jueves, 27 de junio de 2013

LA AUDIENCIA DE LUGO ORDENA INVESTIGAR POR PREVARICACIÓN AL ALCALDE DE BARREIROS


El Tribunal Superior anuló la legalización masiva de viviendas en el municipio

Xosé Hermida / Pepe Seijo Santiago / Lugo
Alfonso Fuente / XOSÉ MARRA


Al alcalde de Barreiros (Lugo), Alfonso Fuente, del PP, se le acumulan los problemas judiciales por la masiva concesión de licencias de obras —para más de 5.000 pisos en un municipio de 3.200 habitantes— que firmó en 2006 pese a varias advertencias de ilegalidad. Mientras el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anulaba el plan sectorial aprobado por la Xunta para legalizar una buena parte de esas viviendas, la Audiencia Provincial de Lugo ordenaba días atrás reabrir la investigación penal a Fuente tras una denuncia de la organización ecologista Adega, que le acusa de un delito de prevaricación urbanística.

La denuncia de Adega fue sobreseída por el juzgado de Mondoñedo, pero ahora la instancia judicial superior le enmienda la plana y sostiene que hay datos suficientes para realizar una investigación. La Audiencia argumenta en un auto que tanto la secretaria municipal como la Xunta advirtieron de la posible ilegalidad de las licencias de obras y, pese a eso, el alcalde y los miembros de su junta de gobierno autorizaron las urbanizaciones. Además, señala que en el municipio costero se produjo en su momento “un problema de muy considerable trascendencia” ya que el Ayuntamiento dio luz verde a las promociones “pese al conocimiento que se llevó por parte de la Xunta de que no existía infraestructura para dotar a la gran cantidad de edificios y viviendas que se pretendían construir”.

Adega también fue la promotora del recurso que ha logrado que el TSXG anule el plan sectorial con el que la Xunta pretendía legalizar cientos de viviendas en Barreiros y destinar 14 millones de euros a dar servicios a las urbanizaciones. Los ecologistas se felicitaron ayer por una sentencia que “restaura la legalidad urbanística frente a la arbitariedad de la Administración”. “De producirse una legalización por esa vía, sería toda una invitación a municipios y promotores a saltarse la normativa”, señaló Adega, que exige dimisiones de los responsables del Plan Sectorial. AGE personalizó la solicitud de dimisión en el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández. El alcalde de Barreiros se mostró confiado en que la Xunta recurrirá el fallo mientras el portavoz local del BNG, Antonio Veiga, exigió explicaciones al presidente Feijóo como impulsor de la legalización masiva.

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EL TSJ INVESTIGARÁ LA DENUNCIA CONTRA COSTA POR PREVARICACIÓN Y COHECHO


Juan Climent asume la competencia en este nuevo caso contra el ex secretario general del PP

EP Valencia

La Sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) se ha declarado competente para investigar una denuncia contra el diputado autonómico y ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, por posibles delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. El instructor del caso será el magistrado Juan Climent.

Esta investigación se remonta a la denuncia que presentó un particular ante la Fiscalía de Castellón contra Ricardo Costa, y ésta se remitió al juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad. Dado que los hechos denunciados habían transcurrido en Valencia, este órgano judicial remitió la causa al decanato de Valencia, según ha informado el tribunal valenciano en un comunicado.

Por reparto, la denuncia recayó sobre el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, quien tomó declaración al denunciante para ratificar la denuncia.

Una vez cumplimentado ese trámite, este magistrado elevó exposición motivada a la sala de lo Civil y Penal del TSJCV porque los hechos afectaban a un diputado que cuenta con aforamiento y, por tanto, su investigación es competencia del tribunal valenciano.

La sala del tribunal valenciano ha aceptado la competencia de la investigación en los términos remitidos por Instrucción 5, y ha nombrado instructor al magistrado Juan Climent.

Ricardo Costa ya está imputado en el caso Gürtel que se instruye en el TSJCV, en concreto, por un delito electoral y otro de falsedad documental, en relación con la presunta financiación ilegal del PP valenciano a través de empresas investigadas en la trama como Orange Market.

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EN EL PAÍS

EN OTROS MEDIOS

EL JUICIO A CARLOS FABRA ARRANCARÁ EL 2 DE OCTUBRE TRAS NUEVE AÑOS DE INVESTIGACIÓN


Carlos Fabra, en la Diputación de Castellón en una imagen de archivo. / ÀNGEL SÁNCHEZ
La fiscalía le acusa de delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal
El mismo tribunal que rechazó la acusación de cohecho ha sido elegido para juzgarle

Lorena Ortega Castellón


Carlos Fabra, el expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, se sentará en el banquillo de los acusados a partir del próximo 2 de octubre para ser juzgado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y cuatro fraudes fiscales. Lo hará cuando hayan pasado más de nueve años desde que el empresario Vicente Vilar, hasta entonces amigo íntimo, le denunciara y acusara de cobrarle “cantidades millonarias” a cambio de que el expolítico mediara para obtener los permisos para comercializar productos fitosanitarios. Desde entonces, nueve jueces y cuatro fiscales han pasado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Nules. La Fiscalía Anticorrupción pide penas de hasta 15 años de prisión para el expolítico.

La Audiencia Provincial de Castellón ha puesto ahora fecha para el juicio del exbarón del PP y ha dictaminado los magistrados que le juzgarán: Esteban Solaz (presidente), junto a Pedro Luis Garrido y Aurora de Riego. Los tres magistrados son los mismos que en mayo de 2012 instaron al instructor a anular la acusación de cohecho una vez se había dictado ya la apertura de juicio oral. Son los únicos que quedaban en la Sección Primera después de que el presidente de la Audiencia, Carlos Domínguez, decidiera apartarse voluntariamente del caso. Su nombramiento revela que ninguno de ellos ha seguido los pasos de Domínguez y no han pedido apartarse.

La decisión de retirar el cohecho llevó al juez Jacobo Pin, titular del juzgado 1 de Nules, a pedir amparo ante el Consejo General del Poder Judicial al ver “perturbaba” su independencia en la instrucción del caso. El Tribunal Supremo revocó el auto y dio vía libre a Pin para que Carlos Fabra fuera también juzgado por este presunto delito.

Solaz también participó en la resolución de un recurso vulnerando las normas de reparto. En dicho recurso también participó Garrido y el presidente de la Audiencia, Carlos Domínguez. De hecho, Domínguez argumentó en el escrito en el que decidió retirarse voluntariamente del caso Fabra que su relación con el proceso se limitó a formar parte del tribunal que resolvió dicho recurso, del que dijo que “resulta absolutamente inocuo a los fines de preservación de imparcialidad”.

La Sección Primera ha fijado los del 2 al 4 de octubre para el interrogatorio de todos los acusados. Junto a Carlos Fabra se sentarán en el banquillo quien fuera su mujer, María de los Desamparados Fernández; el empresario que le denunció (Vicente Vilar) y su exmujer, Monserrat Vives; y el exsenador Miguel Prim. El juicio se ha dividido en diez sesiones más que se prolongarán hasta el 30 de octubre para la toma de declaraciones de setenta testigos y de varios peritos.

Tras años de instrucción y de recursos, Carlos Fabra se sentará en el banquillo para enfrentarse a una pena de 15 años de cárcel que le reclama la Fiscalía Anticorrupción por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal.

Será en octubre cuando tenga la oportunidad de responder ante el magistrado por las acusaciones sobre la presunta utilización de su cargo al frente de la Diputación y del PP castellonense para beneficiar a Vicente Vilar (el empresario que le acusó y que también se sentará en el banquillo junto a su ex esposa y la entonces mujer de Carlos Fabra) en la obtención de los permisos necesarios para comercializar productos sanitarios. Vilar le acusó de cobrarle “cantidades millonarias” por estas supuestas gestiones. El expolítico también está acusado de defraudar, junto a su exmujer, 1,5 millones de euros entre 1999 y 2004.

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EN OTROS MEDIOS

"CASO GÜRTEL"; LA GERENTE DE LA LUZ DE LAS IMÁGENES DEFIIENDE LA LEGALIDAD DE LOS CONTRATOS CON ORANGE

Adjudicaciones a Orange Market
Una funcionaria de Sanidad dice que no oyó nunca la empresa Orange Market
Atribuye a Peset y Batallar la firma de los contratos

Europa Press | Valencia

La gerente de la fundación La Luz de las Imágenes, Carmen Díaz Quintero, ha defendido ante el juez del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que en los contratos firmados con Orange Market S.L. -una de las mercantiles investigadas- no había nada irregular.

Carmen Quintero estaba citada este jueves para declarar, en calidad de imputada, por la pieza 5 del 'caso Gürtel' -en total hay seis-, en la que se investigan presuntas irregularidades en la firma de contratos entre administraciones de la Generalitat Valenciana y empresas de la trama.

La imputada, quien todavía continúa en su puesto de gerente de la fundación, ha estado declarando durante algo más de una hora, y durante el interrogatorio ha defendido -al igual que han hecho otros ex altos cargos imputados en el procedimiento- la legalidad de los contratos y ha reiterado que no había irregularidades.

Según consta en la documentación de la causa, la Luz de las Imágenes suscribió con Orange Market un total de tres contratos por más de 74.000 euros para organizar exposiciones culturales en los Open de Tenis de 2005, 2006 y 2008.

Al respecto, la Intervención General del Estado informó sobre supuestas irregularidades, puesto que solo le constaba una factura sin expediente de contratación, lo que podía llevar a pensar a que los mismos se tramitaran como contratos menores, pese a exceder el límite establecido de 12.020,24 euros.

Una funcionaria
Previamente a Quintero, ha prestado declaración en el tribunal valenciano, en calidad de testigo, una funcionaria de la Conselleria de Sanidad. Su interrogatorio se ha prolongado durante algo más de una hora y media, y ha tenido que responder sobre los contratos suscritos por los 'Premios Salud y Sociedad' en los años 2006 y 2007.

La testigo ha explicado que se encargaba de la sección de negociado, y ha defendido que ni ella ni sus compañeros tienen nada que ver con este asunto. Ha indicado que no firmó nada con ninguna empresa, y se ha sorprendido de que le llamaran a declarar por aparecer sus siglas en algunos documentos.

Asimismo, ha asegurado que no oyó nunca ni recibió instrucciones de nada respecto a Orange Market S.L., y a este respecto ha señalado que los que se encargaban de las contrataciones eran los entonces subsecretarios de la Conselleria, es decir, Rafael Peset en 2006 y Alfonso Bataller en 2007.

ARCHIVAN LA ACUSACIÓN CONTRA ISIDRE MASALLES EN EL "CASO DE LAS ITV"


JUSTICIA | Se le mantiene a Oriol Pujol

Efe | Barcelona

El juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga el caso ITV ha archivado la acusación contra el subdirector de Seguridad Industrial, Isidre Masalles, al considerar que no ha quedado suficientemente acreditada su participación en la supuesta trama corrupta.

En un auto notificado hoy, el magistrado del TSJC Enric Alsina mantiene la imputación contra los demás acusados, entre ellos el diputado de CiU Oriol Pujol, y acuerda transformar las diligencias del caso en un procedimiento de Tribunal del Jurado, ya que los delitos investigados son los de tráfico de influencias y cohecho.

Según el juez, pese a que la mayoría de imputados, especialmente Josep Tous -que fue designado por la Generalitat como intermediario en el sector de las ITV-, calificaron a Masalles como persona "obediente", no ha quedado suficientemente acreditado "que haya realizado ningún acto, ni dictado ninguna resolución que se pueda considerar relevante penalmente", ni que tuviera conocimiento del plan supuestamente ilícito.

En el auto, el juez, que a mediados de junio finalizó el interrogatorio a todos los imputados, considera que el diputado de CiU Oriol Pujol pudo ejercer como "vértice" entre las dos ramas de la supuesta trama corrupta de empresarios y cargos públicos que pretendía amañar la adjudicación de estaciones de ITV.

Para el magistrado, el objetivo de los imputados, "al frente de los cuales parece que se encontraba Oriol Pujol Ferrusola", era dejar sin efecto un concurso resuelto sobre la adjudicación de estaciones de ITV y convocar otro, conforme al nuevo Plan Territorial de Estaciones de ITV.

Ante la perspectiva de optar a varios lotes de ITV, los implicados, según el magistrado, crearon la sociedad Upprime Energy, para recibir la adjudicación del lote, de la que formaban parte los empresarios imputados Sergio Pastor y Sergio Alsina, que tenía que ceder la mitad de su parte a Oriol Pujol. Para lograr su "objetivo preconcebido", acordaron nombrar a Josep Tous como mediador de la Generalitat en el conflicto de las ITV, gracias a la influencia política de Oriol Pujol.

De esta forma, una de las líneas de actuación consistía en que Tous, nombrado con la influencia de Oriol Pujol, tratara de "alinear al Partido (CDC), al Departamento y al gobierno, con la finalidad de cumplimentar la 'hoja de ruta'" diseñada por el empresario imputado Ricard Puignou, para ampliar el mapa de las ITV y poder compensar con nuevas estaciones a los operadores que retirasen sus recursos.

"No puede ignorarse, ni obviarse, que Ricard Puignou retribuía mensualmente al coimputado Sergi Alsina con 12.000 euros para que defendiera sus intereses en el mercado de las ITV, siendo el primero de ellos plenamente conocedor de la relación de amistad íntima entre Sergi Alsina y Oriol Pujol", remarca el auto.

La segunda línea de actuación de la trama, según el juez, consistía en que el empresario Sergi Alsina, con quien y para quien trabajó en varias ocasiones la esposa de Oriol Pujol, intervino en la constitución de Uprrime Energy, al tiempo que retribuyó con 2.000 euros mensuales a Josep Tous para que velara por sus intereses cuando éste fue destinado por la Generalitat como pacificador del mapa de las ITV.

"El vértice de ambos comportamientos ilícitos puede recaer en la persona de Oriol Pujol Ferrusola", remarca el juez, que señala que el diputado de CiU "no sólo influyó" en el secretario general de Empresa, Enric Colet, para el nombramiento de Tous, sino que también indicó a Sergi Alsina y a Josep Tous "el camino a seguir, siendo en todo momento informado por ambos de las negociaciones que cada uno de ellos llevaba a cabo".

La trama también logró que se nombrara subdirector del departamento de Industria a Isidre Masalles, considerado por los imputados como un hombre "obediente", para que "no les planteara ningún tipo de problema", según el magistrado.

El juez recuerda no obstante que los objetivos pretendidos por la supuesta trama corrupta no fructificaron "ya que hubo una filtración a la prensa de que estos hechos estaban siendo investigados por un juzgado de instrucción, lo que provocó que cambiaran inmediatamente su 'modus operandi'". Por este motivo, el juez mantiene la imputación por tráfico de influencias a Oriol Pujol, a los empresarios Sergi Alsina, Sergio Pastor y Ricard Puignou y a Josep Tous, y de un delito de soborno para Sergi Alsina, Josep Tous y Ricard Puignou.

IMPUTAN AL ALCALDE DE ESPORLES POR EL "CASO SENDERISMO" Y MÉS NO PIDE SU DIMISIÓN

POLÍTICA | Investigación
Ensenyat ha sido citado a declarar como imputado por las ayudas a El Camí
Barceló defiende su inocencia y no cree que deba dimitir por ahora
Joana Lluïsa Mascaró dimitió como diputada nada más ser imputada

Daniel Álvarez | Palma

El alcalde de Esporles, Miquel Ensenyat, del PSM, miembro de la coalición Més y que también forma parte del grupo de consellers del grupo nacionalista en el Consell de Mallorca, ha sido citado a declarar como imputado en el caso Senderismo, que investiga las ayudas concedidas por distintas administraciones durante la pasada legislatura del Pacte a la asociación catalana Amics del Camí para el proyecto de creación de unas rutas senderistas por la Serra de Tramuntana como parte de un recorrido por los llamados ‘Països Catalans’ según la propia organización catalanista.

Por este mismo caso, también fueron imputados otros altos cargos del PSM, entre ellos la ex consellera de Cultura del Consell de Mallorca Joana Lluïsa Mascaró, quien dimitió como diputada nada más ser imputada. Esta vez, sin embargo, Ensenyat no dimitirá por ahora a raíz de su imputación, ni en el Ayuntamiento de Esporles ni en el Consell, sino que esperará a tomar una decisión una vez haya prestado declaración ante el juez, y cuenta con el apoyo de Més, según ha explicado el líder de la coalición, Biel Barceló.

Ensenyat ha sido citado a declarar en calidad de imputado dentro de un mes, el próximo 26 de julio, por unas ayudas concedidas por el consistorio de Esporles a la asociación Amics del Camí, una de 1.624 euros en 2009 y otra de 2.923 euros en 2010, según informa hoy el diario Ara Balears. Biel Barceló asegura que están «absolutamente tranquilos y que el expediente por el que ha sido imputado Ensenyat cuenta con una justificación por parte del ayuntamiento «absolutamente detallista, incluso innecesaria para ser de 4.000 euros».

Aunque hasta ahora su coalición ha pedido públicamente la dimisión de todos los políticos imputados en casos de presunta corrupción y del precedente de Mascaró, el líder de Més ha anunciado que ahora esperarán a que Ensenyat presente un recurso ante el juez y a que preste declaración dentro de un mes. Si después de declarar continúa imputado, «por coherencia pondrá sus cargos a disposición del partido», ha dicho Biel Barceló durante una rueda de prensa al ser preguntado al respecto.

PIDEN MÁS DE TRES AÑOS DE CÁRCEL Y NUEVE DE INHABILITACIÓN PARA EL EXALCALDE DE LA ALGABA


TRIBUNALES | Anulada una grabación como prueba
José Luis Vega (IU-CA) se ha desligado de cualquier irregularidad
El ex alcalde se apoya en el informe favorable del arquitecto municipal

Europa Press | Sevilla

La sección primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dejado este martes visto para sentencia el juicio por las licencias de primera ocupación otorgadas en 2008 por el Ayuntamiento de La Algaba, entonces gobernado por José Luis Vega (IU-CA), a la sociedad limitada 'Agroporc', pese al informe desfavorable de la oficial mayor del Consistorio.

Al finalizar la vista oral, el Ayuntamiento de La Algaba ha solicitado para Vega seis años de cárcel, nueve de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 90.000 euros, mientras la Fiscalía ha pedido tres años y medio de prisión, nueve de inhabilitación y multas por valor de 50.000 euros y la defensa del exalcalde ha reclamado su libre absolución. Durante la vista oral, según han informado fuentes del caso, han sido juzgados tanto el exalcalde José Luis Vega, como quien fuera su coordinador de Alcaldía, Antonio M.M.

La causa en cuestión parte de una grabación sonora en la que el PSOE, que gobierna actualmente el Ayuntamiento de La Algaba, identifica "claramente" la voz del por entonces alcalde reclamando supuestamente 30.000 euros a unos directivos de 'Arcopro S.L.', por la entrega de las citadas licencias de primera ocupación, que contaban con el informe desfavorable de la oficial mayor del Consistorio.

La grabación, no obstante, no ha sido utilizada como prueba en el juicio, porque un informe de la Unidad Central Criminalística del Cuerpo Nacional de Policía concluía ya en 2011 que "no es posible realizar informe técnico pericial de identificación de voz" del citado material al estar "muy degradada" su señal acústica.

De la documentación incluida en la fase de instrucción se desprende que el 15 de julio de 2008, un informe de la oficial mayor del Ayuntamiento informaba desfavorablemente sobre estas licencias de primera ocupación solicitadas el 26 de junio de aquel año por la promotora 'Arcopro S.L.'. Ese día 15 de julio, cuando Vega aún ostentaba la alcaldía de La Algaba, él mismo libraba una licencia urbanística para una primera ocupación en favor de esta empresa merced al "informe favorable" de los servicios técnicos municipales y "visto" el mencionado informe del oficial mayor del Consistorio.

Informes a favor y en contra
En ese sentido, durante la vista oral han comparecido como testigos la propia oficial mayor, quien ha dado cuenta de su informe, y la ex secretaria general del Ayuntamiento de La Algaba Encarnación C.P., quien ya en diciembre de 2010 testificaba en la causa manifestando que la licencia en cuestión gozaba de "un informe técnico favorable", aunque "no era frecuente que se firmara un decreto con el informe desfavorable de la oficial mayor". Para ella, "no había ninguna duda en cuanto a que no se podía conceder las licencias", toda vez que esta alta funcionaria ha testificado en el juicio ratificando su tesis inicial.

También han testificado en el juicio los empresarios de 'Arcopro S.L.', quienes habrían defendido la tesis de que el entonces alcalde, primero a través de los comentarios de un ingeniero técnico y después en la supuesta reunión asociada a la grabación, les habría reclamado dinero por la concesión de las licencias, extremo que habría corroborado el citado ingeniero en su propio testimonio.

Finalmente, el Ayuntamiento de La Algaba, en su papel de acusación, ha solicitado para José Luis Vega cuatro años y medio de cárcel y una multa de 90.000 euros por un presunto delito de cohecho y un año y medio de cárcel y nueve de inhabilitación para empleo o cargo público por un posible delito de prevaricación administrativa. La Fiscalía, de su lado, ha solicitado tres años y medio de cárcel y una multa de 30.000 euros por un presunto delito de cohecho y una multa de 20.000 euros y nueve años de inhabilitación por presunta prevaricación, toda vez que la defensa de Vega ha solicitado su libre absolución.

Y es que Vega, de su lado, se ha desligado siempre de cualquier irregularidad y, recientemente, avisaba de que "la principal acusación que esgrimía el PSOE como prueba de cargo", en este caso la grabación, "ha quedado totalmente invalidada". Según señalaba, el mencionado CD "pudo sufrir numerosas manipulaciones antes de que los socialistas lo pusieran en mano de la justicia". Igualmente, el exalcalde señala el informe y el testimonio del arquitecto municipal que avaló su decisión de conceder las licencias de forma parcial, por unidades de ejecución de urbanización. Según el primer edil, este informe "fue elaborado por el arquitecto municipal y acredita por tanto la legalidad de la actuación desde el punto de vista técnico y urbanístico".

Por su parte, el propio exalcalde ha manifestado que no ha habido "pruebas en la mesa" sobre los delitos de cohecho o prevaricación que le atribuyen el Ayuntamiento y la Fiscalía. Vega, en ese sentido, ha señalado que la inadmisión de la grabación que dio pie al caso reduce el asunto a "un testimonio contra otro" y que incluso dos de los cuatro empresarios de 'Agroporc' que han testificado niegan que él les reclamase dinero a cambio de las licencias.