sábado, 27 de octubre de 2012

CONDENADO POR COHECHO EL EDIL DE SAN FULGENCIO QUE COBRÓ UN SOBORNO


El concejal recibió 5.000 euros de falsos empresarios por impulsar una actuación urbanística
El caso llevó a la detención de la alcaldesa, cuatro ediles y un abogado, ahora exculpados


Rosa Biot Alicante

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Corrupción política


El exedil independiente de San Fulgencio, Manuel Barrera, que en 2008 fue el detonante de un caso de falso soborno que llevó a la detención de la alcaldesa del municipio, de cuatro ediles y de un abogado, ha sido condenado por cohecho por la sección cuarta de la Audiencia Provincial. Barrera se reconoció culpable y ha sido condenado a una pena de tres meses de multa con una cuota diaria de ocho euros (720 euros que puede pagar en seis plazos) y al decomiso de los 5.000 euros que recibió de unos falsos empresarios con la condición de que debía impulsar una actuación urbanística en el municipio.

Los hechos que han terminado con la condena de Barrera se remontan al 16 de septiembre de 2008. El entonces concejal de Hacienda y Comercio del Ayuntamiento de San Fulgencio se reunió en el restaurante La Sangonereta de Valencia con dos supuestos empresarios, según recoge la sentencia. En este encuentro recibió 5.000 euros "como parte mensual de una cantidad total de entre 200.000 y 240.000 euros", a cambio de "impulsar y apoyar los hipotéticos intereses empresariales del grupo que aquellos representaban en una futura actuación urbanística a desarrollar por el consistorio", agrega el fallo. La zona de dicha actuación es conocida como Las Canteras. El supuesto soborno fue grabado en DVD y la sentencia detalla que los empresarios no eran tales "y realmente no pretendían corromper al edil, sino simplemente grabarle cogiendo el dinero". La sentencia también recuerda que el acusado, ahora condenado, actuó con la intención de hacer suyos los 5.000 euros mencionados y que los retuvo hasta el 20 de octubre de ese año, cuando los devolvió a través de su pareja sentimental y cuando ya se había iniciado el procedimiento judicial para investigar estos hechos.

Tras hacerse público el DVD sobre el supuesto soborno, el juez, a instancia de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, arrestó al edil Barrera, que llegó a pasar dos días en la cárcel. Barrera siempre sostuvo que la grabación era un montaje para desacreditarle. La investigación derivó días después en el arresto de la alcaldesa, la socialista Trinidad Martínez, de cuatro ediles de su equipo de gobierno y el abogado del Consistorio, el letrado José Antonio Ramos Calabria. El magistrado los dejó en libertad con cargos y abrió un sumario por los supuestos delito de cohecho, prevaricación, encubrimiento y revelación de secretos. En la causa terminaron imputados 12 personas. Pero en febrero del año pasado, el entonces titular del juzgado número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, archivó la causa para todos los imputados excepto para Barrera.

HERNÁNDEZ MATEO CULPA DEL CONTRATO DE LA BASURA A UN TÉCNICO FALLECIDO


Pedro Ángel Hernández Mateo, exalcalde de Torrevieja, en el banquillo. / jordi vicent

El exalcalde de Torrevieja, juzgado por los delitos de prevaricación y falsedad

Federico Simón Valencia


El exalcalde de Torrevieja Pedro Hernández Mateo descargó este viernes toda la responsabilidad del multimillonario contrato de las basuras licitado por el Ayuntamiento en 2004 sobre las espaldas de un técnico municipal ya fallecido. Acusado de los delitos de falsedad documental y prevaricación, el también diputado del PP afrontó en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, dada su condición de aforado, la primera jornada de un juicio en el que se juega entre tres y cinco años de prisión, según las respectivas peticiones de la fiscalía y de la acusación popular, ejercida por Los Verdes, que fueron los que denunciaron el caso en 2007.

Si existiera el Manual del perfecto político imputado, en el punto uno diría que siempre se debe afirmar que un cargo electo firma todo lo que los técnicos le ponen delante, y en el dos pondría que por ello toda la responsabilidad es de los funcionarios subalternos. Y a ese ficticio manual se agarró Hernández Mateo, que fue alcalde durante 23 años. El exregidor echó este viernes la culpa a los técnicos de la contratación por el procedimiento negociado por 12.000 euros de un bufete de abogados, Ariño y Asociados, que avaló de forma irregular (no se invitó a tres despachos distintos a hacer el trabajo) la adjudicación de la contrata de las basuras. Un contrato que supone el desembolso de 97,8 millones de euros a lo largo de 10 años. El bufete era, además, el mismo que asesoraba en materia jurídica a la firma adjudicataria de las basuras, Necso-La Generala.

“Firmo todo lo que los funcionarios me pasan”,asegura el diputado del PP

“Firmo todo lo que los funcionarios me pasan, me fío de ellos”, declaró ante los magistrados Hernández Mateo. “Si me traen un decreto, lo firmo”, aseguró en otro momento del interrogatorio, para luego añadir: “Me limito a firmar, no compruebo nada, no es mi trabajo”. Incluso cuando se le preguntó por el decreto mediante el que se contrató al bufete llegó a asegurar: “No di esa orden pero sí la firmé”. El exregidor trufó todo su discurso con frases de ese tipo e intentó eludir toda responsabilidad que se pueda atribuir a documentos por él rubricados.

El concurso de la basura se adjudicó después de varias reuniones de la mesa de contratación celebradas en 2004. Y según el escrito de la fiscalía, varios técnicos se opusieron a la adjudicación de la contrata a la empresa seleccionada por el aparejador municipal Emilio Gómez Jover, jefe del área de Servicios e Infraestructuras Básicas. La secretaria de la mesa de contratación y otros dos técnicos consideraban que el concurso debía quedar desierto. Sin embargo, el entonces alcalde propuso en la reunión celebrada el 8 de abril de aquel año que se contratara a un gabinete de abogados para dilucidar a quién se asignaba el millonario concurso. Un decreto firmado por Hernández Mateo aseguró que se asignó dicho informe a Ariño y Asociados tras consulta previa a tres despachos. Sin embargo, los otros dos mencionados en el documento municipal aseguraron después que nunca se les invitó a hacer el estudio.

“Le dije a Emilio Gómez que buscara tres despachos para la consulta”, declaró el diputado. Y añadió: “Él lo preparó y lo supervisó todo”.

Dado que Gómez Jover ya falleció en 2010 y no se puede celebrar un careo, el fiscal solicitó la lectura de la declaración del técnico en 2009 en Torrevieja. Gómez Jover aseguró entonces que no participó en la solicitud del informe del bufete de abogados.

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