jueves, 21 de enero de 2010

"CASO ARCOS"; UN PROMOTOR DEVOLVIÓ AL EX ALCALDE DE ALCAUCÍN LO QUE PAGÓ POR UNA FINCA

Sumario

* El alcalde era el primero en ver las peticiones de licencia, según un testigo

Efe | Málaga

El ex alcalde socialista de Alcaucín (Málaga) José Manuel Martín Alba, imputado en el caso 'Arcos' contra la corrupción urbanística, compró una finca por 23.200 euros, dinero que le fue devuelto en efectivo una vez finalizada la adquisición, según se desprende del sumario, al que ha tenido acceso Efe.

La contraprestación que hubiera realizado Martín Alba a cambio del dinero "posiblemente consiste en la firma de varios convenios urbanísticos entre el Ayuntamiento de Alcaucín y las mercantiles Promociones Inmobiliarias Alta Axarquía S.L., Velaxarco S.L. y Mirador de la Axarquía S.L. para la reclasificación de terrenos de su propiedad".

Del sumario también se desprende que el alcalde socialista habría recibido de una promotora, a través de la sociedad Alcaucín Building, de la que son socias sus dos hijas, 23.584,3 euros, como "compensación al trato de favor prestado a la promotora, consistiendo en numerosas irregularidades urbanísticas, varias de ellas de carácter grave, cometidas por la misma en el término municipal, según el sumario.

El primero en ver peticiones de licencia

Por su parte, en el sumario también se incluye la declaración de una testigo del caso 'Arcos' que señala que las peticiones de licencia de obra "pasaban primero al alcalde y luego a quien él decía", en referencia al imputado y ex regidor del PSOE Jose Manuel Martín Alba.

El sumario del caso, al que ha tenido acceso Efe, recoge que existían instrucciones del secretario municipal para que las peticiones pasaran primero al técnico y después al propio secretario, algo que, según la testigo "le extraña mucho que no sepa el alcalde, porque de hecho se pasaban primero al alcalde y luego a quien él decía".

La testigo declara que "el secretario sólo venía dos veces en semana, por lo que la máxima autoridad era el alcalde", y éste "se encargaba de impulsar el procedimiento administrativo" de las peticiones de licencia de obra.

"El secretario nunca informaba, porque sólo iba por las tardes y se encontraba el expediente en su mesa resuelto", continúa la testigo, que explica que "al dorso de la petición de licencia, era donde se hacía constar si se otorgaba o no".

Asimismo, manifiesta creer que "hay licencias que se han dado sin haber obtenido informe técnico" y que "cada vez que entraba una licencia, era el alcalde quien decía si se otorgaba o no inmediatamente, si se pasaba a informe técnico o si se mandaba a la Diputación".

La testigo añade que cree que "no había muchas denegaciones de licencia; que no recuerda ninguna, aunque no descarta que las hubiera".

elmundo.es

"CASO ARCOS"; EL EX ALCALDE DE ALCAUCÍN DABA LICENCIAS A CAMBIO DE DINERO CON DOCUMENTOS FALSOS

Según consta en el sumario

* Ese 'enriquecimiento' también había alcanzado a sus familiares más directos

Europa Press | Efe | Málaga

El sumario del caso 'Arcos' contra la corrupción urbanística en Alcaucín apunta a una "red de corrupción político-empresarial" en esta localidad más que a "unos meros ilícitos relacionados con la ordenación del territorio" aunque los hechos tengan su origen en asuntos vinculados al urbanismo.

Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al que ha accedido Efe al levantarse parcialmente el secreto sumarial, el ex alcalde del municipio, José Manuel Martín Alba, obtenía beneficios económicos a cambio de otorgar licencias para construir viviendas irregulares utilizando para ello documentación falsa.

El informe del Grupo contra la Delincuencia Urbanística de la UCO señala respecto al ex alcalde que el "enriquecimiento también habría alcanzado a sus familiares más directos (concretamente, a sus hijas)" y que las "irregularidades habrían generado pingües beneficios a personas y empresas que habrían negociado" con él.

Los investigadores indican que "las informaciones recibidas, procedentes de varias fuentes, coinciden en señalar como principal beneficiario de la supuesta trama de corrupción a José Manuel Martín". Añaden que "todo apunta a que existen evidentes conexiones" entre él y "empresarios del sector inmobiliario que actúan en la localidad realizando operaciones urbanísticas, presuntamente al margen de la legalidad, en base a las que el alcalde podría haber recibido compensaciones personales que habrían engrosado su patrimonio".

También se señala que "para ocultar estas compensaciones, parece ser que estaría empleando a su entorno familiar más próximo". De ahí que en las cuentas del entonces alcalde hubiera "numerosos ingresos en efectivo cuya procedencia está sin justificar", ascendiendo hasta los 127.950,89 euros. Asimismo, entre el 22 de septiembre y el 29 de diciembre de 2001 Martín Alba acudió con frecuencia a una entidad financiera para cambiar pesetas a euros, hasta alcanzar los 38.017 euros (6,3 millones de pesetas).

De ahí se concluye que el primer edil obtenía "ingresos ajenos a su sueldo como regidor", que podrían ser "producto de comisiones presuntamente ilegales", a pesar de que en su declaración, el entonces regidor de Alcaucín dijo que sólo tenía ingresos "como alcalde, artista y albañil".

Además de este dinero y del hallado en la vivienda de Martín Alba (160.000 euros bajo un colchón), en el documento se señala que en la casa de sus hijas Sonia y Mónica Martín, que fueron detenidas por estas diligencias, había "importantes cantidades de dinero en efectivo, supuestamente procedente de comisiones ilegales u otras actividades ilícitas, con las que acostumbra a sufragar sus gastos cotidianos".

Actividades ilícitas

Se precisa también en el informe de la UCO que "tales actividades, supuestamente ilícitas, consistirían principalmente en facilitar a constructoras la edificación, unas veces en terrenos sin la adecuada clasificación" y otras "la modificación del planeamiento al antojo de las mismas, de modo que se obtenga mayor cuota de edificabilidad de la permitida, alterando los parámetros que rigen en las normas subsidiarias".

"Al parecer, en otras ocasiones también habría utilizado sus facultades como alcalde para, por medio de certificados falsos, permitir reparcelaciones de terrenos agrícolas para posteriormente otorgar licencias de obra para la construcción de viviendas claramente desvinculadas del uso agrario o bien facilitar construcciones en terrenos rústicos", según el sumario.

Se refleja que "el alcalde habría realizado lo que podrían calificarse de intentos por maquillar o regularizar las situaciones irregulares previamente creadas por las construcciones".

Con las iniciales investigaciones se apunta que "el alcalde podría haber recibido contraprestaciones de tipo económico por permitir que algunos constructores/promotores vulneraran en su propio beneficio las normas urbanísticas del municipio".

Se explica que Martín "no se habría limitado a obviar tales infracciones, sino que más bien habría participado activamente en las mismas, aprovechándose de su cargo, facilitando la cobertura documental que se precisa para vulnerar controles extramunicipales establecidos (instancias autonómicas, notariales, registrales, judiciales, etc.)".

Además
* Un promotor devolvió a Martín Alba lo que pagó por una finca
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elmundo.es

"OPERACIÓN MAQUILLAJE"; MUNAR PAGÓ 214.000 EUROS EN FACTURAS FALSAS A SU PARIENTE

Coló gasolina, teléfono y asesorías

* Validó todos los recibos con los que Video-U justificó un 'programa fantasma'
* Por él abonó 240.000 euros de los 4 millones públicos que desvió del Consell

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

Maria Antònia Munar autorizó personalmente el pago de facturas falsas por importe de al menos 214.468 euros a la empresa Video-U, a la que adjudicó a dedo la producción de la televisión del Consell de Mallorca y en la que se encuentra oculto un pariente suyo bajo una identidad falsa. Mientras presidía el Consell de Mallorca durante la pasada legislatura, la líder de Unió Mallorquina (UM) no sólo entregó a esta productora más de cuatro millones de euros públicos sino que validó decenas de recibos ficticios de gasolina, asesorías, alquiler de locales y estudios de grabación, que fueron librados por la empresa de su pariente Víctor García González –en el Registro Mercantil figura como Víctor García Fernández en las cuentas entregadas durante 6 años seguidos–.

Este ingeniero jubilado está casado con la destacada militante de UM Coloma Munar, prima hermana del marido de la presidenta del Parlament balear, y entró en Video-U en noviembre de 2004, tal y como declaró él mismo ante el juez, "en un paquete conjunto" con Miguel Sard, primo de la mujer de Miquel Nadal, entonces vicepresidente del Consell de Mallorca. Es decir, en vísperas de que la institución insular comenzara a regar a contratos a esta sociedad.

Video-U presentó estas facturas como salvoconducto para cobrar dos subvenciones que ascendían en total a 240.000 euros públicos y que fueron otorgadas en los ejercicios 2004 y 2005. El concepto oficial de las mismas pasaba por la realización de un programa deportivo denominado Temps de Esport, del que ni la Policía Nacional, ni la Agencia Tributaria ni la Fiscalía Anticorrupción han hallado el más mínimo rastro y los actuales responsables de la Radiotelevisión del Consell han constatado tras ser requeridos por los investigadores de la denominada Operación Maquillaje que jamás existió.

El Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional, tras revelar la inexistencia de los programas y la expedición de los recibos pagados por Munar concluye que "la única explicación razonable a esto pasaría por la maquinación de facturas al objeto de justificar ciertos gastos". Pero es que el juez Juan Ignacio Lope Sola, que instruye esta ramificación del caso Son Oms, considera ya acreditado que "la justificación de los gastos no se ajusta a la realidad".

elmundo.es

EL PALAU RECUPERA 6 DE LOS 24 MILLONES SAQUEADOS POR MILLET

Veto definitivo de la justicia a que la Generalitat pueda ejercer la acusación

PERE RÍOS - Barcelona

Los nuevos gestores del Palau de la Música han recuperado ya seis de los casi 24 millones de euros del agujero generado en la etapa del anterior presidente de la entidad, Fèlix Millet, y confían en que la cifra pueda alcanzar los siete millones en abril. El director general del Palau, Joan Llinares, afimó ayer que el dinero recuperado quedará en depósito a la espera de clarificar su destino, en función de la investigación judicial sobre este caso.

Los nuevos gestores depositarán el dinero, a la espera de ver cómo acaba el caso

Las cantidades recuperadas proceden de la caja fuerte que guardaba Millet en una entidad bancaria, descubierta por los Mossos d'Esquadra cuando se destapó la trama el pasado verano, así como de la retrocesión de la venta de un local en la calle de Sant Pere més Baix. Otra parte corresponde a las cantidades consignadas por Millet en el juzgado. Y a todo ello se añaden los 600.000 euros procedentes de la Fundación Trias Fargas, vinculada a Convergència, que este partido ha prometido abonar. El Palau ha cobrado ya 3,6 millones por decisión del juez que instruye el caso, Juli Solaz.

La presidenta del Palau, Mariona Carulla, explicó que difícilmente se logrará recuperar los 24 millones de euros, entre otros motivos porque se desconoce el paradero de unos 10 millones. Asimismo afirmó que será un proceso largo y que en ese intento de recuperación el Palau pretende incluir hasta donde sea posible una cuenta de Millet en Suiza con un millón de euros y diversas propiedades registradas y valoradas en 12 millones.

Llinares explicó que los ingresos por patrocinio no se han resentido especialmente después de que estallara el caso y que la respuesta de los patronos y las instituciones ha sido de apoyo al Palau. Incluso explicó que algunas entidades que debido a la crisis habían previsto reducir sus aportaciones al Palau han reconsiderado su posición como muestra de apoyo a la institución en un momento difícil para la imagen de la entidad. Según Llinares, la entidad ha ahorrado dos millones de euros en los últimos meses por la salida de miembros del anterior equipo directivo.

Por otra parte, la Audiencia de Barcelona ha cerrado definitivamente la puerta para que la Generalitat puede ejercer la acusación particular en el proceso y ha confirmado el veto que acordó en su día el juez Solaz. La Sección Quinta considera que el saqueo efectuado por Millet y su mano derecha, Jordi Montull, causó un perjuicio a al Consorcio del Palau, a la Fundación Palau de la Música y al Orfeó, porque esos organismos eran los titulares de las cantidades robadas, pero no a la Generalitat. El Ayuntamiento de Barcelona también recurrió contra la negativa de Solaz a la personación como acusación y es muy probable que la Audiencia de Barcelona se pronuncie en el mismo sentido. En cambio, los jueces han permitido a la Diputación de Barcelona ejercer la acción popular, porque se trata de una institución que no está representada actualmente en el consorcio, a diferencia de la Generalitat y el Ayuntamiento.

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona también se ha personado en el proceso para ejercer la acción popular y está a la espera de lo que resuelva el juez, que podría imponerles una fianza como requisito.

elpaís.com