lunes, 31 de octubre de 2011

"CASO ARENA"; EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN LEVANTA EL SECRETO DE SUMARIO

Vista aérea del puerto interior de Ferrol. | Autoridad Portuaria
El TSXG devuelve el caso a Ferrol

* El Puerto remite al juzgado informes de los materiales empleados por Manmer
* Pide que la justicia diga a qué lugar trasladar los áridos contaminantes
* Aseguran que las obras realizadas con los áridos han seguido el procedimiento

Raúl Salgado | Ferrol

El Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol ha levantado este lunes el secreto de sumario sobre la parte del 'caso Arena' cuya instrucción permanece en la urbe naval. El anuncio se produce después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmase en esta misma jornada que devolverá a ese juzgado la totalidad de la causa, que hasta ahora instruía en parte el alto tribunal gallego por la condición de aforado de uno de los implicados, el ya ex diputado autonómico por el PP Javier Escribano.

En Ferrol, el juez Alejandro Morán Llordén mantiene abierto un procedimiento contra el empresario Fermín Duarte, natural de Pontedeume, por un presunto delito medioambiental. Duarte, titular de la firma Manmer, fue detenido el pasado jueves y puesto en libertad apenas 24 horas después. La empresa no sólo cuenta con instalaciones en la comarca ferrolana, sino que, además, recibía materiales para su actividad cotidiana a través del puerto exterior de Caneliñas.

Una parte de la causa abierta inicialmente en el Palacio de Justicia de Ferrol fue desgajada a favor del TSXG, ante la condición de aforado de una de las personas cuyo nombre salió a relucir durante la investigación: Javier Escribano. Se considera que la conducta del dirigente del PP en A Coruña podría corresponderse con sendos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Fuentes de la investigación han indicado a ELMUNDO.es que, además de una posible nueva toma de declaración a Escribano, también habrá que aguardar por los resultados que se puedan extraer de las muestras de acopios recogidas del material supuestamente contaminante que habría empleado Manmer.

El juzgado ferrolano procedió, tras la denuncia ahora en curso, a la intervención del teléfono de Duarte. Durante las llamadas recogidas, el empresario acordó con Javier Escribano que el ahora ex diputado mediase ante administraciones afines con el fin de que su mercancía pudiese ser adquirida por las adjudicatarias de obras públicas.

El informe que obra en manos de la investigación indica que Fermín Duarte regaló un vehículo de alta gama al parlamentario, que vendería poco después. En esas mismas llamadas, ambos pactaron la entrega de dinero en metálico a modo de comisiones ilegales a cambio de lograr lo prometido.
Precedentes

La causa que ahora se instruye no es la primera que puso a Fermín Duarte en el punto de mira. La Fiscalía de Medio Ambiente archivó una primera denuncia presentada por la Asociación Galega de Áridos en el 2009, que lo acusaba de vender residuos potencialmente peligrosos a compañías del sector de la construcción. El fiscal, Álvaro García Ortiz, se limitó a recomendar, en abril del 2010, que esos materiales no se usasen y que fuesen sometidos a análisis.

Tras la denuncia inicial, la Consellería de Medio Ambiente decretó la paralización cautelar del uso de los áridos en obras, pero Manmer recurrió la decisión. Estimaba que únicamente se basaba "en sospechas" y que podía derivar en "daños y perjuicios". Deducía, además, un intento de boicot hacia su actividad por parte de las asociaciones gallega y nacional de empresas del sector al cursar dicha denuncia y reiteraba que los materiales eran "inocuos".

Y es que, de modo paralelo a la queja de la confederación gallega, la Xunta ya había abierto un expediente a la compañía por apilar materiales en las proximidades de un cauce fluvial en el municipio coruñés de Mugardos. Varios años antes, el Gobierno gallego ya había involucrado a la compañía, junto a otras dos, en hechos semejantes.

Aunque optó por mantenerse al margen, en aquel arranque del 2010 el Puerto de Ferrol se limitó a matizar que la mercancía que Manmer desembarcaba en la dársena exterior cumplía con "los requisitos exigibles". En el verano de ese mismo año, Duarte responsabilizaba a la Administración autonómica del posible cierre de la firma de la que era titular.
 
Puerto
El presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao se ha pronunciado este lunes en torno a la actividad en la dársena ferrolana de Manmer. Ángel del Real ha recordado que la Fiscalía no dedujo delito en las acciones de la empresa tras la primera denuncia cursada en su contra por la Asociación Galega de Áridos, aunque sí reclamó la ejecución de análisis de los materiales empleados.

Del Real ha detallado que la empresa presentó en todo momento certificados europeos que acreditarían el carácter no contaminante de los materiales. El Puerto ferrolano remitió a la Fiscalía –"al enterarnos del problema", según su presidente- informes sobre todas las obras ejecutadas en zona portuaria con los áridos presuntamente contaminados que Manmer importaba desde Holanda.

El presidente del puerto ferrolano ha dicho estar "a la espera" de que la justicia avance en la investigación del caso y pueda llegar a requerir más información al organismo que dirige. Sobre los materiales actualmente acopiados en el puerto exterior de Caneliñas, se ha limitado a avanzar que "no pueden quedarse allí" y que será el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia el que tendrá que decir "a dónde hay que llevarlos". No en vano, Del Real asumió que el presunto contenido contaminante de los áridos obligaría a que su traslado tuviese como destino un gestor autorizado y concreto de este tipo de residuos.

Son unas 350.000 las toneladas que actualmente mantiene la empresa Manmer en la dársena ferrolana, aunque, tal y como ha concretado el presidente de la Autoridad Portuaria, no habría riesgo de contaminación, al permanecer "en una zona de decantación". "Eran áridos no contaminantes procedentes de Holanda, pero ahora parece que sí lo son", ha dicho Ángel del Real, que ha dejado claro que las obras ejecutadas con materiales de esta compañía han seguido los requerimientos legales, con el empleo de "plásticos y de una capa de riego asfáltico por encima".

Apelando a la presunción de inocencia, el presidente portuario no se ha pronunciado en profundidad sobre el caso, aunque sí ha declarado que "cuando algo está en el Juzgado, hay que esperar".




elmundo.es

"OPERACIÓN CAMPEÓN"; EL TSXG SE INHIBE POR "FALTA DE COMPETENCIA"

Fernado Blanco (izq.) y Pablo Cobián (dcha.), ex parlamentarios dimitidos. | EL MUNDO
Por la pérdida de la condición de aforados de Cobián y Blanco

* La causa de los dos ex parlamentarios regresará al Juzgado nº3 de Lugo
* El levantamiento del secreto de sumario está previsto para el 12 de noviembre

Europa Press | Santiago de Compostela

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha acordado inhibirse en la 'Operación Campeón' y devolver al Juzgado de Instrucción Número 3 de Lugo la causa relativa a los ex parlamentarios Fernando Blanco, del BNG, y Pablo Cobián, del PP.

Según han informado fuentes judiciales, la Sala de lo Civil y Penal "ha declarado falta de competencia" por la "pérdida de condición de aforados" de Fernando Blanco y Pablo Cobián, quienes renunciaron a sus actas en el parlamento tras conocerse su imputación en esta causa.

Las mismas fuentes judiciales han precisado que, en concreto, la decisión de inhibirse en la causa vinculada con Fernando Blanco fue adoptada el pasado 24 de octubre y notificada a las partes.

Por su parte, este lunes se ha adoptado la decisión relativa al auto del ex parlamentario Pablo Cobián, que será notificada a las partes en próximos días.

De este modo, la causa relativa a los dos ex parlamentarios regresará al Juzgado de Instrucción Número 3 de Lugo, que dirige Estela San José, quien coordina la 'Operación Campeón' sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales por la concesión de subvenciones.

En el marco de esta operación habían sido detenidas 15 personas, entre ellas el empresario lucense Jorge Dorribo y dos altos cargos del Igape, todos ellos en libertad, por su supuesta vinculación en una trama para defraudar subvenciones públicas.

La juez instructora ha ampliado el secreto de sumario de la 'Operación Campeón' hasta mediados de noviembre, cuando la magistrada decidirá si se levanta esta medida o la prorroga nuevamente en vista de la evolución de las investigaciones.


elmundo.es

"OPERACIÓN OSSIFAR"; "LE LLAMAMOS DE EMAYA, VOTE A UM"

* Una ex secretaria del partido en Cort entregó un listado de móviles públicos que el partido 'usó para captar votos en las elecciones'

Eduardo Colom | María J. García | Palma

La exhaustiva investigación a tres bandas puesta en marcha por la Fiscalía Anticorrupción, el Grupo de Delincuencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil va dejando al descubierto el complejo engranaje que, según las numerosas delaciones que han recabado los investigadores, UM había instalado en las tripas de Emaya para retroalimentar su estructura con cargo al erario público. No sólo montando una oficina fantasma de colocación en la mismísima sede de la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado de Palma. Sino llegando incluso a utilizar sus líneas telefónicas pagadas por el presupuesto municipal para hacer proselitismo y llamadas al voto a favor de la formación en épocas electorales.

Utilizando palabras del auto judicial que dio pie a la primera gran operación contra esta trama, dictado por el titular del Juzgado de Instrucción 8 Antoni Rotger, los dirigentes de UM en Palma se dedicaron así "a destinar ingentes cantidades de dinero público para desarrollar actividades que en nada revertían al interés público".

Entre esos testimonios con los que ha contado la Fiscalía Anticorrupción para actuar contra la red de desvío de fondos figura el de una ex secretaria del área de Medio Ambiente de Cort en la era UM que relató las prácticas que supuestamente le imponían para desviar fondos en favor de las siglas. Según este testimonio, al que ha tenido acceso este diario, "para las elecciones europeas se utilizaron teléfonos móviles de Emaya, del Ayuntamiento y teléfonos fijos desde los que se llamaba a los simpatizantes de UM para instarles a que fuesen a votar y a que llevasen gente·.

elmundo.es

"OPERACIÓN CAMPEÓN"; EL EMPRESARIO DORRIBO PAGÓ 200.000 EUROS AL PRIMO DE BLANCO AL LADO DEL COCHE DEL MINISTRO

La entrega del dinero en la gasolinera de servicio era la condición para poder subirse al coche oficial
clipping

Aduanas ha comprobado que el dinero se transfirió desde Andorra y se sacó en metálico
 
Dorribo anotó esos 200.000 en su libro como 'IEB': Incentivos Europeos Bran-Blanco
 
Ese 5 de febrero de 2011, en la gasolinera de Guitiriz (Lugo), pasaron muchas cosas. Y ninguna es buena para el ministro José Blanco, portavoz del Gobierno y pieza clave en la campaña electoral de Rubalcaba.

Revela este 31 de octubre de 2011 el diario 'El Mundo' que Manuel Bran, el primo del ministro José Blanco, se encontró en esa estación de servicio con el empresario Jorge Dorribo media hora antes de que llegase el portavoz del Gobierno en su coche oficial. Y, allí mismo, Dorribo le habría entregado 200.000 euros en metálico a Bran.

Esa cantidad, según declaró Dorribo a la juez, era la condición que le impusieron a cambio de que Blanco le permitiera subir en el coche oficial y pedirle favores.

Los agentes de Aduanas han comprobado que, efectivamente, Dorribo transfirió 200.000 euros desde una sociedad de Andorra -Salud Innovació 12- a una de sus empresas de Lugo, y que después sacó ese dinero del banco en metálico.

Según explica Casimiro García Abadillo en 'El Mundo', el empresario reflejo en libro donde llevaba la contabilidad B de sus empresas ese 'soborno' como IEB: Incentivos Europeos Bran-Blanco.

Los datos son apabullantes y dejan al ministro socialista, antigua azote de la 'Gürtell', al pie de los caballos.

Cabe la posibilidad, como alega desesperadamente el PSOE que lo que dice Dorribo sea falso, pero no se entiende por qué habría de mentir con una autoimputación en la que reconoce que ha cometido un grave delito de cohecho.

El Servicio de Vigilancia de Aduanas, al que la juez ha encomendado la investigación para evitar filtraciones ya que probablemente no se fía de la Policía Nacional, ha comprobado que la versión de Dorribo tiene una base sólida. Éste transfirió 200.000 euros desde una empresa de Andorra a otra suya en Lugo. Luego sacó el dinero en efectivo. Y posteriormente él reflejó esa operación en su contabilidad como un pago a «IEB». Según el código de Dorribo, esas siglas significan Incentivos Europeos Bran-Blanco, los apellidos del primo y del ministro.

Las fechas y las siglas encajan, aunque alguien podría argumentar que todo apuntaba también a la culpabilidad de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, dado que en las cuentas de la trama de Gürtel aparecían las anotaciones «Luis el Cabrón» y «L. B.», pero ello no fue suficiente para seguir con una acusación que fue archivada.

En este asunto, dado que el propio Blanco reconoce que su primo estuvo en la gasolinera, no hay más que dos hipótesis. La primera es que, aun suponiendo que Blanco dijera la verdad y no haya cobrado ni un solo euro, estaríamos ante un caso de tráfico de influencias y nepotismo.

El ministro sería culpable de haber hecho un favor a un familiar.

La segunda de las hipótesis es que Dorribo estuviera diciendo la verdad y la responsabilidad sería, por tanto, penal. No somos quien para determinar cual de las dos explicaciones se ajusta a lo sucedido. De momento, Blanco tiene a su favor la presunción de inocencia. Pero todo indica que la juez va a remitir el caso al Tribunal Supremo, que tendrá que decidir si hay indicios suficientes para abrir una investigación sobre la conducta del ministro.

Por el contrario, resulta casi seguro que el fiscal se va a oponer a enviar este asunto al Supremo.

Sería inaudito que con todos estos elementos de juicio el ministerio fiscal se manifestara en contra de que el Alto Tribunal decida si hay que investigar, máxime teniendo en cuenta que sí lo apoyó en el asunto de Bárcenas.

A nadie se le escapa la amistad personal entre el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y el propio Blanco, al igual que la sospechosa actuación del fiscal jefe de Lugo, que sustituyó al fiscal del caso.

A la espera de que se dilucide si el ministro tiene que responder ante la Justicia, lo que sí está ya muy claro son sus responsabilidades políticas.

Haberse citado en una gasolinera con un empresario es, como poco, muy imprudente. Y que el primo del ministro estuviera allí agrava el asunto, porque todo apesta a favor a un familiar.

Blanco se ha negado a dar explicaciones. Rehuyó comparecer en sede parlamentaria y ha rechazado en varias ocasiones responder ante los medios.

Pero si se aplica la lógica que el PSOE ha impuesto sin piedad a sus rivales del PP en casos mucho menos serios, el ministro tiene que dimitir o ser cesado por el presidente y, además, no debe ir en las listas socialistas a las próximas elecciones.

Los indicios que recaen sobre él son mucho más graves que los que había sobre Bárcenas, que dimitió como senador, sobre Fernández Bermejo, que dejó de ser ministro por no tener una licencia válida de caza, sobre Pla, que renunció a su cargo en el partido porque le habían pagado unas obras en su casa, sobre Camps, que dejo la Generalitat por unos trajes de los que no se sabe ni el color o sobre el ex alcalde de León, que se ha retirado de la política por un crédito.