miércoles, 13 de junio de 2012

"CASO MALAYA"; EL FISCAL PIDE 497 AÑOS DE CÁRCEL Y MULTAS QUE SUMAN 3.800 MILLONES


El ministerio público retira la acusación a nueve procesados secundarios del 'caso Malaya'

Fernando J. Pérez Málaga

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El fiscal anticorrupción de Málaga Juan Carlos López Caballero no es un hombre dado a golpes de efecto. El representante del ministerio público elevó ayer a definitivo su escrito de acusación provisional en el caso Malaya, la macrocausa sobre la corrupción municipal en Marbella. Y lo hizo sin introducir modificaciones de calado tras 180 jornadas de vista oral que se iniciaron en septiembre de 2010.

La modificación más significativa fue la retirada de la acusación a nueve de los 95 procesados iniciales, todos ellos personajes secundarios. El fiscal reclama para los 86 restantes penas que suman 497 años de cárcel y 3.800 millones de euros de multa. Los 435 folios del escrito final acusatorio sobre la trama de blanqueo supuestamente encabezada por Juan Antonio Roca mantienen casi en su integridad los postulados de partida. El fiscal reclama 30 años de prisión, 81 de inhabilitación y 810 millones de euros de multa para el cerebro de la trama por diversos delitos de blanqueo, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y cohecho. Ni un año más ni un euro menos que antes.

Respecto a Roca, en prisión desde marzo de 2006, solo cambian dos puntos de la acusación pública. El exasesor podrá conservar los bienes adquiridos por sus sociedades con anterioridad a 1996. Entre estas propiedades destaca su domicilio particular, un dúplex de lujo en el edificio Poseidón, en una de las mejores zonas de Marbella. El fiscal tuvo que renunciar al comiso de estos bienes debido a que cuando fueron adquiridos todavía no estaba en vigor la actual legislación antiblanqueo. El hecho de no pedir el comiso no implica que, en caso de resultar condenado en esta o en alguna de las otras 31 causas en las que está imputado, no se pueda obligar a Roca a responder de posibles multas o responsabilidades civiles con esos bienes.

Otro cambio en el escrito de López Caballero consiste en ofrecer el delito de apropiación indebida como alternativa a los delitos de malversación de caudales públicos. Este cambio supondría una pena máxima para Roca de 28 años de prisión. El fiscal recuerda en su escrito que Roca gastó más de 200 millones de euros entre 1997 y 2005 en inmuebles, vehículos, yates, mobiliario, viajes y obras de arte, una cantidad "que no puede justificarse sobre la base de las rentas lícitas conocidas" del exasesor y de su familia. Este patrimonio inmenso se ocultaba tras un entramado en el que el fiscal ha identificado al menos 70 sociedades.

El fiscal levanta la acusación a nueve de los 95 procesados iniciales

Quien quizá salió más beneficiada de la sesión de ayer fue la exalcaldesa marbellí Marisol Yagüe. La exregidora gilista y auténtica marioneta en manos de Roca vio su petición de pena rebajada de 20 a 16 años de cárcel, después de que el fiscal apreciara un tipo de malversación más leve en el uso indebido que se hizo del Rolls Royce del fallecido alcalde Jesús Gil. Este vehículo, que fue recuperado, acabó siendo subastado.

Otro acusado beneficiado ayer fue el abogado Juan Germán Hoffmann, supuesto testaferro internacional de Roca, a quien se le retiró un delito de blanqueo, lo que supone una rebaja en la petición de siete a cuatro años de cárcel. Para el resto de los acusados —concejales, empresarios o testaferros de Roca como los abogados Sánchez Zubizarreta, Óscar Benavente o Montserrat Corulla— las peticiones de pena se mantienen en los términos iniciales.

La 180º jornada comenzó con sorpresa: el fiscal anticorrupción y fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, anunciaba la retirada de la acusación que mantenía sobre nueve procesados, todos ellos personajes muy secundarios de la trama corrupta. Se trata de María Roca Jimeno, hija del supuesto cabecilla de la trama; Javier Pérez Villena, hijo del empresario Ismael Pérez Peña, que ya se conformó con la pena que pedía para él el fiscal; Miguel Jiménez, ex concejal del Grupo Independiente Liberal; Sergio Santana, técnico informático y contable; Karin Marika Mattson, empleada de One Properties, una de las inmobiliarias de Roca; Ursula Quinzano, exsecretaria de Montserrat Corulla, supuesta testaferro de Roca; Hildegard Fernandez, veterinaria de los caballos del exasesor urbanístico; Carlos García Puente, exadministrador de una sociedad de Roca, y José María Mellado Romero, que participó en la operación de compraventa del hotel La Malvasía en la Aldea del Rocío.

Con la salida de estos nueve procesados, el juicio se queda definitivamente con 86 procesados.

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EL FISCAL PIDE CUATRO AÑOS DE CÁRCEL PARA UN EXCONSEJERO DE UM

Buils está acusado de malversación de caudales públicos y prevaricación
Formó parte del Gobierno del socialista Francesc Antich

Andreu Manresa Palma de Mallorca

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Por agradecer con dinero público “servicios y colaboraciones prestadas” en un partido, al exconsejero de Turismo de Baleares, Francesc Buils, de UM (Unió Mallorquina), entre 2007 y 2008, la Fiscalía le pide una pena de cuatro años y medio de cárcel. Este martes comienza el juicio ante la Audiencia de Palma contra Buils y otros tres militantes de su grupo. Buils formó parte del último Gobierno de Francesc Antich, del PSOE-PSM-IU- más UM. Al estallar el escándalo, el caso voltor (buitre) en febrero de 2010, y destaparse las tramas supuestamente corruptas, Antich expulsó a UM de su Gabinete y quedó en minoría.

A Buils –que fue detenido tras dejar el cargo- se le acusa de malversación de caudales públicos y prevaricación, por pagar “de manera arbitraria” 15.000 euros a un dirigente local de UM, por "antigua amistad" y premiar su fidelidad partidista. Los pagos efectuados aludían a teóricos informes sobre senderismo y se tramitaron con un disfraz administrativo. Era una dádiva.

La exautoridad autonómica Francesc Buils, del entorno de confianza de la exlíder Maria Antònia Munar, agració al ex alcalde de Sóller y empresario Antoni Arbona, que reconoció la acusación y retornó el dinero regalado. Otro de los acusados, un ex director del departamento Turisno, Antoni Oliver, ha actuado en el mismo sentido: que se pagaron favores por razones políticas a aquel por órdenes superiores de la cúpula. Un tercer cargo de UM en la consejería, Antoni Rebassa, también está encausado. Los exdirigentes de Turismo se enfrentan a una petición inicial de cuatro años y medio de cárcel. El beneficiado y arrepentido Arbona merece, para el fiscal, dos años y tres meses de cárcel por su atenuante de confesión y reparación de los fondos defraudados.

El exconsejero Buils tiene otras causas pendientes que precipitaron la extinción de su grupo bisagra UM en 2010. Su sucesor en la consejería, Miquel Nadal, en la misma época de poder del centro izquierda (2007-2011) fue juzgado semanas atrás en la Audiencia de Palma, con la exlíder del partido Maria Antònia Munar. Nadal y Munar están pendientes de la sentencia por los hechos juzgados correspondientes a la época en que PP y UM controlaban el Consell de Mallorca (2003-2007).

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EL JUEZ IMPUTA AL ALCALDE DE VALLADOLID EN UN CASO DE CORRUPCIÓN URBANÍSTICA



Está citado a declarar el próximo 12 de julio en relación con el Plan de Ordenación Urbana

Julio M. Lázaro Madrid

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El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva. / REUTERS
 El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, del PP, ha sido citado a declarar como imputado sobre la alteración ilegal del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, orientada supuestamente a conceder licencias de construcción y aumentar coeficientes de edificabilidad para beneficiar a determinadas personas. La Fiscalía de Valladolid pidió su imputación el pasado lunes, y el juez acordó ayer citar a León de la Riva y a otros siete concejales y exconcejales del Consistorio, presuntamente implicados en la alteración del PGOU de 2003. La decisión de actuar contra León de la Riva fue comunicada por la fiscalía de Valladolid a la Fiscalía General del Estado, que se ha dado por enterada.

León de la Riva ha sido citado para el 12 de julio, a las 9.30, según una providencia del juez de instrucción número 1 de Valladolid. Además del alcalde, han sido llamados a declarar como imputados el concejal Tomás Punzano Ruiz y los exediles María Luisa Ramírez Carballedo y José Carlos Muñoz Mateo, a lo largo de la mañana del próximo 21 de junio. Los concejales Gonzalo Hernández Santamaría, Manuel Sánchez Fernández y el director del Servicio de Obras de la corporación municipal, Pablo Luis Gigosos Pérez, tendrán que comparecer el 5 de julio. El juez también ha aceptado la petición de la fiscalía de llamar nuevamente a declarar al que fuera concejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca, y al arquitecto Luis Álvarez Aller, para el 4 de septiembre.

El asunto se remonta a 2003, pero agotada ya la investigación, la fiscal de urbanismo de Valladolid propuso que el alcalde León de la Riva declarase como imputado, lo que ayer fue aceptado por el juez de instrucción número 1. Los indicios apuntan a que  el PGOU de Valladolid aprobado por el Ayuntamiento se modificó ilegalmente por la vía de introducir correcciones técnicas, que en realidad eran variaciones sustanciales en el desarrollo urbanístico.

Tras aprobarse su publicación, pudo conocerse que lo publicado no se correspondía con lo aprobado por el Ayuntamiento. Así fue posible construir 124 viviendas unifamiliares en el lugar de las nueve previstas en el PGOU, con un beneficio para el promotor de 11,4 millones de euros. Las modificaciones también permitieron demoler el edificio de la céntrica calle Bajada de Libertad, 17; aumentar el parámetro de edificabilidad de la Ciudad de la Comunicación; conceder licencia para un complejo residencial para mayores en la calle de Arca Real y autorizar para uso hotelero la antigua fábrica de harinas La Perla.

En febrero de 2011, el Tribunal Superior de Castilla y León obligó al alcalde de Valladolid a revisar el PGOU y remitió las actuaciones al juzgado de instrucción para su investigación en vía penal, dadas las “alteraciones conscientes” con las que se encubrió una “auténtica revisión” del Plan General.

Óscar Puente, presidente del grupo socialista del Ayuntamiento vallisoletano y denunciante de los hechos en 2008, manifestó a EL PAÍS que su objetivo no es León de la Riva, “sino que se esclarezcan unos hechos muy graves, como fueron la modificación de 74 artículos y el cambio de 14 planos del PGOU”. León de la Riva había declarado hace unos días que tenía el “convencimiento” de que no iba a “sentarse en el banquillo” por este asunto.

EL TSJ RECHAZA EL RECURSO DEL EX ALCALDE DE TORREVIEJA Y ABRE EL JUICIO POR PREVARICACIÓN

TRIBUNALES | Ratifica el auto del Magistrado de la Sala Civil
Los Verdes como acusación popular, presentará la apertura del juicio oral

ELMUNDO.es | Torrevieja (Alicante)

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha desestimado el recurso presentado por el ex alcalde de Torrevieja, el 'popular' Pedro Ángel Hernández Mateo contra el auto del magistrado instructor de la Sala Civil, Juan Climent, que hace unas semanas concluía la instrucción abierta a consecuencia de una denuncia presentada contra el diputado y ex regidor, por supuestas irregularidades en el proceso de adjudiciación de un contrato de recogida de residuos sólidos.

En ese auto, el juez mantenía la imputación de Hernández Mateo por los supuestos delitos de prevaricación en la adjudicación del contrato del servicio de recogida de residuos sólidos, transporte y vertedero, limpieza viaria y limpieza y mantenimiento del término municipal de Torrevieja. También la imputación por falsedad documental en la propuesta y en el Decreto de la adjudicación del contrato de consultoría.

Ahora, el TSJCV mantiene todas las imputaciones y acuerda continuar con la tramitación del procedimiento, por lo que ha dado traslado a la acusación para que pida la apertura del juicio oral.

Según ha recordado la formación de Los Verdes en Torrevieja, el recurso de reforma interpuesto por la defensa jurídica de Hernández Mateo fue impugnado en tiempo y forma por la acusación popular, ejercida por el portavoz y concejal del grupo ecologista, José Manuel Dolón García, que solicitó la desestimación íntegra del mismo y la condena a costas.

Una vez resuelto el recurso de reforma interpuesto por el imputado Hernández Mateo, la representación jurídica de Los Verdes como acusación popular, presentará en los próximos días la apertura del juicio oral que habrá de resolverse en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

EL JUEZ DE NULES RECHAZA REBAJAR LA FIANZA DE 4,2 MILLONES IMPUESTA A CARLOS FABRA

TRIBUNALES | La considera 'ajustada a Derecho'
La defensa se queja de que a Fabra le impone el doble de lo que pide el fiscal
El juez también contradijo a la Audiencia al observar presunto cohecho

ELMUNDO.es | Castellón

El Juzgado de Instrucción 1 de Nules ha desestimado el recurso del presidente del PP de Castellón y ex presidente de la Diputación, Carlos Fabra, y su ex mujer, María de los Desamparados Fernández sobre la cuantía de la fianza impuesta en concepto de responsabilidad civil por los presuntos delitos que se le atribuyen y confirma en lo que se refiere a Carlos Fabra su propio auto de enero de 2012 en el que la cuantía asciende a 4,2 millones de euros.

Según el auto remitido este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el magistrado de Nules acuerda desestimar el recurso de reforma interpuesto por la defensa de Fabra y otorga cinco días de plazo para interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

En su recurso, el líder del PP de Castellón y su ex mujer interesan que "se modifique la fianza impuesta a Carlos Fabra Carreras, imponiéndose una que, en todo caso, sea conforme a Derecho".

Los letrados de la defensa advierten que incluso al presidente del PP "se le exigen más de dos millones de euros más de lo interesado por el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación, ya que la suma de las responsabilidades pecuniarias del escrito de acusación del Ministerio Fiscal, más el tercio que también exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal, da un total de 2.380.099,11 euros".

Por todo ello, alegan los recurrentes "que se ha vulnerado su derecho a la Tutela Judicial efectiva, por haberse adoptado una fianza dineraria con total ausencia de motivación".

Sin embargo, tras estudiar el recurso, el responsable titular del Juzgado 1 de Nules, Jacobo Pin, argumenta para desestimarlo que la fianza impuesta a éste último "no resulta desproporcionada y se ajusta perfectamente a Derecho", a la vista de los escritos de acusación de las partes personadas, dice, "resultando su importe un promedio de sus valoraciones y peticiones, e incluso siendo una cifra inferior a lo interesado por la Abogacía del Estado y la Acusación Popular".

Se ratifica en dos autos revocados antes por la Audiencia
Cabe recordar que el juez de Nules rechazó admitir a trámite este recurso sobre la explicación de la fianza y tras el recurso de Fabra ante la Audiencia, ésta revocó la decisión de Pin y le instó a admitir a trámite la queja sobre la cuantía dineraria para atender la responsabilidad civil de los presuntos delitos que se le imputan. Ahora, con esta nueva resolución tras admitir a trámite el recurso, el Juzgado 1 de Nules se ratifica en el auto de enero y desestima los argumentos de Fabra para reducir la cuantía de la fianza.

Por otra parte, el mismo titular impuso una fianza de 4,2 millones y 800.000 euros respectivamente a Fabra y su ex mujer por diferentes delitos. A Fabra le atribuyó cuatro presuntos delitos fiscales, tráfico de influencias y cochecho, delito éste último que la Audiencia de Castellón eliminó posteriormente, para devolver el caso al magistrado de Nules. La pasada semana, el juez de Nules se volvió a pronunciar al respecto e insistió a la Audiencia que sí apreciaba el presunto delito de cohecho, tildando la resolución del alto tribunal castellonense de "incoherente".

"CASO DEL PGOU"; EL ALCALDE DE VALLADOLID CITADO A DECLARAR COMO IMPUTADO POR LAS MODIFICACIONES IRREGULARES EN EL PGOU


El alcalde de Valladolid, el 'popular' Francisco Javier León de la Riva, ha sido citado a declarar el próximo día 12 de julio en calidad de imputado en las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 1 con motivo de las modificaciones irregulares realizadas en 2003 en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, supuestamente, pretendían beneficiar a diversos constructores.

EUROPA PRESS.

El alcalde de Valladolid, el 'popular' Francisco Javier León de la Riva, ha sido citado a declarar el próximo día 12 de julio en calidad de imputado en las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 1 con motivo de las modificaciones irregulares realizadas en 2003 en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, supuestamente, pretendían beneficiar a diversos constructores.

La citación del máximo regidor vallisoletano se produce después de que la fiscal jefe de Valladolid, Esther Pérez Jerez, y la fiscal del caso, Ana Valle, mantuvieran hace tres semanas en Madrid un encuentro con miembros de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado con el fin de recabar la opinión del departamento que dirige Eduardo Torres Dulce respecto de tal posibilidad, según una información del Diario El Mundo recogida por Europa Press.

Evacuada dicha consulta, cuya trascendencia en los medios de comunicación ha sido interpretada por León de la Riva como una "filtración interesada para tratar de presionar al Fiscal General", la Fiscalía Vallisoletana ha recibido finalmente luz verde para citar al primer edil del PP como imputado, algo que en los últimos meses ya han hecho el exconcejal de Urbanismo José Antonio García de Coca, seis técnicos municipales y varios constructores.

Denuncia en 2008
El denominado 'Caso del PGOU' de Valladolid fue llevado a la Fiscalía de Valladolid el día 7 de julio de 2008 por el Grupo Municipal Socialista, que denunció ya entonces la modificación ilícita de 67 artículos y cinco planos —el Ayuntamiento reconoció errores en ocho epígrafes y cinco planos— y consideró como principal responsable al exedil de Urbanismo, a quien imputaba por las manipulaciones en el planeamiento urbanístico de la ciudad en los últimos días de agosto de 2003, entre su aprobación provisional por parte del Pleno y la definitiva por parte de la Junta.

"A partir de ese momento, el concejal de Urbanismo y quizás otras personas realizaron alteraciones subrepticias en el texto refundido que fueron enviadas de nuevo a la Consejería de Fomento para ser publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León", denunció cinco años después el que hoy sigue siendo presidente del Grupo Socialista, Óscar Puente.

La denuncia de los socialistas fue puesta en manos del Juzgado Decano por parte de la Fiscalía vallisoletana, que pidió la declaración de García de Coca como imputado y apuntaba la posibilidad de recabar el testimonio del propio alcalde y del consejero de Fomento, Antonio Silván, así como de encomendar a la Policía Judicial la investigación con el acceso a toda la documentación mencionada y averiguar qué personas se beneficiaron de las modificaciones realizadas en el texto del PGOU.

Aunque los hechos fueron denunciados por el grupo de concejales socialistas, éstos no han podido personarse en las diligencias debido a la elevada fianza exigida, algo que, por el contrario, sí han logrado hacer la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, que figura como acusación pública tras desembolsar 8.000 euros de fianza.