viernes, 28 de diciembre de 2012

"CASO DE LOS ERE"; ANTICORRUPCIÓN PIDE QUE SE LEVANTE EL SECRETO DE SUMARIO

El Ministerio Público también reclama que se autorice a la UCO de la Guardia Civil para que aporte todos los informes ya terminados

Sevilla

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La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha pedido que se levante el secreto sumarial que pesa sobre la investigación por el caso de los ERE al considerar que esa medida no afecta “al buen fin” de las diligencias interesadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En un escrito, dirigido al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, la fiscalía señala que ese levantamiento parcial permitirá el impulso procesal adecuado del resto de la causa y servirá para evitar “innecesarias dilaciones”. En ese escrito se reclama que el levantamiento sea parcial, lo que permite que las partes personadas accedan al sumario al tiempo que se hace una pieza separada, que se mantiene en secreto, para la ampliación de la investigación.

La fiscalía pide además que se enumeren los escritos y documentación recibidos por el juzgado en cumplimiento de los requerimientos acordados, así como los recursos presentados por las partes y que estén pendientes de resolver o tramitar de modo que se pueda tener un conocimiento adecuado de los mismos. El Ministerio Público también reclama que se autorice a la UCO de la Guardia Civil para que aporte todos los informes ya terminados. Lo que quiere la fiscalía es poder formular las imputaciones que se deriven de los mismos e interesar las medidas cautelares que se estimen oportunas. En el escrito, firmado por los fiscales delegados Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández, se pide también que se proceda a fijar un calendario de declaraciones de todos aquellos que, ya imputados mediante auto, aún no han declarado, así como la comparecencia de medidas cautelares, incluidas las no celebradas respecto a imputados que ya han declarado.

El escrito de la fiscalía es del 13 de diciembre. El 19 de diciembre el juzgado encargado del caso desestimó un recurso de la defensa de Carlos Leal Bonmati contra la decisión de establecer el secreto de sumario.

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EN EL PAÍS

miércoles, 19 de diciembre de 2012

"CASO BRUGAL"; EL TSJ DESESTIMA EL RECURSO DE ALPERI CONTRA SU IMPUTACIÓN POR IRREGULARIDADES EN EL PGOU


TRIBUNALES
La sala considera que su imputación 'puede considerarse de menor intensidad'

Europa Press | Valencia

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha desestimado el recurso presentado por el ex alcalde de Alicante y diputado autonómico Luis Díaz Alperi, contra su imputación en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la ciudad, derivada del 'caso Brugal'.

En un auto del pasado lunes, la sala de lo civil y penal mantiene la imputación del ex primer edil, al desestimar por segunda vez el recurso de apelación que interpuso contra la providencia que el pasado mes de octubre acordaba citarle a declarar en calidad de imputado.

En el escrito, la sala presidida por la magistrada Pilar de la Oliva recuerda al diputado que la finalidad de la fase de investigación es "la averiguación de los hechos y de las personas responsables de los mismos y a los efectos no solo de preparar el juicio como, incluso, de evitarlo".

Por esta razón, "el objeto del proceso, los hechos punibles, se delimitan y concretan progresivamente conforme avanza la instrucción, sobre todo no tratándose de delitos flagrantes, teniendo en cuenta que, en caso de llegarse a juicio oral, no han de llegar otros hechos que los que resulten del procedimiento preliminar y que entonces el objeto del proceso debe ser ya inmutable", señala el auto.

Además, aclara que "la imputación consiste en la atribución de unos hechos, penalmente relevantes, a una persona concreta, y en principio y en su caso, es una atribución provisional por cuanto el avance de la investigación permitirá otorgar un mayor -o menor- fundamento a la misma o su eliminación".

"De ahí que nuestra legislación procesal penal conciba o englobe como imputación tanto la sospecha o atribución de hechos con simple apariencia delictiva como la atribución de hechos derivada ya de la existencia de indicios racionales de criminalidad", añade.

En este punto, el auto hace referencia a las diferencias de "intensidad" que se aprecian en la imputación de una persona en un proceso judicial.

En el caso de Díaz Alperi, considera que su imputación "puede razonablemente considerarse de menor intensidad, pues el magistrado instructor no puede, asumiendo la exposición razonada y sin oírle, y en su caso practicar más diligencias, concretar los indicios racionales de criminalidad, ni realizar una contrastada ponderación racional de verosimilitud".

Acceso a la causa
Así mismo, la sala recuerda que la providencia por la que se le citaba a declarar como imputado ya detallaba que la causa se encuentra en un momento procesal "inicial respecto del recurrente", y que la atribución de hechos presuntamente delictivos al recurrente y su calificación jurídica, es "indiciaria y provisional".

Además, esta providencia recogía que "parte de los indicios apreciados por el juzgado de instrucción número 5 de Alicante que plantea la exposición razonada" son fruto de la instrucción y las diligencias practicadas en torno a los hechos producidos en el proceso de revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante PGOU, que llevan a estimar la presunta comisión por Díaz Alperi de los delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho.

De igual modo, el auto indica que Díaz Alperi tuvo acceso a la exposición razonada cuando compareció en el trámite de audiencia para determinar la competencia de la Sala, e incluso alegó la incompetencia de este órgano por carecer de relevancia penal los hechos al mismo referidos en la exposición.

Por todo ello, desestima el recurso e impone las costas al recurrente, al entender que "no se produce la invocada vulneración del derecho de defensa ni del derecho a la tutela judicial efectiva por la resolución que el instructor dictó para citar al recurrente a declarar en calidad de imputado".

Esta citación, reitera, tenía por objetivo "conocer la versión del exalcalde sobre los hechos producidos en el procedimiento de revisión del PGOU y la presunta participación del recurrente en los mismos con referencia a los delitos a que pudieran dar lugar".

viernes, 14 de diciembre de 2012

"CASO CAMAS"; CATORCE MESES DE PRISIÓN PARA LOS CUATRO CONDENADOS


Agustín Pavón y Antonio Enrique Fraile, tras conocer el veredicto. | Conchitina
TRIBUNALES | Intento de soborno a una concejal



Europa Press | Sevilla

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a 14 meses de cárcel y al pago de una multa de 15.000 euros al ex alcalde de Camas (Sevilla) Agustín Pavón (IULV-CA), al ex concejal del PP Antonio Enrique Fraile, al ex edil del PA José del Castillo y al empresario Eusebio Gaviño por el presunto intento de soborno a la concejal del Ayuntamiento Carmen Lobo.

Según han informado fuentes judiciales, la sentencia notificada este martes por la Audiencia de Sevilla tras el veredicto de culpabilidad de un jurado popular condena también a los acusados a inhabilitación por empleo y cargo público por el mismo periodo de 14 meses. La Fiscalía pidió en el juicio para cada uno de los imputados 18 meses de cárcel y el pago de una multa de 24.000 euros.

Además

lunes, 10 de diciembre de 2012

JUZGAN AL EX ALCALDE Y A TRES CONCEJALES DE CANTILLANA POR SU "DEJADEZ" URBANÍSTICA


TRIBUNALES | Siete años de inhabilitación para desempeñar cargo público
El fiscal dice que ninguno actuó contra más de un centenar de infracciones
Hicieron oídos sordos al aviso de la arquitecta municipal y la Guardia Civil
Los imputados son José Eduardo Reina (PSOE) y tres delegados de Urbanismo

Efe | Sevilla

La Fiscalía ha pedido condenas de hasta siete años de inhabilitación para José Eduardo Reina Hidalgo (PSOE), ex alcalde de Cantillana (Sevilla), y tres ex concejales de Urbanismo, a los que imputa presuntos delitos de prevaricación y de omisión del deber de perseguir delitos por su "dejadez" ante viviendas ilegales.

El escrito de acusación les imputa por su "dejadez de funciones" ante las numerosas construcciones ilegales en distintos parajes del pueblo, pese a que les habían advertido tanto la arquitecta técnica municipal como la Guarda Civil en una reunión.

La Fiscalía dirige la acusación contra el alcalde entre 1995 y 2011, José Eduardo Reina, y los ex concejales de Urbanismo Enrique Barrera Jiménez (1995-2007), Manuel Naranjo Barrera (2007-2008) y Antonio Maqueda Ruiz (2008-2011).

Según la acusación, ninguno de ellos denunció ante las autoridades competentes, "como estaban obligados a hacerlo por sus cargos", las presuntas infracciones penales por las construcciones ilegales realizadas en los años 2007 y 2008 "en un número superior a cien".

Se trata de viviendas contrarias al ordenamiento levantadas en los parajes conocidos como Urbanización Huerta Alta, finca Recache, camino de El Palmitero, finca La Cirujana, aldea de Pajares, margen izquierdo y derecho de la carretera Cantillana-Villaverde, carretera de Cantillana a El Pedroso y zona denominada El Basurero del Chorrito.

Dichas zonas están calificadas como suelo no urbanizable de especial protección, zona de la Vega del Guadalquivir y de protección de complejos ribereño de interés ambiental de El Viar, según las Normas Subsidiarias Municipales de Cantillana.

Los acusados "no comunicaron la existencia de presuntas infracciones penales a las autoridades judiciales o fiscales y Guardia Civil", dice el fiscal, "lo que dio lugar a una investigación policial a partir de febrero de 2011 en la que se procedió a la imputación de 71 personas por construcciones ilegales en cuarenta parcelas".

Además, el exalcalde y el exconcejal Maqueda están acusados de otra licencia otorgada en junio de 2009 para la realización de unos boxes en una parcela, pese a que existía un informe desfavorable de la arquitecta municipal.

Por este segundo delitos de prevaricación urbanística, el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo reclama para cada uno de ellos 7 años de inhabilitación y una multa de doce meses con cuota diaria de 12 euros, lo que equivale a 3.600 euros.

A todos los imputados les acusa además de otro presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos, por el que solicita un año de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

CONCLUYE LA INVESTIGACIÓN DEL "CASO FERGOCÓN" QUE IMPLICA A DEL NIDO Y JULIÁN MUÑOZ

TRIBUNALES | Por malversación, fraude y prevaricación
El Ayuntamiento de Marbella otorgó obras a una empresa vinculada a Del Nido
En dos años, los contratos ascendieron a 5 millones de euros

Europa Press | Málaga

El Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella mantiene abierta la causa en la que están imputados el abogado José María del Nido, dos de sus hermanos, el ex alcalde marbellí Julián Muñoz y varios ex concejales por adjudicaciones supuestamente irregulares por parte del Ayuntamiento de dicho municipio a una empresa de esos familiares del también presidente del Sevilla.

Esta causa, conocida como caso 'Fergocon', se inició a raíz de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción y se investigan delitos como malversación de caudales públicos, tráfico de influencia; falsedad en documento mercantil, fraude y prevaricación en relación con las supuestas irregularidades en la contratación de obras a una empresa vinculada a dos hermanos de Del Nido.

Según el auto del juzgado que da por concluida la investigación, entre 2001 y 2003, cuando Del Nido era abogado del entonces alcalde de Marbella, los hermanos del letrado crearon una empresa constructora. A los pocos días, el Consistorio comenzó a adjudicarle obras sin contrato ni concurso hasta llegar a darle en dos años más de cinco millones de euros, según ha informado la cadena 'SER'.

Según han manifestado a Europa Press fuentes del caso, este auto está pendiente de recursos presentados por distintas partes personadas, por lo que han indicado que no es firme y aún puede ser reformado. Otras fuentes han indicado que el ministerio fiscal solicitó la práctica de numerosa prueba y que se ha realizado investigación de cuentas bancarias.

Según señaló el juzgado en dicha resolución, Fergocon habría incrementado facturas o no habría realizado trabajos que cobró y cuando los realizaba, facturaba más. Ello fue gracias a que, según el juez, hubo un entramado en el que habrían participado los imputados para permitir, supuestamente, la salida del dinero de las arcas del Ayuntamiento en favor de la familia Del Nido.