miércoles, 20 de mayo de 2009

LAS FISCALÍA PREGUNTA A COSTA POR LA FINANCIACIÓN DEL PP


La investigación del 'caso Gürtel'

El juez mantiene la imputación al secretario general y a Víctor Campos

L. G. G. / J. F. - Valencia


De pronto, los trajes que supuestamente Orange Market pagó a Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret pasaron a segundo plano. En la comparecencia de los primeros imputados valencianos en el caso Gürtel, la fiscalía poco menos que se desentendió de los trajes y puso el foco en un aspecto que Garzón no había acabado de investigar: la financiación del PP a través de las empresas de la trama y, singularmente, de Orange Market, que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes.

* Camps sigue sin aportar las facturas
* Rajoy reitera su "apoyo" y "confianza total" en Camps

Ricardo Costa Climent
A FONDO

Nacimiento:
16-04-1972

Lugar:
Castellón de la Plana

Las fiscales indagan en la relación de El Bigotes con el Gobierno valenciano

Durante media hora, las dos fiscales anticorrupción preguntaron al secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, por los contratos del partido con las empresas de la trama dirigida por Francisco Correa, por su intervención en alguna de las adjudicaciones de la Generalitat y por si él introdujo a El Bigotes en la Administración.

Antes de Ricardo Costa declaró el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos durante media hora. El juez mantuvo para ambos la imputación por un presunto delito de cohecho.

Ricardo Costa tuvo que escuchar la grabación de una conversación entre él y Álvaro Pérez en la que ambos hablaban de terceras personas y de una determinada reunión. Durante esa conversación ninguno de los dos se refirió ni una sola vez a los trajes ni a ningún tipo de regalo.

Las fiscales insistieron en la relación de Costa con Álvaro Pérez y de éste con el PP y con la Administración valenciana. ¿Favoreció Costa que el PP valenciano contratara a las empresas de Pérez? ¿Medió para que El Bigotes consiguiera contratos de la Generalitat? ¿Cuántas veces se reunió con él, para qué y en calidad de qué? Costa no eludió preguntas de ninguna de las partes. Al terminar su declaración dijo que había contestado a más de lo que le preguntaron.

Tras conocerse el interrogatorio de las fiscales sorprendió menos la enigmática afirmación de Costa a su salida del tribunal: "Todos los hechos que se me imputan son previos a mi elección como secretario general del PP [en 2007]". El dirigente popular se desmarcaba así de hipotéticos contratos con Orange Market hechos desde la Administración antes de ser elegido. En el momento de los hechos era vicesecretario general.

Hoy declara ante el tribunal el presidente valenciano, Francisco Camps.

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ELPAÍS.COM

EL NÚMERO DOS DE RITA BARBERÁ EN LA FEMP ADJUDICÓ DOS ACTOS A CORREA

La investigación del 'caso Gürtel'

La federación de municipios, bajo presidencia del PP, pagó a la red 800.000 euros

FRANCISCO MERCADO - Madrid

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) adjudicó a la empresa Special Events, pieza clave de la trama corrupta que lideraba Francisco Correa, la celebración de sus asambleas generales de 1999 y 2003 por un monto total de más de 800.000 euros. Los contratos -el segundo de ellos por el doble de dinero que el primero- fueron suscritos cuando el organismo estaba presidido por la popular Rita Barberá, alcaldesa de Valencia. Ambos fueron firmados por el entonces secretario general de la FEMP, Álvaro de la Cruz Gil, quien anteriorormente había sido estrecho colaborador de Francisco Álvarez Cascos. En la contabilidad B (dinero negro) de la red de Correa figura un supuesto pago de 30.000 euros a De la Cruz que está siendo investigado.

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Rita Barberá Nolla
A FONDO

Nacimiento:
16-07-1948

Lugar:
(Valencia)


Special Events cobró por la segunda asamblea el doble que por la primera

La trama corrupta que lideraba Francisco Correa halló un buen cliente en la FEMP -organismo financiado con cuotas municipales y fondos ministeriales- cuando esta institución estuvo bajo control del PP, entre 1995 y 2003. Special Events fue adjudicataria de la séptima asamblea de la FEMP, celebrada en Madrid en 1999, pero entonces sólo facturó 232.305 euros por la organización del evento. Dicha cantidad suponía duplicar el precio de la anterior, en 1995, cuyo costo total liquidado fue de 194.126 euros.

De la Cruz, nombrado por Barberá, fue el encargado de formalizar ese contrato y también el de la siguiente asamblea general, celebrada también en Madrid en noviembre de 2003. Este segundo contrato se firmó por un monto total de 570.000 euros, es decir, el doble del costo de la anterior asamblea. Special Events tuvo como representante a Pablo Crespo, que había sido dirigente del PP gallego y que hoy está imputado en el caso Gürtel y encarcelado.

Ya bajo presidencia socialista, Special Events fue invitada a organizar la novena asamblea, en noviembre de 2007, pero no fue contratada. No lo había sido tampoco antes de la llegada del PP y de Álvaro de la Cruz, quien fue jefe de gabinete de Francisco Álvarez Cascos cuando éste era secretario general del partido. Las anteriores asambleas (en 1993 y 1995) fueron organizadas con personal de la propia FEMP.

El contrato de 2003 no incluía dos partidas de gran importancia para la celebración del evento, como eran el alquiler del Palacio Municipal de Congresos de Madrid y los gastos de alojamiento de miembros de la comisión ejecutiva y del personal de la FEMP. ¿Qué incluía tal pago? Según el detalle del contrato pactado entre Special Events y la FEMP, se incluía desde el "diseño y construcción del escenario, fachada y banderas, iluminación, medios audiovisuales, sonido, diseño e impresión de cartelería y señalización interior" hasta la "construcción del stand del hall de la FEMP y seis stands políticos", pasando por "plantas y decoración floral". Por si el pago no era ya generoso, el contrato añadía: "Los gastos extra que se generen se facturarán aparte con sus correspondientes presupuestos".

Llama la atención que la FEMP encargase y pagase a Special Events servicios para su asamblea de 2003 como seguridad, ADSL, arcos detectores de metales, audiovisuales, iluminación, faxes, impresoras, limpieza, mobiliario o servicio médico cuando el lugar donde se celebró tal evento, el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, disponía de todas esas prestaciones a disposición del cliente con una tarifa publicada en su página web. Actualmente, el alquiler completo del palacio cuesta 15.000 euros diarios.

De la Cruz, firmante de ambos contratos, se dedica al mundo de la seguridad con su empresa Serygur y ha reconocido que Luis Bárcenas, senador y tesorero del PP, medió a su favor ante la Comunidad de Madrid en un concurso. Álvaro de la Cruz figura o ha figurado en diversas sociedades: Ciudad 21 Foro de Innovación Local, Técnicas Audiovisuales Comunitarias, Internetxi Soluciones Técnologicas Avanzadas, Facilita Servicios Auxiliares, Protecny Segurity Alium Seguridad y Serygur.

ELPAÍS.COM

CAMPS SIGUE SIN APORTAR LAS FACTURAS




La investigación del 'caso Gürtel'

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia mantiene imputado al presidente valenciano, que ha comparecido hoy para declarar por el 'caso Gürtel'

J. FERRANDIS / L. GARRIDO/ J. A. HERNÁNDEZ - Valencia



Camps, a la salida del TSJ de Valencia, tras comparecer ante en el juez- JORDI VICENT

Los 12.783 euros que Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, pagó a la tienda Milano por los trajes a Camps siguen sin aclararse. En su comparencia de hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia el presidente de la Comunidad Valenciana no ha aportado ni un papel ni una factura que justifiquen los gastos, según fuentes del PP conocedoras de sus declaraciones. Camps sólo ha explicado que él se paga su ropa, que lo hace en metálico, que no conserva comprobantes. Pérez, que también ha declarado, pero que no ha respondido a las preguntas de la Fiscalía, ha reconocido su relación de amistad con el presidente pero ha negado haberle pedido ningún favor a cambio de regalo alguno.

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Francisco Camps Ortiz
A FONDO

Nacimiento:
28-08-1962

Lugar:
Valencia

Así pues, el compromiso de Camps en las Cortes valencianas de aclarar en sede judicial todo lo ocurrido ha quedado reducido a un relato sin prueba alguna. Y tampoco Rafael Betoret ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, que también ha declarado hoy ha despejado porqué a su nombre la empresa Orange Market había pagado varios trajes. Betoret, como El Bigotes y como Camps salieron del tribunal como entraron: imputados por cohecho.

Después de las comparecencias de ayer del secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, y del ex vicepresidente del Consell Víctor Campos, Camps ha acudido hoy al TSJ, imputado por un supuesto delito de cohecho relacionado con la trama de corrupción masiva que salpica al PP. La declaración de Camps ha durado unos 45 minutos y a la salida, entre insultos y vítores de detractores y simpatizantes, ha manifestado: "Estoy satisfecho y muy contento de haber podido dar mi opinión sobre lo que ha ocurrido estos meses. Todo ha ido bien".

Perfectamente sincronizados, a las 11.15 llegaron ante el TSJ los tres vicepresidentes del Consell, Vicente Rambla, Gerardo Camps y Juan Cotino, y la alcaldesa, Rita Barberá, quien entró en el edificio y salió con Camps del brazo. El presidente valenciano, que no ha aceptado preguntas de los periodistas, ha añadido: "Espero que esto vaya lo mejor y más rápido posible". Ninguna explicación sobre los trajes que supuestamente recibió de la trama del caso Gürtel, ni sobre el contenido de su declaración. "La verdad, aquí estamos para decir la verdad", ha manifestado, por su parte, el consejero de Bienestar Social y vicepresidente tercero de la Generalitat, Juan Cotino.

Bronca en la entrada

La bronca que mantenían frente al TSJ valenciano los seguidores de Camps y sus detractores se volvió a reproducir a la salida del presidente valenciano del tribunal. Durante el tiempo que Camps permaneció declarando ante el magistrado, los dos grupos mantuvieron un enfrentamiento dialéctico; mientras los campistas gritaban "¡Presidente, presidente!" sus contrarios respondían con "Camps a prisión el ladrón". La confrontación subió de tono cuando Camps se detuvo a saludar a sus partidarios que seguían animándolo mientras que sus detractores insistían en "Camps dimisión, Camps dimisión".

La cantidad de gente que se congregó ante las puertas del TSJ obligó a la policía a cortar el tráfico para que Camps pudiera acceder a su vehículo oficial con el que partió acompañado de su jefa de gabinete Ana Michavila, hermana del diputado del PP, José María Michavila. Pocos instantes después los seguidores de Camps también abandonaron el TSJ.

Arropado por dirigentes

Camps madrugó para acudir al tribunal. A las 8.45, una hora y cuarto antes de su comparecencia ante el magistrado José Flor, el presidente valenciano entraba en el TSJ. A la puerta del antiguo edificio de aduanas de Valencia le esperaban los tres vicepresidentes del Consell más la alcaldesa de Valencia. Ninguno de los cuatro quiso efectuar declaraciones y, cuando abandonaban el lugar perseguidos por los periodistas, tuvieron que detenerse ante un semáforo en rojo, lo que hizo exclamar a la alcaldesa de Valencia: "No sabía que en esta ciudad duraran tanto los semáforos en rojo".

A esa hora apenas una decena de personas se encontraba esperando a Camps. Más tarde, alrededor de las 10.00, cuando estaba prevista su llegada, el número de concentrados ante el TSJ llegaba al centenar. Y fue entonces cuando se produjo un enfrentamiento entre los partidarios del presidente y los militantes de la Intersindical Valenciana. Los sindicalistas levantaron, con unos globos, una pancarta en la que se podía leer: "Amiguito del alma y la privatización qué". Era su manera de protestar por lo que consideraban la privatización de los servicios públicos por parte de la Generalitat. Apenas levantó el vuelo la pancarta un militante del PP la cogió y, tras romperla, echó a correr. En ese momento se produjo la primera bronca entre los dos grupos. De un lado los campistas gritando: ¡¡Presidente, presidente!! De otro, los sindicalistas respondiendo: ¡¡Imputado, imputado!! Un militante de la Intersindical portaba una caña sobre la cual había colocado unos enormes mostachos en referencia a los de Álvaro Pérez.

No fue el único incidente. Alrededor de las 10.30 una persona que se identificó como presidente del partido Identitat del Regne de València se acercó al grupo de seguidores del presidente valenciano portando una cartulina en el pecho en la que se podía leer: "Camps, dimite". Fue verlo los campistas y empezar a abroncarlo. Entre las personas que acudieron a mostrar su apoyo a Camps se encontraban numerosos asesores de la Diputación y del Ayuntamiento de Valencia, así como concejales del PP de esta ciudad. También acudieron diputados autonómicos y los alcaldes de Paiporta, Riba-roja, San Antonio de Benagéber y Mislata.

Comparecencias de Betoret y el Bigotes

A la comparecencia del presidente valenciano le ha seguido la del ex jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo y actual responsable de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret. Posteriormente lo ha hecho el presidente de la empresa Orange Market, Alvaro Pérez, El Bigotes, quien ya declaró el pasado 12 de febrero ante Garzón. "Voy a respetar al tribunal y sigo respetando el secreto de sumario", ha dicho a la salida del tribunal.

Camps adquirió trajes en diferentes tiendas por valor de 12.783 euros que fueron pagados por Orange Market, una de las empresas vinculadas a la red de corrupción, según las investigaciones del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón antes de inhibirse en favor del tribunal valenciano. De acuerdo con el auto del magistrado, el jefe del Ejecutivo valenciano recibió los trajes a cambio de adjudicaciones a la empresa de la trama entre 2005 y 2009 por valor de unos cuatro millones de euros. Camps, quien ha venido defendiendo su inocencia desde que saltó el escándalo, afirmó en una sesión de control parlamentario el mes pasado que tenía unas "ganas locas, locas" de explicarse y de certificar ante el juez que no hay "nada de nada" del supuesto delito de cohecho que se le atribuye. El presidente valenciano aseguró que se trataba de un montaje político y pronosticó que pronto se sabría "la verdad".

En función de cómo avance el caso Gürtel el PP estudia adelantar las elecciones o relevar en el cargo a Camps. Uno de los nombres que suenan con más fuerza en caso de producirse ese cambio es el de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, cuyo número dos, Álvaro de la Cruz, adjudicó dos actos a Correa. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), concedió a una de las empresas de la trama, Special Events, la celebración de sus asambleas generales en 1999 y 2003, operación que costó 800.000 euros.

El sastre: "Camps me llamó entre 40 y 50 veces"

Durante su declaración ante la policía, según consta en uno de los tomos del sumario, José Tomás García, ex director de ventas de las tiendas Forever Young y Milano, recibió en varias ocasiones llamadas telefónicas del presidente valenciano, Francisco Camps. El sastre mostró a los agentes la pantalla de su móvil, donde se podía leer "CAMS [sic]" y el teléfono del dirigente popular. Ninguna de las seis llamadas que recibió en ese momento fueron contestadas.

El domingo 8 de febrero, tras insistir reiteradamente, Camps consigue que Tomás le coja el teléfono: "Me llamó a mi casa cuatro o cinco veces, la última a las doce menos algo de la noche. Me preguntó si alguien había pagado una factura de Milano, y yo le dije, 'no, no presidente, en Milano usted nunca ha comprado ningún traje, compró cuatro y los devolvió y punto'. Hasta entonces solo se había hablado de Milano. Yo me lo quité de encima como pude porque estaba muy nervioso. Luego, posteriormente, hasta el miércoles me estuvo llamando, calculo que entre 40 y 50 veces. Ya no le cogí el teléfono".

José Tomás se convirtió a primeros de febrero en una persona muy importante para el PP y para los dirigentes de la trama empresarial corrupta de Francisco Correa. Cuando la Fiscalía Anticorrupción fijó su mirada en José Tomás para aclarar algunas cuestiones relacionadas con la compra de trajes para diversos altos cargos del PP, el director de ventas habló con los clientes que le hacían los encargos, que eran directivos de empresas de la trama corrupta.

Uno de esos directivos, Pablo Crespo, le pidió que cuando acudiera a la fiscalía lo hiciera con un abogado de ellos y le dio el nombre. "Es un lince, y de los más prestigiosos que hay en España", le cuenta Crespo, según el relato del sastre a la policía. "Decliné la oferta, no me pareció adecuado utilizar el abogado de otra persona que pudiera estar investigada", explicó Tomás.

El Bigotes: "Sigo respetando el secreto de sumario"

El presidente de la empresa Orange Market, Alvaro Pérez, El Bigotes, ha comparecido también ante el TSJ, tras hacerlo Camps y Betoret. Pérez, quien ya declaró el pasado 12 de febrero ante Garzón, ha asegurado a la salida del tribunal: "Voy a respetar al tribunal y sigo respetando el secreto de sumario".

El Bigotes ha salido de la sede del tribunal a las 12.35 horas tras haber sido interrogado durante media hora por el magistrado que instruye la causa abierta en la Sala de lo Civil y lo Penal, José Flors.

Tras hacer estas breves declaraciones, Pérez, quinto y último imputado que ha declarado entre ayer y hoy por el caso Gürtel se ha marchado en solitario, aunque acompañado por una multitud de periodistas. Pese a que ya no quedaba nadie del medio millar de personas que ocupaban la acera y aledaños del Palacio de Justicia, Pérez ha sido increpado por un ciudadano mientras se marchaba con los gritos de "ladrón, ladrón" y "devuelve la pasta".

Según concretaba el auto de inhibición de Garzón, Camps acudía a Madrid a instancias de El Bigotes, para para adquirir ropa en las tiendas Milano y Forever Young, en las que trabajaba como sastre el testigo José Tomás.

ELPAÍS.COM

EL JUEZ MANTIENE LA PRISIÓN DE LOS DOS PRINCIPALES COLABORADORES DE CORREA

TRIBUNALES | Rechaza los recursos de Crespo y Antoine Sánchez

Efe | Madrid

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, instructor del "caso Gürtel", ha rechazado poner en libertad a los dos principales colaboradores del presunto líder de la trama de corrupción ligada a cargos del PP que investiga, Francisco Correa.

Según ha informado el TSJM, Pedreira ha rechazado los recursos que Pablo Crespo -que hasta 1999 fue secretario de organización del PP gallego- y Antoine Sánchez, primo de Correa, interpusieron contra los autos de prisión dictados por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón el pasado mes de febrero.

También Correa ha recurrido su encarcelamiento, alegando motivos de salud, por lo que Pedreira ha acordado que se le remitan todos los reconocimientos médicos que se le han practicado desde su ingreso en prisión antes de tomar una decisión.

Por otra parte, el diputado del PP en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco, el también parlamentario autonómico y ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo y el ex concejal de este partido en Boadilla José Galeote -padre del eurodiputado Gerardo Galeote- han recurrido las fianzas que les impuso Pedreira.

El recurso de Martín Vasco -a quien se le exigen 950.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse- es de apelación, por lo que será resuelto por la sala civil y penal del TSJM.

López Viejo -al que se fijó una fianza de 750.000 euros- y José Galeote -en su caso la cantidad fue de un millón de euros-, sin embargo, han presentado un recurso de reforma, por lo que será el propio Pedreira el que tendrá que volver a pronunciarse sobre el asunto.

Además, la Fiscalía Anticorrupción ya ha registrado su recurso contra el auto del instructor por el que se admitió la personación en el caso como acusación particular del PP.

El Ministerio Público considera que el PP no puede actuar como acusación en una causa en la que se investiga una supuesta trama de corrupción ligada a cargos de este partido, varios de cuyos miembros -incluidos tres diputados en la Asamblea de Madrid- están imputados en la misma.

Pedreira admitió el pasado día 8 la personación del PP haciendo una "interpretación amplia" del artículo 24 de la Constitución Española y del derecho de defensa, según informó entonces el TSJM.

El citado precepto establece, en su apartado primero, que "todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión".

El PP alegó en su solicitud de personación que el partido no debe figurar en la causa como acusado, sino como perjudicado, y por tanto acusador, de las operaciones realizadas por las empresas Especial Events S.L.; Easy Concept S.L. y Good &Better S.L., dirigidas por Francisco Correa y sus hombres de confianza Pablo Crespo y Antoine Sánchez como administradores de hecho y de derecho.

ELMUNDO.ES


EL PSOE ESTUDIA LLEVAR A LA FISCALÍA EL CASO FUNDESCAM




Socialistas e IU sospechan que el PP se financió irregularmente

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ayer en Getafe.

GUILLERMO SANZ
I. ESCOLAR / A. GUTIÉRREZ - MADRID

La noticia, desvelada ayer por Público, de cómo el PP madrileño financió en 2003 parte de la campaña del tamayazo a través de una fundación a la que una empresa de la trama Gürtel endosó facturas electorales puso ayer en pie de guerra a la oposición. Tanto el PSOE como IU sospechan que esa fundación, Fundescam, operó como un canal de "financiación irregular" que no sólo ayudó supuestamente al PP a ocultar gastos electorales sino que captó donaciones de importantes empresarios que lograron contratos y concesiones públicas en Madrid.

El secretario general del PSOE madrileño, Tomás Gómez, anunció que los servicios jurídicos de su partido estudian la posibilidad de acudir a la Fiscalía, y garantizó una batería de iniciativas parlamentarias para que el Gobierno de Esperanza Aguirre dé explicaciones. La portavoz parlamentaria de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, también prometió dar la batalla en la Cámara autonómica, donde el PP ha hecho valer con reiteración su mayoría absoluta para bloquear los intentos de desentrañar las conexiones entre el Ejecutivo de Aguirre y las empresas adscrita a la trama corrupta que presuntamente dirigía Francisco Correa.

Para Tomás Gómez, este es un nuevo episodio que define la «era Aguirre»

En opinión del líder socialista madrileño, todo lo que rodea a Fundescam, "una fundación desconocida", resulta sospechoso. "Pudo haber sostiene Tomás Gómez trato de favor a empresas que estuvieron financiando una campaña electoral que todos recuerdan como el drama de la democracia, la del tamayazo". Su partido estudia ahora "si es posible emprender acciones jurídicas o llevar el caso a la Fiscalía", precisó.

Contratos y subvenciones

En el ámbito parlamentario, los socialistas reclamarán explicaciones al Gobierno de Aguirre, una dirigente, subraya Gómez, "que llega a la Presidencia de la comunidad en 2003 apoyada por una fundación que pudo haber dado prebendas a los empresarios que aportaron donaciones". El de Fundescam, resume el dirigente del PSOE, "es un nuevo episodio en la era Aguirre", caracterizada, en su opinión, por "la corrupción y la mezcla de intereses públicos y privados".

Sabanés cree que el PP vulneró la ley de financiación de partidos

Desde las filas de Izquierda Unida, Inés Sabanés exhibió el repertorio de irregularidades en que pudieron incurrir el PP y Fundescam, fundación de obediencia partidaria y cuyo patronato lo elige el comité ejecutivo de los conservadores. "IU dijo su portavoz en la Asamblea de Madrid considera que se ha podido vulnerar tanto la Ley Electoral como la Ley de Financiación de Partidos y la Ley de Fundaciones". Su grupo pedirá todos los contratos otorgados por la Comunidad de Madrid a Special Events y exigirá respuesta a la pregunta de qué subvenciones públicas ha recibido Fudescam "a pesar de no haber presentado sus cuentas desde 2003".

Los claroscuros legales del ‘caso Fundescam’

Falsificación de documentos
Special Events endosó a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam) facturas que en realidad se correspondían con trabajos realizados para el PP madrileño durante su campaña para las autonómicas de mayo de 2003 y para las europeas de junio de 2004. El falseamiento de facturas se encuadra en el delito de falsificación de documentos públicos, penado por el Código Penal con hasta seis años de cárcel en el caso de los funcionarios o cargos públicos, pero sólo con un máximo de tres si se trata de particulares.

Sólo multa para la financiación ilegal
En su artículo 4, tanto la Ley de Financiación vigente desde 2007 como la anterior, de 1987, prohíben de forma expresa que los partidos acepten donaciones de empresas privadas que, “mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras para las Administraciones Públicas, organismos públicos o empresas de capital mayoritariamente público”. Pero esa misma ley establece que los infractores recibirán, en todo caso, el siguiente castigo: “Una multa de cuantía equivalente al doble de la aportación ilegalmente percibida, que será deducida del siguiente libramiento de la subvención anual para sus gastos de funcionamiento”. El Código Penal no dedica ni una línea a la financiación ilegal.

Donaciones limitadas
La Ley de Financiación vigente en 2003 establecía para las donaciones privadas a partidos un límite de 10 millones de pesetas al año (60.000 euros). Las facturas del PP pagadas por Fundescam, fundación subvencionada por la Comunidad de Madrid y por Caja Madrid, superaron ese límite. En total, ascendieron a 66.988 euros. En 2004, Special Events cargó a la fundación 204.011 euros. Es decir, en sólo año y medio, desde junio de 2003 a noviembre de 2004, Fundescam abonó casi 50 millones de las antiguas pesetas por trabajos hechos para el PP. La Ley de Fundaciones prohíbe “constituir fundaciones con la finalidad principal de destinar sus prestaciones al fundador o a sus patronos”.

Más fiscalización desde 2007
El vacío de la financiación ilegal persiste, pero la nueva ley de 2007 cerró uno de los grandes agujeros de la norma precedente: la ausencia de control sobre las fundaciones ligadas a partidos. Ahora, las donaciones que reciben ese tipo de fundaciones están sujetas a la fiscalización y control del Tribunal de Cuentas y a las mismas sanciones aplicables a las organizaciones políticas de que dependen. Ese reforzamiento de controles fue la clave del choque de trenes que se produjo con el PP durante la tramitación de la nueva ley.

PÚBLICO.ES

CAMPS LLEGA "TRANQUILO A SU CITA CON EL JUEZ UNA HORA ANTES ARROPADO POR SU GOBIERNO Y BARBERÁ


(PD).- Arropado por parte de su Ejecutivo y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, Francisco Camps ya ha llegado a TSJV para declarar como imputado en el caso Gürtel. Sobre la cuestión de los trajes, este miércoles se desvela una conversación entre "El Bigotes" y Correa previa al escándalo "que desmonta todo el complot".

El presidente de la Generalidad de Valencia ha llegado a las 8:50 de la mañana a la sede del tribunal.

En el Palacio de Justicia, fue recibido por sus tres vicepresidentes, Vicente Rambla, Juan Cotino y Gerardo Camps, además de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Además, medio centenar de personas también esperaba a Camps a las puertas del Palacio de Justicia y lo han aplaudido al grito de 'presidente, presidente'

Según la instruccion ensamblada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón antes de inhibirse en favor del tribunal valenciano, Camps adquirió trajes en diferentes tiendas por valor de 12.783 euros que fueron pagados por Orange Market, una de las empresas vinculadas a la trama supuestamente liderada por Francisco Correa.

El auto de inhibición señalaba que el presidente valenciano recibió los trajes a cambio de otorgar adjudicaciones a esta sociedad entre 2005 y 2009 por valor de unos cuatro millones de euros.

LA CAZA MEDIÁTICA DE CAMPS

En privado jueces, fiscales o abogados, con un mínimo de sentido jurídico, reconocen que lo que achaca Garzón a Camps no es un delito. Pero Garzón no es tan tonto, él sabe que eso no justifica la caza mediática ni política ni jurídica contra el President:

¿Qué es lo que hace entonces para perjudicarle? Pues sencillamente lo mezcla en una macrocausa con otros muchos implicados por otros delitos más graves (tráfico de influencias, financiación ilegal, delitos fiscales, asociaciones ilícitas, etc., etc.)….mezclando todo y haciendo aparecer (todo ello mediante filtraciones bien dirigidas y resoluciones vagas e imprecisas) a Camps como miembro de esa trama. Sólo cuando llega la causa a Valencia es cuando las aguas vuelven a su cauce y se limita la investigación a la concreta causa de los trajes.

Desde el entorno de Camps destacan que esto es un dato importante "porque si desde el principio hubiera admitido que el President no formaba parte de ninguna trama, si hubiera admitido que lo único a discutir era el tema de los trajes, debería haberse inhibido inmediatamente por ese concreto hecho al TSJ de Valencia", aseguran a PD.

Pero esto no interesaba, hubiera concluido todo muy rápido, no hubiera dejado tiempo a que el PSOE le vilipendiase mientras no se podía defender por el secreto del sumario. No interesaba, era mejor mantenerlo junto al resto de los imputados, dejarlo en situación de sospechoso como integrante de la trama y por delitos mucho más graves…tenerlo un par de meses a los pies de los caballos para que lo machacaran y, cuando políticamente considera que ya lo ha “tocado” pues manda la causa a Valencia. ¿En qué momento llega la causa al órgano natural (el TSJ de Valencia)? Cuando aun no ha declarado siquiera como imputado…..el daño político ya es inmenso.

CAMPS, TRANQUILO

El presidente valenciano está totalmente convencido, y así se lo ha hecho llegar a la dirección del PP nacional, de que todo esto quedará en humo. Y la información de este miércoles de El Mundo le da un impulso a su versión. ‘El Bigotes’ negó a Correa que regalara trajes a Camps, dice este diario, basándose en la escucha de unas cintas grabadas a los dos imputados.

Desde el entorno del presidente valenciano, las pruebas a favor de Camps, son las pruebas que desmontan el complot:

"Conocemos nuevas filtraciones en las que se afirma de nuevo que Camps nunca recibió regalos de la trama".

¿Por qué no han salido antes estas grabaciones? Están convencidos de que se trata de "un complot contra Francisco Camps".

Se amparan en esta información y argumentan que la persona que supuestamente pagaba trajes diga que no lo hace si que es una prueba sustancial y que está en el sumario desde el principio.

"Alguien han intentado por todos los medios dañar al presidente Camps, al que le han hecho pasar un auténtico calvario".

EL BIGOTES TAMBIÉN SE PERSONARÁ

El director de Orange Market, Álvaro Pérez, también está citado a declarar este miércoles ante el magistrado instructor de la causa, José Flors, al igual que el ex jefe de gabinete de la Consellería de Turismo Rafael Betoret, ambos imputados también por un supuesto delito de cohecho.

Según concretaba el auto de inhibición de Garzón, Camps acudía a Madrid a instancias de Álvaro Perez, conocido como "El bigotes", con el fin de adquirir ropa en las tiendas de Milano y Forever Young, en las que trabajaba el testigo José Tomás.

El mes pasado, el presidente del Gobierno valenciano afirmó en una sesión de control parlamentario que tenía unas "ganas locas, locas" de explicarse y de certificar ante el juez que no hay "nada de nada" del supuesto delito de cohecho que se le atribuye. Camps aseguró que se trataba de un montaje político y pronosticó que pronto se sabría "la verdad", porque "aquí no ha pasado absolutamente nada".

Además, afirmó que la Generalidad es la Administración "más transparente de toda Europa", al igual que la financiación del PP. Camps está citado a declarar a las 10 horas, y tras él comparecerá Betoret (a las 11 horas) y Álvaro Pérez (a las 12 horas).

PERIODISTADIGITAL.COM

EL TSJCV MANTIENE A FRANCISCO CAMPS COMO IMPUTADO POR PRESUNTO COHECHO


* El TSJCV dice en un comunicado que el proceso "sigue su curso".
* Mariano Rajoy había dicho que Camps quedó "libre y sin cargos".
* Este jueves testificará el sastre José Tomás.
* Camps se muestra "contento y satisfecho" por su declaración.
* 'Operación Gürtel': Cronología de la investigación.
* BLOG: Esperanza Aguirre y el PSOE, un amor doblemente interesado.
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El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) sigue manteniendo a Francisco Camps como imputado por un supuesto delito de cohecho relacionado con la trama de corrupción del 'caso Gürtel', después de que el presidente de la Generalitat haya declarado en la mañana de este miércoles ante el juez instructor del caso, José Flors.

Tal y como han informado fuentes del tribunal a 20minutos.es, también se mantiene la imputación por el mismo delito al actual jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, quien también prestó declaración este miércoles ante el juez, a igual que el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, conocido como 'el Bigotes', imputado por el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, dirigido por Baltasar Garzón. Para ninguno de los tres se han impuesto medidas cautelares.

El TSJCV no ha adoptado ninguna medida cautelar para Francisco Camps

El TSJCV concluyó en un comunicado que, tras las declaraciones de esta jornada, "el procedimiento sigue su curso". Sin embargo, tan sólo unos minutos antes de hacerse público el comunicado, el presidente del PP, Mariano Rajoy, decía que el TSJCV había dejado "libre y sin cargos" a Camps.

Este jueves declarará el sastre de Camps

Hasta la fecha -además de Camps, Betoret y Pérez- han declarado en calidad de imputados el secretario general del PPCV, Ricardo Costa, y el ex vicepresidente y ex conseller Víctor Campos, que declararon este martes y para los que el instructor tampoco adoptó ninguna medida cautelar.

La próxima comparecencia señalada será la del sastre José Tomás, que declarará este jueves en calidad de testigo. Asimismo, el magistrado instructor de la causa acordó también llamar a declarar como testigos a todas las personas que han autorizado contratos entre la administración de la Generalitat Valenciana y la empresa Orange Market. Asimismo ha acordado que se practique una prueba pericial contable.

La declaración de Camps
Este jueves declarará el sastre José Tomás

Sin duda, el protagonismo de este miércoles se lo ha llevado Francisco Camps, quien se ha mostrado "muy contento y satisfecho" de haber podido contar al juez instructor del 'caso Gürtel' "la verdad" sobre su supuesta relación con la trama de corrupción y ha expresado su confianza en que "esto vaya lo más rápido y lo mejor posible".

Camps ha hecho estas declaraciones a los periodistas a su salida del Palacio de Justicia de Valencia, donde ha declarado durante 45 minutos. Estuvo acompañado por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y por sus tres vicepresidentes.

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20MINUTOS.ES

FRANCISCO CAMPS, "MUY SATISFECHO Y CONTENTO" TRAS SU DECLARACIÓN POR EL CASO GÜRTEL


Por un presunto delito de cohecho

Foto de la Noticia

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VALENCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, aseguró, tras declarar durante 45 minutos como imputado por un presunto delito de cohecho ante el magistrado instructor del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que está "muy satisfecho y contento" y espera que todo vaya "lo más rápido y mejor posible".

Asimismo, expresó su satisfacción porque "tenía ganas de contar la verdad, y ya la hemos contado".

Tanto a su llegada como a la salida del Palacio de Justicia, Camps fue aclamado por más de un centenar de simpatizantes, que lo recibieron con gritos de "presidente", mientras frente a ellos, en la Glorieta, un grupo más reducido de detractores le exigía la dimisión.

El TSJCV, a través de un comunicado, especificó que el procedimiento "sigue su curso". De esta forma, se mantienen como imputados tanto el presidente de la Generalitat como el secretario general del PPCV y el portavoz 'popular' en las Corts, Ricardo Costa, y el ex vicepresidente y ex conseller Víctor Campos, que declararon ayer, y el actual jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, que también compareció hoy.

En esta jornada acudió asimismo al TSJCV el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, conocido como 'el Bigotes', imputado por el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, dirigido por Baltasar Garzón, quien inició la investigación y decidió remitir, en un auto con fecha de 5 de marzo, la causa al alto tribunal valenciano ante la presencia de aforados de la Comunitat.

El magistrado entendía que los hechos de los que tenía conocimiento podían ser constitutivos de los posibles delitos de cohecho del artículo 426 del Código Penal y/o tráfico de influencias y, en su caso de un delito de falsedad, aunque la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, en el auto en el que se declaró competente para asumir esta parte de la causa, acordó la apertura de diligencias únicamente por un presunto delito de cohecho "para determinar la naturaleza de los hechos y la posible participación" de las cuatro personas mencionadas.

En el auto , Garzón señalaba que el presidente de la Generalitat habría recibido pagos en trajes por valor de 12.783 euros, adquiridos en las tiendas de Milano y Forever Young, de la supuesta trama liderada por el empresario Francisco Correa para captar negocios y adjudicaciones en Madrid y la Comunitat Valenciana, donde operaba la empresa Orange Market, presidida por Álvaro Pérez. Por su parte, Rafael Betoret habría recibido regalos consistentes en prendas de vestir por valor de 9.950 euros, de ambos establecimientos.

ACOMPAÑADO DE BARBERÁ Y SUS VICEPRESIDENTES

El presidente del Consell llegó sobre las 8.50 horas al Palacio de Justicia en el coche oficial, donde le esperaban los tres vicepresidentes del Consell, el de Presidencia, Vicente Rambla; el Económico; Gerardo Camps; y el Social; Juan Cotino, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. En ese momento, cuando faltaba más de una hora para prestar declaración, ya se había congregado un grupo de simpatizantes del PP, algunos con Senyeras, cuyo número fue aumentando hasta superar el centenar, que le aclamaron con gritos de 'presidente' y aplausos.

Tras una declaración de 45 minutos, sobre las 11.26 horas, el jefe del Consell, con semblante tranquilo, salió del Palacio de Justicia acompañado de nuevo por los tres vicepresidentes del Consell y Barberá. Tras atender a los medios televisivos con unas breves declaraciones, se dirigió a las informadores de radio y prensa escrita a quienes aseguró estar "muy satisfecho después de haber contado ya mi opinión respecto a lo que ha ocurrido en estos días y estos meses".

"Muy satisfecho y muy contento. Y esperando que esto vaya lo más rápido y mejor posible. Estoy convencido", dijo. En sus declaraciones a los medios audiovisuales también aseguró estar "muy satisfecho de contar la verdad".

El presidente valenciano, tras atender a los medios, se dirigió hacia el Parterre andando por la calle ya que la calzada estaba tomada por la gente, por lo que se tuvo que cortar el tráfico. Durante el pequeño recorrido hasta llegar al coche oficial fue recibiendo apoyo de las personas que se agolpaban en el entorno y que le aclamaban.

Posteriormente, el jefe del Consell mantuvo su agenda, que incluía una audiencia al viceprimer ministro de Asuntos Exteriores de Bulgaria, Ivalo Kalfin. A las 19.00 horas asistirá a la presentación del nuevo ferry 'Martín i Soler' de Balearia.

Entre los presentes, se encontraba el vicepresidente de las Corts, Antonio Clemente, y alcaldes de municipios de Valencia como el de Mislata, Manuel Corredera; el de Riba-roja, Francisco Tarazona o el de San Antonio de Benagéber, Eugenio Cañizares.

BETORET Y 'EL BIGOTES'

El segundo en declarar, Rafael Betoret, llegó a las 10.50 horas, y fue recibido igualmente con aplausos y gritos de 'Rafael, Rafael'. Ni en ese momento ni a la salida, a las 12.05 horas, quiso hacer declaraciones a los medios. Sin llegar a coincidir con Camps, a las 11.50 horas, llegó al tribunal Álvaro Pérez, quien abandonó la sede judicial a las 12.40 horas.

Únicamente atendió a los medios para indicarles: "sigo respetando al tribunal y sigo respetando el secreto del sumario". Un viandante le siguió durante parte del trayecto hacia el Parterre mientras le increpaba asegurándole que era "un ladrón" y le pedía: "suelta la pasta".

EUROPAPRESS

LA "CORREA" DE LA QUE EMPEZÓ A TIRAR GARZÓN

Blanqueo de capital, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias son los delitos de los que se acusa a buena parte de los imputados















De izquierda a derecha, Alvaro Pérez Alonso, responsable de la empresa Orange Market; Ramón Blanco Balín, ex consejero delegado de Repsol, y María del Carmen Rodríguez Quijano, tres de los imputados por la 'operación Gürtel'. / Archivo

REDACCIÓN |MADRID

El 'caso Gürtel' (correa en alemán) saltó a la luz el 6 de febrero pasado, justo una semana antes de que arrancase la campaña de las autonómicas en Galicia y el País Vasco. Los titulares de ese día hablaban de que, por orden de Garzón, se habían producido detenciones de empresarios vinculados al PP. El caso lo instruía Garzón y justo el fin de semana en el que se puso en marcha el operativo policial, el juez de la Audiencia compartió cacería con el entonces ministro de Justicia. Al final terminó por costarle el puesto a Mariano Fernández Bermejo.

A partir de entonces, y pese al secreto de sumario, comenzó un goteo de nombres que podrían estar implicados en la trama. Algunos dirigentes del PSOE apreciaron en lo que iba saliendo un caso de financiación ilegal del PP. Los 'populares' se aplicaron para explicar que no estábamos ante otro 'Filesa'; también para que el juez Garzón se apartara del caso. Al final -aunque tardó- lo hizo porque había indicios contra aforados del PP. Los afectados eran parlamentarios autonómicos en Madrid y en Valencia. Por eso el caso ha terminado en el TSJM y en el TSJCV.

En la vertiente madrileña los imputados 'más políticos' son tres diputados de la Asamblea: Alberto López Viejo, un hombre de Esperanza Aguirre que dimitió nada más saltar a la luz su nombre; Benjamín Martín Vasco, portavoz adjunto en la Asamblea que también dimitió como presidente de la comisión de investigación del espionaje a cargos de la Comunidad; y Alfonso Bosh. Se les atribuyen delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad.

El caso también se ha llevado por delante a varios alcaldes de la región: el de Arganda: Ginés López; el de Pozuelo de Alarcón y ex marido de la dirigente del PP nacional Ana Mato, Jesús Sepúlveda; y el de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. También está implicado el ex regidor de Majadahona, Guillermo Ortega.

En la vertiente valenciana, y después de varios meses en la cuerda floja, está imputado el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y su número dos y secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa. El juez les atribuye un presunto delito de cohecho.

El supuesto cabecilla de la trama es Francisco Correa, al frente de un conglomerado de empresas que organizaba actos para el PP. Las primeras imágenes que salieron de él habían sido captadas en la boda de la hija del ex presidente Aznar y Alejandro Agag, a la que asistió como invitado y testigo en la ceremonia. Del más de medio centenar de imputados (60), es uno de los tres que está en prisión. También está entre rejas su primo, Antoine Sánchez, y Pablo Crespo, que fue secretario de organización del PP gallego hasta 1999. En general, blanqueo de capital, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias son los delitos de los que se acusa a buena parte de los imputados.

ABC.ES

CORREA APUNTÓ PAGOS A OTRO DIPUTADO DEL PP Y AL EX JEFE DE GABINETE DE CASCOS



La investigación del 'caso Gürtel'

La 'caja B' indica que Jesús Merino, parlamentario y ex vicepresidente de Castilla y León, recibió 220.000 euros en varias entregas, y Álvaro de la Cruz, otros 30.000

JOSÉ MANUEL ROMERO / CARLOS E. CUÉ - Madrid

La investigación de la trama de corrupción masiva vinculada presuntamente a administraciones gobernadas por el PP sigue avanzando con el material que proporciona la contabilidad de las empresas de Francisco Correa y que implica a nuevos dirigentes del partido de Mariano Rajoy. Los apuntes de la caja B (contabilidad en dinero negro) de la trama, que registraba pagos a políticos a cambio de favores, han implicado hasta ahora a cuatro ex alcaldes, tres diputados autonómicos madrileños, dos valencianos (entre ellos, el presidente Francisco Camps), el tesorero nacional del PP y senador Luis Bárcenas, y el eurodiputado Gerardo Galeote.

* El tesorero niega que cobrara de la trama corrupta
* El presidente recibe el apoyo de sus fieles antes de ir a declarar
* Costa: "He contestado a más cosas de las que me preguntaban"
* El presidente valenciano retrasa un día su declaración judicial
* Las empresas de la trama declararon compras en Milano
* Milano registró los encargos de ropa para los políticos
* Los trajes de Camps los pagaba "un señor bajito llamado Álvaro"
* El juez pedirá todos los contratos del Gobierno de Camps con Orange Market

El PP valenciano arropa a Camps

Cospedal: "La mejor defensa de Camps será decir la verdad"

Francisco Álvarez-Cascos
A FONDO

Nacimiento:
01-10-1947

Lugar:
Madrid

Sáenz de Santamaría recuperó a Merino como portavoz adjunto en 2008

De la Cruz trató de lograr contratos del Gobierno de Madrid a través de Bárcenas

Esa contabilidad también registró pagos a Jesús Merino, ex vicepresidente, con Juan José Lucas al frente, de la Junta de Castilla y León -una comunidad también afectada por el caso Gürtel por adjudicaciones sospechosas de obras de carreteras- y ahora diputado nacional por Segovia y miembro de la dirección del grupo parlamentario; y a Álvaro de la Cruz, que fue jefe de gabinete con Francisco Álvarez Cascos en los primeros años noventa, cuando éste desempeñaba el cargo de secretario general del PP.

En los documentos requisados a la trama corrupta figura al menos un pago de 50.000 euros asignado a "Jesús Merino" y otras entregas de dinero que suman 170.000 euros a "J. M.", siglas que, según la investigación policial, corresponderían al mismo parlamentario popular.

Merino es un veterano dirigente muy conocido en la sede central del PP, en la calle Génova de Madrid. Unos años después de abandonar la vicepresidencia de la Junta de Castilla y León, en 2002 fue nombrado -en la época de Javier Arenas como secretario general- responsable de Política Autonómica del PP.

En aquellos años, en la dirección del partido coincidieron algunas de las personas implicadas ahora en el caso Gürtel: Francisco Camps era secretario de Estudios y Programas; y Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo (Madrid) era, como secretario de Política Electoral, el responsable de la organización de los actos del partido y el que tenía mayor vinculación personal con Correa, cabecilla de la trama.

De hecho, muchas de las investigaciones policiales del caso Gürtel parecen seguir lentamente la pista de las relaciones personales fraguadas en aquella época por el equipo de personas que controlaba el aparato de organización del PP y que, por tanto, contrataban y tenían una estrecha relación con la red de Francisco Correa.

A Merino lo relevó en 2004 en la dirección del PP Soraya Sáenz de Santamaría, y él pasó a un segundo plano. Sin embargo, ambos establecieron una buena relación y Sáenz de Santamaría decidió recuperarlo en 2008, cuando Mariano Rajoy la nombró portavoz parlamentaria. Ella incorporó a Merino a la dirección del grupo parlamentario, como portavoz adjunto, y allí sigue desde entonces, en una reducida cúpula de diputados que toman las decisiones más relevantes sobre la estrategia de la oposición.

Rajoy ha concentrado especialmente sus fuerzas en el Congreso, donde el PP ha llegado a ganar alguna votación, por lo que Merino es un dirigente destacado en ese contexto actual. Merino, que la semana pasada -cuando La Vanguardia publicó que estaba siendo investigado por este asunto- negó cualquier relación con Correa, no pudo ser localizado ayer por el equipo de prensa del PP para ofrecer su versión sobre estas investigaciones policiales.

En el caso de Álvaro de la Cruz, ex jefe de gabinete de Francisco Álvarez Cascos, la caja B de Correa apunta un pago de 30.000 euros que está siendo investigado. Álvaro de la Cruz se dedica al mundo de la Seguridad con su empresa Serygur. De la Cruz reconoció en enero pasado al diario El Mundo que Luis Bárcenas, tesorero del PP y presuntamente implicado en el caso de corrupción -recibió 1,3 millones de la red, según un auto del juez Baltasar Garzón-, intermedió a su favor ante la Comunidad de Madrid en varios concursos de seguridad.

"Luis Bárcenas es amigo mío y me preguntó si podía ayudar a Serygur. Le dije que estábamos interesados en el contrato de la seguridad de la Ciudad de la Justicia y se ofreció a llamar a Alfredo Prada [entonces consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid]. Fue un acto de buena voluntad y por pura amistad", declaró entonces De la Cruz.

Su empresa consiguió el contrato de la Ciudad de la Justicia por 400.000 euros. Sin embargo, el contrato que generó más polémica interna fue el de la seguridad de la sede del Gobierno autonómico en la Puerta del Sol. Al llegar el equipo de Esperanza Aguirre, que sustituyó a Alberto Ruiz-Gallardón, la empresa de De la Cruz temió perder el contrato, que debía renovarse. Entonces entró en liza el ex concejal del PP en Madrid Ignacio del Río, socio de De la Cruz en esta empresa. Entre los dos, y con el apoyo de Bárcenas, trataron de convencer al entorno de Aguirre para que renovara el contrato. Fracasaron, y Serygur perdió ese suculento pastel de seguridad.

Bárcenas y De la Cruz trabajaron juntos en la dirección nacional del PP, uno como mano derecha del entonces tesorero, Álvaro Lapuerta, y otro como jefe de gabinete del secretario general, Francisco Álvarez Cascos.

De la Cruz ocupó, entre septiembre de 1989 y octubre de 1992, ese puesto de máxima confianza de Cascos, el que fuera número dos del PP en la década de los 90. Después recaló en Andalucía, donde llegó a ser diputado autonómico por Cádiz, pero durante un periodo muy breve, entre 1994 y 1995.

ELPAÍS.COM

EL JUEZ PEDIRÁ TODOS LOS CONTRATOS DEL GOBIERNO DE CAMPS CON ORANGE MARKET



La investigación del 'caso Gürtel'

Pueden ser citados la presidenta de las Cortes valencianas y cinco consejeros

L. GARRIDO / M. OLIVARES - Valencia

Altos cargos del Gobierno valenciano tendrán que declarar ante el juez y explicar los contratos adjudicados por la Generalitat a Orange Market, una de las empresas de la trama corrupta dirigida por Francisco Correa. José Flors, instructor de la parte valenciana del caso Gürtel, dictó ayer una providencia en la que comunica que investigará todos los contratos de la Generalitat con esa empresa y con su responsable, Álvaro Pérez, El Bigotes, quien gozaba de la confianza de altos cargos de la administración autonómica, gobernada por el PP.



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Adjudicaciones a Orange Market

* Correa apuntó pagos a otro diputado del PP y al ex jefe de gabinete de Cascos

El PP valenciano arropa a Camps

Francisco Camps Ortiz
A FONDO

Nacimiento:
28-08-1962

Lugar:
Valencia

Dicha providencia, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), recoge específicamente que serán citadas a declarar las personas que autorizaron los contratos con Orange Market y aquellas que formaron parte de las mesas de contratación. Eso significa que tendrán que acudir ante el juez, en calidad de testigos, cargos de la máxima relevancia institucional y probablemente decenas de funcionarios.

En primer lugar, lo harán Milagrosa Martínez, presidenta de las Cortes y consejera de Turismo entre 2003 y 2007; Vicente Rambla, vicepresidente primero y consejero de Presidencia, responsable de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana; Angélica Such, actual consejera de Turismo; Alejandro Font de Mora, consejero de Educación; o Rafael Blasco, actual consejero de Inmigración, que era responsable de Territorio cuando la empresa pública Vaersa adjudicó a Orange Market una campaña publicitaria, en noviembre de 2004, por 138.678 euros en un procedimiento negociado sin publicidad.

Son sólo algunos de los cargos que podrán acudir. Orange Market ha conseguido, al menos, ocho millones de euros de la administración valenciana, una cuarta parte por adjudicación directa, sin concurso.

El instructor pretende así, con la pericial contable y los testimonios, comprobar la relación entre los apuntes de contabilidad, los regalos y los contratos, a través de documentos, declaraciones y grabaciones. Eso podría ampliar la investigación a tráfico de influencias y prevaricación. Vaersa ofreció el trabajo a tres empresas que tenían el mismo administrador único.

Adjudicaciones a Orange Market

- El pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur durante cinco años consecutivos, entre 2005 y 2009. El primero, por 1.344.000 euros. El último, por 916.000 euros.

- Los conciertos y actos con ocasión de la salida de la Volvo Ocean Race desde Alicante el pasado mes de octubre por un total de 445.000 euros.

- Una campaña de publicidad para el uso del contenedor amarillo por 140.000 euros en noviembre de 2004. Orange Market incumplió el contrato y cobró la mitad.

ELPAÍS.COM

ELTSJIB IMPUTA AL EX SECRETARIO GENERAL DE UM DAMIÁ NICOLAU POR SON OMS


CORRUPCIÓN | Declarará el 26 de mayo ante el juez


El ex secretario general de UM, Damià Nicolau. | Cati Cladera





El ex secretario general de UM, Damià Nicolau. | Cati Cladera

* Le imputa los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación
* También fue ex director insular de Ordenación del Territorio

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha citado a declarar como imputado al ex director insular de Ordenación del Territorio de Mallorca y también ex secretario general de Unió Mallorquina (UM) Damià Nicolau por el caso Son Oms. Además de Nicolau, por este caso está imputado también el diputado del grupo mixto y ex conseller de Ordenación del Territorio de Mallorca, Bartomeu Vicens.

El juez Antoni Capó imputa a Nicolau, los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. Estos delitos hacen referencia al pago de 12.000 euros que efectuó Nicolau al contable particular de Vicens por la redacción de un informe sobre el valor del suelo en Mallorca. Este hecho fue desvelado por EL MUNDO El Día de Baleares, y es lo que podría haber provocado la imputación del ex director insular de Territorio y secretario general de UM.

Este informe y el pago de su elaboración fue autorizado por Vicens, cuando entonces era conseller de Mallorca. El dirigente de UM ha sido citado para declarar el próximo día 26 de mayo, jornada en la que también comparecerá ante el alto tribunal el diputado Vicens, entre otros.

Nicolau ocupaba hasta el pasado verano la dirección de la Gerencia Balear del Agua, cargo del que fue cesado por el actual conseller de Medio Ambiente, el dirigente de UM Miquel Àngel Grimalt.

Además:

Anticorrupción revela que el informe está fusilado
Grimalt anuncia otra candidatura si nadal opta a la presidencia

ELMUNDO.ES

EL PSOE EXIME DEL CASO MERCASEVILLA A SU DELEGADO Y ACUSA A EX DIRECTIVOS

TRIBUNALES | Cobro de comisiones ilegales

Europa Press | Sevilla

El secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, ha asegurado hoy que las diligencias incoadas por la titular del Juzgado de Instrucción número 6, Mercedes Alaya Rodríguez, en cuanto al supuesto intento de cobro de comisiones ilegales en la sociedad municipal Mercasevilla obedece a una "cuestión aislada" en la que sólo están implicados los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, recordando asimismo que "no hay ningún auto de imputación" contra el delegado provincial de la Consejería de Empleo, Antonio Rivas.

Durante un acto informativo del PSOE con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo, Viera ha subrayado que Rivas "no está implicado" en el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales a dos empresarios del grupo hostelero La Raza.

En estes sentido, ha reiterado que "no hay ningún auto de imputación" contra Rivas, tras la denuncia formulada por el PP contra él; el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE); el primer teniente de alcalde y vicepresidente de Mercasevilla, Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA); el consejero delegado de la empresa, Alfonso Mir; el vicepresidente de la Agrupación de Interés Económico (AIE) del Ayuntamiento, Manuel Marchena; el ex consejero de Mercasevilla Domingo Enrique Castaño y los propios Mellet y Ponce.

Por ello, el dirigente de los socialistas sevillanos se ha mostrado "plenamente convencido" de que Rivas y la Consejería de Empleo "no tienen nada que ver" con el caso, que según dijo obedece a "una cuestión aislada de dos personas -por Mellet y Ponce- que ya no forman parte del PSOE".

ELMUNDO.ES

COSTA, TRAS DECLARAR ANTE EL JUEZ: "HE PROBADO QUE LAS ACUSACIONES SON FALSAS"


POLÍTICA | Caso 'Gürtel'

Ricardo Costa accede al Tribunal junto a David

Serra. | Vicent Bosch

* El 'número dos' del PP valenciano 'satisfecho' tras una hora de declaración
* 'He contestado a todos y a más de lo que me han preguntado', ha asegurado
* Ha llegado al Tribunal Superior de Valencia junto a sus tres vicesecretarios
* Ha sido increpado por una persona a su entrada: '¡Ladrón, trajes para todos!

* El TSJ informa de que tanto Campos como Costa no tienen medidas cautelares

G. Peñalosa | J. Cavanilles | R. Terrasa | Valencia

Pasadas las 13 horas ha abandonado el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Ricardo Costa, "satisfecho" tras cumplir sus "obligaciones". "Quería que llegara este tiempo para poder presentar todos los documentos que prueban que las acusaciones carecen de fundamento", ha dicho el secretario general del PP valenciano.

Costa ha explicado que su defensa, durante una hora y cinco minutos, se ha articulado en "tres fases". Ante el juez ha recordado que es secretario general del PP valenciano desde junio de 2007 y portavoz del partido en las Cortes desde abril de 2008, "fechas posteriores a los hechos imputados". Según fuentes próximas al diputado, se trata de una precisión, en ningún caso la principal línea argumental de su declaración.

El dirigente valenciano ha explicado que sus abogados han presentado "todos los elementos probatorios", ha asegurado que su actuación siempre ha sido "acorde con la legalidad" y ha asegurado que, a continuación, ha contestado a "todas las partes y a más de lo que me han preguntado".

La suya ha sido la segunda declaración del día tras la del ex vicepresidente de la Generalitat Valenciana Víctor Campos.

Tras las dos comparecencias, el TSJCV ha emitido un comunicado para aclarar que "la causa sigue su curso". "Dada la situación actual del procedimiento, no se ha adoptado por parte del instructor ningún tipo de medida cautelar sobre los dos imputados que han declarado", asegura el Tribunal.

Costa, imputado también por su relación con la supuesta trama de corrupción en el partido, el denominado caso 'Gürtel', ha llegado al Tribunal a las 11.14 horas, apenas tres cuartos de hora antes de lo previsto. El 'número dos' del PP valenciano, como Francisco Camps, estaba citado por el juez instructor por un presunto delito de cohecho.

Ha llegado junto a su abogado y acompañado por sus tres vicesecretarios: David Serra, vicesecretario de Organización del PPCV, Marta Torrado, vicesecretaria de comunicación, y César Augusto Asencio, vicesecretario de política local.

Costa ha reconocido antes de declarar que estaba "muy tranquilo". De fondo, una señora le ha gritado "¡Ladrón, trajes para todos!". No ha habido más incidentes.

Según el auto preparado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón antes de inhibirse en favor del TSJCV, Costa adquirió trajes en diferentes tiendas de ropa por un importe de 7.325 euros que fueron pagados por Orange Market, empresa gestionada por Álvaro Pérez 'El Bigotes' y una de las empresas vinculadas a la trama supuestamente dirigida por Francisco Correa.

Costa, que también es portavoz del PP en las Cortes Valencianes, ha reiterado en diversas ocasiones su disposición a colaborar con la justicia "para que se aclaren cuanto antes todas las infamias vertidas contra los populares".

Cuando conoció que el TSJCV había aceptado investigar estos hechos, Costa manifestó que se trataba del "principio para demostrar que todas las acusaciones son falsas e infundadas".

Además

Víctor Campos, tras declarar: 'Todo ha ido muy bien'
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