martes, 19 de mayo de 2009

RICARDO COSTA DEFIENDE SU COMPORTAMIENTO "CORRECTO" ANTE IMPUTACIONES "SIN FUNDAMENTO"



El 'número dos' de Camps está acusado de adquirir trajes por un importe de 7.325 euros abonados por una de las empresas de Correa

EFE - Valencia

Hoy no ha declarado Camps, pero si lo ha hecho el secretario general del PPCV, Ricardo Costa, que ha mostrado ante el juez que le ha tomado declaración por su supuesta relación con el 'caso Gürtel' su convencimiento de que su comportamiento ha sido "absolutamente correcto" y legal, y ha dicho que las imputaciones no tienen "ningún fundamento".

A su salida del Palacio de Justicia, donde ha declarado como imputado por un supuesto delito de cohecho, Costa ha señalado a los periodistas que sus abogados tienen "todos los elementos probatorios" de que las fechas desde las que ostenta sus actuales cargos, tanto en el PPCV (2007) como en Les Corts (2008), son "posteriores" a las de los "presuntos trajes" que se le imputan.

Sus cargos son "posteriores" a los "presuntos trajes"

Costa, quien ha declarado ante el magistrado del TSJCV José Flors desde las 12.00 horas y después de que lo haya hecho durante media hora el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos, ha recibido a su salida el aplauso y el apoyo de una docena de personas.
"¡Ladrón", trajes para todos!"

Tras la declaración de algo más de media hora del ex vicepresidente del Consell Víctor Campos , imputado en el denominado caso Gürtel, le tocó el turno a Costa, quien llegó al juzgado "muy tranquilo".

Costa, citado por un supuesto delito de cohecho, llegó al TSJCV a las 11.15 horas -45 minutos antes de la hora prevista para la declaración-, a pie y semblante sonriente, acompañado por el vicesecretario general del PPCV, David Serra, quien dijo que está "fenomenal de ánimos".

Pese a la aparente entereza, Costa ha tenido que escuchar como una señora le llamaba "ladrón", y pedía "trajes para todos". No ha habido más incidentes.

Sin embargo, la primera jornada de declaraciones ha levantado una gran expectación mediática. A las 8.00 horas, dos horas y media antes de la citación de Víctor Campos, ya había periodistas congregados en la puerta del TSJCV, dispuestos tras unas vallas habilitadas para regular el paso a las instalaciones únicamente a las personas relacionadas con la actividad del alto tribunal.

A las 9.30 horas, el número de representantes de medios llegaba casi al centenar, mientras efectivos policiales regulaban el paso de los peatones y supervisaban la seguridad. Hasta el TSJCV también se acercaron algunos diputados del PP como Sagrario Sánchez o Yolanda García o el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia, Miquel Domínguez, entre otros.

El elevado número de medios de comunicación obligó a hacer un "ensayo" previo antes de que Costa saliera de prestar declaración ante el magistrado, y a designar a algunos periodistas para que sujetaran los micrófonos y las grabadoras, mientras los medios gráficos permanecían detrás de las vallas instaladas, tal y como se les había indicado.
Investigaciones

Según las investigaciones desarrolladas por el juez Baltasar Garzón antes de inhibirse en favor del TSJCV, Costa adquirió trajes en diferentes tiendas de ropa por un importe de 7.325 euros que fueron pagados por Orange Market, una de las empresas vinculadas a la trama supuestamente dirigida por Francisco Correa.

Costa ha reiterado en diversas ocasiones su disposición a colaborar con la justicia "para que se aclaren cuanto antes todas las infamias vertidas contra los populares".

Las declaraciones continuarán mañana con la comparecencia de Camps, a quien seguirán el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret y el responsable de la empresa Orange Market en Valencia, Álvaro Pérez.

PÚBLICO.ES

UNA TRAMA IRREGULAR QUE REMITE AL "CASO GÜRTEL"

MARCO SCHWARTZ

Sólo la justicia puede dictaminar si un mecanismo de financiación política es ilegal. Lo que sí se puede afirmar sin necesidad del pronunciamiento de un tribunal, con la información que hoy aporta Público, es que el sistema de abastecimiento de fondos y pago de campañas electorales que montó el PP a través de la fundación Fundescam resulta, como mínimo, opaco e irregular.

Opaco, por cuanto Fundescam dejó de cumplir con su obligación de presentar las cuentas en el registro de fundaciones en el ejercicio del 2003, justo en el que sufragó las campañas electorales del PP correspondientes en el tiempo al escándalo del tamayazo.

Irregular, porque, entre otras cosas, Special Events -empresa que se encuentra en el corazón del escándalo de corrupción conocido como caso Gürtel- facturaba a Fundescam bajo dos ítems: el "concepto real" (las campañas electorales) y el "concepto factura", es decir, el ficticio; montaje de cursos, seminarios, etcétera.

Todo este entramado apesta. Y explica por qué el PP se mostró tan reticente para reformar la ley de financiación de partidos, que finalmente salió adelante en 2007. La nueva ley establece que las donaciones que reciban deben someterse al escrutinio del Congreso de los Diputados y fija un límite de 150.000 euros por donante.

Fundescam -presidida por Esperanza Aguirre y en cuyo patronato figuran destacados dirigentes del PP madrileño- recibió importantes aportaciones de empresarios madrileños, algunos de los cuales fueron después adjudicatarios de contratos con la Comunidad de Madrid. Resulta llamativo que en este engranaje, como se señalaba arriba, aparezca Special Events. No parece una mera casualidad.

PÚBLICO.ES

EL PP PAGÓ FACTURAS ELECTORALES A CORREA A TRAVÉS DE UNA FUNDACIÓN





Fundescam, que depende del PP de Madrid, recaudó casi un millón de euros entre empresarios y financió también gastos de las campañas de Esperanza Aguirre en el año del tamayazo

IGNACIO ESCOLAR ALICIA GUTIÉRREZ - MADRID -

El PP de Madrid creó un sistema de financiación paralelo con el que recaudó cerca de un millón de euros de algunos importantes empresarios durante los años 2003 y 2004. Con esos fondos, según los documentos a los que ha tenido acceso Público, se pagaron facturas de las campañas para las dos elecciones autonómicas del año 2003 en Madrid: la del 25 de mayo y después, tras el tamayazo, la del 26 de octubre. El sistema con el que el PP de Madrid obtuvo este dinero, que pagó después actos electorales de Esperanza Aguirre a la empresa de Francisco Correa Special Events, funcionaba a través de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam): una fundación del PP sin apenas actividad pública conocida que fue creada en el año 2000. Fundescam recaudó fondos en forma de donaciones privadas de los empresarios con los que después abonó parte de las facturas de los actos de campaña. Algunos de estos empresarios, que participan de sectores tan dispares como la energía, la hostelería, la construcción o los seguros, fueron después adjudicatarios de contratos con la Comunidad de Madrid

Entre los proveedores que facturaron actos de la campaña electoral a Fundescam está Special Events, una de las empresas de Francisco Correa que está siendo investigada dentro del caso Gürtel. A finales de 2005, Special Events demandó al PP de Madrid porque parte de las facturas aún no habían sido abonadas. Antes de la primera audiencia del juicio, el ex secretario de organización del PP de Galicia y administrador único de Special Events, Pablo Crespo, entregó a dirigentes del PP de Madrid un comprometedor documento al que ahora ha tenido acceso Público, que demuestra la existencia de ese canal paralelo de financiación.

Correa también facturó a FAES por la campaña de Esperanza Aguirre

Se trata de un listado de facturas emitidas por Special Events desde diciembre de 2002 hasta noviembre de 2004 a tres clientes: el PP nacional, el PP de Madrid y Fundescam. El listado distingue entre el "concepto real" de la factura elecciones autonómicas 2003, elecciones europeas 2004 y el congreso regional de 2004 y el "concepto factura", donde no se hace ninguna referencia a las elecciones. Según ese listado, Special Events cobró de Fundescam 258.253 euros en gastos electorales, aunque en las facturas aparecieron bajo otros conceptos como "montaje de cursos y seminarios" o "transporte, guía, manutención viajes".

Al pie del listado aparecen cuatro líneas más donde se detalla el día y la hora de la primera audiencia del juicio. El caso se cerró poco después de que Crespo hiciese llegar este documento al PP de Madrid: antes del juicio, ambas partes llegaron a un acuerdo. Según el auto del juez con el que se cerró la demanda, dictado el 18 de mayo de 2006, el PP de Madrid se comprometió a pagar la mayoría de las facturas que Special Events reclamaba; todas salvo una.

FAES también pagó
Los empresarios que pagaron al PP ganaron después contratos públicos

En el listado que entregó Pablo Crespo al PP de Madrid no figuran todas las facturas emitidas por Special Events por servicios contratados por el PP de Madrid o por Fundescam, sino solamente aquellas con "cambio de entidades y/o conceptos". Los importes y facturas que cobró la empresa de Francisco Correa del PP madrileño son mucho mayores y Fundescam no fue la única fundación del PP que corrió con los gastos de parte de la campaña electoral. También FAES, la fundación que ahora preside José María Aznar, pagó a la empresa de Crespo y Correa por la campaña que llevó a Esperanza Aguirre al gobierno regional de Madrid, según otro documento de la tesorería regional al que ha tenido acceso Público. En él se detalla que Special Events cobró 201.441,66 euros del PP de Madrid y otros 55.679,52 euros de la FAES, la fundación que preside José María Aznar, a cuenta de distintos actos para las elecciones autonómicas de Madrid del 26 de octubre de 2003 las que siguieron al tamayazo.

El dinero que pagó el PP de Madrid llegó a Special Events a través de cuatro cheques con la numeración 3.552.434-BPE (4.756 euros), 3.552.435-BPE (354,96 euros), 3.552.441-BPE (4.176 euros) y 3.552.450-BPE (192.154,70 euros). Sin embargo, según los datos que aparecen en este documento de la tesorería regional del PP de Madrid, aún figuraban como "pendiente de pago" a Special Events 233.489,31 euros por distintos actos de campaña: 216.785,31 euros los adeudaba el PP de Madrid y 16.704 euros los debía la FAES.
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