sábado, 3 de octubre de 2009

EL PP DENUNCIARÁ ANTE EL TSJA LA INCOMPATIBILIDAD DE CHAVES EN EL "CASO MATSA"

'CASO MATSA' | Recurso contra el acuerdo de la Junta

Efe | Sevilla

El PP presentará la próxima semana ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en Sevilla un recurso contra el acuerdo del Consejo de Gobierno que rechazó abrir un expediente sancionador sobre la subvención a la empresa Matsa, donde trabaja la hija de Manuel Chaves,

En rueda de prensa, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha argumentado que acuden a la vía contencioso-administrativa al considerar que en este caso se produjo "un gravísimo incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos" de la Junta por parte de su entonces presidente y actual vicepresidente tercero del Gobierno central.

Dicho acuerdo se adoptó el 21 de julio pasado después de que el PP denunciara ese hecho por escrito ante el Gobierno andaluz y pidiera la apertura de un expediente sancionador a Chaves, y fue a propuesta de la consejera de Justicia y Administración Pública, Begoña Álvarez, conforme a un informe de la Inspección General de Servicios, que no apreció indicios de infracción contra esa Ley.

Según Sanz, el acuerdo que van a recurrir "no está ajustado a Derecho y es contrario a la Ley", pues ha reiterado que la hija de Chaves era "la responsable en Matsa de solicitar y tramitar las ayudas, incentivos y subvenciones públicas" que pudiera recibir la empresa.

El dirigente 'popular' ha subrayado que Chaves tenía la obligación legal de haberse "inhibido" cuando, siendo aún presidente, la Junta aprobó un acuerdo en enero de 2009 por el que concedió 10 millones de euros como incentivo a esa empresa en la que trabaja como apoderada su hija.

Premisa errónea
También ha sostenido que esta decisión fue "resolutoria, es decir, que si no llega a tomarse no se hubiera concedido la subvención de la Junta" a Matsa, y ha insistido en que el acuerdo de la Junta por el que rechazó en julio abrir un expediente sancionador por supuesta incompatibilidad "parte de una premisa errónea".

Ha recalcado que el Gobierno alega que la Administración no puede conocer la actividad de todos los familiares de los altos cargos y personal de la Junta, cuando la Ley, ha afirmado, no obliga a ello a la Administración, sino "al cargo público correspondiente, que sí conoce la situación de incompatibilidad, a inhibirse" en esos casos.

"Esa incompatibilidad incumbía a Chaves y que la Administración la conociese o no resulta irrelevante para la Ley de Incompatibilidades", según Sanz, para quien "era él quien, de motu propio, debía de haber comunicado esa situación y haberse abstenido de intervenir en el acuerdo" que concedió la subvención a Matsa.

También ha indicado que con este recurso el PP-A da "un paso más en su denuncia respecto a la subvención dada por el Gobierno de Chaves a la empresa donde trabaja su hija", al recordar que su partido tiene presentada una querella por este caso ante el Supremo por prevaricación y tráfico de influencias contra el ex presidente.

ELMUNDO.ES
por presunta incompatibilidad.

DIRIGENTES DEL PP APREMIAN A CAMPS A SOLUCIONAR LA CRISIS ESTEMISMO MES

'GÜRTEL' | Le piden 'una explicación convincente' cuanto antes

* El presidente valenciano habría pedido en Cuenca a Rajoy que confíe en él

Efe | Madrid

La dirección nacional del PP mantiene su confianza en el presidente valenciano, Francisco Camps, pero entre algunos de sus más altos dirigentes empieza a cundir la impaciencia, ya que para la cúpula de los 'populares' es deseable que se solucione la supuesta financiación ilegal del partido en Valencia cuanto antes.

Aunque apenas ha trascendido el contenido de la reunión que el presidente del partido, Mariano Rajoy, tuvo con Camps el pasado miércoles en el parador de Alarcón (Cuenca), algunas fuentes consultadas señalan que nada de lo que pudo decir el líder de los 'populares' al presidente de la Generalitat se desmarcó del mensaje que en Génova se ha instalado durante la semana.

Esto es, que Camps tiene el respaldo y la confianza de la dirección para tomar las decisiones que estime oportunas, pero dentro de un límite y con al menos una condición.

Según recalcó la secretaria general, María Dolores De Cospedal, el pasado lunes, nadie de la dirección del partido que ha hablado con Camps ha fijado "plazos o condiciones".

Según fuentes de la dirección 'popular', se ha transmitido al presidente de la Generalitat y del PP valenciano que no debe demorar "una explicación convincente" sobre la supuesta trama de financiación ilegal de la que un informe policial daba profusos detalles.

Porque la dirección de los 'populares', aunque subraya que el citado informe no lo tiene ningún juez, considera que la cantidad de datos del mismo es propia de un trabajo exhaustivo y pormenorizado.

Así que la cúpula dirigente del PP ha pedido a Camps, y así se lo habría comunicado Rajoy en Alarcón, inciden las fuentes, que las decisiones que adopte las tome pronto, a ser posible este mes, y nunca más allá de la convención ideológica que los 'populares' celebrarán a mediados de noviembre en Barcelona.

Tal evento, que ya preparan en Génova con ahínco, está concebido como una suerte de congreso nacional, es decir, como una congregación de líderes de la que debe salir nítido el mensaje de que el PP está preparado para gobernar y sacar a España de la crisis económica.

Según puntualizan las fuentes, los dirigentes del Partido Popular son conscientes de que se encuentran en un momento muy favorable: la situación económica en el país no parece dar síntomas de mejoría y la credibilidad del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, está "bajo mínimos", aprecian.

En un contexto en el que el PP debería estar disparado en las encuestas se han encontrado enfrente el 'caso Gürtel' apuntando directamente a uno de sus barones más poderosos, Camps, y eso, como indica una fuente, "obstruye" el mensaje. "Hemos llegado a un momento en el que si hablamos de 'Gürtel' es noticia, y si no hablamos, también; y esto es un lujo que no nos podemos permitir", añade la misma fuente.

Camps, por tanto, debe actuar pronto. Esa actuación, más que cesar a su secretario general, Ricardo Costa, o a su vicepresidente, Vicente Rambla, consistirá en explicar sin ambages que la financiación del PP en la Comunidad Valenciana es "intachable" y "legal".

Ahora bien, ¿qué hará Camps? Ninguna de las fuentes consultadas reconoce saberlo, aunque de momento descartan ceses. Un dirigente asegura, tras haber hablado con Camps, que no se le ve "muy dispuesto a tomar medidas drásticas". El presidente valenciano, durante la comida en Cuenca, y según indican algunas fuentes consultadas, habría pedido a Rajoy que confíe en él.

Y Rajoy y su equipo, de momento, recogen el guante: "La confianza en Camps es enorme y la confianza no se pierde de un día para otro, pero tiene que dar una explicación cuanto antes".

Además
* Gerardo Camps: 'A honrados no gana nadie al PP'
* La trama valenciana de 'Gürtel'

ELMUNDO.ES

UN TESTAFERRO DE CORREA YA FUE INVESTIGADO CON AZNAR EN EL PODER

El informe que desveló la financiación irregular del PP valenciano considera a Luis de Miguel "creador de estructuras de blanqueo" para el líder de la Gürtel

Montoro se dirige a Aznar en el debate de totalidad de los Presupuestos de 2003, los últimos del PP en el poder.

JAVIER CHICOTE - MADRID

Luis de Miguel ocupa una privilegiada posición entre los 64 imputados del caso Gürtel. El abogado fue administrador único de cuatro de las principales sociedades de Francisco Correa (Orange Market, Easy Concept, Inversiones Kintamani y Caroki SL), ha ocupado cargos en otras tantas (Pasadena Viajes, Special Events, TCM y Real Estate Equity Portfolio) y aún se mantiene al frente de otra de las firmas investigadas, Boomerangdrive SL.

La Brigada de Blanqueo de la Policía, en el informe que desvela la presunta financiación ilegal del PP valenciano, vincula a Luis de Miguel Pérez con el conglomerado empresarial de Correa. En concreto, asegura que De Miguel "ha constituido y ha sido administrador único de distintas empresas, entre ellas de Orange Market". Y en otro pasaje del documento policial se le define como "creador de estructuras de blanqueo".

Garzón le investiga desde 2002 por un caso de evasión de capitales

La Policía cree que la red de Correa fue creada inicialmente en el despacho profesional de De Miguel. Una estructura que luego hereda y amplia José Ramon Blanco Balín, tambien imputado en el caso Gürtel.

Pero cuando los investigadores lo incluyeron en sus pesquisas ya era un viejo conocido. En 2002 estalló el escándalo de las cuentas secretas del BBVA en el paraíso fiscal de Jersey, que se cobró la dimisión de varios directivos del banco. Una pieza separada de esta investigación llegó hasta Luis de Miguel.

Montoro, Aznar y De Miguel
El actual portavoz de Economía del PP, Cristóbal Montoro, era ministro de Hacienda de José María Aznar cuando la ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude), dependiente de la Agencia Tributaria, investigó a un empresario vasco que transfirió importantes sumas de dinero al citado paraíso fiscal. El abogado que le llevaba las cuentas era De Miguel, quien en su privilegiada cartera de clientes ya tenía a Correa.

La ONIF pasó el caso a la Fiscalía Anticorrupción y la investigación terminó en la Audiencia Nacional. El juez Baltasar Garzón imputó por delito fiscal a De Miguel y a su cliente. Fuentes oficiales del citado tribunal han confirmado a Público que el caso sigue abierto.

Con Correa desde 1999
De Miguel había comenzado a trabajar con Correa en 1999. Su primer cargo fue el de administrador único de Kintamani, una de las principales sociedades que servían a Correa para acumular patrimonio inmobiliario. De Miguel ha reconocido a este periódico que se puso al frente de esta y otras sociedades de Correa porque "él no quería figurar en ningún sitio para que los proveedores de su anterior grupo de empresas (FCS), que había quebrado, lo dejaran en paz". De este modo el letrado se convirtió en el testaferro societario de Correa.

En cuanto a las actividades fraudulentas desveladas por los investigadores de la Gürtel, De Miguel asegura no saber nada: "No tenía ni puta idea de las actividades de Paco Correa. Me dedicaba a hacer las declaraciones sociales. Ha sido una sorpresa detrás de otra. Correa tenía dos vidas, porque yo de esos temas no tenía ni idea. No me contaban nada ni él ni Pablo Crespo [número dos de la trama], que también venía por el despacho". Es más, De Miguel dice que veía a Correa como alguien muy respetable: "¿Cómo iba pensar yo que había negocios turbios cuando Correa tenía en su despacho una bandera de España y otra del PP y era amigo de gente del PP?"

Pese a este supuesto desconocimiento que alega De Miguel, Garzón lo imputó como uno de los tejedores del entramado financiero de Correa.

Un dato revelador lo encontramos en el registro mercantil: en septiembre de 2005 De Miguel cesó como administrador único de Kintamani y fue sustituido por Blanco Balín, el inspector de Hacienda que alcanzó la vicepresidencia de Repsol y que tras salir de la petrolera se convertiría en el hombre clave de la estructura contable de las empresas de Correa.

De Miguel asegura que dejó Kintamani en 2005 tras ver su nombre en la prensa mezclado con los negocios de Correa: "Lo eché del despacho porque tengo clientes importantes y no puedo estar con este tipo de dimes y diretes".
Reniegan mutuamente

Pese a esto, De Miguel siguió presente en varias sociedades de Correa hasta 2007 y aún se mantiene en Boomerangdrive. Según el entorno de Correa, el motivo de la sustitución es otro. Una fuente muy próxima al líder de la trama ha asegurado a Público que Correa prescindió de De Miguel "porque iba a lo loco, figuraba como cargo en todas las sociedades, llamando demasiado la atención. Además, con Blanco Balín traía a un primer espada, un intocable muy bien relacionado".

Garzón bloqueó todas las propiedades de Kintamani porque sospecha que esta firma ha servido para evadir parte del ingente patrimonio que atesoró Correa durante los más de 10 años en los que se benefició de jugosos contratos con distintas administraciones del PP.

PÚBLICO.ES