martes, 27 de septiembre de 2011

"CASO BRUGAL"; EL JUEZ IMPUTA AL HERMANO DE CASTEDO EN LA TRAMA DEL PLAN GENERAL POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS

La policía sostiene que el planeamiento de Alicante se amañó en el despacho de abogados del familiar de la alcaldesa a favor del empresario Enrique Ortiz

S. N. - Alicante

El juez ha imputado José Luis Castedo, abogado urbanista hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, en la rama del caso Brugal que investiga una supuesta trama corrupta para amañar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. El magistrado Manrique Tejada, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, también acusa al exedil socialista Javier Gutiérrez, socio del familiar de la regidora en el bufete Salvetti Abogados. La policía sostiene que en este despacho se diseñó el planteamiento a favor del promotor Enrique Ortiz.
 
José Luis Castedo y Javier Gutiérrez serán interrogados por el juez el próximo 26 de octubre. En su escrito de acusación inicial, el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, imputa a ambos los supuestos delitos de tráfico de influencias, uso privilegiado de información y asesoramiento ilegal.

La imputación de Castedo y Gutiérrez se produce apenas una semana después de que los agentes de la Brigada de Delitos Económicos de la Comisaría de Alicante remitieran al instructor el informe del registro realizado en el despacho Salvetti Abogados el pasado mes de abril. En el disco duro de los ordenadores intervenidos, los agentes hallaron pruebas de la supuesta información privilegiada de los imputados sobre el desarrollo del PGOU, extremo que les permitió tramitar con éxito numerosas alegaciones que les generaron supuestamente una ganancia de un millón de euros.

Los agentes también encontraron en los ordenadores otros archivos que apuntan a un supuesto espionaje de la trama corrupta a los investigadores, entre ellos el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones. Uno de esos documentos contenía datos sobre la vivienda particular del fiscal. También había un documento sobre las actividades privadas del exalcalde socialista de Alicante Ángel Luna, ahora vicepresidente segundo de las Cortes.

En esta pieza separada del caso Brugal sobre el PGOU de Alicante, el juez ha imputado ya a nueve personas. Junto a José Luis Castedo y Gutiérrez, están imputados el promotor Ortiz, su mujer, el redactor del PGOU, Jesús Quesada, un empresario, un abogado y dos altos cargos de Bancaja y la CAM. El fiscal, no obstante, acusa a un total de 21 personas, entre ellas, los dos alcaldes del PP, Sonia Castedo y su antecesor y actual diputado autonómico del PP, Luis Díaz Alperi. La imputación de Castedo y Alperi en la causa tendrá que acordarla el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), dada su condición de aforados.


EL JUICIO POR PRESUNTA PREVARICACIÓN CONTRA BELLVER COMENZARÁ EL 17 DE OCTUBRE

Concejal de urbanismo

Efe | Valencia

El juicio contra el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia y diputado autonómico del PP, Jorge Bellver, acusado de un supuesto delito de prevaricación, comenzará el próximo 17 de octubre.

Así lo ha acordado la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en una resolución que puede ser recurrida en un plazo de tres días, y que fija las diez de la mañana como hora de comienzo de la vista oral contra el edil y otros cuatro imputados.

Bellver ha sido procesado por un supuesto delito de prevaricación urbanística y administrativa relacionada con la construcción de un aparcamiento en el subsuelo de los Jardines de Monforte de Valencia, espacio protegido por su condición de Bien de Interés Cultural.


elmundo.es

NUEVA QUERELLA CONTRA MILLET Y MONTULL POR FRAUDE FISCAL DE CASI 685.000 EUROS

Millet , en el Parlament. | D. Umbert
Tercera causa judicial

* Se dirige también contra Gemma Montull, exdirectora financiera del Palau
* Exige la responsabilidad civil subsidiaria de la Fundació del Palau

Efe | Barcelona

La Fiscalía de Cataluña ha presentado una nueva querella contra los exdirectivos del Palau de la Música Fèlix Millet y Jordi Montull por un presunto fraude fiscal de casi 685.000 euros en las deducciones del IVA cuando estaban al frente de la institución cultural.

La querella, que se dirige también contra Gemma Montull, exdirectora financiera del Palau e hija de Jordi Montull, y contra el asesor fiscal Edmundo Quintana, se basa en un nuevo informe de la Agencia Tributaria que apunta que los exdirectivos del Palau habrían cobrado devoluciones improcedentes del IVA por valor de 684.938 euros en el ejercicio fiscal del año 2007.

Esa nueva querella, presentada en los juzgados de Barcelona, es el tercer frente judicial abierto contra Fèlix Millet y Jordi Montull por su gestión al frente del Palau de la Música, que se suma a las otras dos causas investigadas por el expolio de la institución cultural y por las irregularidades en la tramitación urbanística de un hotel de lujo junto al edificio modernista.

La querella, que exige la responsabilidad civil subsidiaria de la Fundació Orfeó Català-Palau de la música, se centra en el ejercicio del año 2007 y acusa a Millet y a los Montull de haber deducido en nombre de la institución cultural, que tiene un trato fiscal especial, obras y suministros para sus viviendas particulares.

Por ese procedimiento, los querellados defraudaron 128.155 euros en las cuotas del IVA mediante facturas que giraron a la Fundació Palau de la Música una docena de empresas que efectuaron servicios y obras en sus domicilios, según la querella del ministerio público.

Junto a ese fraude, la Fiscalía acusa a Millet y Montull de haber urdido un sistema para obtener compensaciones improcedentes de las deducciones del IVA por valor de 549.749 euros y de haber defraudado otros 7.034 en cuotas repercutidas no declaradas, en el año 2007.

Las compensaciones de la Agencia Tributaria que los saqueadores del Palau habrían duplicado ilegalmente obedecían a un cambio en la legislación de 2005, cuando la UE declaró ilegal una normativa española que impedía que los empresarios receptores de subvenciones se dedujeran la totalidad del IVA soportado.

A raíz de esa modificación legal, la Agencia Tributaria reconoció el derecho a la Fundación a ser compensada por el IVA que no había podido deducirse en años anteriores y estableció que el saldo a favor de la institución cultural ascendía a 2,1 millones de euros.

Hacienda devolvió a la Fundación Palau de la Música 1,3 millones de euros, por lo que el saldo que le quedaba por compensar era de 755.729 euros.

Sin embargo, en sus declaraciones de los años 2006 y 2007 los querellados se compensaron cuotas por períodos anteriores hasta alcanzar la suma de 1,3 millones de euros que ya había sido devuelta por la Agencia Tributaria, cantidad "ostensiblemente superior a la que procedería", según la querella de la acusación pública.

Para perpetrar su engaño, los saqueadores confesos del Palau fueron arrastrando compensaciones de años anteriores que ya habían sido devueltas, hasta remontarse al año 2001, con lo que en 2007 obtuvieron devoluciones improcedentes en la suma de 549.749 euros, cantidad que equivale al exceso de devoluciones correspondiente al período 2001-2004.

La Fiscalía se querella contra Millet como presidente de la Fundación y beneficiario de las obras realizadas en su domicilio, y contra Montull por tener poderes en las cuentas bancarias de la entidad y ser el encargado de disponer las facturas que se giraran al Palau de la Música.

A Gemma Montull, imputada también por el expolio del Palau, el fiscal la incluye en su querella por considerar que era quien "tomaba las decisiones tributarias" junto al despacho de abogados de Raimon Bergós y quien habría facilitado al también querellado Edmundo Quintana, asesor fiscal, los acuerdos de la Agencia Tributaria que se usaron para las compensaciones improcedentes. Edmundo Quintana, que según la Fiscalía elaboró las declaraciones del IVA fraudulentas, también está imputado en la causa abierta por el expolio del Palau de la Música junto a Raimon Bergós, titular del despacho de abogados en el que el querellado trabajaba, por su supuesta implicación en la falsificación de facturas que enmascararon el saqueo ante Hacienda.


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"CASO PALMA ARENA"; LA AUDIENCIA DE PALMA RECHAZA LA RECUSACIÓN DEL JUEZ CASTRO

Por supuesta falta de imparcialidad

* Considera que la petición del abogado de Matas carece de fundamento

Efe | Palma

La Audiencia Provincial de Palma ha rechazado la recusación presentada por el expresidente balear Jaume Matas contra el juez José Castro, instructor del caso Palma Arena, porque carece de fundamento.

En un auto notificado hoy, la sección quinta del tribunal ha decidido inadmitir a trámite la recusación al considerar también que la petición de Matas se ha presentado fuera del plazo legal para hacerlo.

El pasado mes de julio, la actual defensa del expresidente balear pidió la recusación del juez del caso Palma Arena por la "manifiesta parcialidad" que, en su opinión, había demostrado en varios escritos con "expresiones insultantes" que evidenciaban sus "fobias políticas" y "antipatía personal" hacia el imputado.

El TSJB ha rechazado los argumentos del abogado de Matas, Antonio Alberca, quien reclamaba que se apartara al juez de la investigación del Palma Arena esgrimiendo el contenido de cuatro autos judiciales que, según el letrado, mostraban "ideas preconcebidas" y prejuzgaban a Matas.

En el auto notificado hoy, el magistrado instructor de la recusación, Mateo Ramón Homar, comparte las alegaciones del propio juez Castro, el fiscal y la abogacía de la Comunidad, sobre la existencia de "extemporaneidad" e "inconsistencia" en la petición de recusación.

En relación a la extemporaneidad, explica el auto que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) dispone que la recusación deberá proponerse "tan pronto como se tenga conocimiento de la causa en la que se funde" y en el plazo máximo de diez días desde la notificación del auto judicial.

Sin embargo, la recusación formulada por la nueva defensa de Matas se refiere, por una parte, a tres autos del juez Castro dictados hace 16, 5 y 4 meses, respectivamente, lo que "supera con creces el plazo de diez días".

Además, el auto considera "evidente" que el abogado que entonces tenía Matas "conoció el contenido" de dichas resoluciones "y no presentó escrito alguno de proposición de recusación".

Al margen de estos tres autos, sobre los que pesa la "extemporaneidad" de la reclamación por presentarla fuera de plazo, el instructor de la recusación analiza un cuarto auto del juez Castro, fechado el 18 de julio, y rechaza también que en él quede patente "la falta de imparcialidad subjetivo del juzgador".

Por ello, el instructor de la Audiencia de Palma concluye que "la pretensión" del expresidente Matas "carece manifiestamente de fundamento" y, por tanto, "procede inadmitir la petición" de recusación del juez Castro, con imposición de costas procesales.


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DIMITE UNA CONCEJALA SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS IMPUTADA POR PREVARICACIÓN

HUELVA | Alega 'motivos personales'

* Carrellán está imputada junto al ex alcalde socialista Carlos Sánchez

Efe | Huelva

María de la O Carrellán, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado (Huelva), una de las imputadas junto al ex alcalde socialista Carlos Sánchez y otros seis ediles de su equipo de gobierno, ha presentado su dimisión y ha abandonado la actividad municipal.

Según han informado fuentes del PSOE de Huelva, la edil ya ha presentado en el Ayuntamiento el escrito de renuncia, que tendrá que ser ratificada por el pleno de la corporación, y en ella apunta que obedece a cuestiones "estrictamente personales".

La dimisión de Carrellán, que durante su etapa en el equipo de Gobierno ostentó el cargo de concejala de Educación, se produce apenas dos semanas después de conocer su procesamiento por un delito de prevaricación en la recalificación de terrenos rústicos para ubicar el recinto ferial de la localidad, en 2006.

Los hechos en los que está implicada fueron investigados a raíz de una denuncia interpuesta por el actual Ayuntamiento de Bollullos, gobernado por una coalición de independientes y el PP.

El pasado 15 de septiembre se conoció un auto del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Palma del Condado en el que se notificaba el procesamiento de el ex alcalde socialista Carlos Sánchez junto a siete de sus ediles y un extécnico municipal.

El juez determinaba que las diligencias practicadas hasta el momento "evidencian que existen motivos suficientes para atribuir" la perpetración del delito de prevaricación.

Por ello, ordenaba la continuación de las diligencias y que se diera traslado a la Fiscalía y a las acusaciones particulares, para que formulasen sus escritos de acusación y se procediera a la apertura de juicio oral.


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"TRAMA DE LOS ERE"; EL PP DENUNCIA A VIERA POR SU RELACIÓN CON LAS AYUDAS DEL "FONDO DE REPTILES"

Cuando era presidente del consejo rector del IFA

Europa Press | Sevilla

El presidente del PP-A, Javier Arenas, ha anunciado que su formación envió este pasado lunes al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, encargado del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE), toda la documentación que ha mostrado en los últimos días y que "relaciona" al secretario general del PSOE de Sevilla y ex consejero de Empleo y expresidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) con el llamado 'fondo de reptiles'.

Tras participar en unas jornadas sobre políticas de juventud organizadas por Nuevas Generaciones (NNGG), Arenas ha dicho que su formación ha hecho lo que desde el PSOE se le ha pedido, "que pusiéramos en conocimiento de la autoridad judicial todo lo que hemos dicho sobre este asunto en rueda de prensa y así lo hemos hecho".

El PP-A ha remitido al Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla una fotocopia del acta del Consejo Rector del IFA, celebrado el 31 de enero de 2004, y en la que "se relacionan y da cuenta de multitud de convenios de colaboración entre el IFA y la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, mediante los que se instrumenta el pago de determinadas ayudas de las que se investigan en la presente causa".

Asimismo, los 'populares' apuntan en el documento enviado a la Justicia que en dicha sesión del Consejo Rector figuran como asistentes, entre otros, José Antonio Viera, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero.

También incluyen que "el periódico EL MUNDO ha publicado que en una de las empresas beneficiarias, Marco de Estudios y Proyección Siglo XXI SL., trabajaba en esas fechas una hija de José Antonio Viera, Sonia Viera Rodríguez, concretamente desde el 4 de abril de 2003 al 31 de mayo de 2004, según reconoció expresamente su padre en una conferencia de prensa celebrada el 29 de abril de 2011".

El procurador del PP-A suplica al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que al tener presentado este escrito "lo admita, tenga por realizadas las anteriores manifestaciones y acuerde la práctica de diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos".

"CASO LIMUSA"; CONDENAN A SIETE AÑOS DE CÁRCEL AL EX JEFE DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LORCA

* Condenado por malversación de caudales públicos y prevaricación
* También, a 17 años y seis meses de inhabilitación absoluta

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha condenando al ex responsable de la empresa municipal de limpieza de Lorca Francisco Gil Eguino a siete años y seis meses de prisión por delito de malversación de caudales públicos, falsedad de documento mercantil y prevaricación, en el conocido como 'caso Limusa'.

Asimismo, ha sido condenado a 17 años y seis meses de inhabilitación absoluta y multa de cinco meses y 29 días, a razón de 300 euros de cuota diaria.

A la salida de los juzgados, su abogado, Jaime Peris, ha asegurado que recurrirán la sentencia, mientras que el representante del Ayuntamiento lorquino, el letrado Mariano Bo, ha manifestado la "satisfacción" por el resultado.

Por su parte, el ex diputado Bartolomé Soler, a quien se le condena a un año, un mes y 15 días de prisión al considerar que los delitos cometidos están relacionados con el ejercicio de su cargo público como miembro electo y concejal, -aunque no se hará efectiva por no tener antecedentes-, ha pedido tiempo para leer la sentencia; mientras que el ex alcalde de Lorca, Miguel Navarro, ha evitado hacer declaraciones, así como el abogado de Jacinto Parra, trabajador que denunció la trama.


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UNA RUTA POR LA CORRUPCIÓN MUNICIPAL EN MÁLAGA

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De 'Malaya' a Ronda

Á. Frías | I. Mejías | Málaga

Se repite la historia: otro municipio malagueño bajo sospechas de corrupción urbanística. Una vez más agentes policiales han irrumpido en un ayuntamiento de la provincia.

En esta ocasión, la Policía registra despachos del Consistorio de Ronda dentro de una operación en la que se investiga a miembros de la anterior corporación municipal por prevaricación urbanística y cohecho, entre otros delitos.

Pero antes de Ronda, ha habido otros casos con mucha repercusión. El último comenzó en 2009 en Almogía, donde hay 15 personas imputadas por irregularidades urbanísticas en la denominada operación 'Almexía'. El alcalde del PSOE, Cristóbal Torreblanca, miembros de la corporación municipal y funcionarios del Consistorio fueron detenidos.

Ese mismo año se desarrolló la operación 'Arcos' en Alcaucín. En febrero de 2009 se pudo ver a agentes de la Guardia Civil saliendo con cajas llenas de documentos de este Consistorio de la Axarquía malagueña. Fueron detenidas, en una primera fase de la operación, 13 personas entre las que se encontraban el entonces alcalde de la localidad, José Manuel Martín Alba (PSOE), alias 'Pepe el Patillas', además de dos hijas suyas y el jefe del servicio de arquitectura municipal de la Diputación de Málaga, José Mora.
 
'Malaya'
Pero si lugar a dudas el máximo exponente de la corrupción urbanística en la provincia de Málaga ha sido el Ayuntamiento de Marbella, después de que en abril del 2006 la 'Operación Malaya' supusiera la disolución del Consistorio de la localidad y obligara a una gestora a hacerse cargo de la dirección de la localidad.

La mayoría de los miembros del gobierno marbellí acabaron detenidos y más de un centenar de personas están procesadas por este caso, en el que se incautaron bienes por valor de 3.000 millones de euros. Entre las personas arrestadas se encontraban la que era alcaldesa en ese momento de Marbella, la independiente Marisol Yagüe; la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos; el concejal Julián Muñoz y el asesor municipal de Urbanismo y presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca.

El juicio por este caso comenzó el año pasado y todavía se desarrolla en la Ciudad de la Justicia de Málaga.

Otra de las investigaciones que ha dado lugar a un macrojuicio ha sido 'Ballena Blanca' , una de las primeras operaciones policiales con alcaldes implicados. En esta ocasión, la investigación se centró en los convenios urbanísticos firmados entre el Ayuntamiento de Manilva y la sociedad Royal Marbella Estates S.L., por los que se incrementó el valor de los terrenos del cortijo 'La Parrada'. Concretamente, se recalificaron de suelo rústico a urbanizable -en el 2003- y luego se incrementó el coeficiente de edificabilidad casi al doble del inicial -en el 2004-.

Fueron detenidas medio centenar de personas, entre las que se encontraba el ex alcalde independiente de la localidad Pedro Tirado y su cuñado. En el registro que se llevó a cabo en la vivienda del regidor, además de varios relojes Rolex de oro, se incautaron, cerca de 770.000 euros en efectivo repartidos en bolsas.

En el juicio, el mayor proceso judicial por blanqueo de capitales de la historia judicial española, se declararon nulos los autos que autorizaron las intervenciones telefónicas de los acusados y se absolvió a 14 de los 19 acusados.
 
Otros casos
El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande también ha sido objeto de investigaciones por presuntos delitos relacionados con el urbanismo. En el municipio se llevó acabo en 2007 la 'Operación Troya'. En esta ocasión, los agentes policiales detuvieron al alcalde Juan Martín Serón (PP), al concejal Gregorio Guerra y a otras 20 personas, sobretodo empresarios, por presuntos delitos relacionados con asuntos urbanísticos.

El Ayuntamiento de Estepona es otro de los consistorios salpicados por la corrupción urbanística en la Costa del Sol. En este caso, la Policía Nacional acometió en 2008 la 'Operación Astapa', con registro incluido del Consistorio.

Los agentes detuvieron al que era entonces alcalde de localidad Antonio Barrientos (PSOE), a su jefe de gabinete y a otros ediles. En esta operación, que al igual que el resto no ha sido juzgada, hay imputadas un total de 99 personas.

En 2006, además de 'Malaya', los agentes también llevaron a cabo una operación de corrupción urbanística en el municipio de Tolox, aunque ésta de menor envergadura. Se investigó al que era alcalde, Juan Vera (Partido Andalucista), al arquitecto municipal y a la secretaria del Consistorio, por la construcción de más de 2.000 viviendas en terreno no urbanizable.


elmundo.es

DETIENEN AL EX ALCALDE DE RONDA Y A SEIS PERSONAS MÁS POR CORRUPCIÓN

El ex alcalde de Ronda Antonio Marin Lara en la puerta de su casa tras ser detenido. | A. Pastor
Tres de los detenidos, ex ediles de su gobierno

* Los delitos investigados son prevaricación, cohecho y blanqueo, entre otros
* Francisco Cañestro, María José Martín de Haro y Rafael Lara, los otros tres detenidos

L. Cabrera | I. Mejías | A. Frías | Málaga

El número de detenidos en el marco de la operación que contra la corrupción urbanística se lleva en Ronda se eleva ya a siete, según ha informado Europa Press. Entre los detenido se encuentra el que fuera alcalde de la localidad, el socialista Antonio María Marín Lara y tres miembros de la anterior corporación y actuales concejales del PSOE.

En concreto, los otros tres detenido son el ex concejal de Economía y Seguridad, Rafael Lara; la ex edil de Obras y Urbanismo, María José Martín de Haro, y el ex responsable de Turismo, Francisco Cañestro, quien actualmente es diputado provincial y secretario del PSOE en Ronda. Los agentes han procedido a registrar sus antiguos despachos y sus casas. Tanto Marín Lara como estos tres ediles forman parte en la actualidad del grupo municipal socialista, con siete miembros y que ejerce ahora la oposición en el Consistorio.

Una decena de agentes del Grupo de Policía Judicial de Delitos Monetarios de la Comisaría Provincial de Málaga se encuentran registrando desde primera hora de la mañana de este martes el Ayuntamiento del municipio malagueño de Ronda en una operación que estaría relacionada con asuntos urbanísticos.

Los agentes llegaron pasadas las nueve de la mañana y "han dejado claro" que lo que están buscando tiene que ver con la anterior corporación, en concreto con el periodo de tiempo -entre 2009 y 2011- que el Ayuntamiento fue gobernado por el PSOE, según ha informado la actual alcaldesa de la localidad, María de la Paz Fernández a ELMUNDO.es.

La alcaldesa ha señalado que desde la Fiscalía le han informado de que los delitos que investigan serían prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de capitales público, falsedad documental y blanqueo. Ha señalado que las diligencias que se siguen son secretas por lo que no ha podido concretar qué asuntos son los que han podido motivar esta investigación.

Fernández ha ofrecido una rueda de prensa este mediodía y ha añadido que es probable que los registros no finalicen hasta la tarde y que en el despacho de Alcaldía los agentes no han podido encontrar nada, ya que cuando ella se hizo cargo del gobierno del municipio en junio, "no había ni ordenador" en las dependencias donde antes estuvo Marín Lara.

La Fiscalía Anticorrupción, junto al instructor de la causa abierta por este asunto y agentes especializados en cuestiones urbanísticas, llevan más de un año indagando en la posible comisión de diversos delitos, entre ellos prevaricación urbanística, según informa Efe.

Tras meses de investigación, que ha incluido la intervención de teléfonos por orden judicial, esta mañana se están registrando las dependencias municipales, aunque está previsto que se realicen otros registros posteriores y los agentes están requisando numerosos documentos y ordenadores para estudiar su contenido y determinar si se van a producir detenciones en el marco de esta operación

Este municipio malagueño es gobernado desde las elecciones municipales del pasado mes de mayo por María de la Paz Fernández Lobato (PP), formación que suscribió un pacto de gobierno con el Partido Andalucista para que "entrara aire fresco" en el Consistorio, según declararon tras hacer público el acuerdo de gobierno.

En la anterior legislatura el alcalde de esta localidad de 35.540 habitantes fue Antonio María Marín Lara, quien se presentó a los comicios de 2007 con el Partido Andalucista, formación que él y los ocho concejales andalucistas abandonaron en 2009 para integrarse en el PSOE.

Marín Lara permaneció un total de ocho años al frente del Consistorio rondeño. En la anterior legislatura, la del 2003, a la que concurrió con el Partido Andalucista, pactó con el PP y con el extinto Grupo Independiente Liberal (GIL) de Jesús Gil para arrebatarle la Alcaldía al PSOE.

Además
* Una bomba que llevaba tiempo pendiente de explotar
* Arenas considera 'grave' esta operación policial
* Marín Lara, el alcalde andalucista que se fue al PSOE 

"CASO GÜRTEL"; EL TRIBUNAL DE MADRID ABRE LA PUERTA A LA LIBERTAD DE CORREA CON MEDIDAS DE CONTROL

Presunta trama de corrupción

* La Sala de lo Civil y lo Penal anula la fianza de 15 millones impuesta
* El presunto jefe de la trama de corrupción está preso desde febrero de 2009
* 'La persistencia del riesgo de fuga podría evitarse' con control telemático

María Peral | Madrid

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Madrid ha anulado la decisión del juez instructor del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, de imponer a Francisco Correa una fianza de 15 millones de euros para abandonar la cárcel de Soto del Real, en la que se encuentra desde febrero de 2009.

El tribunal aprecia que subsiste el riesgo de fuga de quien parece ser el principal responsable de una red de corrupción que implica a cargos del PP, por lo que sigue considerando adecuado el mantenimiento de la prisión provisional.

No obstante, considera que "la persistencia del riesgo de fuga podría, quizás, evitarse" mediante la adopción de medidas de control electrónico que deberán ser valoradas por el instructor.

La Sala ordena a Pedreira que recabe "debidos y completos" asesoramientos de especialistas de la Policía "para evitar, con seguridad prácticamente absoluta y garantías de fiabilidad, la indeseada evasión del imputado".

El control telemático habrá de completarse, además, con la intervención del pasaporte de Correa y su presentación periódica en el tribunal.