete días después, y siempre tramitando el procedimiento en secreto, dictó una resolución en la que precisaba los delitos que les imputaba: blanqueo de capitales, defraudación fiscal, falsedad documental, cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias.

En esa resolución, ordenó la intervención de todas las comunicaciones orales y escritas que mantuvieran los tres internos "con el objeto de poder determinar con exactitud todos los extremos de sus ilícitas actividades, y especialmente determinar el grado de imputación que pudieran tener otras personas".

Garzón invocó para las escuchas un precepto que permite intervenir las comunicaciones con los abogados en supuestos de terrorismo. La polémicas grabaciones fueron rechazadas por el Consejo General de la Abogacía Española. El órgano que aglutina a todos los colegios de abogados españoles expresó a través de un comunicado su "absoluto rechazo a la violación del secreto profesional".

De las conversaciones entre ellos y sus familias que se conocieron con el levantamiento parcial del sumario se desprende que siguieron dando instrucciones para evitar que la policía interviniese determinada documentación comprometida y continuar impartiendo la estrategia de la red corrupta.

Correa: 'Todo eso hay que controlarlo'
En esta línea, se revela parte de su estrategia de defensa. En concreto, tanto Crespo como Correa piden a sus respectivos letrados que controlen "las declaraciones de los imputados" para evitar que existan contradicciones entre ellos. "Todo eso hay que controlarlo", insiste Correa durante una reunión con su abogado.

En una de esas charlas, Correa -que pidió aparecer como Don Vito en la contabilidad de la 'caja B' de la trama- se lamenta de la existencia del 'pendrive' que la Policía incautó en la sede central de la organización en Madrid -la clave sobre la que se sustenta la mayoría de las acusaciones-: "Sin este 'pendrive' todo esto no hubiera ocurrido". El cabecilla de la trama plantea la posibilidad de alegar que el 'pendrive' es, en realidad, "un montaje" de "Izquierdo y Pepe Peñas". Con ellos se refiere a los ex concejales del PP de Majadahonda José Luis Peñas y José Luis Izquierdo, que fueron quienes denunciaron la trama a partir de grabaciones subrepticias. "El famoso 'pendrive'. ¡Si no existiera...!", asegura Correa.

En otro punto, Crespo y Correa sugieren que se contacte con despachos en los países en los que tienen fondos para que "planteen pleitos" que dificulten las comisiones rogatorias.

Ocultar los fondos en Suiza
Según las conclusiones de la Policía extraídas de las intervenciones de comunicaciones en la cárcel, Crespo, ex secretario de organización del PP de Galicia, dio instrucciones desde la prisión de Soto del Real para ejecutar los fondos de la organización en Suiza y para evitar que los agentes encontrasen determinados documentos comprometedores.

El sumario del 'caso Gürtel' recoge diferentes cartas intervenidas al segundo líder de la trama, Crespo, en las que éste se dice "víctima de un montaje político" y reclama el desbloqueo de las cuentas de las sociedades de la presunta red corrupta.

Además
* Las claves | Implicados

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