miércoles, 6 de abril de 2011

"CASO VOLTOR"; BUILS NIEGA HABER PERCIBIDO NINGÚN SOBORNO DE MINSER

Efe | Palma

El exconseller de Turismo de UM Francesc Buils ha negado hoy ante la jueza del "caso Voltor" haber percibido ningún soborno por conceder dos concursos a la empresa Minser para poner en marcha un proyecto de información turística, el cual ha defendido.

Buils ha declarado hoy ante la jueza sobre la pieza número 12 de caso, en la que se investiga la adjudicación a Minser de dos concursos supuestamente irregulares por parte del Consell y luego del Govern para desarrollar un sistema de información telefónica que, según las acusaciones, fue un fracaso.

Ayer el ex alto cargo del Consell Eugenio Losada declaró a la jueza que había recibido 30.000 euros como soborno por parte de Minser por ayudar a que ganara los concursos, y añadió que uno de los dueños de la empresa le dijo que otros 30.000 eran para Buils, extremo que hoy ha negado en exconseller.

Unos de estos concursos se adjudicó cuando Buils era conseller de Presidencia del Consell por parte del Consorcio de Informática Local de Mallorca (Cilma) y por alrededor de medio millón de euros, y el segundo lo otorgó más tarde el Inestur -dependiente de la Conselleria de Turismo- por unos 750.000 euros.

Las investigaciones de esta pieza giran en torno al procedimiento supuestamente amañado por el que fue adjudicado a finales de 2007 un contrato de un millón de euros a Minser para ofrecer información turística con tecnologías avanzadas mediante un sistema de reconocimiento interactivo de voz (IVR). El propio Losada confesó en dependencias de la Jefatura Superior de Policía, tras ser detenido, que Buils le impuso vestir el expediente para simular que se trataba de una adjudicación directa por "especificaciones técnicas".

"Me lo dieron todo hecho", recalcó en su día el arrestado, al aseverar que el sistema de contratación empleado estaba "ya elegido" y que él se limitó a seguir "órdenes estrictas" del ex conseller. Además, atribuyó la elección de Minser a que Buils, Escuer y Rivas "eran amigos y se iban de copas juntos". Sobre el importe de un millón de euros, manifestó que también fue el ex conseller quien lo fijó pese a que en Minser valoraban el proyecto en 780.000 euros.

El imputado explicó que el proyecto fue adjudicado a tenor del convenio de colaboración suscrito por Buils y el ex conseller de Economía y Hacienda del Consell, Miquel Àngel Flaquer. Asimismo, señaló que en 2006 se había realizado otro concurso propuesto por Buils y al que se presentaron cinco empresas de toda España, de las que resultó Minser adjudicataria. Colocación de militantes de UM en el consorcio de informática

Buils, quien se encuentra en libertad bajo fianza de 100.000 euros, también está citado a declarar el próximo día 11 en el marco de la última pieza separada que abrió la magistrada y que gira en torno a la colocación de militantes de UM en el Cilma pese a que en realidad no habrían prestado ningún tipo de servicio en la entidad pública. Ese mismo día declararán como imputados Losada y la portavoz de la formación nacionalista, Catalina Julve.

Un día después, dentro de este mismo fleco serán interrogados el ex vicepresidente del Consell de Mallorca y ex presidente de UM, Miquel Nadal, así como su entonces secretaria técnica, Eugenia Cañellas, quien ya confesó ante el juez instrutor del caso Maquillaje que Minser y el Cilma pagaron, con dinero público procedente del Consell, a unos 40 asesores y agentes electorales de UM durante la campaña previa a los comicios de 2007, pese a que estos empleados no llegaron nunca a trabajar para estos proveedores.

Además
    * Acusan a Buils de 'manejar los hilos'

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"CASO MALAYA"; MONTSERRAT CORULLA TOMA LA PALABRA EN EL JUICIO PARA DEFENDER SUS DECLARACIONES

Montserrat Corrulla en su primera declaración en el juicio. | ELMUNDO.es
Presunta testaferro de Roca

Europa Press | Málaga

Montserrat Corulla, presunta testaferro del supuesto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, ha intervenido en el juicio del caso 'Malaya' debido a las alusiones que se han hecho sobre ella durante el interrogatorio de una defensa a uno de los responsables de la investigación, perteneciente a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), citado como testigo.

El letrado del acusado Gonzalo Astorqui preguntaba al responsable policial por los indicios para investigar a su cliente inicialmente y se ha referido a declaraciones de otros acusados, entre ellos Corulla, que en su primera declaración no había hablado de este procesado, administrador de una sociedad de Roca, aunque sí lo menciona en otra producida en agosto.

En un momento de la sesión, el presidente del Tribunal, José Godino, ha preguntado a la acusada si tenía que hacer alguna manifestación sobre el interrogatorio, ya que protestaba enérgicamente con gestos en la sala, y la ha invitado a expresarse. Así, Corulla ha apuntado: "Se están haciendo valoraciones de mis declaraciones, afirmando que yo las he modificado".

"(El abogado) lleva 20 minutos insinuando que el señor Astorqui ha sido detenido por mi declaración", ha apuntado la acusada, quien ha afirmado en varias ocasiones que "lo único que he declarado es que este señor hacía un trabajo lícito, perfecto y que es un economista maravilloso y en ningún momento he dicho nada más allá".

En este sentido, ha manifestado que en su primera declaración judicial cuando fue detenida en el marco de la investigación del caso 'Malaya' no habló "de Gonzalo Astorqui porque nadie me preguntó por él" y ha querido dejar claro: "yo me ratifico en todas mis palabras y no modifico mi declaración posteriormente, amplío mi declaración".

"Después de estar cinco meses en prisión hago el esfuerzo sobrehumano de recordar todo lo que podía y todo lo que dije fue en aras de colaborar con la justicia, intentar dar todos los datos necesarios", ha dicho y ha apuntado que "en ningún momento he intentado perjudicar a nadie ni hablar mal, lo único que he dicho es lo que cada uno hacía".

Corulla ha reiterado que no ha cambiado su declaración sino que la amplió, asegurando: "no miento en ninguna de mis declaraciones", al tiempo que ha apuntado que "el trabajar no es ilícito y es lo único que estoy diciendo, que cada uno hacía su trabajo". Ha añadido que no cree correcto "que este letrado esté valorando mis declaraciones dando por hecho que son de una determinada manera".

El letrado, por su parte, ha pedido disculpas "si alguien se siente molesto" y ha querido dejar claro que "en ningún momento he dicho que ha perjudicado al señor Astorqui", sobre el que el investigador ha dicho que sí era un administrador real, aunque ha ratificado que tenía "una posición fundamental en la estructura, que se reestructuró, sin que apareciera Roca por ningún sitio".

"Toda esa estructura societaria estuvo oculta hasta que elevamos el velo y la tesis que sostengo es que el señor Astorqui ha participado en ese proceso de ocultación al constituirse cuatro sociedades que al final detentan todo el patrimonio", ha indicado el testigo, quien ha añadido que las hipótesis policiales son que "ocupa una posición superior" al margen de ser administrador.

Además, a preguntas de los defensores, el agente ha explicado el contenido de distintos informes en lo que se refiere a otros acusados, como Julio Blasco y Juan Hoffman; y ha terminado su declaración en el segundo bloque del juicio, que seguirá la próxima semana con las declaraciones de otros agentes que se encargaron de distintas partes de la investigación.

Además
* Gráfico: Las claves del caso | Quién es quién
* Lea todo sobre el juicio del caso 'Malaya'

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LA FISCALÍA PIDE HASTA 7 AÑOS PARA LOS DOS EX ALCALDES DEL PSOE DE CIEMPOZUELOS

Efe | Madrid

La Fiscalía Anticorrupción pide para los exalcaldes socialistas de Ciempozuelos Pedro Antonio Torrejón y Joaquín Tejeiro un total de siete y seis años y medio de cárcel, respectivamente, al acusarles de los delitos continuados de cohecho, blanqueo de dinero y falsedad de documento.

En su escrito de acusación, en el que también interesa la apertura del juicio oral, el fiscal acusa a un total de doce personas, entre las que, además de los dos ex ediles, se encuentran sus esposas, así como una hija de Torrejón y varios empresarios.

Así, están procesados, entre otros, Alfonso Méndez, contratista del Ayuntamiento de Ciempozuelos; el testaferro Francisco Javier Marazuela, y los responsables de las sociedades Urbego y Comernet Green, Juan Ángel Muñoz y Manuel Ramón Martín.

La Fiscalía Anticorrupción considera que Torrejón, alcalde de Ciempozuelos desde 2003 a 2006, y Tejeiro, alcalde de dicha localidad desde 1991 a 1995, y luego también concejal del municipio, viajaron en febrero de 2006 a Andorra "para ocultar parte del dinero que recibieron durante años de particulares en consideración a sus cargos públicos".

Dicho dinero fue recibido por ambos en relación a las decisiones que tomaron como miembros del equipo de Gobierno y del Ayuntamiento a través de sus votos o con sus decisiones, señala el fiscal.

Torrejón y Tejeiro obtuvieron diversas cantidades de dinero -alrededor de 8 millones de euros- de constructoras con intereses urbanísticos en Ciempozuelos como Sanedi, Edificaciones Tifan y Bitango Promociones y de los empresarios anteriormente citados como acusados, desde los años 1999 a 2007. La Fiscalía solicita también que Antonio Torrejón pague una multa de 29 millones de euros y Joaquín Tejeiro de 23 millones de euros.

Asimismo, decreta el sobreseimiento parcial provisional de las actuaciones respecto a los imputados en el denominado "caso Ciempozuelos" que no estén acusados en su escrito, ya que no ha quedado acreditado "suficientemente el conocimiento" de las actividades supuestamente ejecutadas por los procesados.


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"CASO PICNIC"; UM RECURRE LA FIANZA DE 1,6 MILLONES

* La formación dice que no se les notificó un plazo para presentar alegaciones

Europa Press | Palma

Unió Mallorquina (UM) han recurrido en reforma la fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros que impuso al partido el juez instructor del caso Picnic, Antoni Rotger, al alegar que no se les notificó un plazo para presentar alegaciones contra la caución que en su día solicitó la Fiscalía Anticorrupción, si bien el magistrado ya ha iniciado el proceso para embargar las cuentas de la formación nacionalista.

Así lo han informado fuentes jurídicas, que han explicado que en el recurso de reforma interpuesto ante el Juzgado de Instrucción número 8, UM arguye que el no haber contado con 15 días para oponerse le ha causado indefensión. Las mismas fuentes han precisado que el recurso no paralizará el proceso de embargo aunque si finalmente se estima, se procederá a dejar sin efecto el auto por el que el juez impuso la fianza así como las actuaciones posteriores.

Tal y como han señalado, el auto de Rotger hace referencia al cumplimiento del plazo de 15 días dictado mediante providencia para que los 'uemitas' alegasen, a pesar de que aseguran que no han recibido ninguna notificación al respecto. Después de que el magistrado impusiera la fianza la pasada semana y sin que UM haya podido hacer frente a ella, el partido designó las cuentas de las que dispone para que puedan ser embargadas y cubrir de este modo la caución, si bien únicamente disponen de unos 150.000 euros.

En concreto, la fianza de 1,6 millones resulta de la suma de los 1,2 millones de euros que, de acuerdo a las investigaciones, pudieron malversarse en el marco de los hechos investigados, a los que se suma un tercio de esta cantidad que marca la Ley.

Y es que las pesquisas, cuya operación policial se inició la a finales de febrero por orden del Juzgado de Instrucción número 8, apuntan a un desvío de fondos del Ayuntamiento de Palma a la captación de militantes. Ello mediante la contratación, a través del Instituto Municipal de Formación Ocupacional y Trabajo (Imfof), de una veintena de informadores medioambientales cuya única función era, en realidad, atraer afiliados y futuros votantes para el partido.

De este modo, las indagaciones, que se encuentran bajo secreto, se centran en si pudieron cometerse entre otros delitos los de malversación de caudales públicos y prevaricación, ya que estos trabajadores fueron contratados a través de esta empresa pública a fin de que llevaran a cabo su trabajo para el departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento, pese a que en ningún momento habrían realizado el cometido para el que ocupaban estos puestos.

Más al contrario, estos agentes, conocidos como IMAS, se dedicaban exclusivamente a la captación de afiliados para UM. Entre los imputados se encuentran la ex concejal de Medio Ambiente y ex número 2 de UM en Palma, Cristina Cerdó, para quien el juez decretó una fianza penal de 300.000 euros; la ex coordinadora de esta área, Paula Cortés, a quien decretó una caución de 100.000 euros que fue rebajada a 65.000, y el ex conseller de Deportes y Juventud, Mateu Cañellas, que quedó en libertad y sin medidas cautelares.

Asimismo, el caso centra parte de sus pesquisas en averiguar si la formación nacionalista, a través de la oficina municipal de Medio Ambiente que controlaba este partido, utilizó nombres ficticios o de personas ya fallecidas para engrosar los listados de excursionistas que debían elaborar para justificar una subvención de unos 300.000 euros aportada por el Govern al Consistorio y dirigida a promocionar el medio ambiente.


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"CASO VOLTOR"; ACUSAN A BUILS DE "MANEJAR LOS HILOS" PARA BENEFICIAR A MINSER CON DINERO PÚBLICO

Un millón de euros

Europa Press | Palma

El ex gerente del Consorcio de Informática Local de Mallorca (Cilma), Eugenio Losada, ha asegurado en calidad de imputado ante la juez instructora del caso Voltor que el ex conseller de Turismo del Govern, Francesc Buils, era la persona que "manejaba los hilos" a fin de que la empresa Minser acabase resultando adjudicataria, a finales de 2007, de un contrato de un millón de euros públicos para la implantación de un sistema tecnológico de información turística que "fue un fracaso", tal y como ha precisado.

Durante una contundente comparecencia que se ha prolongado durante más de tres horas, el encausado ha apuntado que Buils promovió un convenio entre el Cilma, entonces presidido por el ex presidente de UM Miquel Àngel Flaquer, y el Instituto de Estrategia Turística (Inestur) a fin de impulsar por segunda vez este sistema (IVR), que un año antes también había sido adjudicado a Minser por 600.000 euros.

"La verdadera persona que tenía interés en que funcionase el IVR fundamentalmente y por encima de todos era Buils", ha llegado a manifestar Losada, quien incluso ha recalcado que en este proceso tanto Flaquer como él eran "manejados" por el ex conseller de Turismo, también imputado en este caso y en libertad bajo fianza de 100.000 euros.

Precisamente, tanto Buils como Flaquer están citados a declarar este miércoles junto al ex coordinador del partido, Antoni Caldentey, y el ex jefe de Informática del Consell, Antoni Barceló, en relación a esta misma pieza del caso Voltor, la número 12.

En concreto, las investigaciones de esta pieza giran en torno al procedimiento supuestamente amañado por el que fue adjudicado a finales de 2007 un contrato de un millón de euros a Minser para ofrecer información turística con tecnologías avanzadas mediante un sistema de reconocimiento interactivo de voz (IVR). El propio Losada confesó en dependencias de la Jefatura Superior de Policía, tras ser detenido, que Buils le impuso vestir el expediente para simular que se trataba de una adjudicación directa por "especificaciones técnicas".


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