jueves, 7 de octubre de 2010

LA TRAMA CORRUPTA DE LAS LICENCIAS DE CIUTAT VELLA SACUDE AL AYUNTAMIENTO

POLÍTICA  | Tormenta política
 
* El sumario señala a altos cargos de Barcelona como implicados en la causa
* CiU y PP reclaman al Ayuntamiento que explique el contenido del sumario
* Xavier Trias (CiU) considera que se trata de 'hechos gravísimos'
* Fernández Díaz cree que se constata que era 'una verdadera trama corrupta'

ELMUNDO.es | Barcelona

La presunta trama corrupta en torno a la concesión de licencias en el Distrito de Ciutat Vella se ha convertido en epicentro del terremoto que sacude a estas horas al Ayuntamiento de Barcelona.

La aparición de nombres de cargos municipales en el sumario judicial desvelado este jueves ha provocado un alud de acusaciones que han puesto el punto de mira en el propio alcalde, Jordi Hereu, a quien desde la oposición han reclamado ya explicaciones y toda la información posible.

Según las informaciones adelantadas por 'La Vanguardia', el actual concejal de Comercio, el abogado Roger Pallarols, y el gerente del Área de Seguridad y Prevención, Joan Albert Dalmau, estarían vinculados a una red que no dudaba en utilizar extorsiones y amenazas de muerte en su negocio para facilitar la concesión de licencias de negocio.

El caso marcará, con toda seguridad, el pleno de Distrito que se celebra esta misma tarde y en la que Esquerra (ERC) ya ha anunciado que reclamará responsabilidades, instando a que los consejeros que estén implicados, directa o indirectamente, a que sean apartados de su cargo "por la buena imagen" de la institución.

Más allá han ido CiU y PP, desde donde han reclamado al alcalde Hereu que convoque una Junta de Portavoces Municipal para que el bipartito gobernante (PSC-ICV) expliquen con profundidad sobre el sumario del caso.

El presidente del grupo municipal de CiU, Xavier Trias, considera que "hay insinuaciones que si son verdad son de una gravedad extrema". Una apreciación que ha recogido también el líder del PP barcelonés, Alberto Fernández Díaz, quien cree que "estamos ante una verdadera trama de corrupción en el distrito".

Uno de los aspectos más graves señalados en el sumario está la posibilidad de que se retirase parte de la escolta policial que se activó sobre la ex concejal de Ciutat Vella Itziar González tras recibir amenazas de muerte.

elmundo.es

"CASO PALMA ARENA"; LA AUDIENCIA DESESTIMA LA SOLICITUD DEL PP PARA PERSONARSE EN LA CAUSA

Como acusación particular

* El tribunal ratifica el auto dictado por el juez José Castro
* La defensa popular prevé presentar un amparo ante el Constitucional

Esteban Urreiztieta | Palma

La Audiencia provincial de Palma ha desestimado el recurso presentado por el Partido Popular para personarse como acusación particular en el caso Palma Arena en el que está imputado, entre otros, el ex-presidente del Govern Jaume Matas, por unas supuestas irregularidades en la construcción del velódromo Palma Arena en la pasada legislatura.

El tribunal ratifica el auto dictado por el juez José Castro, en el ya el pasado mes de julio denegaba la personación de este partido en la causa.

En el recurso, interpuesto por el abogado de esta formación Ignacio Gordillo, el PP solicitaba la "abstención" de Castro en este proceso judicial al considerar que ha "perdido la imparcialidad", al quedar "demostrado" en su auto su "enemistad" con el PP.

Castro, por su parte, señaló que el PP de Baleares "tiene innegable derecho a defenderse de las imputaciones que sobre él puedan recaer, pero ocupando el lugar que le corresponde, que es el de de posible responsable civil subsidiario y para hacer frente a las derivaciones indemnizatorias que puedan declararse en su contra".

El fiscal en excedencia de la Audiencia Nacional ha aseverado que para personarse como acusación particular no sólo se tiene en cuenta que alguien haya resultado ofendido por los hechos que se investigan -como en este caso el Govern-, sino que también se vean afectadas "la honorabilidad y el valor moral" de quien solicita personarse, como considera que le ha sucedido al PP con los delitos investigados en esta causa, informa Europa Press.

Mientras, el abogado de la formación popular Gordillo afirmó tras la vista, celebrada el pasado martes, que acudiría en amparo al Tribunal Constitucional en caso de que volviera a ser desestimada la solicitud, ya que se estaría vulnerando el artículo 24.1 de la Carta Magna, que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva, toda vez que se estudiaría la posibilidad de personarse como acusación popular, pese a que en este caso "no actuaríamos por perjuicio nuestro sino en nombre de los ciudadanos".

Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular en nombre del Govern se opusieron a la petición de Gordillo, al alegar que la formación "no es titular del bien jurídico" que se habría visto afectado por los hechos investigados, como son un presunto desvío de fondos públicos durante la construcción del velódromo Palma Arena y su lujosa conexión con el lujoso tren de vida llevado por el ex presidente del Govern Jaume Matas, además de una supuesta financiación ilegal del PP en las elecciones de 2007.


elmundo.es

"CASO IBATUR"; "EL FRACCIONAMIENTO DE CONTRATOS ES ABSOLUTAMENTE HABITUAL EN TODAS LAS ADMINISTRACIONES"

Declaraciones de un empresario al juez

* Antoni Pons ha declarado como testigo ante el juez Lope Sola
* Dice que se le adjudicó a dedo un contrato para una campaña de golf

Europa Press | Palma

El empresario del ámbito de la comunicación y decano del Colegio de Publicitarios y Relaciones Públicas de Baleares, Antoni Pons, ha declarado ante el juez que instruye el caso Ibatur que el fraccionamiento de contratos como fórmula para eludir la convocatoria de concursos públicos es "absolutamente habitual en todas las administraciones" como lo ha sido "en todas las legislaturas".

Pons, que ha comparecido en calidad de testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, en el marco del caso que indaga un presunto desvío masivo de fondos públicos durante la pasada legislatura a través del Instituto Balear de Turismo, ha manifestado incluso que él mismo, a través de sus distintas empresas, ha incurrido en estas prácticas tanto en el mandato del Pacte de Progrés (1999-2003) como en el anterior del PP (2003-2007), según han informado fuentes jurídicas.

En su comparecencia, el publicista ha manifestado además, tal y como ya apuntó en dependencias de la Policía Nacional días antes de que estallara la primera fase de la denominada Operación Pasarela, que le fue adjudicado "a dedo" en la pasada legislatura desde el Ibatur un convenio para el desarrollo de una campaña de golf online en Reino Unido, cuyo importe ascendía a 200.000 euros, y del que tenía conocimiento, ha afirmado, el entonces conseller de Turismo Joan Flaquer.

elmundo.es

"CASO ROSEWORLD"; EL EX ALCALDE DE LA LÍNEA VUELVE A SENTARSE EN EL BANQUILLO"

TRIBUNALES | Juan Carlos Juárez está imputado en el 'caso Roseworld'

* La empresa adjudicataria de suelo público no operaba cuando se subastó

Alberto Espinosa | Algeciras

Juan Carlos Juárez, que fue alcalde de La Línea hasta hace un año, cuando abandonó el cargo tras ser inhabilitado judicialmente, se sentará nuevamente en el banquillo el próximo mes de enero, como imputado en el juicio del conocido como 'caso Roseworld', que se celebrará en la Audiencia Provincial de Cádiz.

El que fue alcalde durante una década de la Línea, primero bajo las siglas del GIL y luego en el PP, está acusado de cohecho y prevaricación. Las irregularidades que dieron pie al 'caso Roseworld' se remontan a 2005, aunque no fue hasta 2007 cuando se destapó. Su instrucción ha sido muy compleja.

Junto a Juárez, también están acusados el ex concejal Carlos Ruiz Calama y los ediles que aún siguen en el equipo de gobierno Manuel Aguilera, Francisco Muñiz y Mari Cruz Atienza, además del antiguo interventor y varios representantes de el grupo inmobiliario Lábaro. A todos ellos se les imputan delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y otros relacionados con la venta y permuta de varias parcelas.

En 2007, un policía local de La Línea denunció en el juzgado que la empresa Roseworld -a la que el Ayuntamiento había adjudicado dos años antes cuatro parcelas municipales a cambio de 12 millones de euros- carecía de actividad mercantil en el momento en que se celebró la subasta. A partir de ese momento se inició la instrucción, en el transcurso de la cual se impusieron fianzas a los imputados, que se enfrentan a una posible condena de cuatro años de prisión.

Otras causas pendientes

Juan Carlos Juárez, junto a Aguilera y otros ediles también tendrán que personarse en la sala algecireña en los próximos días, para declarar por las supuestas irregularidades que cometieron en el año 2000 en la elaboración 144 contratos para personal municipal. El fiscal ve indicios de un presunto delito de prevaricación cometido en los primeros años de gobierno de Juárez, aún bajo las siglas del GIL.

elmundo.es

LA JUEZA CITA DE NUEVO A DCLARAR A MILLET Y MONTULL POR EL CASO DEL HOTEL DEL PALAU

El día 22 también deberá acudir al juzgado el ex subdirector general de Patrimonio Inmobiliario

EFE - Barcelona

La juez que investiga el caso del Hotel del Palau de la Música ha citado de nuevo a declarar a los ex máximos responsables de esta institución musical, Fèlix Millet y Jordi Montull, el próximo día 22, han informado fuentes de las defensas de estos imputados. Además de Millet y Montull, el día 22 también deberá acudir al juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona el ex subdirector general de Patrimonio Inmobiliario de la Generalitat, Josep Antoni Blázquez.
 
Estas citaciones se producen después de que la juez desestimara el recurso que presentaron las defensas de Millet y Montull contra la ampliación de querella presentada por la Fiscalía al considerar que existen indicios de prevaricación en la tramitación urbanística del proyecto del hotel del Palau de la Música. La juez avala las nuevas imputaciones de prevaricación y falsificación documental planteadas por la Fiscalía y sostiene en un auto que la ampliación de querella es necesaria, dado que en el inicio de la instrucción del caso -cuando sólo estaban imputados Millet y Montull- se revelaron indicios de los citados delitos presuntamente atribuibles a la cúpula de Urbanismo del ayuntamiento de Barcelona.

La juez instructora Miriam de Rosa Palacio también ha citado a declarar, el día 8 de noviembre, a otras personas que podrían arrojar luz sobre este caso, como Toni Berini, directora de una galería de arte del mismo nombre en Barcelona y que fue asesora de políticas culturales del departamento de Presidencia de la Generalitat. El ex director general de Patrimonio del departamento de Cultura, Francesc Tarrats, su sucesor en el cargo en 2006 Josep M. Carreté, y el arquitecto Xavier Sust, miembro del despacho de arquitectura de Oscar Tusquets y Carles Díaz e imputado en este caso, deberán acudir también ante la juez el mismo día 8 de noviembre, han indicado las citadas fuentes.

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elpaís.com

"CASO MALAYA"; UN LETRADO VINCULA AL COMISARIO GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL CON EL COBRO DE SOBORNOS DE ROCA

El defensor del promotor Sandokán afirma que las siglas JAG de la contabilidad de Roca corresponden al comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio González

FERNANDO J. PÉREZ - Málaga

Sigue el desarrollo del juicio en directo en Eskup

La quinta jornada del juicio del caso Malaya transcurría sin más sobresaltos que los ataques continuados de los letrados a la labor instructora del juez Miguel Ángel Torres cuando, sobre las dos de la tarde, Antonio Urdiales, defensor del promotor Rafael Gómez Sandokán, ha lanzado la bomba de la jornada. Delante del tribunal, de los 95 acusados y de los 77 letrados, Urdiales ha acusado al actual comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio González, de ser el nombre que está detrás de las siglas JAG., asociadas a un pago de 200.000 euros supuestamente realizado por el presunto cerebro de la trama marbellí, Juan Antonio Roca.

En la contabilidad del ex asesor urbanístico, hallada en el trastero del domicilio de Roca, apareció una nota manuscrita de Roca con las siglas JAG, junto al nombre de otros altos cargos policiales. En su día, el juez Torres, a instancias del fiscal, ordenó abrir una investigación sobre esta abreviatura, pero las pesquisas se archivaron en poco tiempo y nunca se supo oficialmente a quién se referían las siglas.

Urdiales ha contrastado "lo poco que tardaron los funcionarios de la Udyco en identificar con sus siglas a las personas que aquí se sientan" como presuntos sobornadores de Roca con el hecho de que "a la hora de identificar a un alto cargo policial que responde a las iniciales JAG aún no sabemos quién es, pero en Internet se introducen las siglas y lo saben hasta los porteros de las comisarías".

El letrado ha dado luego un paso más, que le ha llevado a acusar directamente al miembro de la cúpula policial: "Con los mimbres que pone el fiscal no se trata de otro que del comisario de policía Juan Antonio González, presuntamente". A juicio de Urdiales, "si se tratara de otra persona, ni qué decir tiene que ya estaría detenido", ha remachado.

A preguntas de los periodistas en las puertas del juzgado, Urdiales ha mantenido su tesis y ha vuelto a relacionar las siglas JAG y el pago de los 200.000 euros con el comisario principal Juan Antonio González. "Supuestamente, con el perfil que dibuja el fiscal al juez al interpretar el documento que se halló en el trastero de Roca, ese alto cargo policial que responda a las siglas JAG no hay más que uno". Al pedirle los periodista más precisión, Urdiales ha dicho: "Juan Antonio González es el único que responde a esas siglas. Altos cargos policiales, con ese perfil, de Murcia [región natal de Roca], que respondan a las siglas JAG... Si este señor en vez de ser el comisario de la Policía Judicial fuera un empresario, está detenido. Por muchos menos indicios han detenido a muchos empresarios".


Operación Malaya
A FONDO

EL JUEZ IMPUTA POR CORRUPCIÓN A LA PLANA MAYOR DE URBANISMO DE MURCIA

Los escándalos que afectan al PP

La investigación afecta al concejal del área y al presidente del club de fútbol

JAVIER RUIZ / TONO CALLEJA

La expansión urbanística de Murcia por el norte, con la recalificación de suelos rústicos para levantar 20.000 viviendas, el nuevo estadio de La Condomina, un campo de golf y varios centros comerciales, favoreció a determinados empresarios privados que habrían pagado comisiones ilegales a los políticos y técnicos del Ayuntamiento, gobernado por el PP, que colaboraron en el negocio. Con estos mimbres, el juez ordenó ayer la detención de tres personas, entre ellas el gerente municipal de Urbanismo de Murcia; y la imputación de otras cinco; entre ellas el edil de Urbanismo, Fernando Berberena (PP), y el dueño del Real Murcia, Jesús Samper.

Según un informe, el perjuicio por las recalificaciones es de unos 300 millones

El fiscal investiga los delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios. Según un informe de la Intervención General del Estado, el perjuicio por las recalificaciones a la baja del Ayuntamiento de Murcia en la zona norte ascendería a unos 300 millones de euros. Las valoraciones anteriores, realizadas a petición del Grupo Municipal Socialista, elevaba la cifra hasta los 580 millones.

La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, acusó sin pruebas al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de estar detrás de esta operación para tapar el resultado de las primarias de Madrid. La operación, iniciada a partir del contenido de varios informes de la Agencia Tributaria que pusieron de manifiesto las relaciones mercantiles entre los funcionarios y los empresarios, fue preparada, sin embargo, de común acuerdo para ayer el pasado 15 de septiembre entre el juez, el fiscal y la Guardia Civil.

Los agentes registraron desde las ocho de la mañana despachos de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento murciano, que gobierna el PP, varios domicilios de Murcia y Madrid y una sucursal bancaria de Cajamar, donde fue requisada al menos una caja fuerte propiedad del edil de Urbanismo. La Guardia Civil registró, además, el domicilio particular de Samper, según confirmó él mismo, así como la sede social de Sport Management & Project, S. L. por orden del Juzgado de Instrucción número 8.

Los detenidos son el director y número dos de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, el abogado murciano Higinio Pérez Mateos y el ingeniero italiano vinculado a empresas murcianas de la construcción Renato de Noce. Además de los tres detenidos, hay cinco imputados: el dueño del Real Murcia, Jesús Samper Vidal; el concejal de Urbanismo de Murcia, Fernando Berberena, el jefe de planeamiento urbanístico entre 1999 y 2006, Joaquín Peñalver; Isabel Fernández, jefa del Servicio de la Oficina del gobierno local del Ayuntamiento, y Francisco Arques López, empresario responsable del plan parcial La Ladera, cercano al plan Nueva Condomina. Las tres detenciones y las cinco imputaciones forman parte de la primera fase de una operación, cuyo objetivo principal eran los funcionarios y personal laboral, pero no se descarta que haya nuevos imputados, entre ellos, representantes políticos.

El Ayuntamiento de Murcia emitió un comunicado en el que manifestó que todos los procedimientos administrativos se han producido de acuerdo con la legalidad. Tanto el alcalde, Miguel Ángel Cámara, como el presidente del Gobierno de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ambos del PP, negaron que hubiera imputados de este partido. Pero el edil Berberena pertenece al PP.

La investigación nace de una denuncia particular y de los trabajos llevados a cabo por la fiscalía. Del análisis de las escuchas telefónicas se desprende el intento por parte de los implicados de elaborar facturas falsas, hecho que corrobora también el informe de la Agencia Tributaria. No obstante, tanto PSOE como Izquierda Unida denunciaron en su día que el Ayuntamiento no había cobrado lo que debía por los terrenos de la zona norte en compensación por su recalificación a los propietarios. Estos convenios, según la denuncia de los socialistas, se firmaron a cambio de unas compensaciones al Ayuntamiento "cinco veces menores que el valor de mercado de los terrenos".

Se trata de seis convenios urbanísticos que modificaron la calificación del suelo de esta zona a partir del año 2001, convirtiendo su edificabilidad del 0,09 al 0,5, lo que supone cinco veces más de viviendas. El plan parcial Nueva Condomina investigado por la fiscalía se aprobó por el pleno del Ayuntamiento de Murcia en febrero de 2003, e incluía una alternativa residencial criticada ya entonces por PSOE e IU. Esta calificación fue aprobada dos años después de que el Plan General de Ordenación Urbana, de enero de 2001, calificase esos terrenos como rústicos, agrícolas o no urbanizables. Posteriormente, la Gerencia de Urbanismo de Murcia aprobó en abril de 2004 la reparcelación de Nueva Condomina de 2,1 millones de metros cuadrados, que incluían la construcción de 3.700 viviendas y una zona de equipamientos comerciales y de ocio junto a un campo de golf y una ciudad deportiva, con campo de fútbol.

Jesús Samper

- El presidente del Real Murcia, Jesús Samper, lleva vinculado desde muy joven al mundo del fútbol. En 1978 comenzó a asesorar al Real Madrid y en 1979, a la Real Federación de Fútbol. En 1998 trasladó sus negocios a Murcia. Esta ciudad, de más de 400.000 habitantes, no tenía un equipo en la élite.

- Compró el Real Murcia a precio de saldo en Segunda B y firmó un convenio urbanístico con el Ayuntamiento del PP: construyó un estadio y, a cambio, el Consistorio le reclasificó unos terrenos rústicos, en los se podían construir 20.000 viviendas. Con esta operación ganó unos 160 millones de euros.

- Pero sus negocios no se acaban en Murcia. Es dueño de Santa Mónica Sports, propietaria de los derechos televisivos y el patrocinio de la Selección española, de la argentina, y de los derechos de imagen de personalidades como Dani Pedrosa, Fernando Alonso y Valentino Rossi. / T. C.

PRISIÓN CON FIANZA PARA LOS DETENIDOS DE LA TRAMA MURCIANA DE CORRUPCIÓN URBANÍSTICA

El concejal de urbanismo, Fernando Berberena, del PP, puso ayer su cargo a disposición del partido

EFE - Murcia

El titular del Juzgado de Instrucción Número 8 de Murcia, David Castillejo, dictó ayer auto de prisión eludible con fianza para los tres detenidos en Murcia en el marco de la investigación de un presunto caso de corrupción urbanística, por lo que han quedado en libertad a la espera del pago de la fianza.

Para evitar su ingreso en prisión, deberán pagar la fianza antes de las tres de la tarde del viernes: el ingeniero Renato Noce,120.000 euros; el abogado Higinio Pérez Mateos, 100.000, y el director de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Alberto Guerra, 70.000 euros.

El fiscal Juan Pablo Lozano pidió para el ingeniero prisión sin fianza, y para Pérez Mateos y Guerra, prisión con fianza de 240.000 y 150.000 euros, respectivamente, más elevadas que las impuestas finalmente por el juez.

A la salida del Palacio de Justicia de Murcia, poco después de las 22.30, y con una toma de declaraciones comenzó sobre las 10 de la mañana, ninguno de los tres hizo declaraciones a los periodistas que los esperaban, salvo Pérez Mateos, que, preguntado por los informadores, respondió: "Bien, todo bien, gracias".

El proceso continuará el viernes

Dado que el juez Castillejo tiene guardia mañana, la toma de declaraciones al resto de imputados en esta causa se reanudará el próximo viernes, cuando comparecerán el concejal de Urbanismo de Murcia, Fernando Berberena, y el que fuera jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo de Murcia de 1999 a 2006, Joaquín Peñalver.

El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, ha informado esta mañana de que el edil de Urbanismo solo estaba imputado por un presunto delito de prevaricación, y de que ha puesto su cargo a disposición de su partido, el PP. Cámara ha explicado que Berberena le ha comunicado esta decisión por "si en algún momento el partido entiende que su actuación perjudica" al PP, aunque el alcalde se ha declarado convencido de que no tiene ninguna vinculación con el caso que se investiga.

Otro de los imputados, Jesús Samper, presidente del club de fútbol Real Murcia y empresario promotor de Nueva Condomina, uno de recientes desarrollos urbanísticos al norte de Murcia cuyo desarrollo se investiga, ha sido citado a declarar el 15 de octubre.

La operación, iniciada hace año y medio a instancias del fiscal superior de la región de Murcia, Manuel López Bernal, que ha pasado esta tarde una media hora en los juzgados, investiga presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, entre otros. En concreto, las investigaciones se centran en el esclarecimiento de presuntos casos de corrupción en operaciones inmobiliarias derivadas de la expansión de la zona norte de la ciudad, donde se impulsaron seis convenios urbanísticos entre 2001 y 2005 que modificaban la calificación del suelo de esta zona.


elpaís.com

EL GOBIERNO DE CAMPS DESTINA FONDOS DE COOPERACIÓN A COMPRAR PISOS

Solo 63.500 euros de dos subvenciones por 1,6 millones llegaron a Nicaragua

ADOLF BELTRAN - Valencia

Una buena parte del presupuesto de cooperación al desarrollo de la Generalitat Valenciana ha acabado invertido en pisos y plazas de garaje en Valencia o en caros asesoramientos informáticos. El Gobierno de Francisco Camps otorgó en 2008 subvenciones por más de 1,8 millones de euros a una fundación (de los cuales, 1,6 eran para proyectos en Nicaragua) que los destinó, en su mayor parte, a adquirir dos locales para su sede en Valencia, con garaje y alarma, y a pagar más de 200.000 euros por el asesoramiento de una empresa informática que, a su vez, ha constituido otra fundación que maneja subvenciones de la Generalitat también en materia de cooperación.

El dinero debía ser para acercar agua potable a familias y diversificar cultivos

Los inmuebles se escrituraron a nombre de la Fundación Cyes

El departamento de Solidaridad y Ciudadanía, que dirige el también portavoz parlamentario del PP, Rafael Blasco, uno de los hombres fuertes del Gobierno de Camps, otorgó en 2008 dos "grandes proyectos" de cooperación, por valor de 833.409 euros cada uno, a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes) que preside Marcial López López, inhabilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y acusado de malversación y apropiación indebida a finales de los años noventa, cuando presidió el Colegio de Enfermería de Castellón.

Los dos proyectos consistían en perforar dos pozos en Totogalpa (departamento de Madriz, en Nicaragua) para acercar el agua potable a 30 familias (unas 180 personas) y en ayudar a otras 40 familias (unas 203 personas) a diversificar cultivos y mejorar la comercialización de sus productos. También recibió la Fundación Cyes otras tres subvenciones para cursos de sensibilización y educación por 64.000, 64.000 y 33.020 euros.

Del primero de los proyectos, solo han llegado a Nicaragua 23.500 euros y del segundo, unos 40.000 euros, mientras que más de 800.000 euros fueron destinados por la Fundación Cyes, con la excusa de crear una oficina técnica, a la adquisición en Valencia de sendos locales de 295 metros cuadrados con plaza de garaje. El consejero Blasco dijo ayer a este diario que "nadie podrá demostrar que las subvenciones han servido para comprar locales y garajes" porque en la tramitación del expediente se obligó a la fundación a retirar esa adquisición del proyecto porque se consideró "impropia".

El expediente, al que ha tenido acceso EL PAÍS, revela lo contrario. La Generalitat advirtió a la Fundación Cyes en noviembre de 2009 de que los bienes inmuebles adquiridos deben ser propiedad de los destinatarios del proyecto o de alguno de sus socios locales (cuatro organizaciones nicaragüenses) al menos durante 15 años, pero el hecho es que los pisos están escriturados a nombre de la Fundación Cyes.

El pasado mes de febrero, el subsecretario de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, Alexandre Català Bas, exigió la devolución de una parte de la subvención (149.462 euros en un proyecto y 185.762 euros en el otro) sin mencionar los inmuebles. Finalmente, el director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Josep Maria Felip, certificó el pasado 12 de julio que la subvención había cumplido los fines que justificaron su concesión.

Según las facturas presentadas por la Fundación Cyes ante la consejería que dirige Blasco, con el dinero de uno de los proyectos en Nicaragua se adquirió un entresuelo en el número 79 de la avenida de Ausiàs March, de Valencia, y una plaza de garaje por 439.668 euros; se reformó el inmueble y se instalaron alarma, teléfono y equipos informáticos por 22.194 euros; se destinaron 71.976 euros a "gastos de personal en la oficina técnica de Valencia" y 66.672 euros a "gastos administrativos de la entidad en España", y se pagaron 208.352 euros por asesoramiento a la empresa Gestiones e Iniciativas Arcmed, S. L., dedicada a la importación y exportación de equipos informáticos y a la consultoría técnica. Con cargo al segundo proyecto, casi un calco literal del primero, y con justificaciones de gastos similares, se adquirió el contiguo entresuelo del número 81 de la avenida de Ausiàs March. Arcmed es la promotora de la Fundación Solidaria Entre Pueblos, que recibe subvenciones públicas, justifica gastos y evalúa proyectos de varias ONG.

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