sábado, 7 de marzo de 2009

MARTINSA SE LUCRÓ CON EL SUELO QUE ADJUDICÓ ARGANDA




Tras la mediación de Correa, vendió una parte por 73 millones

La inmobiliaria Martinsa vendió con grandes plusvalías parte de los terrenos adjudicados en Arganda.

SUSANA R. ARENES - MADRID

El juez Baltasar Garzón tiene indicios de que la inmobiliaria Martinsa, que ha protagonizado la mayor suspensión de pagos de la economía española, "habría satisfecho comisiones a Francisco Correa" para "conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos" del hasta ayer alcalde de Arganda del Rey, Ginés López. En 2004, el Ayuntamiento de este municipio madrileño adjudicó a Martinsa terrenos para desarrollar 2.400 viviendas y dos años después la promotora vendió un tercio de estos suelos por 73 millones de euros, con lo que ingresó casi el triple de lo que había pagado por ese tercio (25 millones).

Son datos que constan en el informe sobre la empresa elaborado por los supervisores judiciales de Martinsa y en otros informes públicos del grupo.

La adjudicación la realizó la empresa del Ayuntamiento Fomento y Desarrollo Municipal de Arganda, que dirigía el ahora implicado en la trama de corrupción Benjamín Martín Vasco, quien, según indica el juez Garzón en su auto, recibía "comisiones por favorecer los intereses de Correa".

Martinsa fue la adjudicataria única del concurso que el Consistorio de Arganda convocó para comprar los terrenos de la zona de expansión del municipio, denominada "área de centralidad de Arganda" o "unidad de ejecución 124", con un precio cerrado de 77 millones. La inmobiliaria acordó con el Ayuntamiento de Ginés López un pago de unos 66 millones en metálico y otros 11 millones en obras de equipamiento para la zona, según fuentes del Ayuntamiento conocedoras del convenio.

Plusvalías y la partida Varios

Así, Martinsa se hizo con más de 10 hectáreas en las que iba a promover 1.000 pisos y que luego pasaron a 2.400 porque aumentó la edificabilidad permitida por el ayuntamiento.

Dos años después de adjudicarse los terrenos, la promotora de Fernando Martín, ex presidente del Real Madrid, decidió deshacerse de una tercera parte del total y logró que Espais Promocions Inmobiliaries y la cooperativa Pradera de San Isidro le pagaran por dos lotes casi el triple de lo que le costaron. De los 73 millones que ingresó, la inmobiliaria admite que 48 millones fueron plusvalías (ganancias extra), lo que supone una rápida revalorización del suelo en dos años. Una pequeña parte de esa subida la logró la propia promotora al aumentar un 7% el valor de los terrenos en 2005 por gastos que imputó a esos suelos. Entre ellos, hay 203.000 euros en pagos que no especifica y que anota en la partida de "Varios", además de unos "Gastos de gestión" de 35.000 euros.

De los 77 millones, Martinsa aún debe 8,6 millones al Ayuntamiento de Arganda por los convenios urbanísticos. El proyecto, que debía estar acabado en 2008, aún está en construcción. Un portavoz de Martinsa afirmó ayer que el grupo "ha cumplidoestrictamente la legalidad".

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Arganda, Victoria Moreno, denunció ayer la "total falta de transparencia" del alcalde en la gestión de suelo. De hecho, este partido denunció en 2007 la "ausencia total de información" sobre los terrenos de Martinsa ante el fiscal el Tribunal Superior de Justicia de Madrid pero se desestimó.

PÚBLICO.ES

LA JUSTICIA INVESTIGA EL URBANISMO DE 18 DE LOS 29 ALCALDES DE LA AXARQUÍA

La mayoría de los casos es por dar licencia de construcción en suelo rústico

DIEGO NARVÁEZ - Málaga

El descontrol urbanístico de La Axarquía sobrecarga el trabajo de los juzgados de la provincia de Málaga. La desmesurada construcción de viviendas en suelos rústicos no urbanizables en la comarca y las numerosas denuncias al respecto formuladas en los últimos años han deparado la apertura ya de un buen cúmulo de procedimientos judiciales.

* El ex alcalde encarcelado trató de cambiar las normas urbanísticas con informes anómalos

El único alcalde condenado por prevaricación urbanística es del PP

Las investigaciones abiertas por la Fiscalía o por los distintos juzgados de la provincia de Málaga afectan al menos a 18 de los 29 municipios de la comarca en no menos de 70 diligencias por presuntos delitos contra la ordenación del territorio.

El grueso de los casos de momento está pendiente del pronunciamiento de la Fiscalía sobre si procede o no la apertura de una causa judicial.

El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, informó anteayer de que los inspectores de Urbanismo autonómicos han emitido en los últimos dos años 62 informes a requerimiento de jueces y fiscales.

Además, por propia iniciativa, la Dirección General de Inspección Urbanística ha formulado siete denuncias en Fiscalía.

Los municipios que han sido objeto de alguna pesquisa judicial por irregularidades urbanísticas son Alcaucín, Alfarnate, Arenas, Benamargosa, Benamocarra, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Algarrobo, Cómpeta, Macharaviaya, Periana, Riogordo, Salares, Sayalonga, Sedella, Torrox, Vélez Málaga y Viñuela. La mayoría de estos municipios están gobernados por el PSOE (12), que es hegemómico en la comarca; tres por el PA, dos por el PP y uno por IU; aunque ése es el mapa actual, en algunos de ellos ha habido alternativas a lo largo de los años.

Pese a que la construcción de viviendas en suelo no urbanizablees un fenómeno común en la comarca, las irregularidades con alcance judicial no se reparten en todos por igual. Alcaucín, Viñuela y Cómpeta son los municipios que más han requerido la atención de la Fiscalía y que tienen procedimientos judiciales más avanzados.

La Junta estimó hace cinco años que en la comarca existen unas 10.000 viviendas en suelo rústico, cifra que el Gabinete de estudios de la Naturaleza de La Axarquía (Gena) eleva a 21.000 en el conjunto de los 29 municipios de ámbito del Plan de Ordenación del Territorio (POT) más Rincón de la Victoria y Totalán.

Según este censo, tras Vélez Málaga y Torrox, ciudades con un término municipal mucho más grande que ocupan también costa, Alcaucín y Cómpeta son los dos municipios con más casas en situación irregular (1.420 y 1.392, respectivamente).

De momento la única condena por prevaricación urbanística en La Axarquía es para un alcalde del PP, Leovigildo López, que ha sido regidor de los dos municipios gobernados por esta formación que figuran en la lista de los investigados: Canillas de Albaida y Cómpeta. Cuando ya había abandonado la política, en marzo de 2008, fue condenado a siete años de inhabilitación por haber dado una licencia en 2001 en suelo no urbanizable en Cómpeta.

Éste es el municipio sobre el que más informes han requerido los órganos judiciales a los inspectores de Urbanismo, 14 de los 62 realizados en la comarca, según los datos facilitados el jueves por Juan espadas.

Con más de medio centenar de impugnaciones de licencias, el nuevo alcalde de Cómpeta, José Luis Torres, que hasta 2007 fue su párroco, ha sido uno de los primeros ediles de la comarca que solicitó a la Junta acogerse al plan de inspección para poner en orden su urbanismo.

El alcalde de Viñuela, Juan Millán (PSOE), será juzgado en breve por dar tres licencias en suelo no urbanizable por las que el ministerio público le solicita un año y medio de prisión.

Millán se enfrentó a la Junta en octubre de 2007 al dar por aprobado por silencio administrativo un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que contemplaba un crecimiento muy superior al permitido por la normativa autonómica.

El alcalde ignoró que el trámite había sido suspendido por una resolución de la Junta, que impugnó la aprobación del plan en lo contencioso.

Pero el alcalde de Viñuela tiene ahora en su haber haber sido el primer munícipe de La Axarquía en ordenar el derribo de una construcción ilegal. También colabora con la Junta en el plan de revisión.

Mención aparte es el caso de Alcaucín, cuyo alcalde José Manuel Martín Alba, ha traspasado con su actuación el ámbito del ordenamiento urbanístico y ha protagonizado el primer caso de corrupción.

Martín Alba, que dimitió la noche del martes poco antes de ingresar en prisión, está acusado de haber cobrado comisiones a cambio de recalificaciones y licencias de obras en el municipio. Antes de destaparse este caso por el que han sido detenidas otras 12 personas en la operación Arcos, los juzgados ya instruían alguna causa por prevaricación urbanística contra Martín Alba. Los inspectores de Urbanismo han redactado seis informes sobre el municipio a requerimiento judicial.

ELPAIS.COM

EL PP FUERZA LA DIMISIÓN DEL EDIL DE ESTEPONA,RICARDO GALEOTE, IMPUTADO POR GARZÓN

El juez acusa a Ricardo Galeote de recibir 42.000 euros en comisiones

J. V. / F. J. P. - Málaga

La ola de dimisiones en el Partido Popular a raíz de la trama corrupta investigada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se dejó sentir en Estepona (Málaga, 60.000 habitantes), una ciudad que todavía sufre los efectos de su red autóctona de corrupción.

Galeote figura en las cuentas de Francisco Correa, principal imputado

El concejal del PP Ricardo Galeote anunció su intención de renunciar a su puesto como concejal de la oposición y secretario local del partido tras conocer que está acusado de cobrar 42.469 euros en comisiones. El dinero aparecía reflejado en la contabilidad intervenida a Francisco Correa, máximo imputado en el caso Gürtel, que investiga una presunta trama de financiación irregular del partido y el cobro de comisiones en todo el país.

El presidente esteponero de los populares, Ignacio Mena, aseguró ayer que Galeote dimitirá en los próximos días para "no dañar al PP" y "poder defenderse mejor". Según el partido, solicitará su suspensión cautelar de militancia a la dirección hasta que se resuelva su situación.

Galeote, hermano del eurodiputado del PP Gerardo Galeote, no está solo en la causa. Su padre, del ex concejal de Boadilla del Monte (Madrid), José Galeote, también está implicado por el supuesto cobro de 612.506 euros.

El edil esteponero tendrá que declarar en la Audiencia Nacional el próximo 18 de marzo y puede recurrir la resolución del juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid en cinco días.

La imputación sorprendió a Galeote en Madrid, que se quejó de haber tenido que "enterarse por los medios de comunicación" y remitió para cualquier valoración a su abogado Javier Gómez de Liaño.

Según el juez Baltasar Garzón, el edil habría cobrado de la trama 42.469 euros entre 2001 y 2003, tiempo en el que gobernaba Estepona un cuatripartito formado por PSOE-PA-PP-IU. En aquella época, Galeote trabajaba como gerente de la empresa municipal Turismo y Actividades Recreativas y contrató servicios por casi 123.000 euros con sociedades de Francisco Correa.

De los 42.469 euros, habría cobrado 4.507 euros por comisiones derivadas de facturas por conceptos tales como moqueta o carpa en 2001. En la caja B de la organización también aparece un apunte por 6.000 euros fechado en 2003. En la contabilidad intervenida en el piso franco de la red también constan pagos hechos a su padre, José Galeote, que fue concejal de Boadilla del Monte durante 12 años.

El secretario de Organización del PSOE malagueño, Francisco Conejo, pidió al PP que abandone el discurso de "persecución política" y que rechace "todos los casos de corrupción", incluidos el caso Gürtel y la supuesta trama de corrupción urbanística en Alhaurín el Grande. El alcalde de esta última localidad, Juan Martín Serón (PP) y su concejal de urbanismo Gregorio Guerra, fueron detenidos en este caso, pero el PP no ha reclamado dimisión alguna.

ELPAÍS.COM

CAMPS ES ÍNTIMO AMIGO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL QUE LO JUZGARÁ




LA CORRUPCIÓN ACECHA AL PP

El jefe del Ejecutivo alardea de su relación con el presidente del Tribunal Superior de Valencia, Juan Luis de la Rúa.







Francisco Camps y José Luis de la Rúa, en un acto oficial de la Generalitat - EFE

BELÉN TOLEDO - VALENCIA

El auto del juez Baltasar Garzón que implica a Francisco Camps en una presunta trama de corrupción está viajando ya hacia Valencia. En unos días, los documentos que conforman la causa serán recibidos por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Dado que el presidente de la Generalitat es aforado, es este órgano el encargado de valorar los indicios que existen contra él, de decidir si se le imputa y de juzgarlo si hay evidencias suficientes.

La sala que se ocupará del caso se compone de cinco magistrados. Cuatro de ellos se turnan para instruir y juzgar los casos que van llegando al TSJ. Sólo uno de ellos, por razón de su cargo, tiene asegurada una plaza en todos los juicios y, por lo tanto, también en el que decidiría la suerte de Camps. Es el presidente del Tribunal Superior y su nombre es Juan Luis de la Rúa. Un magistrado al que todos en el mundo de la judicatura valenciana reconocen un gran prestigio profesional. Y un hombre del que toda la clase política y jurídica de la comunidad conoce, al menos, una amistad: la que le une al presidente Camps.

Las pruebas de la amistad

Hay varias muestras de esa amistad. La más importante es la propia declaración del presidente valenciano el pasado mes de septiembre, en el acto de toma de posesión de la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León: "Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta a la de amistad que resuma y defina la íntima y sentida colaboración entre De la Rúa y el president de la Generalitat". La respuesta del aludido no fue menos efusiva: "Me siento feliz de esa relación", afirmó.

Muestra de esa amistad es la presencia de De la Rúa en un acto electoral del PP. Fue en la precampaña de las autonómicas de 2007. El presidente del TSJ fue el invitado estrella de la presentación del programa del partido en materia de justicia. De la Rúa acudió al acto a pesar de que ostentaba la presidencia de la Junta Electoral. Desde el PP valenciano, justifican su asistencia: "En actos importantes siempre invitamos a representantes de la sociedad civil. Por poner un ejemplo, en el Congreso regional de octubre invitamos a representantes sindicales".

La excelente relación entre ambos presidentes ha sido glosada en la prensa regional. En los cinco años que Camps lleva al frente de la Generalitat -De la Rúa está desde hace diez a la cabeza del TSJ-, el protocolo institucional los ha llevado a coincidir en multitud de actos públicos. En uno de ellos, la colocación de la primera piedra del Palacio de la Justicia de Paterna celebrada en septiembre, el jefe del Ejecutivo autonómico agradeció la "compañía leal" de De la Rúa durante todo su mandato. La reunión estuvo plagada de elogios mutuos, según publicó el diario Las Provincias.

También De Rosa

Al acto también acudió Fernando de Rosa, protagonista de otro coqueteo del presidente valenciano con el Poder Judicial. De Rosa, vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces, fue hasta hace cinco meses conseller de Justicia a las órdenes de Camps. El 20 de febrero atacó duramente al juez Garzón, acusándolo de rozar la prevaricación en la instrucción del caso Gürtel. Ese mismo día, había mantenido una reunión con su antiguo jefe que en reiteradas ocasiones se ha negado a comentar.

La sintonía entre el posible imputado y el posible juzgador podría ser un motivo para que el propio De la Rúa se apartara del caso. La "amistad íntima o enemistad manifiesta" será "causa de abstención y, en su caso, de recusación", según la Ley Orgánica del Poder Judicial. El propio Partido Popular ha insistido en las últimas semanas en la necesidad de que los jueces guarden apariencia de imparcialidad. Incluso han pedido la recusación del juez Baltasar Garzón por coincidir en una cacería con el ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que se vio obligado a dimitir.

En el TSJ argumentaron ayer que De la Rúa mantiene una relación "institucional" y no personal con Camps "al igual que con el resto de instituciones de la Comunitat Valenciana". La oposición pidió el jueves en Las Cortes Valencianas que Camps explicara su relación con el presidente del TSJ. Él evitó hacerlo.

Crónica

Zaplanistas y campistas marcan distancias

Las implicaciones del caso Gürtel en Valencia han reavivado la guerra entre los partidarios de Eduardo Zaplana y los de su sucesor, Francisco Camps. Ante las informaciones que atribuían el inicio de las supuestas irregularidades en el período en el que Zaplana dirigía los destinos del PP de Valencia, su entorno ha comenzado a marcar distancias. Así, desde ese círculo se aclararó ayer que la relación entre la presunta trama de corrupción y el PP valenciano comenzó después de que Camps asumiera el control de las finanzas del partido. En concreto, recuerdan que el actual presidente valenciano fue nombrado secretario general en julio de 2002, un cargo entre cuyas competencias están las responsabilidades económicas, cuentas bancarias del partido y custodia de los pagos y recibos.

El primer congreso regional del PP en el que Garzón detectó irregularidades se celebró en septiembre de 2002. Zaplana era todavía en aquel momento presidente del PP regional. Pero desde el entorno del ex presidente recuerdan que “Camps, reunido con Olivas, asume directiva y personalmente la preparación del congreso regional”.

Las mismas fuentes recuerdan que no fue hasta julio de 2003 cuando se constituyó Orange Market. Y recalcan que ninguna de las sociedades y empresas que aparecen en el auto de Garzón trabajó para el PP ni la Generalitat antes de septiembre de 2002. Zaplana dirigió el PP hasta 2002.

Camps asumió el cargo en 2003. Desde entonces, el actual presidente se ha esforzado por modelar el partido a su medida y por sustituir a los leales a Zaplana por personas afines a él. Camps ha conseguido su objetivo en la mayor parte del País Valenciano. Sólo el PP de Alicante continúa gobernado por los zaplanistas.

Noticias relacionadas:
Baltasar Garzón: La trama de corrupción de correa se gestó en la sede del PP en Madrid
¿Quien es quien?
Garzón se inhibe a favor del TSJV al hallar indicios contra Camps
Dimiten los alcaldes de Arganda y Pozuelo por su implicación en el caso Gürtel
Camps "indignado con las cosas que se dicen"

PÚBLICO.ES


EL DOBLE RASERO DEL PP CON SUS "OVEJAS NEGRAS"

La trama corrupta vinculada a administraciones del PP

La dirección popular aplica de forma arbitraria su código ético

N. J. - Madrid

Todos los partidos políticos tienen un código ético en el que establecen, entre otras cosas, los motivos para expulsar a un miembro de sus filas. Por ejemplo, que un juez le impute un delito. El PP también tiene el suyo, aunque a la vista de los últimos casos de corrupción en los que se ha visto envuelto, y de cómo ha respondido, ese código no es dogma de fe.

El artículo ocho del código ético del PP establece que sus miembros deberán "poner a su disposición el puesto público que desempeñaran, si de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito". El artículo nueve dice que el partido asumirá "el compromiso de abrir en cualquiera de estos casos una investigación interna" y el diez, que constituirá "motivo de expulsión inmediata" la utilización "del propio nombre, posición o relación dentro del partido o en un cargo público, para obtener lucro, trato o favor personal o beneficio para sí o terceros".

La jurisprudencia de los populares en la aplicación de ese código, sin embargo, mantiene que Carlos Fabra, investigado por delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas y un presunto fraude fiscal, debe seguir, como sigue, en su doble cargo de presidente de la Diputación de Castellón y del PP en la provincia, al igual que el vicepresidente canario y presidente del partido en la comunidad, José Manuel Soria, imputado por un delito de prevaricación. En ningún caso el PP abrió una investigación interna.

Mientras, la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, anunció ayer la suspensión de militancia de todos los cargos del PP implicados en la Operación Gürtel por el juez Baltasar Garzón. Todos, excepto el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el secretario del partido en Valencia, Ricardo Costa, y los tres diputados autonómicos de Esperanza Aguirre señalados en la trama: Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco. El PP, no obstante, mantiene la querella por prevaricación que ha presentado contra Garzón.

En el Ayuntamiento malagueño de Alhaurín el Grande, sin embargo, la imputación del alcalde, Juan Martín Serón, y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, por cohecho, prevaricación y blanqueo tampoco ha sido motivo de expulsión o investigación interna, sino todo lo contrario: el PP mantiene que son víctimas de una persecución del Gobierno, la fiscalía y la policía. Otros, como el ex teniente de alcalde de Palma de Mallorca Rodrigo de Santos, fueron obligados a renunciar a su cargo después de que el juez le imputara un delito de malversación de fondos.

En Galicia, Alberto Núñez Feijóo no quiso esperar a la justicia y retiró fulminantemente a su cabeza de lista por Ourense, Luis Carrera, cuando supo que podía haber cobrado 240.000 euros en comisiones de una cuenta del paraíso fiscal de las Islas Caimán.

Isabel Pedrote y Juan Manuel Pardellas.
ELPAÍS.COM

EL CASO GÜRTEL,UNPUNTO DE INFLEXIÓN EN LA ESTRATEGIA DEL PP



El escándalo se ha cobrado dimisiones y suspensiones de militancia







Imagen del Comité Ejecutivo del 11 de febrero. - M. Patxot




Para los críticos del PP, Rajoy tiene un principal problema: la falta de reflejos. "Mucha de la inquietud que Rajoy despertaba en el partido era que no reaccionaba", reconoce un diputado.

La desesperación máxima llegó hace más de un mes, cuando estalló la presunta trama de espionaje en la Comunidad de Madrid. "El partido no dio muy buena imagen cuando abrió una investigación interna, y, después, la cerró para cedérsela a la Asamblea de Madrid", se lamentan desde la capital.

Pocos dudan en el partido de que el punto de inflexión ha sido el estallido del caso Gürtel, que ya se ha cobrado varias dimisiones y la suspensión cautelar de militancia de todos los implicados, salvo de los aforados.

Esta actitud, cortando cabezas, como se le reclamaba desde diferentes sectores, ha venido acompañada de una ofensiva en contra del juez Garzón y del ya ex ministro Mariano Fernández Bermejo. "Si no hubiese reaccionado ante la cacería, a los críticos se les habrían llevado los demonios", sostiene un marianista. Este punto de inflexión tiene una fecha clave: el 11 de febrero, cuando Mariano Rajoy compareció arropado por los pesos pesados de su partido tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional. Cierre total de filas.

Hay en PP quien piensa que estos escándalos han servido de "estímulo" para que los votantes se hayan convencido de que son un partido "honrado". Lo mantuvo ayer Esperanza Aguirre.

PÚBLICO.ES

EL PARLAMENTO LUSO INTERROGARÁ A AGAG POR NEGOCIOS OSCUROS CON EL BPN

Los escándalos que salpican al PP

FRANCESC RELEA - Lisboa

Alejandro Agag, yerno del ex presidente José María Aznar, está en la lista de sospechosos de la comisión parlamentaria que investiga en Portugal el escándalo del Banco Portugués de Negócios (BPN), intervenido con carácter de urgencia por el Gobierno luso en noviembre para evitar la quiebra. Agag, que trabajó como asesor de la dirección del banco a partir de 2002, recibirá la semana próxima una batería de preguntas sobre su supuesta participación en negocios oscuros vinculados o no con el BPN.

Alejandro Agag Longo
A FONDO

Nacimiento:
18-09-1970

Lugar:
( Madrid)

El BPN fue nacionalizado con una deuda que superaba los 700 millones de euros. José Oliveira e Costa, presidente del grupo Sociedad Lusa de Negocios/BPN entre 1998 y 2008, está en la cárcel desde noviembre y es sospechoso de fraude, lavado de dinero, evasión fiscal y falsificación de documentos. Entre las 15 preguntas dirigidas por los diputados portugueses a Agag destaca la que le vincula con el inversor y traficante de armas libanés Abdul El-Assir. "¿Participó en un negocio, en el año 1994, en el que el señor El-Assir participó como intermediario para la venta de armas al reino de Marruecos? ¿Es verdad o no, que usted y el señor El-Assir intervinieron en la preparación de un negocio (que no se concretó) de venta de armas de la empresa española Santa Bárbara a países árabes?", preguntan sus señorías a Agag.

¿Ayudó en un préstamo?


"¿Fue durante el periodo que usted trabajó en el grupo BPN/SLN cuando El-Assir obtuvo un crédito de algunas decenas de millones de euros del BPN para la compra de inmuebles en Madrid? ¿Sabe si el señor El-Assir es de hecho propietario de tres inmuebles en Madrid comprados en 2002, o después de este año?", interpelan los miembros de la comisión.

En otro punto, Agag es requerido sobre su eventual participación en la operación de la inmobiliaria Metrovacesa, y el papel del BPN en dicho caso. Hay también varias preguntas sobre la relación del yerno de Aznar y Manuel Dias Loureiro, administrador ejecutivo de la SLN entre enero y marzo de 2002, y que estuvo en la cúpula de la sociedad hasta 2005.

Hombre fuerte del Partido Social Demócrata (PSD), equivalente al PP, Dias Loureiro fue ministro de Asuntos Parlamentarios y del Interior con Aníbal Cavaco Silva. Agag fue contratado por el político-banquero como asesor de la dirección del banco, un cargo que no existía previamente. Mientras prestó sus servicios al BPN, no vivió en Lisboa, sino que trabajaba desde un despacho en Madrid.

ELPAÍS.COM

EL JUEZ DENIEGA LA PERSONACIÓN EN EL CASO AL AYUNTAMIENTO DE BAENA


'CASO BAENA' | El consistorio pedía ser acusación particular


El alcalde de Baena, Luis Moreno. | Madero Cubero

Sevilla


El Ayuntamiento de Baena ha intentado dar un golpe de efecto en el caso de las facturas falsas que le servían presuntamente a personal de confianza del alcalde, el senador socialista Luis Moreno, para financiar juergas en el club de alterne de Marbella Milady Palace.

El pasado lunes, en medio del escándalo social y político desatado por las revelaciones de este periódico, el Consistorio pidió al Juzgado de Instrucción Único de Baena que le permitiera personarse como acusación particular tanto contra los dos funcionarios imputados por malversación, Rafael Santano y Juan Díaz Pérez, como contra el resto de acusados.

La fiscal del caso y el juez instructor han desestimado la solicitud del Ayuntamiento, recordándole que fue el propio Consistorio el que remitió informes del interventor y el tesorero municipales y una auditoría externa «según los cuales» –y pese a todas las pruebas y evidencias recabadas por la Policía Judicial– no habría irregularidad alguna en las facturas emitidas por la empresa del denunciante de la trama de corrupción baenense, de modo que no puede alegar perjuicio «según documental unida a la causa» puesto que sería contradictorio con sus propios actos.

Ésta es la primera vez en la que el Ayuntamiento de Baena pretende ejercer la acusación particular desde que se iniciara la instrucción del caso, porque en 2008 lo que hizo el Ayuntamiento fue intentar presentarse como parte perjudicada, sin que se le permitiera tampoco por las mismas razones ahora aducidas.

Curiosamente, la nueva petición del Ayuntamiento baenense se produjo justo una semana después de que el acalde afirmara en rueda de prensa que él tenía que poner «la mano en el fuego» por los dos trabajadores municipales bajo sospecha porque, mientras no haya condena judicial contra cualquiera de ellos, «tengo que respetar su presunción de inocencia».

El argumento fue reutilizado en el pleno municipal celebrado el jueves de la semana pasada, en este caso para justificar la decisión de que los expedientes informativos abiertos contra Santano y Díaz hayan sido congelados a expensas del desarrollo judicial del caso. Sólo cuatro días después, el Ayuntamiento reclamaba formalmente la acusación particular contra los dos trabajadores a los que, en principio, ha descartado sancionar administrativamente por los hechos investigados.

En la misma sesión plenaria celebrada hace ocho días, el alcalde y senador del PSOE sí anunció su idea de emprender diversas acciones judiciales por vía penal contra los que él considera que son urdidores de la «trama» de IU y contra sus colaboradores necesarios –en alusión a los guardias civiles que pincharon los teléfonos móviles de los dos trabajadores municipales por orden del juez–. Sin embargo, no dio ninguna pista sobre su intención de volver a pedir al juzgado la personación del Ayuntamiento en el proceso.

El auto judicial conocido ayer no dice en ningún momento que las presuntas facturas falsas investigadas sean «reales». Es la fiscal del caso la que señala que hay informes del Ayuntamiento y de una auditoría externa «según los cuales» se ha comprobado la «realidad» de las obras y suministros, pero en ningún caso puede colegirse de este hecho que el Ministerio Público presuma o asuma la veracidad del contenido de dichos informes, sino que se limita a esgrimirlos para denegar la posibilidad de que el Ayuntamiento pueda actuar en el proceso como acusación particular, criterio en el que coincide plenamente con la autoridad judicial.

Como ya se ha apuntado en este periódico, al menos hay una falsificación poco menos que incontrovertible: la de la factura depositada por el empresario denunciante ante la autoridad judicial. En ese momento, ya se habían autorizado los pinchazos de la Guardia Civil, de modo que se puede hacer un seguimiento exhaustivo de su negociación, de las presiones directas ejercidas para su pago por Rafael Santano –que ejercía funciones de secretario del alcalde– y, finalmente, de su cobro y entrega judicial, con copia de los extractos bancarios que así lo acreditan. En concreto, el 27 de agosto de 2007 se ingresaron en la cuenta del Jusgado de Baena los 2.265,48 euros con el número de orden 6.424.069.

Es cierto, como subrayan los abogados de la defensa como el Ayuntamiento, que el empresario se desdijo finalmente de su confesión, pero no se puede obviar que lo hizo después de meses de colaboración con la Justicia y tras haberse ratificado inicialmente tanto ante el juez como el fiscal de la acusación que hizo ante la Guardia Civil el 20 de julio de 2007. Cambió su versión una vez perdida la condición de testigo protegido –la cual reclamó alegando, literalmente, que temía «por su vida y bienes»– y tras haber sido imputado por cohecho. En definitiva, sólo si se archiva el caso tendría garantizado no acabar siendo sancionado él también por estos hechos presuntamente delictivos.

ELMUNDO.ES

Noticias relacionadas:
Un imputado se ofreció para "legalizar" obras
Me ha agotado más la trama que combatir a terroristas

RAJOY PROTEGE A CAMPS Y SUELTA LASTRE CON LOS DEMÁS IMPLICADOS EN LA TRAMA



La trama corrupta vinculada a administraciones del PP
Todos, menos el líder valenciano y su mano derecha, piden la suspensión de militancia
CARLOS E. CUÉ - Madrid


El PP dejó ayer muy claro que está dispuesto a soltar todo el lastre necesario con tal de proteger al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, uno de los barones más poderosos del partido y el gran apoyo, junto a Javier Arenas y Alberto Núñez Feijóo, con el que contó Mariano Rajoy para ganar el congreso de Valencia hace menos de un año. En una decisión sin precedentes, el partido forzó la suspensión temporal de militancia -presentada como voluntaria- de todos los imputados en la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón, y los dos que eran alcaldes dimitieron fulminantemente.

* Un juez muy amigo

Mariano Rajoy Brey
A FONDO

Nacimiento:
27-03-1955

Lugar:
Santiago de Compostela

Francisco Camps Ortiz
A FONDO

Nacimiento:
28-08-1962

Lugar:
Valencia

PP
(Partido Popular)
A FONDO

Sede:
Madrid (España)

La llegada de la red corrupta a Valencia coincide con el ascenso de Camps

Entre los ediles dimitidos está el de Pozuelo (Madrid), Jesús Sepúlveda, un personaje clave en el PP por su amistad personal con José María Aznar. Sepúlveda, ex marido de Ana Mato, vicesecretaria de Organización y reconocida aznarista, forma parte del corazón del partido y también participó en el montaje de actos de los populares antes de llegar a alcalde, en los años 90. El asunto afecta de lleno al PP de Madrid, dirigido por Esperanza Aguirre, que ya ha visto caer a cuatro alcaldes (Majadahonda, Boadilla del Monte, Arganda y Pozuelo de Alarcón) y tiene a seis miembros de su dirección regional implicados.

Hasta los tres diputados autonómicos madrileños que aún no han sido imputados, porque son aforados, ofrecieron esa suspensión de militancia, aunque la dirección del PP de Madrid no se la ha aceptado a la espera de que sean oficialmente imputados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por tanto, de los 15 dirigentes del PP implicados en la red, todos han puesto su carné a disposición del partido menos dos: Francisco Camps y su mano derecha, Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano.

Rajoy no ha dicho aún ni palabra del caso, pero en su nombre habló ayer María Dolores de Cospedal, la secretaria general del partido, que dejó muy claras las evidentes diferencias que la dirección establece entre Camps y el resto de los implicados. Cospedal atacó al juez, insistió en la idea de que no hay financiación ilegal del PP y, sobre todo, defendió a Camps por encima de todos los demás implicados. "Queremos reiterar el apoyo de la dirección del PP a Camps. Se han producido gravísimas acusaciones con el fin de menoscabar su imagen", aseguró Cospedal. Cuando se le preguntó si aceptar que un empresario regale trajes a un presidente autonómico no es violar el código ético del PP, la secretaria general volvió a defender al barón valenciano. "Yo no voy a dar por buenos hechos que no están comprobados. El Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana decidirá". Para Cospedal, las facturas y las declaraciones del sastre no son prueba suficiente. Los populares confían en que el tribunal autonómico, presidido por un magistrado nombrado cuando el PP controlaba el Poder Judicial y al que Camps considera mucho más que amigo, será magnánimo.

En el PP preocupa especialmente la acusación de financiación ilegal del partido. Cospedal insistió una y otra vez en que no hay nada que lleve a esa idea, y recordó que, al menos de momento, el juez no ha implicado a Luis Bárcenas, tesorero del PP. Pero la secretaria general fue más lejos y aseguró que tampoco hay financiación ilegal en el PP de Valencia. Garzón sí aprecia indicios de supuesta financiación ilegal por un pago de 420.000 euros en diciembre de 2002 y porque se abonaron con dinero negro parte de los gastos del congreso regional de septiembre de 2002.

Fuentes de la dirección nacional y de la Comunidad Valenciana relacionaron este asunto con Eduardo Zaplana, presidente del PP en esa época. Sin embargo, el escándalo, también aquí, apunta a Camps. En julio de 2002, Zaplana dejó Valencia porque José María Aznar lo nombró ministro. Y Camps fue nombrado secretario general del PP de la Comunidad Valenciana y candidato para las elecciones de 2003 (Zaplana se quedó de presidente del partido hasta 2004).

Como secretario general, el presidente de Valencia fue el encargado de organizar el congreso regional de septiembre y de firmar todas las facturas. Y fue él quien decidió encargar el trabajo al entramado de Francisco Correa a través de Álvaro Pérez, amigo personal de Camps. Las empresas de Correa habían trabajado en actos del PP valenciano desde mediados de los noventa. En 2003, el actual líder valenciano logró la presidencia de la Generalitat y empezó a ganar peso en el partido, desplazando poco a poco a Zaplana hasta que lo echó en 2004. Entonces, Álvaro Pérez, que residía en Madrid, instaló su vivienda y su empresa, Orange Market, en Valencia. Desde entonces, esta empresa de la trama, que se constituyó formalmente en julio de 2003, empezó a trabajar casi en exclusiva para el PP valenciano tras la pérdida de las elecciones generales de 2004. Pérez, que conservó hasta el último día la amistad con Camps -el presidente había acudido a sus segundas nupcias y estaba invitado al bautizo de su hija- obtenía múltiples adjudicaciones públicas, como el stand de la Generalitat en Fitur.

Un juez muy amigo

- Elogios a un magistrado: "Tendremos que buscar en el diccionario una palabra distinta [a la de amistad] que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat", dijo Camps en 2007 al hablar del presidente del Tribunal Superior de Valencia, órgano que deberá decidir si resulta imputado por corrupción.

- La fuerza de un implicado: "Estoy más fuerte, más ilusionado y más convencido que nunca de mi trabajo, lealtad y servicio a los ciudadanos. Continuaré con toda la fuerza del mundo, convencido de que la Justicia hará justicia. Con la honorabilidad de 20 años al servicio de distintas instancias", declaró ayer Camps.

ELPAÍS.COM

DEJAN EN LIBERTAD AL EX CONSEJERO DEL GOBIERNO DE MURCIA FRANCISCO MARQUÉS, IMPUTADO POR BLANQUEO DE CAPITAL


El titular del juzgado de instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, acordó hoy dejar en libertad con cargos y sin fianza al ex consejero del Gobierno de Murcia Francisco Marqués, al que le imputa los delitos de prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales.

EFE Marqués fue detenido el miércoles 4 en Madrid, estando de viaje de trabajo, por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional. Desde entonces había permanecido en los calabozos de la Comisaría de Murcia.

Su detención se relacionaba con el caso abierto en 2007 por presuntas irregularidades en la tramitación urbanística de la finca "La Zerrichera", situada en Águilas, parte de la cual está protegida por normas medioambientales de la Unión Europea, donde se pretendía construir un complejo residencial con 4.000 viviendas y campo de golf.

Marqués, que presentaba aspecto cansado después de haber pasado tres noches en los calabozos de Comisaría, prestó declaración ante el juez Alcázar y el fiscal superior del TSJ de Murcia, Manuel López Bernal, durante más de cinco horas.

Al terminar, su abogado, el catedrático de penal Jaime Peris, adelantó a los medios de comunicación que esperaban su salida que el juez había ordenado su puesta en libertad sin fianza, con los cargos de delito de blanqueo de capitales, cohecho y prevaricación.

Además deberá presentarse una vez al mes ante el juez, que le retira el pasaporte, que sólo podrá usar si se trata de viaje de trabajo.

Al salir, el que fue durante diez años responsable autonómico, no quiso hacer declaraciones y solo señaló que había sido "bien tratado" y que iba a continuar con su trabajo en el grupo de distribución farmacéutico Hefame, donde es director general. "Si, por supuesto, el juez no determina otra cosa", agregó.

Vestido de oscuro, Marqués portaba en la mano una bolsa de plástico con la camisa que utilizó ayer para acudir al juzgado, aunque el trabajo propio de la guardia del juez impidió que prestara declaración.

Los cargos imputados a Marqués (Valladolid, 1960) derivan de su actuación en su última etapa como consejero de Medio Ambiente, antes de dejar la actividad pública.

Entró en el PP muy joven y fue concejal de Fuente Álamo, para después pasar a la administración regional en el primer gobierno del PP en 1995 como director general de Función Pública, desde donde pasó a ser consejero de Sanidad (1996-2003) y a la delegación del Gobierno, donde estuvo sólo 45 días al ganar el PSOE las elecciones generales.

La investigación sobre el ex consejero se inició a raíz de la denuncia de los grupos Anse y Ecologistas en Acción y del PSOE, en 2007, tras la recalificación de la finca La Zerrichera.

A raíz de las investigaciones están imputados por delitos de prevaricación y cohecho, entre otros, tres altos cargos de la consejería de Medio Ambiente, de la época en que ésta era dirigida por Marqués, y dos de la de Obras Públicas y Vivienda, cuando era su consejero Joaquín Bascuñana.

También lo están el alcalde de Águilas, Juan Ramírez, y un concejal de este ayuntamiento, ambos del PP, y el promotor del complejo urbanístico que se pretendía construir, Trinitario Casanova.

La investigación sobre la presunta relación de Marqués con la urbanización de La Zerrichera fue realizada por agentes de la Unidad central de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional, que tras la detención del ex consejero realizaron registros en seis viviendas situadas en Murcia, Águilas, Valencia, Madrid y Alicante.

Además de documentación, los policías localizaron, en el trastero de la vivienda del ex consejero en Murcia, unos 45.000 euros en billetes de 500. También se ha investigado su presunta relación con sociedades mercantiles, tanto en España como en el extranjero.

LAOPINIONDETENERIFE.ES

¿SON INSIDIOSAS E INJUSTIFICADAS LAS ACUSACIONES DE GARZÓN A CAMPS Y OTROS DIRIGENTES DEL PP?


[Garzón y más de 30 portadas de El País, parecen tener como objetivo erosionar a el Pp como alternativa al PSOE de Zapatero]

(PD).- María Dolores de Cospedal tachó este viernes de «insidiosas» e «injustificadas» algunas de las acusaciones que Garzón formula en sus autos de inhibición, respaldando expresamente la inocencia de Francisco Camps y negando una hipotética financiación ilegal del PP.

Como subraya el diario El Mundo en su editorial de este sábado, lo vamos a poder corroborar con certeza en los próximos meses, puesto que la inhibición de Garzón va a permitir que los hechos sean investigados por jueces profesionales, no catalogables en función de sus simpatías políticas.

Ellos tendrán que separar el grano de la paja y podremos comprobar la veracidad o no de las afirmaciones del sectario superjuez.

Otra de las cosas positivas que han pasado en las últimas horas es el levantamiento del secreto del sumario, lo que nos permite conocer de qué se acusa a cada persona. De su lectura se desprenden tres tipos distintos de responsabilidades: las que tienen sobre todo trascendencia penal, las de menor trascendencia penal y más política y aquellas que parecen sólo de carácter político.

Los presuntos delitos más graves se cometieron en Madrid. El PP obligó ayer a dimitir a los alcaldes de Pozuelo y Arganda y suspendió de militancia a todos los imputados. Pero ello no basta.

El partido está obligado también a hacer una seria reflexión sobre el mecanismo de selección de sus alcaldes -hay cuatro imputados y que han tenido que dimitir- y sobre el control de cómo ejercen sus actividades. Sería injusto convertir este asunto en un proceso político a Esperanza Aguirre porque se ha demostrado que la corrupción es transversal a todas las formaciones políticas y territorios.Pero no se puede eludir que cometió un error de juicio al nombrar consejero a López Viejo.

Sobre las acusaciones con más repercusión política que viabilidad procesal que pesan sobre Francisco Camps y otros tres dirigentes del PP de Valencia, cabe señalar que tienen una base técnica porque los trajes son pagos en especie por parte de una red que en otros lugares estaba cometiendo delitos de cohecho.

Si esas prendas hubieran sido regaladas por personas honradas, no cabría dilucidar responsabilidad penal alguna, aunque el asunto sería muy feo. Todo indica que la investigación terminará en archivo, ya que resulta totalmente desproporcionada la acusación de «sobornos en especie» que formula Garzón.

El problema para Camps es que en el auto hay muchos detalles que hacen verosímil que las empresas de Correa pagaron sus trajes.

Están las facturas y la contabilidad interna y además el sastre ha corroborado los hechos. Puede que las facturas sean falsas y el sastre haya mentido, pero los documentos que obran en el sumario crean dudas sobre si Camps ha dicho la verdad.

Penalmente, le protege la presunción de inocencia. Políticamente, las reglas son otras aunque su palabra siempre tendrá más fuerza que la de tipos como Correa o Alvaro Pérez. En todo caso, si las cosas son como él dice y está «en paz», debe poner cuanto antes sobre la mesa las pruebas de su inocencia de las que disponga para acallar la maledicencia.

De lo que no hay duda es de que Correa y parte de los imputados han podido cometer los desmanes que se describen en el sumario porque tuvieron en una época el respaldo o la cercanía de la dirección del PP. Garzón deja claro que el PP rompió en 2004 con Correa, pero ¿qué sucedió antes?

Tanto si hay imputaciones como si no las hay contra Luis Bárcenas, tesorero del PP y ex amigo de Correa, éste debería ser relevado de su cargo porque no sólo hay que ser honrado sino parecerlo. Igualmente, José María Michavila debería dejar su escaño por el conflicto de los intereses de su bufete con la condición de diputado.

¿Debe rodar alguna otra cabeza? Sólo cuando la Justicia esclarezca esta trama de corrupción y favores, será el momento de determinar hasta dónde alcanzan esas responsabilidades políticas.

PERIODISTADIGITAL.COM

UN EX CONSEJERO DEL PP DE MURCIA TENÍA 43.000 EUROS EN SU GARAJE



Los escándalos que salpican al PP

La policía investiga la firma que Marqués posee en Panamá

TONO CALLEJA - Murcia

El ex consejero de Medio Ambiente de Murcia Francisco Marqués guardaba 43.000 euros en billetes de 500 euros en el garaje de una de sus seis viviendas, que desde el pasado miércoles han sido registradas por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía que le detuvieron en Madrid, según confirmaron ayer fuentes de la investigación. Éstas resaltan que los agentes investigan una empresa que Marqués posee en Panamá y también un viaje que hizo a Suiza acompañado de empresarios.

* Los imputados 'recolocados' por el presidente Valcárcel

Francisco Marqués

Marqués, que también fue consejero de Sanidad y durante dos meses delegado del Gobierno en Murcia bajo el Ejecutivo de José María Aznar, está imputado por cohecho y prevaricación por la reclasificación de un paraje protegido en el que una sociedad del empresario Trinitario Casanova Abadía pretendía construir 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf. En el caso están imputadas otras nueve personas, entre ellas Casanova y el alcalde de Águilas, el popular Juan Ramírez.

La empresa de Casanova compró la finca de La Zerrichera a un grupo de agricultores por un precio de 30 millones de euros. Tras aprobar el Ayuntamiento de Águilas (PP) la reclasificación, Casanova vendió el proyecto a una empresa de la Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián (Kutxa) por 105 millones, lo que supone un beneficio de 75 millones de euros sin poner un ladrillo.

Las denuncias de los grupos de la oposición y la investigación inicial del fiscal superior de la Región de Murcia, Manuel López Bernal, coincidió con la salida de Marqués del Gobierno de Valcárcel, que fichó con un sueldo millonario por la Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo, una de las mayores empresas de Murcia.

Pelotazo paralizado

El sucesor de Marqués en Medio Ambiente, Benito Mercader, paralizó el proyecto. Ayer, el consejero de Agricultura y Medio Ambiente murciano, Antonio Cerdá, aseguró en La Verdad que en La Zerrichera "no se pondrá ni un ladrillo". Marqués se declaró "inocente, por supuesto", al ser preguntado por los periodistas cuando salía de la Comisaría de Policía Nacional de Murcia para pasar a disposición del titular del Juzgado de Instrucción número 3 del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Antonio Alcázar.

Por otra parte, la Junta de Fiscales de Murcia emitió ayer una nota en la que se defiende de los ataques del PP. En ella, aclara que "ninguna de las querellas o denuncias presentadas por la fiscalía han sido archivadas por juzgado o tribunal alguno", en relación a las críticas del PP de que las causas en Murcia abiertas por el fiscal habían sido archivadas.

La fiscalía aclara que si hay casos cerrados es porque la propia fiscalía los archivó. Sobre la acusación de que sólo actúa contra cargos del PP, la Junta de Fiscales aclara que ha interpuesto "ocho denuncias o querellas" a responsables del PP y tres contra responsables del PSOE y que además fue su actuación la que permitió reabrir la denuncia del PP contra un ex alcalde socialista.

Los imputados 'recolocados' por el presidente Valcárcel


- Antonio Alvarado. Gerente de la Fundación Cluster. Ex director general de Calidad Ambiental, ahora llamada de Planificación y Control Ambiental, a la que sigue adscrito como asistente. Firmó la declaración de impacto ambiental que permitió reclasificar terrenos protegidos.

- Encarna Muñoz. Ex directora general del Medio Natural y ahora directora ejecutiva del Parque Científico de Murcia. Retiró la protección a parte del suelo de La Zerrichera.

- Manuel Alfonso Guerrero. Ex director general de Vivienda y Urbanismo, ahora responsable del Urbanismo en Lorca. Firmó el planeamiento declarando la finca urbanizable cuando un año antes hizo un informe en contra.

- José María Ródenas. Subdirector de Vivienda y Urbanismo. Firmó primero en contra y luego a favor de la recalificación y acabó proponiendo la modificación del PGOU de Águilas con La Zerrichera como urbanizable.

- Ignacio Sánchez Gelabert. Era jefe del servicio de Calidad Ambiental y ahora mantiene el mismo puesto en la Dirección General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental. Informó de forma positiva pese a que el suelo estaba incluido en la Red Natura.

- Juan Ramírez. Alcalde de Águilas. Convocó un pleno para recalificar los terrenos antes de estar aprobada la declaración ambiental positiva.

- José López. Ex concejal de Águilas. Es el único que ha dimitido. Compró una parte de la finca y luego la vendió al empresario Trinitario Casanova antes de votar favorablemente en el pleno a la recalificación.

ELPAÍS.COM

FACTURAS, TESTIMONIOS Y MEMORIAS USB SOSTIENEN LOS INDICIOS CONTRA AFORADOS




La trama corrupta vinculada a administraciones del PP

El juez tiene en su poder la 'contabilidad B' en la que constan los sobornos

MANUEL ALTOZANO - Madrid -

Las sastrerías Milano y Forever Young aportaron al sumario las principales pruebas que implican al presidente valenciano, Francisco Camps, y al secretario general del PP y diputado en las Cortes Valencianas, Ricardo Costa. En el caso de los aforados de Madrid fue la contabilidad B de las empresas de la trama de Correa, intervenida a José Luis Izquierdo, el contable de la organización, la que estableció la relación entre las empresas de Francisco Correa y Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch. Las declaraciones del propio Izquierdo; la administradora de Easy Concept, Isabel Jordán, y el sastre de confianza de Álvaro Pérez, El Bigotes, completan los indicios.

- El sastre de El Bigotes y los trajes de Camps. Garzón basa la implicación de Camps en las declaraciones de Isabel Jordán, ex administradora, y la de José Tomás, el sastre de Milano y Forever Young y persona de confianza de El Bigotes. Los pedidos a Milano y Forever Young también sirvieron para probar su implicación. En lo que Jordán calificó ante el juez como "la contabilidad de la caja B de Easy Concept", aparece "un apunte sin fecha" de 63.220 euros bajo el concepto "entradas y salidas de milan", que se referiría "a las compras hechas a la empresa Milano" por la trama. En el domicilio de Easy Concept, se encontraron además tres facturas del 8 y el 11 de octubre de 2005 y del 15 de diciembre de ese mismo año emitidas por Milano Difusión que son, según el auto, "aparentemente falsas".

En el sumario constan, además, dos pedidos a nombre de Camps, uno del 24 de enero de 2006 de 3.300 euros "no localizado por la firma" y otro de dos días después por 1.400 que fue abonado con cheque por Orange Market, la eterna adjudicataria de los stands valencianos en Fitur. También aparece un pedido más de cuatro trajes para Camps "que al parecer fueron devueltos".

Los trajes para el presidente encargados a Forever Young se recogen en una relación de personas facilitada al juez por esa empresa en cuyo encabezado está escrito "A./ATT. Pablo Crespo (Comunidad Valenciana)". Crespo, ex secretario de organización del PP gallego, es uno de los cabecillas de la trama junto a Correa y Antoine Sánchez y los tres se encuentran en prisión. Camps también figura en el listado de encargos de sastrería facilitado por esa compañía en relación a cuatro trajes.

José Tomás, el sastre de El Bigotes, aseguró además en su declaración que el presidente valenciano fue el destinatario de otras compras a lo largo de 2008 que Orange Market, la empresa que dirigía Pérez, pagó por transferencia. Otros encargos fueron abonados por Diseño Asimétrico y Servimadrid según cheques y recibos de traspasos bancarios.

Se cree que las facturas intervenidas a las empresas de la trama son falsas porque recogen productos que Forever Young no comercializa, como "metros de tela, seda natural, seda rojo, batista suiza azul, oxford algodón, etcétera".

- La amistad de Costa con Pérez, según Isabel Jordán. Jordan explica en su declaración cómo Álvaro Pérez, El Bigotes, responsable de Orange Market, "se trasladó a Valencia porque allí tenía a su amigo Ricardo Costa, que ocupaba un cargo dentro del organigrama del partido", el de secretario general del PP valenciano. "Una vez en Orange Market, a Álvaro le encargaron en la Generalitat la realización del proyecto de stand para Fitur con el fin de presentarlo al concurso", que finalmente le "resulta adjudicado".

Las pruebas que acreditan el presunto soborno en trajes son las mismas que en el caso de Camps: la relación de pagos a cuenta facilitada por la sastrería Milano y la lista de personas que aparecían en el documento titulado "A./ATT. Pablo Crespo".

El sastre José Tomás contó a Garzón cómo acudió en una ocasión al despacho de Ricardo Costa en la sede del PP de Valencia para tomarle personalmente las medidas. En una conversación entre El Bigotes y Crespo grabada por la policía "se pone de manifiesto que aquél realiza labores de intermediación para Ricardo Costa". Una de ellas fue "la venta del vehículo que utiliza Ricardo y la compra de uno nuevo, realizando gestiones ante concesionarios de automóviles".

- El consejero estaba en el 'pendrive' del contable. José Luis Izquierdo, apoderado de Special Events y empleado de confianza de Correa y Crespo en la empresa TCM, era quien controlaba la caja B de la trama. Él contabilizaba las salidas y entradas de fondos y llevaba un control de los archivos personales de las personas a las que supuestamente sobornaba. Toda esa información, recogida en hojas de Excel, se contenía en una memoria USB o pendrive que siempre llevaba encima.

Uno de esos archivos personales correspondía al ex consejero madrileño de Deportes Alberto López Viejo, a favor del cual constan ocho pagos que suman, en total, 563.000 euros, cantidades que fueron confirmadas por varias declaraciones. Las adjudicaciones a dedo por la Comunidad de Madrid a empresas de la trama aparece en las conversaciones grabadas por los denunciantes. Correa afirma en una de ellas que López Viejo le obligaba a facturar por debajo de 12.000 euros "para evitar sacar los eventos a concurso".

En el pendrive también había archivos a nombre del diputado madrileño Benjamín Martín Vasco -al que, al parecer, se sufragó la boda, el viaje de novios (28.888 euros) y la compra de joyas (13.975 euros) además de darle dinero en efectivo- que, a cambio, consiguió que el Ayuntamiento de Arganda del Rey, donde era teniente de alcalde, adjudicara contratos a Easy Concept entre 2005 y 2007.

También el diputado Alfonso Bosch estaba en la memoria USB de Izquierdo, donde consta como receptor de 250.562 euros. Las declaraciones del contable y las de Isabel Jordán confirman que parte de ese dinero lo entregó Pablo Crespo en sobres y que las iniciales AB que aparecen en la contabilidad B del pendrive de Izquierdo corresponden efectivamente a su nombre.

ELPAÍS.COM

UNO DE LOS IMPUTADOS FUE ASESOR DE MICHAVILA



El ex viceconsejero Carlos Clemente sigue ligado al ex ministro

Carlos Clemente, de pie, en un viaje a Latinoamérica junto al consejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty.- EFE

ALICIA GUTIÉRREZ - Madrid



Carlos Clemente Aguado, viceconsejero de Inmigración en el Gobierno de Esperanza Aguirre hasta octubre de 2008 y uno de los imputados por el juez Garzón el pasado jueves, fue asesor de José María Michavila durante su etapa como ministro de Justicia entre 2002 y 2003.

La relación con Michavila, cuyo bufete -Eius- trabajó para los ayuntamientos de Boadilla y el de Pozuelo, ambos presuntamente implicados en la trama de corrupción, no se ha interrumpido: Clemente Aguado cesó a petición propia como viceconsejero precisamente para asumir la dirección general de una fundación benéfica latinoamericana donde Michavila ocupa el cargo de secretario. Como informó Público, dos de los directores de Eius son letrados del Congreso, que esta semana ha abierto una investigación para dirimir si los abogados han incurrido en incompatiblidad.

Ex diputado autonómico por el PP, Clemente fue director de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado entre 2003 y 2005. Según el auto de Garzón donde le imputa junto con otros cargos del PP madrileño, Clemente cobró de la trama 16.000 euros mediante dos pagos. Uno de ellos, de 10.000 euros, aparece registrado en la llamada “Caja B actual”, uno de los compartimentos contables con los que que el grupo capitaneado por Francisco Correa consignaba la sucesión de cobro y pago de comisiones.

Este periódico no logró ayer contactar con Carlos Clemente ni con ningún directivo de la fundación a la que se ha vinculado. Un cargo medio de esa institución aseguró por la tarde desde Panamá que hasta ese momento ignoraba por completo que Clemente estuviera involucrado en un caso de corrupción.

Santo / Albondiguilla / América
Tanto el auto de Garzón donde se notifica la imputación de Clemente como aquel donde se inhibe respecto a los aforados de Madrid incluyen la referencia a un asiento contables cuyo significado se está investigando. La resolución del juez se refiere a él en estos términos: “Archivo box V51. Clave “bruja”, en Caja de seguridad en Velásquez, 96 con número de 51".

En ella consta una entrada de 900.000 euros y constan tres retiradas el 25 de mayo de 2007 con el concepto entrega Tomás Martín en oficina le conoce porque le ha visto con Pablo Crespo desconociendo a qué se dedica, y en el campo observaciones Santo Albondiguilla América por importes de 150.000, 210.000 y 300.000 euros”.

De los tres términos de esa ecuación cifrada, dos resultan fáciles de descifrar: Albondiguilla es el apodo con que la trama designaba al ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero. La alusión a América apunta, sin duda, a los negocios de Correa en el continente. El misterio reside en la mención a Santo, nombre o apellido que no se corresponde con el de ninguno de los imputados ni con el de los empresarios que, según Garzón, pagaron comisiones a la red corrupta de Correa.

Con domicilio en Colombia

El jefe de la trama, cuyo apellido dio nombre a la operación lanzada por Garzón -Gürtel, correa en alemán- tenía negocios en Miami y pretendía abrirse camino empresarial en Panamá, país al que pretendía huir y cuya laxitud en materia de sociedades lo convierte en uno de los paraísos fiscales usualmente transitados por la delincuencia internacional. El presunto capo de la red también había adquirido propiedades inmobiliarias en Cartagena de Indias (Colombia). En Bogotá, la capital de ese país, reside actualmente Carlos Clemente con su familia.


ERROR JUDICIAL
El alcalde Ginés López cobró, pero menos

El juez Baltasar Garzón ha rebajado de 1,3 millones de euros a 523.439 la cantidad percibida por el ex alcalde de la localidad madrileña de Arganda del Rey, Ginés López, en operaciones realizadas con Francisco Correa.

El magistrado de la Audiencia Nacional realizó esta modificación en un auto de aclaración al que dictó el jueves. Según Garzón, un oficio de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía (UDEF), recibido ayer en su juzgado, puso de manifiesto que “se han detectado unos errores y omisiones en el informe” en el que se basa el juez para detallar las cantidades percibidas por López.

Dicho error consiste en “una duplicidad a la hora de incorporar las distintas partidas de cantidades percibidas” por el ex alcalde de Arganda, que aparecen detalladas en las distintas cuentas y documentos intervenidos en el domicilio del imputado José Luis Izquierdo.

PÚBLICO.ES

EL EX ALCALDE ENCARCELADO TRATÓ DE CAMBIAR LAS NORMAS URBANÍSTICAS CON INFORMES ANÓMALOS


D. N. - Málaga

El Ayuntamiento de Alcaucín intentó en septiembre de 2007 realizar una modificación de sus Normas Subsidiarias en materia de urbanismo para convertir en suelo urbano una superficie de 144.713 metros cuadrados en la zona rústica de Puente de Don Manuel y Venta Baja.

* El salto de Alcaucín

La Junta de Andalucía rechazó en abril de 2008 la modificación porque, entre otras cuestiones de fondo, encontró serias anomalías formales en la memoria presentada por el Ayuntamiento, que fue realizada por el departamento de Arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga, cuyo responsable, José Francisco Mora, es uno de los principales imputados en la causa por corrupción destapada en este municipio de La Axarquía de unos 2.200 habitantes

Junto al ex alcalde José Manuel Martín Alba, son las dos únicas personas de las 13 imputadas en la trama y detenidas por la Guardia Civil el pasado día 27 de febrero para la que la juez instructora del caso Arcos dictó orden de prisión.

Entre otras anomalías, la Junta alegó que la firma del arquitecto no estaba identificada en el documento presentado por el Ayuntamiento, que tampoco estaba debidamente diligenciado.

La resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 16 de mayo de 2008 recoge que "para garantizar el principio de seguridad jurídica proclamado por distintos textos legales dentro de nuestro ordenamiento jurídico es necesario identificar el documento de modo indubitado, para lo cual, en el ámbito urbanístico, el mecanismo es el de diligenciado del documento por parte del secretario municipal, en su calidad de fedatario, haciendo constar en todos los folios y planos que lo integran una diligencia acreditativa de ello".

Además, según la resolución, "la memoria del documento carece del mínimo rigor necesario, incumpliendo de forma flagrante y directa distintos preceptos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y del Reglamento de Planeamiento". Entre otras, la falta de justificación de las mejoras a introducir y planos "legibles" de la clasificación de suelo vigente y modificada.

El consistorio ya tenía previsto en el documento de avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) la recalificación de esta superficie, pero para acelerarla eligió un procedimiento equivocado.

En octubre de 2007 la Junta emplazó al Ayuntamiento de Alcaucín a subsanar los errores y le advirtió de que para seguir adelante con el procedimiento debía también aportar necesariamente un informe de impacto ambiental y otros sectoriales.

El consistorio no contestó ni volvió a hacer trámite alguno, por lo que, agotado el plazo, la Junta dio por caducado y archivado el expediente en abril de 2008.

El salto de Alcaucín

- El municipio de Alcaucín cuenta con 1.477 viviendas en suelo urbano y 1.420 diseminadas en suelo rústico.

- La población pasó de 1.383 habitantes en 1991 a 2.469 en 2008

- En 1998 había 7 empresas constructoras en el pueblo, y 10 años más tarde había 41. Las inmobiliarias pasaron en ese período de una a 31.

- La Junta ha impugnado 27 licencias de obras municipales.

- Los inspectores de Urbanismo han emitido seis informes a requerimiento de órganos judiciales

ELPAÍS.COM