jueves, 17 de marzo de 2011

"CASO PALAU"; EL JUEZ IMPUTA AL EX TESORERO DE CDC POR EL PRESUNTO COBRO DE COMISIONES DE FERROVIAL

Osàcar dice que no está "preocupado" por una imputación que veía posible

JESÚS GARCÍA - Barcelona 

El juez que investiga el saqueo del Palau de la Música ha citado a declarar como imputado al extesorero de CDC Daniel Osàcar para interrogarle sobre el presunto cobro de comisiones de la constructora Ferrovial por la adjudicación de obras públicas, a través de la entidad cultural. El extesorero ha asegurado hoy no sentirse "preocupado" por un hecho que era consciente de que "podía pasar".
   
Según fuentes judiciales, el juez Miguel Angel Tabares, que sustituye a Juli Solaz en el juzgado de instrucción número 30 de Barcelona hasta que se designe a un titular, ha resuelto acordar, entre otras, la imputación de Osàcar y la del directivo de Ferrovial Pedro Bonaventura, tal y como solicitaba la Fiscalía. Los imputados serán interrogados en el marco de la pieza separada que abrió el juez Juli Solaz para averiguar si el ex responsable del Palau Fèlix Millet y CDC se repartieron presuntamente comisiones de la constructora Ferrovial a cambio de la adjudicación de obras públicas en los gobiernos de Jordi Pujol.

También han sido citados a declarar como imputados los dos saqueadores confesos del Palau, Félix Millet y Jordi Montull, además de la hija de este, Gemma Montull. Emilio Vidal y Álvaro Palao administradores de GPO Ingeniería también deberán prestar declaración ante el juez.

En su auto, el juez señala que de la documentación incautada se desprenden indicios de la participación en el desvío de fondos del extesorero de CDC Carles Torrent, fallecido en 2005, y de su sucesor en el cargo Daniel Osàcar, que dimitió el pasado mes de diciembre como responsable de finanzas de la formación. El magistrado considera en su auto que hay indicios de que Pedro Buenaventura era "la persona de contacto de Fèlix Millet en Ferrovial" y precisa que el expresidente del Palau no era un "simple mediador pasivo" en el pago de comisiones. Para Miguel Angel Tabarés, de la causa se desprende que Millet desplegaba "una amplia actividad en los dos sentidos: reclamando la adjudicación de obras, por un lado, y apremiando a Ferrovial para que no se retrasase en el pago de las cantidades comprometidas".


EL JUEZ IMPUTA AL EX TESORERO DE CONVERGENCIA, DANIEL OSÁCAR, POR EL "CASO PALAU"

Desfalco de la institución cultural

* Por cobrar comisiones de Ferrovial con la mediación de la institución cultural
* El ex tesorero asegura no sentirse 'preocupado' por algo que 'podía pasar'

Germán González | Barcelona

El juez que investiga el desfalco del Palau de la Música ha citado a declarar como imputado al ex tesorero de CDC, Daniel Osàcar, por el presunto cobro de comisiones de Ferrovial a través de la institución cultural que dirigía Fèlix Millet a cambio de la adjudicación de obras públicas.

También está imputado el directivo de la constructora, Pedro Bonaventura, pero no el actual secretario de inmigración de CDC, Àngel Colom, para quien la Fiscalía también pedía la imputación por recibir 75.000 euros del ex director del Palau Fèlix Millet para financiar su partido. El juez lo ha descartado, finalmente, al considerar que el dinero recibido no estaba vinculado con el desvío de fondos que se investiga.

También están imputados los administradores de la empresa GPO ingeniería, encargada de las obras de la Ciutat de la Justícia y la Línea 9 de Metro, ambas susceptibles de haber sido incluidas en las irregularidades de adjudicación que ahora se investigan.

El propio Osàcar, quien ha conocido su imputación durante la inauguración de la nueva sede de Fundació Formació i Treball en Sant Adrià (Barcelona) en la que ha intervenido el president, Artur Mas, ha asegurado que no se siente "preocupado" por una situación que sabía que "podía pasar".

Además
* Lea el auto íntegro (PDF)

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"CASO CAN DOMENGE"; NÚÑEZ Y NAVARRO ACUSAN A LOS CARGOS DE UM DE QUERER "PERJUDICAR AL ERARIO PÚBLICO"

El escrito de la acusación particular

* Afirma que Munar 'daba las directrices precisas' para su consecución
* Reclama diez años de prisión para Munar, Nadal, Vicens y Flaquer

Europa Press | Palma

La mercantil Núñez y Navarro, acusación particular y querellante en el caso Can Domenge, acusa a la ex presidenta del Consell y del Parlament, Maria Antónia Munar, al ex vicepresidente insular Miquel Nadal, y a los ex consellers Bartomeu Vicens y Miquel Àngel Flaquer, de concertarse entre si para que la empresa Sacresa resultase adjudicataria de los solares palmesanos a mitad de precio, posibilitando su "enriquecimiento ilícito" y "con ciencia y voluntad de perjudicar al erario y al interés público".

En el escrito de calificación provisional que ha presentado contra los cuatro ex altos cargos de UM y otros dos acusados, el grupo empresarial con cuya querella fue incoado esta causa asevera que la voluntad de emprender y ejecutar "tan torcida adjudicación" la trataron en las distintas reuniones del Consell Executiu del que formaban parte, convocadas por Munar, quien "daba las directrices precisas para la consecución de tan fraudulento plan adjudicatorio que habían ideado y decidido ejecutar de común acuerdo".

En concreto, Núñez y Navarro, personado como acusación particular en este proceso junto al Consell, reclama diez años de prisión para Munar, Nadal, Vicens y Flaquer y les acusa de los delitos de malversación de caudales públicos -que la Fiscalía no incluye en su escrito-, fraude a la administración pública, prevaricación y revelación de secretos. Mientras tanto, solicita un año y medio de cárcel para el abogado asesor de Sacresa, Santiago Fiol, por los delitos de fraude y revelación de secretos, así como para el principal accionista de esta empresa, Román Sanahuja Pons, a quien imputa los delitos de malversación, fraude y uso de información reservada.

Según relata la empresa querellante en su escrito, para llevar a cabo este procedimiento presuntamente irregular "era preciso" que la mercantil "previamente escogida contara con ventaja en el proceso de adjudicación respecto al resto de licitadores", y que llevase a cabo las correspondientes maniobras dirigidas a "vestir administrativamente el expediente de enajenación, a fin de que el precio finalmente resultante fuera muy inferior al del mercado", tal y como finalmente sucedió con la venta del inmueble por treinta millones de euros -pese a estar tasado en sesenta-.

Objetivo que se logró, según el grupo propiedad de José Luis Núñez, trasladando a Sacresa, "con escandalosa antelación" a la publicación del concurso, un borrador de las bases del concurso que iba a ser publicado "muchos meses después".

Apunta a unas 'flagrantes infracciones administrativas'
La acusación postula que a fin de llevar a cabo esta "fraudulenta" concesión, los miembros del Consell tuvieron que cometer "flagrantes infracciones administrativas en su tramitación, con voluntad y conocimiento de las mismas, pervirtiendo y alejándose del interés público que debe informar la contratación pública".

Al margen de las peticiones de privación de libertad, solicita en su escrito que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente con un total de 23.899 euros a Anova y a Josel, empresas a través de las cuales se querelló Núñez y Navarro, al tiempo que reclama una fianza de responsabilidad civil para cada uno de los imputados por importe de 31.867 euros.


Además

EL TSJB ARCHIVA LA CAUSA CONTRA JOAN FLAQUER POR EL CASTILLO DE SAN TELMO

JUSTICIA | Varapalo al juez Antonio Garcías

* El TSJB exonera y archiva el caso en lo que respecta a Flaquer y Pizá

Esteban Urreiztieta | Palma

El TSJB ha exonerado a Joan Flaquer de la causa referida al castillo de Sant Elm y ha archivado el caso en lo que respecta tanto al ex conseller de Turismo como a Carlos Pizá.

La decisión para Flaquer, defendido por los abogados José Zaforteza y Carlos Florit, supone un varapalo al juez Antonio Garcias del juzgado de instrucción nº7, puesto que el auto tira por tierra todas las acusaciones. El Tribunal defiende incluso que la actuación del Inestur es algo legalmente aceptado en "la práctica corriente" y que "la inversión de fondos públicos" estaba destinada a "la satisfacción de finalidades de interés general".

El caso investiga un presunto desvío de fondos públicos a raíz de la cesión de la torre de Sant Elm, en Andratx, por parte de la Fundació Illes Balears al ayuntamiento 'andritxol' a cambio de 45.000 euros semestrales, parte de cuyo destino se desconoce

La acusación particular, en representación del Ayuntamiento de Andratx a través del letrado Pablo Alonso de Caso, sostenía que en este proceso Flaquer ejerció una "voluntad de defraudar" a la administración pública, al rubricar un convenio con el Consistorio para que el Instituto de Estrategia Turística (Inestur) sufragase parte de los fondos destinados por el Ayuntamiento a la Fundació Illes Balears para la cesión del castillo de Sant Elm al Ayuntamiento, según informa Europa Press.

A tenor de estos hechos, la acusación subrayaba que podrían haberse producido "supuestos ilícitos penales" a raíz de una "estrategia triangular" trazada entre Hidalgo, Cañellas y Flaquer. Es más, postula que la conducta de todos ellos "podría responder a un concierto o conjunción de voluntades con la finalidad de defraudar a la administración pública, con independencia de la perfección del perjuicio patrimonial".

Sin embargo, el parlamentario negó en su declaración ante el juez haber cometido delito alguno a raíz de la firma, en marzo de 2006, del convenio por el que el Inestur acordó el pago de 30.000 euros al Consistorio, y defendió que éste iba dirigido al fomento del turismo cultural en el municipio 'andritxol'. Por su parte, Cañellas e Hidalgo, que comparecieron hace un año ante el magistrado, se acusaron mutuamente de la idea de otorgar al edificio una utilización institucional y promocional.


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"CASO CAN DOMENGE"; LA FISCALÍA PIDE 32.000 EUROS DE FIANZA CIVIL PARA MUNAR POR CAN DOMENGE

CORRUPCIÓN | Apertura de juicio oral

* En total las fianzas para todos ellos suman 342.000 euros
* La más alta es para Santiago Fiol, de 182.000 euros

ELMUNDO.es | Europa Press | Palma

La Fiscalía Anticorrupción reclama un total de 342.000 euros como fianza de responsabilidad civil a la ex presidenta del Consell y del Parlament, Maria Antònia Munar, y a los otros cinco acusados del caso Can Domenge, a fin de garantizar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de su presunta implicación en los hechos investigados en esta causa. Un procedimiento en el marco del cual pide seis años de prisión tanto para la ex dirigente histórica de Unió Mallorquina como para otros tres ex dirigentes del partido que se sentarán en el banquillo.

Concretamente, la Fiscalía solicita una caución de 32.000 euros a Maria Antònia Munar, Miquel Nadal, Bartomeu Vicens, Miquel Angel Flaquer, Román Sanauja mientras que para Santiago Fiol solicita una fianza de 182.000 euros.

La Fiscalía que pide para Munar 32.000 euros es la misma que solicitó para Jaume Matas 1,6 millones de fianza civil por la pieza de la ópera del caso Palma Arena, una cifra 50 veces inferior.

Así consta en el escrito de calificación provisional, que ha presentado la acusación pública tras finalizar la instrucción de este caso, que echó a andar a raíz de la querella interpuesta por la mercantil Núñez y Navarro para denunciar la venta de los solares palmesanos por treinta millones de euros, la mitad de su valor en el mercado y de lo que ofrecía el grupo presidido por el empresario José Luis Núñez.

En su escrito, los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau solicitan una fianza de 32.000 euros para Munar, el ex vicepresidente insular Miquel Nadal, los ex consellers insulars Bartomeu Vicens -que en la actualidad cumple condena por una pieza separada del caso Son Oms- y Miquel Àngel Flaquer, y para el principal accionista de Sacresa -una de las adjudicatarias-, Román Sanahuja Pons. Mientras, para el abogado asesor de Sacresa, Santiago Fiol, reclama una caución de 182.000 euros.

De forma paralela, la acusación pública piden la nulidad del expediente de enajenación de los terrenos, su adjudicación y la compraventa escriturada, así como la reversión de la finca al Consell de Mallorca y que éste sea indemnizado de las cargas, gravámenes y perjuicios que puedan haberse producido.

En concreto, los fiscales acusan a los cuatro ex dirigentes de UM de los delitos de fraude a la administración (por los que solicitan tres años de cárcel), revelación de secretos (otros tres años) y prevaricación, pese a que finalmente no les acusan por un delito de malversación de caudales públicos.

Cabe señalar que el escrito de acusación ha sido presentado cuatro meses después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 12, Carmen González, dictase el auto para transformar las diligencias previas de la causa a procedimiento abreviado, y con el que finalizaba la fase de instrucción de este procedimiento, que indaga las presuntas irregularidades cometidas en la venta de los solares palmesanos a la UTE integrada por Sacresa y Ferrà Tur.

En su auto, la instructora consideraba "ilógico" que Munar, presidenta del Consell cuando se enajenaron los terrenos, fuese "engañada" entonces por los demás imputados en la causa que investiga las presuntas irregularidades cometidas en torno a esta venta, como tampoco cree que "todo el entramado, el plan y las negociaciones" se hicieran "a espaldas" de la histórica dirigente de UM.

La magistrada recordaba que fue Munar quien designó a las personas que gozaron de una actuación material, personal y directa en el proceso y en las negociaciones "fraudulentas", en relación a Nadal, Vicens y Flaquer, y además abundaba en que "era la presidenta del partido al que pertenecían todos ellos", en referencia a UM.

Cabe recordar que el caso fue instruido durante cuatro meses por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) debido al aforamiento de Munar, Nadal y Vicens, aunque finalmente volvió a manos del Juzgado de Instrucción número 12 después de que la ex líder 'uemita' dimitiese como presidenta del Parlament el 26 de febrero de 2010 tras las acusaciones vertidas contra ella por el propio Nadal en el marco del caso Maquillaje. Precisamente, la Fiscalía solicita otros seis años de prisión contra cada uno de ellos dentro de una pieza separada de esta causa.


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ARCHIVAN LA CAUSA CONTRA EL ALCALDE DE ESTEPONA POR PREVARICACIÓN URBANÍSTICA

TRIBUNALES | David Valadez

Europa Press | Málaga

El juzgado de instrucción número 4 de Estepona (Málaga) ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta contra el alcalde de Estepona, David Valadez, a raíz de la denuncia presentada a finales de 2009 por la construcción, en 2004, de una vivienda sobre suelo rústico por parte del que fuera su jefe de gabinete. Valadez asumió la alcaldía en 2008, momento hasta el cual no tuvo ninguna responsabilidad en materia Urbanística.

Según el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, se ordena el sobreseimiento "al no quedar suficientemente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa".

En el informe elaborado por la sección de Medio Ambiente, Urbanismo y Delitos sobre el Patrimonio Histórico de la Fiscalía Provincial de Málaga el fiscal establece que no existe "base probatoria suficiente como para formular acusación por un delito de prevaricación urbanística en su modalidad omisiva".

Del mismo modo el fiscal señala que "debe valorarse que el imputado intervino en el expediente por las obras construidas sin licencia municipal, llegando incluso a dictar una orden de demolición de las obras en fecha 15 de diciembre de 2009, por lo que procede el sobreseimiento provisional y el consiguiente archivo de las actuaciones respecto al alcalde denunciado al entender que no está suficientemente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa".
Reacciones

Valadez ha valorado este jueves el archivo de la causa en rueda de prensa. Según ha señalado "se ha archivado y sobreseído la cuarta denuncia contra mi persona" por lo que ha insistido en que "queda claro que existe una campaña de acoso y derribo para menoscabar mi imagen pública" a lo que ha añadido que existen, actualmente, "10 denuncias en los juzgados contra mí, cuatro de las cuales ya se han archivado".

El alcalde ha señalado que por su parte "y por la del Ayuntamiento se adoptarán las medidas legales oportunas contra quienes han intentado, y a veces conseguido, dañar mi imagen pública". Valadez ha recordado que se enteró de su imputación por los medios de comunicación.

Según se informó en el momento en el que trascendió la noticia, Valadez ordenó el 5 de noviembre de 2008 el inicio del expediente sancionador tras publicar un medio local la presunta irregularidad. Posteriormente, el 23 de diciembre de 2008 se levantó acta por parte del servicio de inspección y el 7 de enero de 2009 se impuso una sanción de 70.836,93 euros, es decir, un 112,5 por ciento sobre el valor de tasación de la obra cuyo importe asciende a 62.966,16 euros.

Posteriormente, el 16 de junio de 2009 se emitió otro decreto en el que se corrigió la sanción aumentándose a 157.415,4 euros, ya que al tratarse de una infracción muy grave se aplica una multa del 250 por ciento sobre el valor de tasación.

Finalmente, el 21 de septiembre de 2009, se ordena la "demolición de las referidas obras realizas sin licencia municipal" y se abrió un periodo de alegaciones.


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"CASO MERCASEVILLA"; EL GERENTE DE URBANISMO, A LA JUEZ ALAYA: "LAS LICENCIAS NO ENTIENDEN DE POLÍTICA"

Imputado en la causa de la venta irregular de suelos

Francisco Javier Recio | Sevilla

El gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Miguel Ángel Millán, imputado por la venta irregular de los suelos de Mercasevilla, ha declarado ante la juez de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, que "las licencias no entienden de política", al tiempo que aseguraba que tenía "cuatro informes técnicos favorables".

Millán, que ha declarado durante una hora, ha basado su defensa en que la concesión de licencias es un proceso reglado. "Las solicita un ciudadano, las tramitan los servicios técnicos y las otorga bien la comisión ejecutiva o bien el gerente, dependiendo del caso", aseguró el gerente de Urbanismo, a la salida de los juzgados.

Miguel Ángel Millán se mostró satisfecho de su declaración, al tiempo que ha destacado que la jueza Mercedes Alaya le ha dado un trato exquisito.

La juez de instrucción 6 de Sevilla citó como imputado a Millán y al técnico de Urbanismo José Manuel Ferrera, adjunto al jefe de sección de Licencias de Primera Ocupación, por "presuntas irregularidades penales" en la concesión a la inmobiliaria Sanma, filial de Sando, de la licencia de primera ocupación para unas naves en Mercasevilla.


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EL INTERVENTOR PIDIÓ EN 2006 QUE GRIÑÁN SUPIERA DE SUS OBJECIONES A LAS AYUDAS A ERE

CORRUPCIÓN | "Para conocimiento y traslado al consejero"

* El PP exhibe el informe del interventor en que presentaba sus reparos
* Está fechado el 29 de septiembre de 2006 y dirigido a Martínez Aguayo

Manuel Mª Becerro | Efe | Sevilla

El interventor general de la Junta de Andalucía emitió un documento en el que pedía que se le trasladara al entonces consejero de Economía y Hacienda, hoy presidente de la Junta, José Antonio Griñán, el informe en el que se daba cuenta de las irregularidades en el procedimiento de concesión de subvenciones a empresas en crisis que dio pie al amaño de prejubilaciones que investiga un juzgado sevillano.

El PP andaluz mostró esta mañana el documento, nada más terminar la sesión parlamentaria en la que el presidente andaluz negó reiteradamente que él hubiera conocido ninguna objeción del interventor al régimen de ayudas establecido para empresas en crisis, al margen de los controles de la Administración autonómica.

Literalmente, el documento dice: "Para su conocimiento y traslado al consejero de Economía y Hacienda, adjunto se remite informe definitivo de cumplimiento, correspondiente al ejercicio 2004 realizado a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía".

Y está referido a régimen presupuestario, financiero, de control, y contable de las empresas de andalucía. Lleva firma del interventor general, en Sevilla a 29 de septiembre de 2006. El destinatario era la hoy consejera de Hacienda y Función Pública, Carmen Martínez Aguayo, como viceconsejera de Economía, si bien se interesaba el traslado a su superior en el departamento, el consejero Griñán.

La semana pasada, la consejera de Hacienda trató de exculpar al presidente Griñán admitiendo que ella conocía los informes de la Intervención de la Junta, pero no se los comentó con el titular de la Consejería, el hoy presidente.

En la sesión parlamentaria de control al Gobierno, el hoy presidente de la Junta, José Antonio Griñán, negó conocer el informe de la Intervención General de la Junta al no ser un "informe de actuación", aunque el líder del PP andaluz, Javier Arenas, ha asegurado que lo conoció e incluso lo "comentó" con el entonces presidente, Manuel Chaves.

Griñán y Arenas han polemizado sobre el informe de la Intervención General de 2005 que discrepaba del procedimiento utilizado por la Junta para trasladar las ayudas destinadas a los ERE de empresas en crisis, en los que se han visto irregularidades.

El presidente de la Junta, que ha censurado que la "verdad política" de Arenas dependa del color político de que se trate, ha rechazado las denuncias del PP de que el Gobierno miente en el caso de los ERE porque "las únicas mentiras" son las que lanzan "diariamente" los dirigentes populares.

"Mienten cuando dicen que no denunciamos", ha exclamado Griñán, quien ha preguntado a Arenas que diga "cuándo" presentó la Intervención General el informe "de actuación" que obligaría a la entonces viceconsejera elevarlo al consejero de Economía, por aquel entonces el propio José Antonio Griñán.
 
Reproches a Arenas de 1998
El presidente de la Junta ha leído varios informes elaborados por el Tribunal de Cuentas en 1998, cuando Arenas era ministro de Trabajo con el Gobierno del PP, en los que se cuestionaba el procedimiento para la contratación seguido por dicho Ministerio.

La respuesta de Arenas fue preguntar por cuál es la credibilidad que puede ofrecer un Gobierno "que no controla los fondos públicos", y ha añadido que el propio Griñán como su antecesor, Manuel Chaves, han hecho "desaparecer" en los últimos años los controles en la gestión de los fondos públicos en Andalucía.

"Si hubiera actuado cuando conoció el informe de la Intervención nos hubiéramos evitado muchos escándalos", ha indicado Arenas, quien ha reiterado que es "imposible e ilegal" que la entonces viceconsejera, Carmen Martínez Aguayo, no le trasladara a él dicho informe que "afectaba" a varios millones de euros.

El líder del PP ha llegado a advertir a Griñán de que si se demuestra que la Consejería recibió el informe para "hacérselo llegar a usted solo le queda dos salidas: o presentar la dimisión de inmediato por haber mentido o el cese de la consejera".

"CASO MERCASEVILLA"; EL GERENTE DE URBANISMO DE SEVILLA DECLARA QUE OTORGÓ LA LICENCIA CON INFORMES FAVORABLES

Millán asegura que ninguno de los cuatro técnicos vio los "gravísimos problemas" que observa la juez

EFE - Sevilla

El gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Miguel Angel Millán, ha declarado hoy como imputado en uno de los sumarios del caso Mercasevilla y ha dicho que otorgó la licencia investigada porque así lo aconsejaron cuatro técnicos y ninguno de ellos vio los "gravísimos problemas" citados por la juez.

Millán ha comparecido ante la juez de instrucción 6 de Sevilla, que le ha imputado haber concedido a la inmobiliaria Sanma la licencia de primera ocupación en un solar de Mercasevilla pese a conocer que existía un "problema técnico de gran magnitud", derivado de que aún no habían comenzado las "complejas obras" de infraestructura eléctrica.

En su declaración, a la que ha tenido acceso Efe, Millán ha dicho que firmó dicha licencia el 30 de enero de 2009 porque así lo aconsejaron cuatro informes técnicos, ya que él "no está para estudiar expedientes".

"La licencia es un acto reglado", que "se pide, se tramita y se concede", ha dicho Millán a la juez, y ha añadido que no siguió ninguna directriz por parte de ningún superior porque "las licencias no tienen política".

Millán ha sido imputado en el segundo sumario del caso por la licencia de primera ocupación a Sanma, inmobiliaria que se hizo con un derecho de superficie en los terrenos del mercado central en un proceso calificado por la juez como fraudulento.

La juez, en su interrogatorio, ha afirmado que el edificio proyectado por Sanma no eran unas obras livianas, pues consistían en "un conjunto compuesto por 14 naves industriales y un edificio de dos plantas de oficina" y ha asegurado que el Ayuntamiento sevillano tenía interés en favorecer a Sanma.

La juez Mercedes Alaya ha preguntado además a Millán por qué no subsanó las "irregularidades anteriores" y ha sugerido que pudo recibir indicaciones de sus superiores porque el tema era "relevante para el Ayuntamiento pues se trataba de obras muy importantes para la subsistencia de Mercasevila", y esa relevancia "se había trasladado a la Gerencia de Urbanismo a la vista de la agilidad en las resoluciones e incluso la rebaja de los requisitos legales".

En concreto, según la juez, existía un "gravísimo problema de ausencia de obras de infraestructura eléctrica" que deberían haber impedido la concesión de la licencia.

A esta última pregunta, el imputado ha reconocido que "si hubiera conocido la existencia de tales informes" sobre la infraestructura eléctrica "hubiera ordenado la caducidad de la licencia".

Millán, que ocupa el cargo desde abril de 2008, se ha unido a otros altos cargos imputados en el caso como el exgerente de Urbanismo Manuel Marchena, el exconcejal Gonzalo Crespo (PSOE), el exasesor del PSOE Domingo Enrique Castaño o el exdelegado de la consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

Hoy ha comparecido además el técnico de Urbanismo José Manuel Ferrera, pero la juez ha cortado el interrogatorio cuando ha sido informada de que sus funciones solo se referían a examinar la accesibilidad de los proyectos y no los trabajos de urbanización, han informado a Efe fuentes del caso.




"CASO PALMA ARENA"; EL JUEZ CASTRO ACABA LA INSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA CAUSA CONTRA MATAS

El exministro se sentará en el banquillo acusado de los delitos de malversación de caudales, prevaricación y falsedad

A.M. / Palma de Mallorca 

El juez del caso Palma Arena, José Castro, que investiga el supuesto enriquecimiento personal ilícito y la posible gestión corrupta del expresidente de Baleares, Jaume Matas, del PP, ha decidido la apertura del juicio oral por la primera de las 25 piezas penales en que dividió la instrucción del escándalo. Matas, que fue ministro con José María Aznar, se sentará en el banquillo acusado de los delitos de malversación de caudales, prevaricación y falsedad.

La primera vista oral de lo que es el caso Matas, que se celebrará en fecha aún no determinada, se centrará en el contrato del Gobierno balear (2003-2007) por 197.000 euros de Antonio Alemany como redactor de los discursos de Matas y asesor de imagen, de manera supuestamente amañada y adornada, según el juez. En la causa se cuestionan las subvenciones de hasta 449.000 otorgadas a las empresas que Alemany creó en paralelo, la Agencia Balear de Noticias y el digital Libertad Balear.

En su interlocutoria de conclusión de la instrucción el juez Castro sostiene que Alemany era un "asesor político en la sombra" de Matas y a la vez "fervoroso cronista de todas sus intervenciones, incluidas aquellas que él mismo redactaba". Le acusa de cobrar por elaborar entrevistas deportivas de patrocinio no identificadas. El asesor y columnista, ahora en La Gaceta y antes en El Mundo, defiende la legalidad de su actuación y las ayudas mientras que denuncia en sus medios la actuación del juez y los fiscales anticorrupción.

El contrato de Matas a Alemany se tramitó a través de una empresa pantalla, la agencia de publicidad Nimbus, que gestionó la campaña electoral del PP en 2007. Nimbus, propiedad de Miguel Romero contabilizó 71.089 euros en pagos en dinero negro del PP, de parte del gerente del partido y cuñado de Matas, Fernando Areal, asunto que se indaga en otra pieza de la causa.

Con Matas, Alemany y el publicista Romero, en el primer juicio previsto están inculpados los directores de comunicación y jefes de Gabinete de Matas en el Gobierno, Juan Martorell, María Umbert y Dulce Linares. El periodista Martorell ofreció su "máxima colaboración" al juez y los fiscales y ayudó a cerrar la investigación, a cambio de un eventual mejor trato por parte de la Fiscalía.

Matas está en libertad bajo una fianza carcelaria de tres millones de euros, acusado por nueve supuestos delitos de corrupción. El juez Castro ratificó este miércoles otra fianza contra el expresidente y exministro de 1,6 millones de responsabilidad civil por la presunta malversación de 1,2 millones al contratar un teatro de la Ópera a Santiago Calatrava.
   

EL JUEZ EXCULPA A RESPONSABLES DE TERRA MÍTICA DE FRAUDE FISCAL DE CUATRO MILLONES DE EUROS

TRIBUNALES | Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia

* El sobreseimiento afecta únicamente a los dirigentes del parque temático

Efe | Alicante

El Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia ha acordado sobreseer provisionalmente las actuaciones abiertas contra responsables de Terra Mítica por un presunto fraude fiscal de 4,4 millones de euros entre 2000 y 2001, delito del que la Fiscalía acusa a 17 empresas, el parque de Benidorm entre ellas.

La resolución, contra la que cabe recurso de reforma ante este juzgado o de apelación ante la Audiencia de Valencia, señala que hay pruebas que excluyen de "cualquier tipo de responsabilidad penal" a los dirigentes de la entidad imputados.

El sobreseimiento se refiere únicamente a los dirigentes del parque imputados, no al resto de empresas encausadas por una presunta trama de facturación falsa por operaciones no realizadas o efectuadas a medias, según el auto al que ha tenido acceso EFE, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

A partir de una denuncia de Fiscalía en 2005, a instancias de la Agencia Tributaria, se incoó procedimiento contra Luis Esteban, Miguel Navarro, y Justo Valverde, y posteriormente también contra Antonio Rincón y Miguel Ángel Izquierdo, por los delitos contra la Hacienda Pública, contable y de falsificación documental.

Estas personas desempeñaban en la entidad Terra Mítica Parque Temático Benidorm SA las funciones de presidente del consejo de administración y de la comisión ejecutiva, director de Contratación y Servicios generales, y directores del Departamento técnico y financiero, respectivamente.

Les exime de 'responsabilidad penal'
Practicada la prueba testifical y documental, el magistrado entiende que, sin perjuicio de que la empresa se hubiera repercutido el IVA correspondiente al ejercicio 2000 la suma de 185.385 euros, "no existe el menor indicio de que esa cantidad fuese efectivamente satisfecha por este concepto a terceras personas, quienes debieron igualmente haber ingresado en la Hacienda".

Si bien para el juez "es cierto que podría haber ocurrido que las obras no se hubieran ejecutado", estima que en ese supuesto Terra Mítica "sólo podría ocupar la situación de perjudicada".

"También podría pensarse que el impuesto satisfecho junto con las facturas a los proveedores, éstos, en lugar de ingresarlo en Hacienda, lo hubieran devuelto a la entidad, pero no existe indicio alguno que pueda apuntar este extremo", añade.

El juez señala asimismo que "las medidas de seguridad existentes en el recinto y los controles en cuanto a la ejecución de obras y abono de las mismas" excluyen de "cualquier tipo de responsabilidad penal" a los dirigentes de la entidad imputados.

Así, considera que las pruebas aportadas a la causa, grabaciones telefónicas, entre ellas, no justifican el mantenimiento de su situación de imputados y concluye que "no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa" contra ellos.

La investigación del supuesto fraude se remonta a noviembre de 2005, cuando, a instancias de la Agencia Tributaria, la Fiscalía presentó una denuncia contra un grupo de sociedades, entre ellas Terra Mítica, que supuestamente formaban parte de una "trama organizada" de falsificación de facturas.

Supuesta trama de empresas ficticias
Según la denuncia, esas empresas, algunas ficticias, defraudaron 4,4 millones de euros a través del IVA y del Impuesto de Sociedades entre 2000 y 2001 con la emisión de facturas falsas por trabajos no realizados pero atribuidos a la construcción del parque temático Terra Mítica de Benidorm (Alicante).

El magistrado acordó en 2010 la nulidad parcial de la causa -la referente al delito fiscal- pero la "rescató" en septiembre de ese año y prosiguió la instrucción, con la declaración de más imputados el pasado mes de febrero y la presentación de un informe pericial que ratifica el de la Agencia Tributaria que dio lugar a la investigación.

Ahora exculpa a los responsables de Terra Mítica del delito de fraude fiscal que se les imputaba.

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