viernes, 28 de diciembre de 2012

"CASO DE LOS ERE"; ANTICORRUPCIÓN PIDE QUE SE LEVANTE EL SECRETO DE SUMARIO

El Ministerio Público también reclama que se autorice a la UCO de la Guardia Civil para que aporte todos los informes ya terminados

Sevilla

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La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha pedido que se levante el secreto sumarial que pesa sobre la investigación por el caso de los ERE al considerar que esa medida no afecta “al buen fin” de las diligencias interesadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En un escrito, dirigido al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, la fiscalía señala que ese levantamiento parcial permitirá el impulso procesal adecuado del resto de la causa y servirá para evitar “innecesarias dilaciones”. En ese escrito se reclama que el levantamiento sea parcial, lo que permite que las partes personadas accedan al sumario al tiempo que se hace una pieza separada, que se mantiene en secreto, para la ampliación de la investigación.

La fiscalía pide además que se enumeren los escritos y documentación recibidos por el juzgado en cumplimiento de los requerimientos acordados, así como los recursos presentados por las partes y que estén pendientes de resolver o tramitar de modo que se pueda tener un conocimiento adecuado de los mismos. El Ministerio Público también reclama que se autorice a la UCO de la Guardia Civil para que aporte todos los informes ya terminados. Lo que quiere la fiscalía es poder formular las imputaciones que se deriven de los mismos e interesar las medidas cautelares que se estimen oportunas. En el escrito, firmado por los fiscales delegados Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández, se pide también que se proceda a fijar un calendario de declaraciones de todos aquellos que, ya imputados mediante auto, aún no han declarado, así como la comparecencia de medidas cautelares, incluidas las no celebradas respecto a imputados que ya han declarado.

El escrito de la fiscalía es del 13 de diciembre. El 19 de diciembre el juzgado encargado del caso desestimó un recurso de la defensa de Carlos Leal Bonmati contra la decisión de establecer el secreto de sumario.

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miércoles, 19 de diciembre de 2012

"CASO BRUGAL"; EL TSJ DESESTIMA EL RECURSO DE ALPERI CONTRA SU IMPUTACIÓN POR IRREGULARIDADES EN EL PGOU


TRIBUNALES
La sala considera que su imputación 'puede considerarse de menor intensidad'

Europa Press | Valencia

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha desestimado el recurso presentado por el ex alcalde de Alicante y diputado autonómico Luis Díaz Alperi, contra su imputación en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la ciudad, derivada del 'caso Brugal'.

En un auto del pasado lunes, la sala de lo civil y penal mantiene la imputación del ex primer edil, al desestimar por segunda vez el recurso de apelación que interpuso contra la providencia que el pasado mes de octubre acordaba citarle a declarar en calidad de imputado.

En el escrito, la sala presidida por la magistrada Pilar de la Oliva recuerda al diputado que la finalidad de la fase de investigación es "la averiguación de los hechos y de las personas responsables de los mismos y a los efectos no solo de preparar el juicio como, incluso, de evitarlo".

Por esta razón, "el objeto del proceso, los hechos punibles, se delimitan y concretan progresivamente conforme avanza la instrucción, sobre todo no tratándose de delitos flagrantes, teniendo en cuenta que, en caso de llegarse a juicio oral, no han de llegar otros hechos que los que resulten del procedimiento preliminar y que entonces el objeto del proceso debe ser ya inmutable", señala el auto.

Además, aclara que "la imputación consiste en la atribución de unos hechos, penalmente relevantes, a una persona concreta, y en principio y en su caso, es una atribución provisional por cuanto el avance de la investigación permitirá otorgar un mayor -o menor- fundamento a la misma o su eliminación".

"De ahí que nuestra legislación procesal penal conciba o englobe como imputación tanto la sospecha o atribución de hechos con simple apariencia delictiva como la atribución de hechos derivada ya de la existencia de indicios racionales de criminalidad", añade.

En este punto, el auto hace referencia a las diferencias de "intensidad" que se aprecian en la imputación de una persona en un proceso judicial.

En el caso de Díaz Alperi, considera que su imputación "puede razonablemente considerarse de menor intensidad, pues el magistrado instructor no puede, asumiendo la exposición razonada y sin oírle, y en su caso practicar más diligencias, concretar los indicios racionales de criminalidad, ni realizar una contrastada ponderación racional de verosimilitud".

Acceso a la causa
Así mismo, la sala recuerda que la providencia por la que se le citaba a declarar como imputado ya detallaba que la causa se encuentra en un momento procesal "inicial respecto del recurrente", y que la atribución de hechos presuntamente delictivos al recurrente y su calificación jurídica, es "indiciaria y provisional".

Además, esta providencia recogía que "parte de los indicios apreciados por el juzgado de instrucción número 5 de Alicante que plantea la exposición razonada" son fruto de la instrucción y las diligencias practicadas en torno a los hechos producidos en el proceso de revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante PGOU, que llevan a estimar la presunta comisión por Díaz Alperi de los delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho.

De igual modo, el auto indica que Díaz Alperi tuvo acceso a la exposición razonada cuando compareció en el trámite de audiencia para determinar la competencia de la Sala, e incluso alegó la incompetencia de este órgano por carecer de relevancia penal los hechos al mismo referidos en la exposición.

Por todo ello, desestima el recurso e impone las costas al recurrente, al entender que "no se produce la invocada vulneración del derecho de defensa ni del derecho a la tutela judicial efectiva por la resolución que el instructor dictó para citar al recurrente a declarar en calidad de imputado".

Esta citación, reitera, tenía por objetivo "conocer la versión del exalcalde sobre los hechos producidos en el procedimiento de revisión del PGOU y la presunta participación del recurrente en los mismos con referencia a los delitos a que pudieran dar lugar".

viernes, 14 de diciembre de 2012

"CASO CAMAS"; CATORCE MESES DE PRISIÓN PARA LOS CUATRO CONDENADOS


Agustín Pavón y Antonio Enrique Fraile, tras conocer el veredicto. | Conchitina
TRIBUNALES | Intento de soborno a una concejal



Europa Press | Sevilla

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a 14 meses de cárcel y al pago de una multa de 15.000 euros al ex alcalde de Camas (Sevilla) Agustín Pavón (IULV-CA), al ex concejal del PP Antonio Enrique Fraile, al ex edil del PA José del Castillo y al empresario Eusebio Gaviño por el presunto intento de soborno a la concejal del Ayuntamiento Carmen Lobo.

Según han informado fuentes judiciales, la sentencia notificada este martes por la Audiencia de Sevilla tras el veredicto de culpabilidad de un jurado popular condena también a los acusados a inhabilitación por empleo y cargo público por el mismo periodo de 14 meses. La Fiscalía pidió en el juicio para cada uno de los imputados 18 meses de cárcel y el pago de una multa de 24.000 euros.

Además

lunes, 10 de diciembre de 2012

JUZGAN AL EX ALCALDE Y A TRES CONCEJALES DE CANTILLANA POR SU "DEJADEZ" URBANÍSTICA


TRIBUNALES | Siete años de inhabilitación para desempeñar cargo público
El fiscal dice que ninguno actuó contra más de un centenar de infracciones
Hicieron oídos sordos al aviso de la arquitecta municipal y la Guardia Civil
Los imputados son José Eduardo Reina (PSOE) y tres delegados de Urbanismo

Efe | Sevilla

La Fiscalía ha pedido condenas de hasta siete años de inhabilitación para José Eduardo Reina Hidalgo (PSOE), ex alcalde de Cantillana (Sevilla), y tres ex concejales de Urbanismo, a los que imputa presuntos delitos de prevaricación y de omisión del deber de perseguir delitos por su "dejadez" ante viviendas ilegales.

El escrito de acusación les imputa por su "dejadez de funciones" ante las numerosas construcciones ilegales en distintos parajes del pueblo, pese a que les habían advertido tanto la arquitecta técnica municipal como la Guarda Civil en una reunión.

La Fiscalía dirige la acusación contra el alcalde entre 1995 y 2011, José Eduardo Reina, y los ex concejales de Urbanismo Enrique Barrera Jiménez (1995-2007), Manuel Naranjo Barrera (2007-2008) y Antonio Maqueda Ruiz (2008-2011).

Según la acusación, ninguno de ellos denunció ante las autoridades competentes, "como estaban obligados a hacerlo por sus cargos", las presuntas infracciones penales por las construcciones ilegales realizadas en los años 2007 y 2008 "en un número superior a cien".

Se trata de viviendas contrarias al ordenamiento levantadas en los parajes conocidos como Urbanización Huerta Alta, finca Recache, camino de El Palmitero, finca La Cirujana, aldea de Pajares, margen izquierdo y derecho de la carretera Cantillana-Villaverde, carretera de Cantillana a El Pedroso y zona denominada El Basurero del Chorrito.

Dichas zonas están calificadas como suelo no urbanizable de especial protección, zona de la Vega del Guadalquivir y de protección de complejos ribereño de interés ambiental de El Viar, según las Normas Subsidiarias Municipales de Cantillana.

Los acusados "no comunicaron la existencia de presuntas infracciones penales a las autoridades judiciales o fiscales y Guardia Civil", dice el fiscal, "lo que dio lugar a una investigación policial a partir de febrero de 2011 en la que se procedió a la imputación de 71 personas por construcciones ilegales en cuarenta parcelas".

Además, el exalcalde y el exconcejal Maqueda están acusados de otra licencia otorgada en junio de 2009 para la realización de unos boxes en una parcela, pese a que existía un informe desfavorable de la arquitecta municipal.

Por este segundo delitos de prevaricación urbanística, el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo reclama para cada uno de ellos 7 años de inhabilitación y una multa de doce meses con cuota diaria de 12 euros, lo que equivale a 3.600 euros.

A todos los imputados les acusa además de otro presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos, por el que solicita un año de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

CONCLUYE LA INVESTIGACIÓN DEL "CASO FERGOCÓN" QUE IMPLICA A DEL NIDO Y JULIÁN MUÑOZ

TRIBUNALES | Por malversación, fraude y prevaricación
El Ayuntamiento de Marbella otorgó obras a una empresa vinculada a Del Nido
En dos años, los contratos ascendieron a 5 millones de euros

Europa Press | Málaga

El Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella mantiene abierta la causa en la que están imputados el abogado José María del Nido, dos de sus hermanos, el ex alcalde marbellí Julián Muñoz y varios ex concejales por adjudicaciones supuestamente irregulares por parte del Ayuntamiento de dicho municipio a una empresa de esos familiares del también presidente del Sevilla.

Esta causa, conocida como caso 'Fergocon', se inició a raíz de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción y se investigan delitos como malversación de caudales públicos, tráfico de influencia; falsedad en documento mercantil, fraude y prevaricación en relación con las supuestas irregularidades en la contratación de obras a una empresa vinculada a dos hermanos de Del Nido.

Según el auto del juzgado que da por concluida la investigación, entre 2001 y 2003, cuando Del Nido era abogado del entonces alcalde de Marbella, los hermanos del letrado crearon una empresa constructora. A los pocos días, el Consistorio comenzó a adjudicarle obras sin contrato ni concurso hasta llegar a darle en dos años más de cinco millones de euros, según ha informado la cadena 'SER'.

Según han manifestado a Europa Press fuentes del caso, este auto está pendiente de recursos presentados por distintas partes personadas, por lo que han indicado que no es firme y aún puede ser reformado. Otras fuentes han indicado que el ministerio fiscal solicitó la práctica de numerosa prueba y que se ha realizado investigación de cuentas bancarias.

Según señaló el juzgado en dicha resolución, Fergocon habría incrementado facturas o no habría realizado trabajos que cobró y cuando los realizaba, facturaba más. Ello fue gracias a que, según el juez, hubo un entramado en el que habrían participado los imputados para permitir, supuestamente, la salida del dinero de las arcas del Ayuntamiento en favor de la familia Del Nido.

viernes, 30 de noviembre de 2012

MUNAR PIDE SU DESIMPUTACIÓN EN LA CAUSA SOBRE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DE UM


Defiende que ella no era responsable de las finanzas del partido
Asegura que de eso se encargaba Miquel Àngel Flaquer

Europa Press | Palma

La expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar ha solicitado este viernes el archivo de su imputación en el marco de la causa que investiga la financiación presuntamente irregular de Unió Mallorquina (UM), al defender, tal y como alegó en la declaración que el pasado miércoles prestó ante el juez, que ella no era responsable de las finanzas del partido sino de ello se hacía cargo el expresidente 'uemita' Miquel Àngel Flaquer. Es más, mediante el escrito presentado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Palma, Miquel Florit, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Munar asevera que las acusaciones del excontable de UM Álvaro Llompart, las cuales dieron pie a la Fiscalía a querellarse contra la excúpula de la formación, "carecen de toda credibilidad". Y es que en este sentido, el letrado de la histórica líder de UM, Gabriel Garcías, asevera que las contrataciones a las que hace referencia Llompart y que están siendo investigadas en este procedimiento se realizaron durante las fechas en que ella "no era presidenta de UM ni formaba parte del Ejecutivo" del entonces presidente Francesc Antich.

Durante su comparecencia ante el magistrado, Munar aseguró que "nunca" ha tenido conocimiento de una supuesta entrega de dinero negro en las cuentas del desaparecido partido, cuestión de que en varias ocasiones ha aseverado "no saber nada". De hecho, incidió en que "nunca me comentaron que se pagaban cosas en B", apostillando no haber tenido nunca "fondos del partido", como tampoco, ha recalcado, "he llevado la administración de UM ni he tenido ninguna caja".

El abogado apunta que "Llompart sabe de los hechos que acusa a la señora Munar porque se lo dijo Miquel Àngel Flaquer", lo que significa que "no es sino un testimonio de referencia, porque se lo han contado y, lo que es más importante, el señor Flaquer ha negado que se lo dijera". Mientras tanto, recuerda que Munar "ha afirmado no conocer a don Álvaro Llompart".

"La documentación aportada en su día por el señor Llompart es sesgada, parcial y, según manifestó Flaquer, obtenida ilícitamente", asevera Garcías en su escrito de sobreseimiento, en el que recalca asimismo que "no existe ni un sólo documento en que aparezca la firma de la señora Munar" como tampoco "ningún tipo de prueba" que sustente las acusaciones de asociación ilícita investigada en las pesquisas.

Y es que, según la querella de la Fiscalía Anticorrupción que dio inicio a este nuevo procedimiento, a la que tuvo acceso Europa Press, los exaltos cargos, puestos de común acuerdo, exigían comisiones supuestamente de entre el 3 y el 10 por ciento del importe de los contratos adjudicados a las distintas empresas que contrataban con la Administración pública.

Unas mercantiles que se veían obligadas al pago de este dinero a cambio de las cuales obtenían garantías de que iban a ser ellas las adjudicatarias de las contrataciones. Así, los querellados, por sí mismos o "con la influencia que tenían en las administraciones por su pertenencia a UM", lograban favorecer a estas mercantiles con contrataciones.

Se investigan en otras causas
La defensa de Munar alega además que en esta causa obran hechos que ya son objeto de investigación en otros procesos como el caso Voltor -en sus piezas relacionadas con la Fundación Coint y Benchmarking- y el caso Ayudas, lo que conduciría, a su juicio, a "conculcar el principio 'non bis in idem'", en virtud del cual la Ley establece que nadie puede ser investigado dos veces por los mismos hechos.

Se trata de una causa en la que también se encuentran imputados Flaquer, la exconsellera insular de Promoción Sociocultural Dolça Mulet, el de Hacienda Miquel Àngel Flaquer y la de Medio Ambiente Catalina Julve, el exvicepresidente del Consell Miquel Nadal, y el exsecretario general de UM Damià Nicolau, quienes han negado haber realizado aportaciones en negro al partido o haber cobrado comisiones por los contratos.

"OPERACIÓN MERCURIO"; EL JUEZ INVESTIGA LOS LAZOS DE LA TRAMA CORRUPTA CON LA DIPUTACIÓN BARCELONESA


Los empresarios se repartían como un cartel el acceso a las adjudicaciones
Los proyectos de urbanización en los que intervino la red suman 10 millones

Jesús García / Rebeca Carranco Barcelona

La Diputación de Barcelona también está en el punto de mira de los investigadores de la Operación Mercurio, sobre una presunta trama de corrupción urbanística. En dos de los registros practicados el pasado martes, los Mossos d’Esquadra se incautaron de una serie de expedientes del ente provincial. Dos de los documentos se encontraban en el despacho del alcalde de Sabadell, el imputado Manuel Bustos (PSC), y tenían la rúbrica del responsable del área de Hacienda de la Diputación, Carles Rossinyol, que también es portavoz de Convergència i Unió (CiU) en el consistorio. Otros dos expedientes bajo sospecha fueron hallados en el registro de la sede del organismo, en el centro de Barcelona.

La investigación sobre una trama de pago de comisiones tenía su epicentro, hasta ahora, en Sabadell. El primer edil y tres de sus concejales —además de otros cargos de confianza y funcionarios— están imputados en la causa. El juez y el fiscal, sin embargo, han extendido sus pesquisas a la Diputación y, en concreto, a la figura de Rossinyol, cuya firma en los documentos citados está siendo analizada por la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos.

Aunque no ha sido imputado, la actividad de Rossinyol está siendo investigada, por lo que la lista de partidos implicados hasta ahora en la trama —PP y, sobre todo, el PSC— puede ampliarse a CiU, según fuentes de la investigación. Además de Bustos, están implicados en el caso el número dos de los socialistas catalanes, Daniel Fernández, y la alcaldesa de Montcada, María Elena Pérez, también del PSC.

El análisis de los expedientes permitirá a los investigadores corroborar unas sospechas que, en el caso de Bustos (y sus colaboradores y familiares) se funda en las conversaciones telefónicas. El papel del alcalde —al que los empresarios detenidos aluden con el apodo de El Capo— es central en la trama, sostienen los investigadores. Bustos está al corriente, según esas mismas fuentes, del pago de comisiones a cargos públicos a través de la adjudicación de obras. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que los empresarios que querían acceder “con ventajas” a la adjudicación de obras debían abonar, de entrada, 120.000 euros que iban a un “fondo perdido” repartido entre los responsables políticos y sus colaboradores. Una vez acabados los trabajos, tenían que pagar también una mordida del 3% sobre el presupuesto, que se gestionaba desde un despacho de abogados.

Pero, ¿quién hacía funcionar la máquina? Fuentes del caso sitúan como actor principal al constructor Melquíades Garrido, que tenía una importante parcela de poder como presidente del gremio local de constructores. Los investigadores describen el funcionamiento de la trama como una suerte de cartel. Garrido y otros decidían, presuntamente, quiénes se presentaban en cada momento a la adjudicación de una determinada obra pública. En él se encuentra el origen de las pesquisas de la fiscalía, que después se extendieron a los funcionarios y cargos electos de Sabadell para comprobar si estaban al corriente de lo sucedido.

Garrido se ha visto implicado en otros episodios polémicos. Pese a ser tío del alcalde y constructor, formaba parte del Consejo de Administración de la empresa municipal de vivienda de Sabadell (Vimusa). En 2007, después de que EL PAÍS publicase diversas adjudicaciones a empresas de amigos y socios de Melquíades, Bustos le hizo dimitir.

Las presuntas irregularidades se extienden también a la concesión de licencias para locales. Pero las cuantías más importantes corresponden, supuestamente, a obras de urbanización. Hay varios proyectos bajo sospecha. Por su volumen, destacan dos: el nuevo parque empresarial de Sabadell —donde el próximo diciembre se inaugurará la tienda Ikea más grande de España— y los programas del conocido como plan E, aprobado por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El monto total de los proyectos urbanísticos en los que la trama intervino puede ascender a unos 10 millones de euros, según fuentes cercanas al caso.

El dinero pagado como comisión iba a parar, según fuentes de la investigación, a los bolsillos particulares de los imputados. Por ahora no hay indicios, según esas fuentes, de que sirvieran para financiar de forma irregular a partidos políticos. El exconcejal del Partido Popular en el consistorio, Jordi Soriano, actuaba supuestamente como intermediario. Desde su gestoría, que creció como la espuma en pocos años, se realizaban los pagos, precisan las mismas fuentes.

También ha sido imputado en la trama el intendente jefe de la policía local de Sabadell, Josep Miquel Duran. Según fuentes cercanas al caso, el policía era un hombre de confianza de Bustos y desempeñaba en ocasiones funciones que nada tenían que ver con su condición de jefe de la policía. Sobre él pesa la acusación de retirar multas a familiares y amigos de Bustos, según fuentes citadas por Efe. Miquel Duran ejerció como jefe de la policía local de Reus (Tarragona) entre 2000 y 2007, antes de llegar a Sabadell.

En la operación Mercurio hay hasta el momento 12 personas detenidas y otras 26 imputadas por una serie de delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsificación documental, infidelidad en la custodia de documentos, negociaciones prohibidas a los funcionarios y omisión del deber de perseguir delitos. Está previsto que hoy empiecen a declarar ante el juez algunos de los implicados. Mañana lo hará Bustos, que ayer volvió a insistir de nuevo en su inocencia a través de un comunicado en el que criticó verse sometido a un “juicio paralelo”.

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EL DIPUTADO DEL PP HERNÁNDEZ MATEO, CONDENADO A TRES AÑOS POR PREVARICACIÓN

Fue juzgado por la adjudicación de una contrata de basura en 2004
Fabra anuncia que el diputado dejará su acta y el PP le abrirá un expediente

Valencia

El exalcalde de Torrevieja y actual diputado autonómico del PP, Pedro Ángel Hernández Mateo, ha sido condenado a tres años de prisión, multa de siete meses con una cuota diaria de 50 euros y a siete años de inhabilitación especial por los delitos de falsedad en documento oficial y prevaricación.

Hernández Mateo fue juzgado el pasado octubre en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano por la adjudicación en 2004 de la contrata de la basura de Torrevieja en contra de los informes de los técnicos municipales. La sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo.

El exacalde de Torrevieja es el primero de los 10 diputados del grupo popular de las Cortes Valencianas imputados en casos de corrupción que ha sido condenado por un tribunal. Tras conocerse la condena, el  presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha asegurado que Hernández Mateo dejará su acta de parlamentario autonómico. Asimismo, ha destacado que el partido le abrirá un expediente "según marcan los estatutos".

"He hablado con él y va a dejar su acta de diputado", ha subrayado el jefe del Consell. Inquirido por si se le expulsará del PP, ha respondido que se le abrirá un expediente "según marcan los estatutos", y ha añadido que "en estos momentos lo que queda claramente de manifiesto es que el señor Pedro Hernández Mateo va a dejar su acta de diputado".

Según el fallo, el exalcalde manipuló el proceso de adjudicación mediante un complejo sistema para conseguir un solo objetivo: adjudicar el contrato, valorado en 97,8 millones de euros, a la UTE Necso Entrecanales-Grupo Generala de Servicios. Esta actuación "solo puede calificarse de arbitraria y lesiva para el interés público" y para el resto de empresas que concurrieron al concurso, señala la resolución, que además condena a Hernández Mateo a pagar una multa de 10.500 euros y a indemnizar al Ayuntamiento con otros 12.000.

Durante la vista, el fiscal pidió tres años de prisión y hasta 23 de inhabilitación para ejercer cargo público para el exalcalde de Torrevieja, que dirigió el Ayuntamiento durante más de dos décadas.  Según sus conclusiones, Hernández Mateo se implicó e intervino en el expediente de adjudicación con un único objetivo de que la decisión beneficiara a la firma elegida en el multimillonario concurso. La gestión de la basura se adjudicó en 2004 a la empresa Necso-La Generala por 97,8 millones de euros en 10 años. El abogado del exalcalde basó su defensa en que no había prevaricación, sino inexactitudes del procedimiento “inocuas por irrelevantes”.

Hernández Mateo también afronta una posible nueva imputación en el TSJ por su negativa a celebrar plenos del Ayuntamiento. Además, aún puede verse afectado por otra causa por tráfico de influencias, relacionada con un pelotazo urbanístico con el que habría ganado 5,4 millones de euros.

La hija de Díaz Alperi ocupará el escaño del exalcalde

EP, Valencia

La hija del exalcalde de Alicante y diputado del PP en las Cortes Elisa Díaz González es la siguiente en la lista popular por Alicante para ocupar el escaño de Hernández Mateo en cuanto este renuncie al acta tras su condena por prevaricación.

Díaz Alperi, de 35 años, ya fue diputada en la pasada legislatura, ya que entró en las Cortes también sustituyendo a otro parlamentario del PP. Precisamente, en 2009 sustituyó al hoy vicepresidente del Consell, José Ciscar, quien dejó el acta para dedicarse a la Delegación del Consell en Alicante. En esta legislatura volverá a coincidir en el Parlamento valenciano con su padre, imputado en el TSJ por el 'caso Brugal'.

Por su parte, Pedro Hernández Mateo ha sido diputado en la III, IV, V, VI y VII legislaturas y fue presidente fundador del PP de Torrevieja desde 1984; localidad de la que también fue alcalde durante 23 años.

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EN OTROS MEDIOS

miércoles, 28 de noviembre de 2012

"CASO OVER MARKETING"; EL JUEZ CASTRO IMPUTA A AINA CASTILLO, EX CONSELLERA DE SANIDAD CON MATAS

CORRUPCIÓN
Desde la conselleria que dirigía se contrató a Over para diversos trabajos
Entre ellos la publicidad del hospital Son Espases

M. Fuenteálamo | Palma

El Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha citado como imputada a la ex consellera de Sanidad en el Govern de Matas, la popular Aina Castillo, dentro de las investigaciones del caso Over Marketing. Centrado en una supuesta trama de financiación ilegal del PP isleño y conocida como Gürtel balear, esta nueva imputación se decreta junto a una nueva tanda de interrogatorios sobre los pagos del Govern autonómico 2003-3007 a la empresa Over Marketing, empresa que elaboró la propaganda electoral del PP y que recibió más de 3 millones de euros en contratos públicos. Según los investigadores muchos de estos expedientes se adjudicaron mediante amaños e incluyen, en algunos casos, facturas falsas.

Castillo está citada para el próximo día 12 de diciembre a las 12,30 horas. Desde Sanidad, la Conselleria dirigida por Aina Castillo se contrató a Over Marketing para diversos trabajos, entre ellos la publicidad del hospital Son Espases. Un trabajo que se presupuestó inicialmente en 1,2 millones de euros y por el que, finalmente, se acabó pagando 700.000 euros.

La imputación de Castillo se suma a la de otros ex altos cargos del Govern de Matas -también lo está el ex president-, como José María Rodríguez, ex conseller de Interior y actual presidente del PP de Palma. También está imputado en el caso -su abogado Gaspar Oliver ha pedido el archivo-, el actual presidente del Parlament balear, Pere Rotger.

Junto a Castillo, han sido citados a declarar como imputados también el ex director general de Comunicación, Joan Martorell, y la exsecretaria General de la Conselleria de Relaciones Institucionales.

Además

martes, 27 de noviembre de 2012

"CASO IBATUR"; OVER MARKETING Y TRUI NEGOCIARON LA PRESENCIA DEL INSTITUTO NÓOS EN FITUR


CORRUPCIÓN | Nueva línea de investigación en el caso Ibatur


Europa Press | Palma

Over Marketing, empresa investigada por un presunto trato de favor bajo el último mandato de Jaume Matas a través de contratos supuestamente amañados, y Feria Service -vinculada al grupo empresarial Trui- negociaron a finales de 2003 la eventual presencia del Instituto Nóos en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de 2004, tal y como se desprende de diversos documentos hallados en la sede de Trui y en el expediente administrativo de Fitur, que fue incautado en su día del Instituto Balear de Turismo (Ibatur).

Se trata de documentación en la que se mencionan los contactos que mantuvieron estas mercantiles y cuyo testimonio ha sido remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, encargado de indagar la actividad presuntamente irregular desplegada por Nóos, por si fueran de interés para estas investigaciones, tal y como ha acordado, mediante un auto el magistrado Francisco José Pérez.

Según las pesquisas del caso Ibatur, estos contactos tuvieron lugar a finales del año 2003 mientras se estaba resolviendo el concurso para la adjudicación de los trabajos para el diseño y la construcción de pabellones en Fitur 2004, supuestamente amañado en favor de Feria Service -tan sólo participaron esta empresa y una UTE en la que estaba integrada Trui-, y cuyo presupuesto ascendió a 1.091.502 euros.

Es más, se trata de unas negociaciones que se habrían producido justo antes de que Over presentase los documentos pertinentes de cara a iniciar la tramitación de un expediente de colaboración con Ibatur para la 'dinamización en los espacios temáticos del stand de la feria Fitur 2004 para la promoción turística de Baleares', que fue rubricado por un importe supuestamente hinchado de 90.000 euros entre el exconseller de Turismo Joan Flaquer y el dueño de Over, Daniel Mercado, cuando Fitur ya se había celebrado.

Una tramitación administrativa, la de este convenio, que se inició tras las reuniones "a tres bandas" presuntamente mantenidas entre Feria Service, Over y el Ibatur en la sede de la empresa pública, tal y como consta en la agenda de uno de los imputados a la que alude la resolución judicial, que apunta a nivel global a un presunto desvío de unos dos millones de euros en las ferias de turismo de 2004 y 2005 organizadas por el Govern balear.

En concreto, uno de los documentos relativos a Nóos se traduce en una nota interna de Feria Service al empleado de esta empresa Ángel Navarro, a quien se le comunica que le ha llamado un extrabajador de Nóos, Juan Pablo Molinero, para comentar aspectos relacionados con el patrocinio del equipo ciclista Illes Balears-Banesto.

Los hechos se incluyen dentro de una nueva línea de investigación abierta en el caso Ibatur y por la que, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, han sido imputados entre otros el expresidente del Ejecutivo autonómico Jaume Matas y el exconseller de Interior José María Rodríguez, sobre quien el juez asevera que ejercía, "si no poder absoluto, un enorme poder e influencia que desviaba desde su Conselleria hacia otras áreas de gestión del Govern".

Además

MUNAR NIEGA QUE EN UM HUBIERA DINERO EN B Y PIDE NO CRIMINALIZAR A LA FORMACIÓN


CORRUPCIÓN | Causa por asociación ilícita y financiación ilegal

M. Fuentálamo | Europa Press | Palma

La expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, ha pedido "prudencia" a la hora de investigar a los ex responsables de Unió Mallorquina (UM) para evitar que "pueda criminalizarse a una opción política con 30 años de historia, 48 alcaldes, 800 concejales, más de 10.000 afiliados y 700.000 sufragios".

Así lo ha puesto de manifiesto ante el juez, lo que ha quedado plasmado en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, tras prestar declaración como imputada en el marco de la causa que investiga la financiación presuntamente ilegal de la extinta formación, y en la que ha asegurado desconocer que en el partido se manejase dinero negro.

"Rogaría respeto y rigor a la hora de acusar", ha espetado Munar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6, Miquel Florit, aseverando que "una cosa es investigar a responsables de esta opción política y otra tratar a miles de personas como una banda de criminales".

En su declaración ha asegurado ante el juez y el fiscal que la investiga junto a sus lugartenientes por financiación ilegal que era "Flaquer el que se ocupaba de la administración del partido". "No me consta que en el partido hubiera dinero b" señala al tiempo que afirma que "no sabe nada de los ingresos de dinero", en el extinto partido regionalista.

En relación a este caso, el cuarto de presunta corrupción en el que la histórica ex líder 'uemita' se encuentra imputada, Munar ha insistido en que no conoce a Álvaro Llompart y niega que, como la acusó éste, haya tenido bajo su custodia una caja fuerte con dinero B.

Munar, citada a partir de las 11.00 horas por el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Palma, Miquel Florit, ha acudido para dar explicaciones en torno a las comisiones que, puestos de común acuerdo, supuestamente exigían los encausados, más en concreto de entre el 3 y el 10% del importe de los contratos adjudicados a las distintas empresas que contrataban con la Administración pública.

Ante la documentación aportada por el ex contable del partido, Munar asegura "no haberlos visto nunca" y a añade que "Rosario Martin Piris era secretaria del grupo parlamentario de UM y nunca le comentó nada de los ingresos reflejados en los documentos exhibidos ni hablaron de contabilidad alguna".

Munar también ha señalado que "ni Vicens ni Damià Nicolau tenían funciones en la administración económica del partido" y que no cree "que Vicens fuera responsable de ninguna campaña electoral". Asimismo ha vuelto a recordar que "le consta que Flaquer era el responsable general de la administración económica de las campañas".

En cuanto a la supuesta contratación de empleados por mediación del partido ha apuntado que puede asegurar que mientras fue presidenta del partido "nadie acudió a ofrecer o buscar trabajo al menos con su conocimiento".

Hoy también declara Damià Nicolau
Junto a la expresidenta de UM, defendida por el abogado Gabriel Garcías, también están citados este martes el exsecretario general de la formación 'uemita' Damià Nicolau así como los también imputados Pedro Iturbide, Manuel Patiño y Concepció Montaner.

Todo ello después de que hayan sido interrogados entre ésta y la pasada semana otros exaltos cargos como la exconsellera insular de Promoción Sociocultural Dolça Mulet, el de Hacienda Miquel Àngel Flaquer y la de Medio Ambiente Catalina Julve, así como el exvicepresidente del Consell Miquel Nadal, quienes han negado haber realizado aportaciones en negro al partido o haber cobrado comisiones por los contratos.

En concreto, sobre Munar pesan cinco años y medio de cárcel por el desvío de 240.000 euros a la productora que controlaba, junto al exvicepresidente insular Miquel Nadal, a través de testaferros. Mientras tanto, la Fiscalía solicita otros seis años de prisión por el caso Can Domenge -por la venta supuestamente irregular de estos terrenos por parte del Consell- al tiempo que también está siendo investigada en el caso Voltor.

Según la querella de la Fiscalía Anticorrupción que dio inicio a este nuevo procedimiento, a la que tuvo acceso Europa Press, las empresas investigadas se veían obligadas al pago de comisiones a cambio de las cuales obtenían garantías de que iban a ser ellas las adjudicatarias de las contrataciones. Así, los querellados, por sí mismos o "con la influencia que tenían en las administraciones por su pertenencia a UM", lograban favorecer a estas mercantiles con contrataciones.
Parte del dinero de las comisiones acababa en manos de UM

Es más, según el escrito del Ministerio Público, también conseguían que la Administración abonase un precio superior al de mercado para que el pago de comisiones no perjudicase a los contratistas, al tiempo que idearon la gestión de los fondos que procedían de las dádivas o contraprestaciones ilegales, destinando parte de los mismos a UM.

Tal y como postulan los fiscales Juan Carrau y Miguel Ángel Subirán, estos fondos eran ocultados tanto a Hacienda como a las autoridades competentes, mientras que impulsaron fórmulas para que el dinero aflorara y se integrase en la contabilidad "oficial" del partido mediante la simulación de aportaciones voluntarias o venta de lotería.

En concreto, sobre los imputados pesan los supuestos delitos de cohecho, malversación, fraude a la administración, prevaricación, blanqueo de capitales, delito electoral y asociación ilícita.

"OPERACIÓN MERCURIO"; UNA DENUNCIA POR COHECHO CONTRA UN EXCONCEJAL DEL PP DESTAPÓ LA TRAMA


Efe | Barcelona

Una denuncia por cohecho que un particular presentó en el año 2010 contra un exconcejal del PP de Sabadell (Barcelona) destapó la supuesta trama de corrupción urbanística y cobro de comisiones que tiene como epicentro el Ayuntamiento de esta población.

Según han informado fuentes cercanas al caso, el juzgado de instrucción número 1 de Sabadell inició hace dos años la investigación sobre la trama de corrupción a raíz de una denuncia que apuntaba a indicios de cohecho del ex concejal del PP Jordi Soriano, supuestamente implicado en la trama corrupta.

Para comprobar esos indicios, el juez instructor ordenó las intervenciones telefónicas que han permitido seguir el rastro de la supuesta red corrupta, que se han prolongado durante año y medio, aproximadamente.

Fuentes cercanas al caso han explicado que las conversaciones telefónicas han resultado muy reveladoras y han dado indicios sólidos a los investigadores para desplegar la operación que, por el momento, ha comportado la detención de doce personas y la imputación de otras 26, entre ellos empresarios y cargos del PSC.

Paralelamente a la denuncia presentada por ese particular, al que está previsto que el juez cite a declarar en los próximos días como testigo, el grupo municipal de ICV-EUiA en el Ayuntamiento de Sabadell estaba recopilando información sobre una presunta trama de corrupción urbanística en el consistorio.

Según han informado fuentes de la formación, ICV tenía previsto presentar una denuncia con la información recabada, pero ésta le fue sustraída en un robo en su sede en la que los ladrones se llevaron varios ordenadores y una carpeta con documentación.

La formación ecosocialista presentó una denuncia ante los Mossos d'Esquadra por el robo y la propia policía autonómica aconsejó a ICV que también informara del suceso a la Fiscalía Anticorrupción, como así hizo el partido.

"OPERACIÓN MERCURIO"; IMPUTADOS LA ALCALDESA DE MONTCADA Y EL JEFE DE LA POLICÍA LOCAL DE SABADELL

Efe | Barcelona

La alcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona), Maria Elena Pérez, y el jefe de la Policía Local de Sabadell (Barcelona) figuran entre los imputados en relación con la trama de corrupción urbanística y cobro de comisiones con epicentro en el Ayuntamiento de Sabadell.

Según han informado fuentes cercanas al caso, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Sabadell ha dictado citaciones para llamar a declarar en los próximos días como imputados a la alcaldesa de Montcada y al responsable de la Policía Local de Sabadell, entre una veintena de personas más.

En la operación, llamada "Mercurio" y que se ha iniciado hoy, los Mossos d'Esquadra han registrado las dependencias de la Policía Local de Sabadell y también han irrumpido en el despacho de la alcaldesa de Montcada i Reixac para intervenir expedientes municipales.

En un comunicado, Pérez ha negado las acusaciones por el supuesto tráfico de influencias que le ha notificado esta mañana el Juzgado de Instrucción número 1 de Sabadell.

La alcaldesa de Montcada ha explicado que esta mañana se han personado agentes de los mossos en el Consistorio para recoger un expediente administrativo pero que "ni se ha realizado ningún registro, ni se ha detenido a nadie".

Además

"OPERACIÓN MERCURIO"; EL "NÚMERO 2" DEL PSC RENUNCIA A SU CARGO TRAS SER IMPLICADO

Foto: Domènec Umbert
Daniel Fernández, diputado electo del Parlament



Javier Oms | Barcelona

El secretario de Organización del PSC, Daniel Fernández, ha sido suspendido de su cargo en el partido tras haber sido implicado por el juez en la trama de corrupción urbanística, tráfico de influencias y cobro de comisiones que tiene como epicentro al Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona).

Según han confirmado fuentes del PSC, Fernández -tal y como dictan las normas internas del partido en caso de imputaciones de sus responsables- ha puesto su cargo a disposición del primer secretario, Pere Navarro, quien ha aceptado su suspensión temporal mientras permanezca bajo imputación.

La situación judicial de Fernández, sin embargo, aún deberá aclararse en las próximas horas al estar aforado en su condición de Diputado en el Congreso de los Diputados. Su escaño garantiza que sólo pueda ser imputado por el Tribunal Supremo (TS) a través de una petición rogatoria enviada por el juez que instruye el caso.

Según fuentes judiciales, Fernández estaría relacionado con un presunto delito de tráfico de influencias. Fuentes conocedoras de la investigación aseguran que su nombre habría sido incluido en la causa por la 'operación Mercurio' después de que -en una de las decenas de llamadas telefónicas pinchadas por los Mossos d'Esquadra- recomendara a una persona para un cargo a la alcaldesa de Montcada i Reixac, la socialista Maria Elena Pérez, también imputada en la misma causa.

Además

"OPERACIÓN MERCURIO"; IMPUTADO EL ALCALDE DE SABADELL PO PRESUNTO DELITO DE CORRUPCIÓN URBANÍSTICA

Manuel Bustos da explicaciones sobre la investigación. | Efe
En total hay 12 detenidos y otras 26 personas han sido imputadas
La Fiscalía les acusa de repartirse fondos exigidos previamente a empresas
Entre los imputados hay otros cargos del PSC y un ex concejal del PP

J.Oms | G. González | J.Ribalaygue | Barcelona

El alcalde de Sabadell (Barcelona), el socialista Manuel Bustos, ha sido imputado por un presunto delito de corrupción urbanística en el marco de la 'Operación Mercurio' bajo la cual han sido detenidas 12 personas y otras 26 se encuentran imputadas, además de producirse 41 entradas y registros en empresas y sociedades así como en 15 domicilios particulares. El caso se encuentra bajo secreto de sumario decretado por el juzgado número 1 de la ciudad vallesana.

Entre los implicados se encuentran, además de Bustos, la concejal de Economía del Ayuntamiento, Montserrat Capdevila, y el ex concejal del PP Jordi Soriano, que ha sido detenido. Asimismo, entre los detenidos, también figura el actual concejal de urbanismo, Joan Manau. Un familiar directo de Bustos y propietario de una empresa de construcción también estaría implicado en la red.

La presunta trama corrupta tendría como epicentro el Ayuntamiendo de Sabadell desde donde se condicionaban de manera irregular las adjudicaciones de contratación pública. Según la Fiscalía, la red organizada desde el consistorio exigía el ingreso de cantidades que variaban en función del presupuesto de la obra -desde un mínimo de 120.000 euros hacia arriba- que servía, posteriormente, para ser repartida "entre los políticos y funcionarios involucrados".

Además, se contaba con "el pacto implícito y apalabrado de un 3% en dinero negro" una vez se finalizaba la obra. Dichas cantidades de dinero negro, según Anticorrupción, acababan "en un despacho de abogados", desconociéndose de momento si posteriormente se ingresaba en cuentas legales, o si bien era repartido o utilizado para ser blanqueado.

Fiscalía precisa que los delitos en los que podrían haber incurrido los componentes de la trama son prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsificación documental o infidelidad de custodia de documentos.

Las operaciones irregulares, según fuentes judiciales, afectarían a las contrataciones y urbanización de dos polígonos industriales de Sabadell, uno de los cuales acogerá en breve uno de los mayores centros de Europa del gigante del mueble Ikea.

Bustos ha defendido en rueda de prensa su inocencia. "Querría dejar bien claro que la gestión del Ayuntamiento ha sido siempre honesta, transparente y cumpliendo siempre la ley" ha afirmado.

Consultadas por este medio, fuentes del PP han asegurado que Jordi Soriano fue dado de baja del partido hace año y medio, aproximadamente, al detectarse incompatibilidades entre sus "actividades personales" y su gestión, tanto en el partido como en el Ayuntamiento. La líder 'popular', Alicia Sánchez-Camacho también ha pedido ya la dimisión de Bustos.

El PSC, por su parte, ofrecerá esta tarde una rueda de prensa para explicar la información con la que cuentan, así como qué respuesta dan a la imputación de varios de sus cargos en Sabadell.

Según trabajadores del Ayuntamiento, los Mossos d'Esquadra han concentrado las pesquisas en el área de Urbanismo donde se ha prohibido la entrada a cualquier funcionario mientras continúa el registro de documentación presuntamente vinculada a la trama.

En la Plaza Sant Roc, donde se halla el consistorio, se han congregado más de 100 vecinos. Un joven ha abierto una botella de cava para celebrar la operación. "Estoy contento porque aquí ya lo sabíamos y ahora lo sabe todo el mundo: los socialistas están llenos de corruptos", ha afirmado. El ambiente, entre curiosidad e indignación, ha recordado al de operación policial del caso Pretoria, que afectó a otros ayuntamientos.

Sabadell está gobernada desde 1999 por Manuel Bustos, uno de los grandes 'barones' del PSC y miembro de la Ejecutiva.

Los Mossos d'Esquadra también se han personado en el Ayuntamiento de Montcada i Reixac en el marco de la operación anticorrupción para solicitar un expediente administrativo si bien fuentes municipales aseguran que no tiene que ver con operaciones urbanísticas.

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