jueves, 5 de noviembre de 2009

ENCARCELADO EL PRINCIPAL IMPUTADO EN EL DESFALCO DE SAN FERNANDO

PEDRO ESPINOSA - Cádiz

Había adoptado con su mujer nombres árabes. Había falsificado documentos y podía destruir nuevas pruebas. La juez instructora del caso abierto en San Fernando (Cádiz) por la desaparición de más de 7,8 millones de euros de las arcas municipales apuntó ayer estas causas para ordenar el ingreso en prisión de Clemente Ruiz, el funcionario detenido en abril tras detectarse el desfalco.

Su compañera, quien también llegó a ser arrestada, ha quedado en libertad con cargos tras ser citados ayer ambos en el juzgado. La defensa de Ruiz no entiende este repentino encarcelamiento, a sólo un mes de celebrarse el juicio de lo contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento, gobernado por PA y PP, en el que el imputado reclamaba su reincorporación a su puesto de trabajo.

El auto de prisión dibuja toda una elaborada trama para hacer desaparecer de la caja municipal elevadas sumas de dinero. Las arcas empezaron a ser saqueadas en 2003, según la investigación de la intervención municipal. Pero estas cantidades no se echaron en falta hasta que una inspección rutinaria la Cámara de Cuentas de Andalucía lo detectó a principios de este año. Entonces el Ayuntamiento lo denunció a la Policía, que procedió a la detención de Ruiz y su compañera María José Lebrero. Según el equipo de gobierno, eran los únicos funcionarios que tenían acceso a prisión.
Falsificación

Según el auto de prisión, Ruiz, quien era también propietario de una inmobiliaria, falsificó documentos para retirar de la caja municipal dinero que luego registraba como operaciones realizadas por su empresa privada, aunque estas operaciones no eran reales. La juez destaca que el funcionario tenía contactos con empresarios marroquíes instalados en la ciudad y que llevaba un alto tren de vida, gracias al dinero que presuntamente procedía de lo ingresado en la caja municipal, a la que él tenía acceso directo.

El encarcelamiento se motiva también en la posible destrucción de pruebas y en el claro riesgo de fuga, algo que se razona en que Ruiz y su esposa haya adoptado recientemente nombres árabes. En concreto, el funcionario se presentaba ya como Ahmed. Su abogado, Ignacio Quintana, tachó ayer de "surrealista" la resolución.

elpaís.com

EL EX ALCALDE DE LA LÍNEA CARGÓ AL AYUNTAMIENTO LA MINUTA DE SU ABOGADO

El ex alcalde popular cobró un finiquito de 5.126 euros cuando dejó el puesto

CÁNDIDO ROMAGUERA - Algeciras

El ex alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Carlos Juárez (PP), cobró el pasado 8 de octubre 5.126 euros como liquidación de retribuciones como alcalde, mientras que los trabajadores del Ayuntamiento comenzaban las movilizaciones por el impago de las nóminas del mes de septiembre. Unos salarios que acabaron cobrando el 27 de octubre. Además, cargó a las arcas municipales 175.000 euros de la minuta de su abogado.

El actual regidor reconoce el cargo, pero que aún no ha ordenado el pago

El PSOE local calificó de "escándalo de extrema gravedad" que Juárez cobrase "su finiquito y la proporción de la paga extra de Navidad", una semana después de cesar en su cargo al ser inhabilitado por cometer un delito de desobediencia, cuando su equipo de gobierno alegaba falta de liquidez para hacer frente a la nómina municipal.

El secretario de Organización del PSOE linense, Francisco Espada, también denunció que el ex alcalde recibió 890 euros por la compra de un talonario de billetes de avión de la línea entre Gibraltar y Madrid.

Espada señaló también que el PSOE "estudia emprender acciones legales para exigir a Juárez el pago de la minuta del abogado Javier Saavedra", al que el ex alcalde popular contrató para su defensa y la de algunos de sus concejales en determinados casos. Unas minutas que Juárez firmó por valor de 175.000 euros.

El actual alcalde de La Línea, Alejandro Sánchez, reconoció que hay 17 notificaciones firmadas por su antecesor en las que se ordena el pago de 175.000 euros al abogado "por unos trabajos realizados", según un informe de intervención y tesorería. Pero el alcalde puntualizó: "Quiero aclarar que dichas notificaciones ni se han reconocido en contabilidad, ni se ha efectuado, por tanto, su pago".

Los socialistas también añadieron otra denuncia sobre desvíos de dinero procedente de la Administración central para pagos corrientes. Según el PSOE, "el equipo de gobierno del PP desvió 2,3 millones de euros de los fondos estatales para hacer frente a la nómina del mes de agosto y a pagos corrientes como una factura de suministro eléctrico a la empresa Endesa, por 120.000 euros, otra a estaciones de servicio por suministro de combustible por un total de 60.000 euros, o la que se debía abonar a Terrazos y Mármoles Linenses SA, por un importante de 38.645,75 euros".

Otro de los decretos firmados por Juárez antes de su marcha autorizaba al pago de 2.000 euros a Saavedra para representar al concejal popular Manuel Aguilera en un procedimiento seguido en el Juzgado número 3 de La Línea sobre un asunto urbanístico que, finalmente, fue archivado por la Audiencia de Cádiz.

Aguilera acusó ayer al IU, el grupo que llevó a los tribunales la operación, de "tener una doble moral". "Nos denuncia habitualmente en los juzgados y pretende que vayamos sin defensa", se quejó. Según Aguilera, "la mayoría de los asuntos que la oposición denuncia en los juzgados podrían ir perfectamente al contencioso administrativo y ser atendidos por los abogados municipales, pero estos políticos buscan y pretenden notoriedad llevando los temas a la vía penal, con lo cual es absolutamente normal que tengamos que buscar la mejor defensa posible".

elpaís.com

"OPERACIÓN PRETORIA"; SANTA COLOMA ADJUDICÓ LA MISMA OBRA A DOS EMPRESAS DE LA TRAMA CORRUPTA

Garzón reclama otro convenio de Luigi al Ayuntamiento de Arenys de Mar

Construcción en Santa Coloma de Gramenet, origen del pelotazo urbanístico.-EDU BAYER

LL. PELLICER / A. TRILLAS - Barcelona -

La investigación del caso Pretoria sigue extendiéndose a otras localidades y llega ya a Arenys de Mar (Maresme), aunque sigue sin abandonar su epicentro. Dos empresas relacionadas con la trama corrupta han sido las adjudicatarias de una misma obra en Santa Coloma de Gramenet. Se trata del mercado de Fondo, uno de los mayores equipamientos de la ciudad, que se licitó en 2007 por más de 20 millones de euros. La adjudicación, que está siendo investigada por el juez Baltasar Garzón, recayó en la constructora Edisan, vinculada al presunto cerebro de la trama, Luis García Sáez, Luigi.

La constructora presentó el concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) el pasado mes de enero, por lo que el Ayuntamiento tuvo que licitar otra vez la obra. Esta vez, el precio de salida eran 11,9 millones porque Edisan había realizado ya algunos trabajos, como la demolición del antiguo mercado. El pleno del Consistorio adjudicó el contrato el pasado 26 de octubre —un día antes de la intervención policial— por 9,8 millones de euros a Grupo Ánfora, en cuyo consejo de administración está Antonio Jiménez Gómez, el ex concejal socialista de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme) que Garzón investiga por considerarlo uno de los contactos del presunto cerebro de la trama, Luigi.

Fuentes del Ayuntamiento admitieron que la obra se adjudicó dos veces seguidas a dos empresas de la trama, pero aseguraron que todos los contratos de Gramepark y los que aparecen en el auto de Garzón están siendo revisados. Ánfora es un grupo de Mataró que ahora está promoviendo viviendas en Montcada i Reixac y Sant Andreu de Llavaneres. Jiménez Gómez tuvo responsabilidades urbanísticas en ambas localidades, y empezó en la inmobiliaria justo después de dejar su cargo en Montcada. Además, fue gerente del Instituto Municipal de Deportes de Santa Coloma.

Garzón sigue rastreando, no obstante, todas las operaciones vinculadas con la trama. El pasado martes el Ayuntamiento de Arenys de Mar le entregó la documentación de un convenio privado entre Edisan, de Luigi, y la congregación de monjas de Vila Betània. Según el acuerdo, de 2005, Luigi se comprometía a ampliar el geriátrico de la comunidad a cambio de un solar donde edificar.

Fuentes municipales confirmaron ayer que en esa época, cuando gobernaban CiU y PP, el jefe de Planeamiento del Consistorio era Genís Carbó, militante de CDC y directivo del último Gobierno de Jordi Pujol. Carbó está citado en el auto por cobrar una comisión de 244.011 euros tras un pelotazo urbanístico.

Noticias relacionadas:
* Santa Coloma dio a dedo obras por 12 millones a una empresa del 'caso Pretoria'
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elpaís.com

LA FISCALÍA PIDE A DIPUTACIÓN LOS DATOS DE LOS CARGOS DE CONFIANZA

Denuncia del PSOE

Marta Sánchez Esparza | Málaga

La Fiscalía de Málaga ha decidido investigar la contratación de cargos de confianza de la Diputación Provincial de Málaga, y en especial la de los asesores adscritos a los diferentes grupos políticos. Para ello el fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales, incoó el pasado 28 de septiembre las diligencias de investigación penal número 399/09, y el fiscal encargado de las mismas solicitó esta semana a la Secretaría de la Diputación Provincial la información relativa a todos y cada uno de los contratos de asesores y cargos de confianza del organismo, según fuentes del mismo.

Las diligencias se abrieron a raíz de una denuncia presentada ante la Fiscalía el pasado 23 de septiembre por el que fuera portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, Roque Manchado, y a cuyo contenido ha tenido acceso EL MUNDO de Málaga.

En su escrito, Manchado denunciaba que la actual portavoz del PSOE en Alhaurín de la Torre, Patricia Alba, había sido nombrada cargo de confianza de la Diputación Provincial mediante un decreto fechado el 14 de noviembre de 2007, pero que su nombre no se había hecho constar en la relación de puestos de libre designación publicada en la página web del organismo supramunicipal.

Según el denunciante, la ausencia del nombre no es baladí. «Eso es así porque la señora Patricia Alba no ejerce ningún cargo de confianza con respecto a ningún órgano de la Diputación, sino que presta sus servicios a un partido político como es el PSOE», manifiesta Manchado en su denuncia.

El nombramiento de Alba, además, habría sido ilegal, según la denuncia, pues el Tribunal Supremo ha determinado ya que los puestos de confianza «son excepcionales y su validez está condicionada a que sus cometidos se circunscriban a esas funciones de confianza y asesoramiento especial que legalmente delimitan esta específica clase de personal público».

La asesora no consta en la relación de puestos de confianza ni tiene despacho propio

Sin embargo, en el mismo decreto de nombramiento de Patricia Alba, el número 5650/2007, se especifica que la afectada «no trabaja para ningún órgano de la Diputación Provincial», ya que los grupos políticos «no son órganos de la Diputación y no pueden tener ningún cargo de confianza».

En la denuncia se argumenta que en la Administración local de las diputaciones provinciales regulada por la Ley de Bases de Régugimen Local de 1985 estos grupos no son órganos de gobierno. Por ese motivo el nombramiento sería «nulo de pleno derecho», según Manchado, que apunta que la citada ley «prohíbe expresamente que se utilice dinero público para cargos que no son de la Administración Pública».

«Si el PSOE como partido político, como grupo municipal o grupo político quiere pagar a la señora Alba por los servicios prestados, que le pague de los fondos de dicho partido político, pero no puede permitir subterfugios ilegales para que se le pague con dinero público de todos los malagueños», agrega el ex portavoz socialista en Alhaurín de la Torre.

En la denuncia se precisa que Patricia Alba, «supuesto cargo de confianza del presidente de la Diputación, no tiene ningún despacho asignado en la Diputación, en la Presidencia, ni órgano de la misma». Alba «tampoco presta servicios de asesoramiento o cargo de confianza al presidente de la Diputación, por lo que cabe suponer que no trabaja para la Diputación».

Por todo ello Manchado pidió a la Fiscalía una investigación, «por si se estuviera utilizando presunta e ilícitamente fondos públicos para pagar a estos cargos de confianza que trabajan para un partido político». La institución provincial deberá ofrecer ahora información detallada sobre sus contrataciones al Ministerio Público.

elmundo.es

"CASO MERCASEVILLA"; IMPUTADO EL EX ASESOR DEL ALCALDE QUE CONTRATÓ SANDO TRAS ADJUDICARSE LOS SUELOS

Domingo Enrique Castaño votó a favor de la adjudicación

* La juez pide que se investigue el patrimonio de los imputados por la trama del cobro de comisiones ilegales y de sus familiares más próximos

Sebastián Torres | Sevilla

La juez Mercedes Alaya que instruye la venta de los suelos de Mercasevilla mediante un concurso presuntamente irregular a una empresa filial del Grupo Sando ha imputado al que fuera asesor del alcalde Monteseirín, Domingo Enrique Castaño, por su implicación en el escándalo.

Castaño, que era consejero y miembro de la comisión ejecutiva de Mercasevilla cuando se acordó la venta de suelo a Sando en un concurso en cuyo pliego figuraba una polémica cláusula de 'alza temeraria', que dejó fuera de la puja a empresas que habían ofrecido más dinero por los terrenos públicos, fue contratado por la empresa adjudicataria tras el concurso.

Domingo Enrique Castaño, al menos desde el 2 de junio de 2008, estaba contratado por Desarrollo Urbanístico Sevilla Este SA (Duse), una empresa participada en un 64% por Sanma Proyectos Inmobiliarios SA, precisamente la misma empresa que ganó el concurso para la venta de los suelos de Mercasevilla, con el voto favorable de Castaño, que era consejero y miembro de la comisión ejecutiva del mercado de mayoristas.

Hace unas semanas, el grupo Sando despidió a Castaño, cuando ya había estallado el escándalo de Mercasevilla.

Por otro lado, la juez Mercedes Alaya, que también investiga el presunto cobro de comisiones por parte de los responsables de la empresa pública, ha pedido a la Policía Judicial que investigue el patrimonio de los imputados en esta línea de investigación del escándalo de Mercasevilla, y de otras personas que formarían parte del entorno familiar de los mismos. En total, 18 personas, entre los imputados, cónyuges, hermanos y otros familiares.

elmundo.es

"CASO GÜRTEL"; LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEFINE LOS NOMBRES DE SUS SIETE COMPONENTES

Castellón

Los representantes de los grupos municipales, esta mañana. | ELMUNDO.es

* El PP elige a Beatriz Gascó, Juanjo Pérez, Miguel Angel Mulet y Vicent Sales
* Javier Peris y Juli Domingo (PSPV) y Enric Nomdedeu (Bloc) serán la oposición

* El martes día 10 de noviembre estrenará ya su calendario de trabajo


Chelo Pastor | Castellón

La comisión de investigación del Ayuntamiento de Castellón ha definido sus siete componentes. El equipo de gobierno ha elegido a Beatriz Gascó, Miguel Angel Mulet, Vicent Sales y Juan José Pérez. Por su parte, el PSPV ha designado a Javier Peris y el histórico Juli Domingo mientras la única plaza del Bloc corresponderá a Enric Nomdedéu.

Esta designación es el resultado de una reunión preliminar de la mañana de este jueves que ha servido para marcar la hoja de ruta de la comisión de investigación. Su calendario de trabajo se abrirá el próximo martes día 10 después de que en la mañana de este jueves se haya celebrado una reunión preliminar para configurar este órgano de trabajo.

En un breve encuentro entre representantes de los tres grupos municipales se ha acordado que la comisión de investigación esté formada por los siete miembros citados en proporción con la representación en el pleno: cuatro del PP, dos del PSPV y uno del Bloc (Enric Nomdedéu), quien se perfila como el presidente de la comisión.

Representantes de los tres grupos municipales en el Ayuntamiento de Castellón (PP, PSPV y Bloc) han iniciado a las 9.15 horas de este jueves la junta de portavoces protocolaria para la comisión de investigación que se aprobó en el pleno de la semana pasada para analizar la legalidad de las contrataciones en el Ayuntamiento. Así, se pretende comprobar si hay alguna irregularidad en la adjudicación de contratos a empresas relacionadas con Orange Market, vinculada a la presunta trama 'Gürtel'.

Esta primera reunión ha lleqado precedida por la polémica, después de que durante el pleno el vicealcalde, Javier Moliner, entregara al portavoz socialista, Juan María Calles, un sobre que según afirmó contenía los nombres de varias empresas y personas físicas relacionadas presuntamente con la campaña electoral de Calles. Éste aseguró que cuando recibió el sobre estaba vacío, lo que ha generado sucesivos reproches entre PP y PSPV al respecto, sin que se haya resuelto el 'misterio' del sobre.

Otro punto de interés en los días previos a esta reunión ha sido si el concejal del Bloc, Enric Nomdedéu, aceptaba la propuesta del PP para presidir la comisión de investigación. Tras sopesar todos los factores, Nomdedéu aceptó este cometido, si bien fue entonces cuando el PSPV se mostró contrario a ello, prefiriendo que la presida el PP. Para los populares esto "demuestra que la voluntad del PSPV es enturbiar la acción política de Castellón porque no saben gestionar para los ciudadanos ni siquiera desde la oposición".

Desde el PP también se ha indicado que "tenemos la absoluta certeza de que en el Ayuntamiento siempre se ha actuado conforme a la legalidad, por lo que queremos que se inicie la investigación cuanto antes y que se haga en los términos que determina el reglamento de funcionamiento del consistorio que marca, muy explícitamente, cómo debe funcionar este tipo de comisiones".

El Bloc ha marcado condiciones para ratificar su presidencia de la comisión de investigación, como el hecho de que durante el trabajo de la comisión el PP no haga uso de su mayoría y participe de resoluciones por consenso con PSPV y Bloc.

Además
* Escuche a Pérez Macián

elmundo.es

LA FISCALÍA INVESTIGA PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CUNIT

DINERO PÚBLICO | Aumento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)

* Agentes de la Guardia Civil de paisano registraron el viernes el consistorio
* Aseguran que la revisión del IBI elevó un 300% el valor de las viviendas


Salud Muñoz | Tarragona

La Fiscalía de Tarragona está recabando información sobre las presuntas irregularidades en la revisión catastral que ha denunciado la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cunit (FAVC). Dentro de las actuaciones del Ministerio Fiscal, agentes de la Policía Judicial de paisano interrogaron el pasado viernes a la secretaria y a la interventora del Ayuntamiento de Cunit, gobernado por el PSC y el PP.

La FAVC entregó el pasado mes de abril a la Fiscalía la documentación que demuestra las presuntas irregularidades que se cometieron en la revisión del catastro que se realizó en 2006 y que ha supuesto un incremento de más del 300% del valor de las viviendas del municipio.

Entre las irregularidades que denuncian los vecinos, según Xavier Salvadó, presidente de la entidad vecinal, el Ayuntamiento pagó a la empresa Auxiliar de Recaudación casi un millón de euros frente a los menos de 200.000 euros que hubiera costado la revisión si la hubiera realizado la propia Gerencia del Catastro. La FAVC, que presentó 2.500 alegaciones, denuncia que la revisión fue "ilegal y plagada de errores" y que los trabajos se realizaron "en agosto de 2006, de manera oculta y con alevosía, puesto que había elecciones al año siguiente y no hubiera sido popular anunciar que subirían los impuestos".

El contrato fue declarado nulo por el Juzgado de 1ª Instancia de Tarragona este mismo año, pero el municipio aplica el aumento del valor catastral en el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), que a los vecinos les ha supuesto un incremento del 45%, que llegará hasta el 72% en el trienio 2012-2015. La nulidad del contrato, para los vecinos "conlleva también la ilegalidad de la propia revisión, pero el Ayuntamiento, aunque admitió el error, dice que no invalida la revisión en sí".

Salvadó explica el caso concreto de un piso con párking valorado en 282.000 antes de la revisión, que actualmente el mercado valora en 24.000 euros menos, pero la revisión catastral asegura que vale 390.000 euros, muy por encima del valor de mercado.

Los vecinos aseguran que los trabajos de revisión "se hicieron de manera chapucera, con un muestreo de 36 viviendas cuando según la ley tiene que ser de más de un centenar". Así, denuncian, el valor medio de una finca se ha multiplicado por 3,5, lo que supone que se han incrementado todos los impuestos, no sólo el IBI, sino también ha representado incrementos fiscales en la declaración de la renta, en la del patrimonio, en el arbitrio sobre transmisiones patrimoniales y sucesiones y en el impuesto de plusvalías.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía y, paralelamente, la FAVC está actuando contra Hacienda y la Gerencia del Catastro, lo que les ha llevado hasta la Audiencia Nacional, única instancia que puede juzgar si el Estado actuó de manera correcta.

También la Sindicatura de Comptes anunció que realizará de oficio auditorías tanto en Cunit como en Salou.

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"CASO MILLET"; LA AUDITORÍA SITÚA EN AL MENOS 25 MILLONES DE EUROS EL DESFALCO DEL PALAU

Encargado a una empresa externa

Europa Press | Barcelona

La auditoría interna encargada por los nuevos gestores del Palau de la Música Catalana eleva el agujero del desvío de dinero del ex presidente de la entidad Fèlix Millet y el ex director financiero Jordi Montull a entre 25 y 31,2 millones de euros, según publican 'El Periódico' y 'La Vanguardia'.

Según los citados medios, los responsables de realizar el informe, la auditora Deloitte, presentaron el miércoles estos datos a los responsables de la Fundació, la Conselleria de Cultura y a la comisión económica de la fundación, y en los próximos días se informará al resto de instituciones.

El Palau de la Música, por su parte, ha asegurado en una nota de prensa que los trabajos de auditoría todavía no han concluido, por lo que "las cifras que han salido en algunos medios son inexactos y no responden, por tanto, a las conclusiones de los informes auditores provisionales".

El Palau prevé enviar la semana próxima al juez Juli Solaz, responsable de investigar el caso, la auditoría y un informe pericial que recogerá las presuntas irregularidades, aunque faltará el análisis de algunos documentos confiscados, todavía guardados en cajas, y el contenido de diversos ordenadores, según 'El Periódico'.

El informe recoge desviaciones de 2,7 millones de euros desde el Consorcio del Palau, órgano integrado por las administraciones públicas, según 'La Vanguardia'.

Además
* Vídeo: Declaración de Fèlix Millet
*Historia de un desfalco

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"OPERACIÓN PRETORIA"; EL CONCEJAL DE URBANISMO DE SANTA COLOMA ENCARCELADO: "NO SABÉIS QUÉ ES ESPECULAR"

* 'Ahora le están explicando qué significa esa palabra', dice ahora una vecina
* Los vecinos de Sirguerlín se enfrentaron a él por la expropiación de sus casas

Jordi Ribalaygue | Santa Coloma

La rabia que abruma a Santa Coloma se lee en los balcones de Sirguerlín, barrio de cuestas imposibles y casas bajas levantadas ladrillo sobre ladrillo por las hornadas de inmigrantes que se asentaron en el extrarradio.

Una semana antes de que Baltasar Garzón desarticulara la presunta trama que se enriqueció con las concesiones de planes urbanísticos, los afectados de Singuerlín acudieron a tres reuniones convocadas por el Ayuntamiento para tratar sobre una expropiación aprobada en septiembre y de la que no fueron advertidos. Los encuentros resultaron "calientes", aseguran los vecinos, que exigen la suspensión del proyecto.

En las sesiones también hubo salidas de tono. La más llamativa, la del ex concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, encarcelado en Soto del Real. El imputado espetó a un afectado que se comprara un diccionario antes de hablar de especulación. El hombre sólo sugirió que se escondían intereses tras la operación inmobiliaria.

"Ahora le están explicando a Dobarco qué significa esa palabra", suelta con gracejo Ester, que nunca temió que su vivienda fuera a desaparecer. El enojo que expresa le ha costado más de una reprimenda: "Un técnico me amenazó con que, si me portaba mal, pasaría por muchos pisos antes de que me dieran uno definitivo". Los vecinos también se revolvieron contra un coordinador del Consistorio, que les provocó al declarar que vivían en un "suburbio".

Además
* Caixa Catalunya auditará a su inmobiliaria Procam
* Lea íntegro el sumario del juez Garzón

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"OPERACIÓN PRETORIA"; PRENAFETA Y ALAVEDRA DICEN QUE LAS COMISIONES QUE COBRARON FUERON LEGALES

Recurren contra su encarcelamiento

Lluís Prenafeta, tras el registro de su despacho en Barcelona | Quique García

* Los dos ex altos cargos de la Generalitat presentarán facturas en su recurso
* Garzón les acusa de blanqueo, tráfico de influencias y asociación ilícita
* Sus abogados creen que sus gestiones son 'congruentes' con el mercado

Efe | Barcelona

Los dos ex altos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, encarcelados por su presunta vinculación con la trama de corrupción urbanística destapada en Cataluña, adjuntarán al recurso contra su ingreso en prisión copias de facturas para demostrar la legalidad de las comisiones que cobraron.

Según han informado fuentes judiciales, la defensa de los dos imputados ha pedido al juzgado de la Audiencia Nacional que investiga el caso las copias de las facturas, incautadas por la Guardia Civil, correspondientes a los cobros que Alavedra y Prenafeta habrían recibido como comisión por intermediar en varias operaciones urbanísticas investigadas.

La defensa pretende adjuntar esos recibos al recurso que ha presentado ante la Audiencia Nacional para pedir la libertad provisional de Alavedra y Prenafeta, a quienes el juez Baltasar Garzón mandó a la cárcel el pasado viernes acusados de asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

Para el juez, Alavedra y Prenafeta, que ocuparon altos cargos de la Generalitat en los gobiernos de Jordi Pujol, "despliegan en el grupo una actividad agotadora para conseguir voluntades en el ámbito político y público a favor de sus 'clientes' o empresas a ellos vinculadas y percibiendo las cantidades correspondientes".

No obstante, en opinión de la defensa de los imputados, el cobro de esas comisiones no es delictivo y obedece a su labor de intermediación en operaciones de compraventa, por lo que es "congruente" con las reglas del mercado inmobiliario.

Según mantiene el recurso, Alavedra y Prenafeta se habrían limitado a actuar en las operaciones investigadas de forma similar a los agentes de la propiedad inmobiliaria, por lo que el cobro de un porcentaje de las ganancias derivadas de la operación sería lícito.

Para tratar de demostrar ese argumento, el abogado de los imputados, Juan Córdoba, ha solicitado al juzgado una copia de las facturas por el cobro de esas comisiones en operaciones de compraventa, que fueron intervenidas por orden del juez en los registros de sus domicilios y despachos profesionales, según ha explicado el letrado.

Garzón mantiene en su auto que tanto Alavedra como Prenafeta, "aprovechándose de sus contactos institucionales", intermediaron en dos supuestos "pelotazos" urbanísticos en Sant Andreu de Llavaneres y Badalona (Barcelona), por lo que cobraron "la suma mínima" de 637.590 euros, "no excluyéndose otras cantidades".

Según el argumento de Córdoba, el propio auto de Garzón admite que las comisiones que cobraron los imputados obedecían a su "labor de intermediación" en los proyectos urbanísticos objeto de investigación.

Otros argumentos que esgrime el recurso para pedir la libertad de los imputados es que no existe riesgo de fuga dado su arraigo social, como ya admite el propio auto judicial, y que no hay posibilidad de que destruyan pruebas.

A diferencia de la estrategia de Córdoba, que ha preferido recurrir directamente en apelación a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, las defensas del ex alcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz y el ex concejal de Urbanismo de ese consistorio Manuel Dobarco han apelado en reforma ante el propio Garzón.

Los letrados de Muñoz y Dobarco han evitado en sus recursos discutir los indicios incriminatorios en que Garzón ha basado su decisión de encarcelarlos preventivamente, porque, entre otras cuestiones, consideran que carecen de información suficiente sobre los cargos que pesan sobre sus clientes, al hallarse el caso bajo secreto de sumario.

Por ese motivo, han basado sus recursos en demostrar que no existe riesgo de que los imputados destruyan pruebas e influyan en testigos, ni tampoco de que vuelvan a delinquir, los dos supuestos en que basa Garzón su decisión de encarcelar a los cinco detenidos que están en prisión preventiva.

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* 'No sábeis lo que es especular'
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elmundo.es

EL DÍA EN QUE CANTÓ EL EX ALCALDE DE YAIZA

José Francisco Reyes está en prisión por la presunta trama de concesión de licencias ilegales

La Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado le implica por el blanqueo de capitales

Momento en el que fue detenido en su domicilio particular el ex alcalde de Yaiza. ADRIEL PERDOMO

D. RIVERO / ARRECIFE (LANZAROTE)

José Francisco Reyes llegó a los juzgados con la decisión clara de que algo tenía que contarle a la juez. Estaba muy cansado después de cuatro noches en los calabozos de la Policía Nacional de Arrecife y tras intensos interrogatorios a cargo de los agentes de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional. No era la primera vez que pasaba por este trauma, pero en esta ocasión las cosas habían dado un vuelco radical. Nunca hasta ahora se había tenido que enfrentar a las preguntas de la Udyco sabiendo que su mujer y sus tres hijos habían sido detenidos acusados de un posible delito de blanqueo de dinero.

Cantidades económicas que precisamente él les había ido entregando desde hacía muchos años y gracias a las cuales habían adquirido presuntamente de forma fraudulenta coches, un barco e incluso varios pisos situados en Tenerife y Barcelona. Cuatro días en las dependencias policiales en los que los agentes de la Udyco le fueron detallando una tras otro los ingresos y movimientos de dinero en efectivo que se han manejado en torno su familia. Las primeras investigaciones apuntan a que la familia Reyes habría podido mover alrededor de 600.000 euros sin que se tenga claro cuál es el origen de estas importantes cantidades de dinero.

El ex alcalde de Yaiza (que gobernó con mayoría absoluta desde el año 1994 al 2007) empezó a hablar: "Mi mujer y mis hijos no tienen nada que ver en todo esto", fueron en síntesis sus primeras palabras ante la juez del Juzgado de Instrucción de número 2 de Arrecife que investiga esta trama por la presunta concesión ilegal de licencias para la construcción de hoteles y apartamentos.

La denuncia contra José Francisco Reyes tiene como base el informe jurídico encargado por el que fuera consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote y actual secretario general de los socialistas lanzaroteños, Carlos Espino, sobre las irregularidades advertidas en la concesión de las licencias impugnadas por el Cabildo y de las posibles responsabilidades derivadas de su otorgamiento. Y fue así como en noviembre de 2006, Espino hacía llegar a los juzgados el contenido del informe.

"La actuación de los ayuntamientos demandados por el Cabildo al conceder las licencias impugnadas poco o nada tiene que ver con la defensa de los intereses generales municipales o con la salvaguarda de los intereses públicos, sino que se reduce a una inexplicable actitud de colaboración y complicidad con el promotor urbanístico para que éste obtenga el máximo -e ilícito- provecho económico de su suelo defraudando las más básicas determinaciones establecidas en el planeamiento insular para las nuevas edificaciones turísticas", recoge el sumario abierto contra Reyes.

La juez que lleva el caso inició una investigación para la que se ayudó de escuchas y del rastreo del patrimonio de la familia Reyes. Él está imputado por cohecho, prevaricación, malversación, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

laprovincia.es