lunes, 24 de mayo de 2010

LA INVESTIGACIÓN DESTAPA OTRA PRUEBA CLAVE DEL AMAÑO DE LA VISITA DEL PAPA

Los escándalos que afectan al PP

La trama corrupta, que no figuraba en el contrato, pagó al responsable del evento

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ / JOSÉ MANUEL ROMERO - Madrid -

La trama corrupta que dirigía Francisco Correa pagó de su caja B al menos 9.000 euros a Miguel Torroja, la persona que figuraba como responsable de los eventos que contrató la televisión valenciana por 7,5 millones de euros a la constructora leonesa Teconsa para la sonorización y montaje de pantallas en las calles de Valencia por las que iba a pasar el Papa en julio de 2006. Así figura en la contabilidad requisada a la red delictiva por la policía.

El beneficio que se repartieron la red Gürtel y Teconsa fue de tres millones

Las empresas que realizaron el trabajo eran viejas conocidas de Correa

Torroja, según la documentación recabada por el juez, aparece en un escrito de la constructora Teconsa como responsable del proyecto de sonorización e instalación de pantallas durante la visita de Benedicto XVI los días 8 y 9 de julio de 2006.

La televisión pública valenciana recibió en febrero de 2006 el encargo de la cobertura audiovisual de la visita del Papa por parte de la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, en la que estaban, además del representante de la Iglesia, el presidente Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

La televisión pública valenciana decidió subcontratar los trabajos y su director general, Pedro García, íntimo amigo de los jefes de la trama Gürtel, sacó un concurso restringido con la advertencia de que adjudicaría los trabajos a una empresa "contrastada con experiencia en el sector audiovisual y con experiencia en la cobertura de eventos de similar naturaleza".

El contrato fue adjudicado a Teconsa, una constructora leonesa que en su vida había tenido experiencia en el sector audiovisual y que nunca había cubierto eventos de similar naturaleza a los que se refería el concurso de la televisión pública valenciana.

Aquel amaño de un concurso multimillonario que supuso un gran negocio a cuenta de la visita del Papa pasó inadvertido hasta que tres años después estalló el caso Gürtel.

Pese a que en algunas conversaciones grabadas por un ex colaborador de Correa se hablaba de los negocios de la trama corrupta aprovechando la visita del Papa a Valencia, no se había podido acreditar que la red empresarial delictiva hubiera recibido algún contrato con ese motivo.

De hecho, el Gobierno valenciano llegó a negar a este periódico que la trama corrupta tuviera la más mínima relación con la visita del Papa.

La policía desbarató esa mentira al hallar en uno de los pisos de Madrid que utilizaba la trama corrupta, en la calle del General Martínez Campos, documentación sospechosa relativa a la visita del Pontífice.

En la documentación que encontró la policía se detallaba cómo la trama corrupta había utilizado como empresa pantalla a la constructora leonesa Teconsa, con la que mantenía relaciones e incluso cobraba comisiones ilegales por obras públicas en las que había intermediado, para hacerse con el negocio alrededor de la visita de Benedicto XVI.

En la contabilidad de la trama corrupta figuraban los nombres de las dos empresas, especializadas en el montaje de pantallas en plena calle y en la sonorización de actos, que habían hecho realmente el trabajo en Valencia, y que cobraron sus honorarios habituales. Entre Teconsa y la trama corrupta se repartieron los más de tres millones de euros que sacaron en limpio del contrato que les adjudicó la televisión valenciana.

Por si no había pruebas suficientes, el sumario ha arrojado una nueva luz al acreditar que Torroja, al que Teconsa definía en sus escritos como el responsable del evento de la visita del Papa, cobró en concepto de provisión de fondos hasta 9.000 euros en las semanas previas a que realmente se desarrollara el trabajo para el que habían sido contratados.

Miguel Torroja, a diferencia de la constructora leonesa Teconsa, sí tenía cierta experiencia en el mundo del espectáculo, al igual que las dos empresas con las que se subcontrató el trabajo de instalación de pantallas de vídeo, sonido y megafonía para una cobertura televisiva.

Esas dos empresas con las que subcontrató los trabajos Teconsa cobraron tres millones de euros de los 7,5 que se llevó la constructora leonesa.

Esas dos empresas no habían trabajado antes con Teconsa sino que eran viejas conocidas de Correa, que les había encargado el montaje de pantallas y megafonía en distintos actos.

En la relación de proveedores que la red corrupta declaró a la Agencia Tributaria figuran esas dos empresas que hicieron para Teconsa todo el trabajo durante la visita del Papa a Valencia.
Un negocio redondo

Los documentos reflejan cómo un supuesto empleado de Teconsa para la visita del Papa cobraba en realidad de la caja B de la trama corrupta y cómo el director de la televisión valenciana adjudicó el contrato a esa empresa a pesar de que nunca había cubierto eventos similares.

* Camps y su equipo enriquecieron a la trama Gürtel con contratos irregulares por 16 millones

elpaís.com

CAMPS Y SU EQUIPO ENRIQUECIERON A LA TRAMA GÜRTEL CON CONTRATOS IRREGULARES POR 16 MILLONES

Los escándalos que afectan al PP

El Bigotes sólo hizo regalos cuando facturó a la administración valenciana


JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ / JOSÉ MANUEL ROMERO - Madrid -

La trama Gürtel logró en sus cuatro años de existencia en la Comunidad Valenciana, coincidentes con el mandato del presidente Francisco Camps, más de 16 millones de euros en contratos adjudicados por el Gobierno autónomo o por el PP valenciano de manera fraudulenta, bien porque se amañó la concesión para favorecer a la red corrupta o bien porque no se declaró a Hacienda el servicio contratado con las empresas de Francisco Correa, según la investigación judicial.

La trama regaló hasta 1.800 euros en juguetes a los hijos del presidente

Betoret adjudicó a
El Bigotes Fitur, el mayor contrato de la trama en Valencia

La investigación ha destapado contratos irregulares en 17 departamentos


El montante ascendió a siete millones de euros en cuatro años


El PP valenciano ocultó a Hacienda al menos 2,5 millones


Cuatro contratistas urdieron estrategias para financiar actos del partido


Los partidarios de Camps sostienen que el presidente no se vendió a la trama corrupta por cinco americanas, cinco trajes y dos pares de zapatos, las prendas que, según el sumario, le regaló Orange Market, la empresa de la red Gürtel que dirigía en Valencia Álvaro Pérez, el Bigotes. La relación de Camps con Álvaro Pérez, contratista de la Comunidad Valenciana, le llevó, según los indicios confirmados por el Supremo, a incurrir supuestamente en un delito de cohecho impropio.

A las dádivas a medida que Camps lució varios años, regalos de El Bigotes entre 2006 y 2007 -los ejercicios del mayor florecimiento del negocio de la red Gürtel en la Comunidad Valenciana, según la Agencia Tributaria- se añadieron otros agasajos, siempre por Navidad, a diferencia de los trajes, que incluían juguetes para sus hijos por valor de hasta 1.800 euros, según la investigación judicial.

El Bigotes extendió la práctica de los regalos a otros hombres fuertes del Gobierno valenciano -vicepresidentes, fundamentalmente- a los que enviaba presentes para ellos, sus esposas y sus hijos, según acreditan algunas de las conversaciones grabadas por orden judicial y la documentación incautada en la sede de Orange Market.

Álvaro Pérez sólo fue generoso cuando su empresa empezó a facturar con la Administración valenciana, nunca lo hizo antes. Entre los beneficiados por su generosidad estaba Rafael Betoret, un cargo aparentemente menor -fue jefe de gabinete de la consejera de Turismo y vicepresidente de la comisión ejecutiva de la Agencia Valenciana de Turismo- pero que ocupaba un puesto estratégico mayor para los intereses de la trama corrupta.

Betoret fue de los más favorecidos por las visitas a Milano y Forever Young, las dos tiendas de ropa donde compraba los regalos la trama corrupta. Se llevó 11 trajes, cinco americanas, un abrigo, un chaqué y un pantalón, según el sumario. El Bigotes eligió bien donde gastaba el dinero porque la Agencia Valenciana de Turismo, de la que Betoret era alto cargo, le adjudicó durante cuatro años consecutivos el mayor contrato (más de cinco millones en ese periodo por el montaje de un pabellón en la feria Fitur) del que disfrutó la trama en Valencia. El Tribunal de Cuentas destacó en varios informes las irregularidades detectadas en la adjudicación de esos contratos, aunque no hizo nada.

Betoret intentó explicarle al juez que El Bigotes no le regaló nada, que sólo le prestó el dinero para comprarse todo ese vestuario y él se lo devolvió en cómodos plazos de 500 euros cada cierto tiempo. El juez no creyó esta versión de los hechos.

Milagrosa Martínez, ahora presidenta de las Cortes Valencianas y consejera de Turismo en tiempos del despegue de Orange Market, recibió un reloj de 2.400 euros regalado por la trama. El tiempo jugó a favor de Martínez para evitar un proceso judicial como el que afecta a Camps. La Fiscalía, según el escrito que consta en el sumario, entendió que Milagrosa Martínez podía ser autora de un delito de cohecho impropio pero había prescrito.

La investigación judicial de las andanzas de la trama Gürtel por la Comunidad Valenciana ha destapado la adjudicación irregular de contratos en 17 departamentos del Gobierno por más de siete millones de euros en cuatro años.

Orange Market logró su primer contrato con el Gobierno valenciano, en noviembre de 2004, gracias a "su experiencia en trabajos similares", aunque nunca antes había hecho ese tipo de tareas pues la empresa apenas tenía un año de antigüedad y, según la Agencia Tributaria, no había contratado nunca con la comunidad autónoma. El trabajo en cuestión era un vídeo para concienciar a los valencianos del uso del contenedor amarillo, pero nunca lo hizo. Sólo terminó un guión por el que cobró la mitad de los 120.000 euros asignados en el contrato. El entonces consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, responsable de Vaersa, la empresa que encargó el vídeo, aseguró que este contrato cumplía escrupulosamente con las normas.

La investigación también ha concluido que otros siete millones de euros gastados por el canal autonómico valenciano de televisión para contratar a Teconsa, una constructora leonesa amiga de los corruptos, era anómalo. Al frente de la televisión autonómica estaba un hombre de confianza de Camps e íntimo amigo de los jefes de la trama llamado Pedro García, que dimitió hace seis meses y que aparecía en muchos tejemanejes sospechosos de corrupción de la Comunidad Valenciana.

El trabajo de jueces, fiscales y policías también descubrió que al menos 2,5 millones de euros fueron ocultados a Hacienda por el PP valenciano. Se trataba de trabajos hechos por la empresa de El Bigotes y pagados por el PP con supuestos fondos opacos.

En el trasiego de fondos para los gastos del PP valenciano intervinieron, según la investigación judicial -basada en la documentación incautada en Orange Market y en las conversaciones grabadas a los jefes de la trama corrupta- cualificados dirigentes de la formación política. La tesorera del partido, el vicesecretario general y el secretario general junto al vicepresidente autonómico, Vicente Rambla, y el propio presidente, Francisco Camps, estaban, según las conversaciones intervenidas, al tanto de los enjuagues de Orange Market. Cuatro grandes empresas, todas ellas importantes contratistas de la Administración valenciana, participaban de los amaños para la financiación de los actos del PP de Francisco Camps.

La investigación judicial ha recabado pruebas de la existencia de prácticas corruptas en la Comunidad Valenciana que afectan al presidente Camps, a su vicepresidente Vicente Rambla, a su ex vicepresidente, Víctor Campos; a su ex director de la televisión pública valenciana, Pedro García; a su presidenta de las Cortes Valencianas y ex consejera de Turismo, Milagrosa Martínez; a su ex secretario general del PP y ex portavoz parlamentario, Ricardo Costa; a su vicesecretario general del PP valenciano, David Serra; a su tesorera del partido, Yolanda García Santos, y a la mayoría de sus consejeros. De todos, sólo ha dejado sus cargos Ricardo Costa.

GOBIERNO Y PARTIDO, SALPICADOS POR EL ESCÁNDALO
- Ricardo Costa. Vicesecretario general primero y secretario general del PP valenciano después. Los documentos requisados en Orange Market y las conversaciones grabadas por orden judicial señalan a Costa como negociador con la trama para el pago irregular por servicios prestados al partido.

- Vicente Rambla. Vicepresidente del Gobierno valenciano. Las conversaciones grabadas por orden judicial acreditan que él y su familia recibieron regalos de la trama corrupta y que él negociaba con El Bigotes la celebración de una gala de los premios Grammy en Valencia con la que la trama quería enriquecerse.

- Francisco Camps. Presidente del Gobierno valenciano y del PP en esta comunidad. La investigación ha acreditado numerosas irregularidades en la financiación del partido y en la contratación, por parte de la mayoría de consejerías del Ejecutivo presidido por Camps. El presidente recibió regalos de todo tipo de la trama.

- Víctor Campos. Ex vicepresidente del Gobierno valenciano. Sus tratos con El Bigotes continuaron incluso después del escándalo. Aparece entre los altos cargos que recibieron trajes como regalo de la trama corrupta. El Bigotes también hizo regalos a la esposa de Campos, según el sumario.

- Rafael Betoret. Ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, departamento que adjudicó el contrato de mayor cuantía a la trama corrupta. El sumario refleja que recibió numerosas prendas de vestir pagadas por El Bigotes cuando su departamento le había adjudicado los primeros contratos.

- Pedro García. Ex director general de la radiotelevisión pública valenciana. Recibió regalos de la trama corrupta y colaboró en la adjudicación del contrato de la visita del Papa a Teconsa, una constructora leonesa sin experiencia en esos eventos. Teconsa repartío el beneficio con la trama corrupta.

* La investigación destapa otra prueba clave del amaño de la visita del Papa

Francisco Camps Ortiz
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Nacimiento:
28-08-1962
Lugar:
Valencia

Caso Gürtel
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EL JUEZ DEL GÜRTEL CITA AL ALCALDE DE LAS ROZAS TRAS DENUNCIAR UN INTENTO DE SOBORNO DE CORREA

Bonifacio de Santiago (PP) denunció que el jefe de la red corrupta le ofreció 2,1 millones por conceder un contrato de limpieza a una empresa que aparece en el sumario del caso

El PAÍS - Madrid

El juez que instruye la rama madrileña del caso Gurtel, Antonio Pedreira, ha llamado a declarar en calidad de testigo al alcalde de Las Rozas, Bonifacio de Santiago (PP), tras las declaraciones del regidor a EL PAÍS en el que desveló un intento de soborno del cabecilla de la red corrupta, Francisco Correa.

De Santiago desveló hace un par de semanas durante una entrevista en este periódico que Correa le ofreció 350 millones de pesetas (2,1 millones de euros) si adjudicaba el contrato de recogida de basuras y limpieza urbana del municipio (87.000 habitantes) a Sufisa. Esta sociedad aparece en el sumario porque uno de sus directivos pagó supuestamente comisiones ilegales a cambios de contratos en ayuntamientos gobernados por el PP.

El regidor madrileño prestará declaración el próximo 10 de junio, según la orden dictada por Pedreira el viernes pasado. De Santiago aclarará el suceso que se remonta a febrero de 2003 cuando recibió a Correa en su despacho del Ayuntamiento y según su versión, este le dijo: "Te ofrezco 250 millones de pesetas si la que gana es Sufisa".

* "Correa me ofreció 350 millones de pesetas por el contrato de basuras"

Caso Gürtel
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EL ALCALDE ASEGURA QUE FIRMABA LAS LICENCIAS QUE LE PONÍAN LOS FUNCIONARIOS

TRIBUNALES | Villanueva del Trabuco

Europa Press | Málaga

El alcalde de la localidad malagueña de Villanueva del Trabuco, el socialista Antonio Vegas, ha asegurado este lunes que daba el visto bueno a las licencias de obras que le ponían los funcionarios o el secretario para la firma, al entender que cuando eso ocurría es que "estaba conforme a ley y estaba para darla".

El Juzgado de lo Penal número 1 de Málaga ha dejado visto para sentencia el juicio contra Vegas, para el que el fiscal ha mantenido la petición de ocho años de inhabilitación para cargo público y multa de 5.400 euros por dar una licencia de obra en suelo no urbanizable sin que hubiese informes y sin tener en cuenta el procedimiento.

Así, el regidor ha explicado que había un formulario tipo y que no tenía tiempo de leer todo lo que le ponían para firmar, por lo que ha asegurado que tenía "confianza" en los funcionarios o en el secretario municipal, que, ha añadido, "entiendo que no me van a poner una licencia que no se puede dar".

Ha recordado que desde antes de entrar en la Alcaldía se seguía el mismo procedimiento para conceder estos permisos y ha manifestado que los que pedían las licencias hablaban con los técnicos. Ha insistido en que "tenía capacidad de decisión pero presuponía que lo que me pasaban era correcto".

En este caso concreto, el fiscal le acusa de un delito de prevaricación urbanística por otorgar, a través de un decreto de 1999, una licencia el mismo día de la solicitud "sin exigencia del preceptivo proyecto técnico, ni visado, ni proyecto de actuación, por tratarse de terreno calificado de suelo no urbanizable".

A este respecto, el alcalde ha asegurado que no comprobó si era suelo urbano o no urbanizable y tampoco si los informes eran favorables, "porque confío en los funcionarios". No obstante, ha declarado que estaba en el convencimiento de que era suelo urbano.

Vegas ha argumentado esto en que es una zona "consolidada" que tiene luz, agua y saneamiento. De hecho, ha indicado que hay una urbanización cercana "que tiene 30 años" y ha añadido que generalmente se pedían licencias para construir en las zonas donde se podía, al tener todos esos servicios urbanísticos.

La defensa en este caso sostiene que en 1999 Villanueva del Trabuco "era un municipio sin planeamiento" y que las normas subsidiarias no eran de aplicación, además de que el suelo donde se autorizó construir era "suelo urbano" y tenía "todos los servicios urbanísticos".

elmundo.es

"CASO GÜRTEL"; ACUSAN A FISCALES DE OCULTAR "CON MALICIA" UNA PRUEBA PARA LA DEFENSA DE CAMPS

Causa contra Baltasar Garzón

* Ignacio Peláez denuncia a Concepción Sabadell y Myriam Segura
* Las acusa de los delitos de prevaricación y contra las garantías de intimidad

Europa Press | Madrid

El abogado del 'caso Gürtel' Ignacio Peláez, que interpuso la querella admitida a trámite contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por intervenir comunicaciones de los cabecillas de esta trama con sus letrados en prisión, acusó ante el Tribunal Supremo a las fiscales Anticorrupción Concepción Sabadell y Myriam Segura de ocultar una prueba clave para la defensa del presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, en el asunto de los trajes de Orange Market.

Peláez presentó una ampliación de su querella inicial en la que solicita al magistrado instructor de la causa, Alberto Jorge Barreiro, que impute a las dos fiscales por permitir y beneficiarse de las escuchas acordadas por Garzón y también por ocultar al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) una grabación realizada al imputado de la 'Gürtel' Pedro Crespo en la que éste afirma que Camps se pagó sus trajes.

En su escrito de ampliación de la querella, al que ha tenido acceso Europa Press, se solicita la declaración de las dos fiscales adscritas al caso en calidad de imputadas por los mismos delitos que se instruyen contra Garzón, que son los de prevaricación y contra las garantías de la intimidad.

La conversación relativa a Camps habría tenido lugar en el centro penitenciario el 6 de marzo de 2009, en una entrevista entre Peláez (abogado del constructor José Luis Ulibarri) y Crespo en la que éste señala que el presidente valenciano "se pagó sus trajes" pese a las declaraciones de otra de las imputadas, Isabel Jordán, en sentido contrario. "Eso no es cierto, esa imputación nunca la podrán demostrar porque no es cierto" reza la transcripción.

'De forma maliciosa'
"Las fiscales querelladas tuvieron perfecto conocimiento de que de forma maliciosa no se enviaron estas transcripciones al Tribunal Superior de Justicia de Valencia", según la ampliación de la querella, que añade que cuando se abrió el secreto del procedimiento seguido contra Camps no constaba en el mismo la grabación hecha a Crespo, "lo que sin duda alguna las fiscales querelladas conocían, pues ya habían tenido noticia de ellas cuando los funcionarios de Policía les dieron traslado de una copia".

A juicio de Peláez, al actuar de este modo se privó a la defensa de Camps "de una prueba fundamental y esencial que podía haber aportado no sólo ante el juez instructor, ante el TSJ de la citada comunidad, sino también ante el Tribunal Supremo cuando estas mismas fiscales recurrieron el sobreseimiento que fue acordado por el tribunal superior". El alto tribunal acordó el pasado día 12 anular dicho sobreseimiento y devolver la causa contra Camps a Valencia para que siga siendo investigada.

Irregularidades
Se acusa además a Sabadell y Segura de actuar de forma irregular desde el inicio del procedimiento contra la presunta trama de corrupción ligada al PP, por interponer directamente su denuncia en el Juzgado de Garzón, en vez de mandarla al turno reparto en este órgano, alegando su conexión con una causa precedente ("caso BBVA") que no era tal.

"La única relación entre los dos casos era que el titular del despacho donde se hizo la entrada y registro había sido asesor del señor Correa (Francisco, presunto cabecilla de la trama corrupta) y al mismo tiempo tenía clientes con cuentas en el BBVA", añade la querella.

Recuerda el abogado querellante que la única parte del procedimiento que puede tener conocimiento del secreto sumarial es el Ministerio Fiscal, y que las fiscalas del caso eran "plenamente conscientes" de que las resoluciones dictadas por Garzón para escuchar a los abogados "eran contrarias a la Ley". "Y no sólo no recurrieron, sino que incluso cuando por el Juzgado se les propuso la prórroga del auto inicial del 19 de febrero de 2009, no se opusieron a la misma", añade.

Para Peláez, las escuchas que se le realizaron a él en prisión perjudicaron gravemente a su cliente, "pues en ellas se desvelaba cuál iba a ser el contenido de sus respuestas, la forma de defenderse, en una palabra, cuál iba a ser su estrategia de defensa".

"A pesar de ser conocedoras de esta circunstancia, no velaron por las garantías del imputado ni por el cumplimiento de la ley y permitieron que se produjera esa declaración en tales condiciones, valiéndose no solamente el juez y la Policía, sino también ellas mismas, de información y datos obtenidos de forma claramente ilícita", agrega el escrito de ampliación.

Finalmente, el abogado y ex fiscal de la Audiencia Nacional acusa a las fiscales Anticorrupción por no actuar frente a una diligencia dictada por Garzón hace unas semanas en la que el juez suspendido de la Audiencia Nacional remite al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) diversa documentación, piezas y tomos del 'caso Gürtel' a pesar de haber transcurrido ya casi un año desde que se inhibiera del caso.

"Las fiscales querelladas facilitaron, colaboraron, permitieron y consistieron que el instructor querellado (Garzón) pudiera tomar las decisiones ilegales ya reseñadas", "y además también tuvieron conocimiento del contenido de las comunicaciones intervenidas ilegalmente e hicieron uso de ellas para llevar a cabo sus imputaciones contra nuestro representado", concluye el escrito.

Además
* El elefante y el pavo real, por Pedro J. Ramírez
* Las tres causas contra Garzón | ¿Será Camps candidato?
* El PP pedirá que Camps dimita si le sientan en el banquillo
* Camps, a jubilados: 'Podemos superar cualquier circunstancia'

elmundo.es

Y CAMPS FELIZ

REPORTAJE: EL ESCÁNDALO CAMPS

El presidente valenciano se presenta como un Juan sin Miedo que considera "de risa" la decisión del Supremo de mantenerle como imputado por cohecho. Está convencido de que tiene una misión en la Comunidad Valenciana y que nadie podrá impedirla

J. TORRENT | J. FERRANDIS

Sostiene un veterano político valenciano, militante del PP y buen conocedor de las crujías y los pasadizos de la sede de la presidencia del Gobierno valenciano, que el Palau de la Generalitat, un edificio gótico del siglo XV, enloquece a sus inquilinos. No quiere decir que los sucesivos presidentes que lo han habitado y habitan hayan precisado camisas de fuerza política para ser desalojados de sus despachos, aunque alguno hubo al que su partido, literalmente, abandonó en las estancias palaciegas para que se diera cuenta de que no tenía otra opción que dimitir. Nuestro político del PP se refiere más bien a que todos los presidentes autonómicos que en Valencia han sido se ven aquejados, en mayor o menor medida, de un síndrome similar; aunque ninguno lo padeció tan temprano como Francisco Camps. Una patología que, por utilizar las palabras del diputado de IU Gaspar Llamazares referidas a un inquilino del palacio de la Moncloa, definía de la siguiente guisa: "Dícese de aquel síndrome que afecta fundamentalmente a la percepción de la realidad. El Gobierno percibe la realidad como una realidad triunfalista al margen de lo real e, incluso, al margen de la memoria".

En el PP están inquietos porque habla siempre en primera persona y por la vindicación crispada de su inocencia

Una cosa es que no se cuestione su honradez, y otra, las facilidades que dio a su "amiguito del alma" para enriquecerse

La descripción de Llamazares sobre el aislamiento, primero, y la consiguiente ceguera, después, que padecen los líderes políticos se puede aplicar corregida y aumentada al presidente de la Generalitat valenciana. Desde que en febrero del año pasado se conociera que la Fiscalía Anticorrupción implicaba a Francisco Camps en la trama Gürtel, la deriva presidencial ha sido cuanto menos preocupante. Por esas fechas, días antes de que los medios de comunicación dieran a conocer que el presidente había recibido regalos en forma de trajes por parte de la trama corrupta, un nervioso Camps llamaba personalmente a los medios para contarles que "eso que se iba a publicar" era "completamente falso". Pero si, pese a ello, la noticia salía a la luz, él dimitiría de inmediato "porque no podría soportar la vergüenza de salir a la calle con ese baldón. Antes dimito si es eso lo que queréis".

El jueves pasado se cumplió un año desde que prestó declaración ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano en calidad de imputado por un presunto delito de cohecho pasivo impropio. Ni había dimitido, ni tenía la menor intención de hacerlo.

Durante los 15 meses que dura ya el proceso, los ciudadanos han asistido primero atónitos, luego sorprendidos y finalmente estupefactos. ¿Qué ha pasado para que el temeroso Camps de primeros de 2009 se haya convertido en el Juan sin Miedo de mayo de 2010? Probablemente nada que no se supiera con antelación a la crisis. Camps siempre ha cultivado una imagen de hombre próximo a la gente, que acrecienta con un lenguaje relamido y algo cursi en el que las constantes referencias futbolísticas son la excusa perfecta para no hablar de los temas importantes.

Pero ese es el Camps aparente. El real oculta una voluntad de hierro, una capacidad de resistencia que, si bien es cierto que ha estado a punto de quebrarse en varias ocasiones -la primera, nada más llegar a la presidencia de la Generalitat-, se mostró con toda su fuerza cuando logró doblarle la mano a Eduardo Zaplana, su predecesor en el cargo y persona que le designó como sucesor, hasta mantenerle exiliado políticamente de la Comunidad Valenciana. Camps no es ningún bambi de la política, es un hombre de aparato que en 1982 ingresó en las Nuevas Generaciones tras la victoria electoral de Felipe González. Casi 30 años de militancia en el PP, periodo en el que ha recorrido todos los escalones de la Administración (local, autonómica y central), le han permitido tejer una tupida red de relaciones con sus compañeros de partido, para acabar convirtiéndose en un político correoso, que oculta tras la imagen de una persona afable.

No hay dos Camps: el bueno o el malo, el cuerdo o el iluminado. Siempre ha sido el mismo. No hay diferencia alguna entre el que llegó al Gobierno valenciano convencido de que, como Jaime I, tenía una misión histórica para la Comunidad Valenciana del que el pasado martes, tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo, que le mantenía como imputado, proclamaba: "Solo puedo decir que hoy soy más feliz que ayer y que esto acaba antes de lo esperado". El mismo que es capaz de reivindicar el Estado de derecho y, al mismo tiempo, calificar la decisión unánime de los cinco magistrados del Supremo como una "cosa de risa".

Camps está convencido de que tiene una misión que llevar a cabo en la Comunidad Valenciana y que nada ni nadie se lo va a impedir. Ha interiorizado este fátum de tal manera que no le va a ser fácil a Mariano Rajoy, líder nacional del PP, apartarle de su puesto. El presidente valenciano no se cree inocente. Se ve inocente. Y no descansará hasta que de un modo u otro le sea reconocida esa condición. Esa es la fuerza que le permite desayunar sapos todas las mañanas. Los medios de comunicación, los tertulianos, no hay día que no le llamen "indigno", "indecente", "miserable", "cadáver político". Pero él resiste. Sus apoyos ya no están entre sus compañeros de Gobierno o de partido. Ahora mismo, Camps se refugia en su familia, en su mujer, Isabel Bas, y en sus hijos. Fundamentales para dar solidez a su estado anímico. También en un sanedrín al margen del partido y del Consell vinculado a círculos conservadores católicos de los que forma parte y que comparte con su vicepresidente tercero, Juan Cotino, y el responsable del área de Justicia del PP y diputado por Alicante, Federico Trillo, ambos del Opus Dei.

Desde que se supo de su implicación en la trama Gürtel, Camps se alejó de los medios de comunicación. No respondía a las preguntas y su agenda se llenó de viajes al extranjero y se vació de actos en la Comunidad Valenciana. Los pocos que convocaba se hacían a última hora y prácticamente en la clandestinidad para evitar preguntas y situaciones embarazosas. Camps ha tenido que escuchar en más de una ocasión "ladrón", "corrupto" o "págate los trajes" en plena calle, y eso es algo que no soporta. Pero el día en que se conoció el avance de la sentencia del Supremo reapareció un Camps diferente. Convocó a la junta directiva regional, se presentó como una víctima, comparando la situación personal por la que atravesaba con lo que le ocurrió al PP durante la guerra de Irak y lo del Prestige, se rió de la decisión del Supremo y, por primera vez en meses, aceptó preguntas de los periodistas.

El que comparecía era un Camps eufórico, seguro de sí mismo y de lo que iba a ocurrir en el futuro. Que se hubiera equivocado en todos sus vaticinios anteriores no significaba nada. Ahora sí. Ahora iba a presentar nuevas pruebas, nuevos documentos, grabaciones exculpatorias. Todo iba a servir para demostrar su inocencia porque "esto va a acabar antes de lo esperado". Lo mismo había dicho meses antes.¿Son todos estos errores productos de una persona que vive fuera de la realidad? ¿Trasladan un inconsciente en el que se intuye un temor real? ¿O ambas cosas a la vez? El martes pasado, Camps se refería así a la sentencia del Supremo: "Ha dicho [el tribunal] que no hay adjudicaciones irregulares , que no hay financiación irregular del PP y que la causa puede ser sobreseída. Es todo un montaje". En realidad, la sentencia no trataba para nada las adjudicaciones de la Generalitat ni la financiación de su partido, y por lo que a él se refiere, lo que decía implica que su situación como imputado equivale a un procesamiento. Entonces, ¿por qué se manifestó así?: "Porque esos son sus miedos, porque teme que del cohecho pasivo impropio se pase al cohecho propio", apunta un dirigente del PP.

Camps se encuentra solo, mucho más de lo que él se cree. Su carrera desde el interior del aparato del partido y su aparente fidelidad hacia quien mandaba se lo pusieron todo muy fácil. Realizó una carrera meteórica con todo el viento a su favor. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, primero, y el ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, después, le llevaron de la mano hasta la cúspide del poder sin que él tuviera que hacer grandes esfuerzos, Una fuente del PP lo explica gráficamente: "Fue designado por el dedo de Dios. En realidad, es víctima del modo en que fue elegido. Cuando eres señalado por el dedo divino, no te explicas por qué Dios te ha abandonado". Y después, dos victorias electorales por mayoría absoluta.

Una fuente del Gobierno valenciano cree que "la paciencia de Génova, de una parte del PP valenciano y hasta de un sector de los que formaban parte de su círculo más próximo se ha agotado". Tras un año de parálisis gubernamental, más de un miembro del actual Consell ha estado a punto de tirar la toalla. Y no es extraño. El Gobierno valenciano está desaparecido desde hace meses; y el empresariado valenciano, desesperado, porque ve que no se toman medidas para atajar el crecimiento del paro más elevado de toda España. En el Palau de la Generalitat, los teléfonos suenan menos que de costumbre.

Camps está en otra cosa. En demostrar su inocencia a costa de lo que sea y de quien sea. En el PP están muy preocupados por el lenguaje que utiliza, hablando siempre en primera persona, y por la vindicación constante, y un tanto crispada, de su honradez. Algo que nadie le echa en cara en público. Ángel Luna, portavoz socialista en las Cortes Valencianas, se lo recordó el pasado jueves: "Nadie le ha dicho que se haya enriquecido, el problema es que los valencianos se han empobrecido". Pero una cosa es que no se cuestione su honradez personal y otra, muy distinta, las facilidades que dio a Álvaro Pérez, El Bigotes, su amiguito del alma, para enriquecerse. Esa negación de la realidad y un egoísmo que se revela en prácticamente todas sus intervenciones preocupan en el PP: "Está utilizando el partido, las instituciones y, si no lo impedimos, el cuerpo electoral valenciano para su beneficio personal".

Un fantasma recorre los pasillos de la calle de Génova, sede nacional del PP: la convocatoria de unas elecciones anticipadas en la Comunidad Valenciana. Nadie las quiere. Unos comicios coincidentes con los catalanes, donde la corrupción en la Comunidad Valenciana sería la estrella en todos los medios de comunicación, es algo insoportable para la dirección del PP, cuyos miembros no entienden a qué espera Mariano Rajoy. Los socialistas, por el contrario, suspiran por esa convocatoria de elecciones anticipadas.

Camps busca en las urnas la absolución, el perdón de la sociedad. Por eso quiere celebrarlas antes de tener que sentarse en el banquillo. Un miembro de su Gobierno lo dice con total claridad: "Está dispuesto a que lo juzguen sin dejar la presidencia de la Generalitat". A esa cruzada personal ha convocado a su partido, que le sigue cada vez con menos entusiasmo. Ya no son únicamente los zaplanistas de Alicante, reunidos en torno a su presidente provincial, José Joaquín Ripoll, quienes desconfían de Camps. Tampoco aquellos que tenían la palabra del presidente de acometer una remodelación del Consell pasara lo que pasara en el Supremo y ven que no ocurre nada. Algunos alcaldes constatan en sus encuestas que el presidente de la Generalitat, lejos de ser un valor añadido, es un fardo pesado. "Ya no suma, resta. Si se mantiene en sus trece y decide seguir pase lo que pase, puede que acabe por abocarnos a una especie de refundación como la que ha tenido que hacer el PP en Baleares".

Pero Camps está dispuesto a seguir. No importa que el líder del PP de País Vasco, Antonio Basagoiti, diga que él se apartaría del partido si estuviera imputado por cohecho impropio o que Mariano Rajoy le haya frenado por dos veces la intentona de convocar elecciones anticipadas. Camps prefiere creer a Carlos Iturgaiz, que llama hienas bolcheviques a todos los que han investigado el caso Gürtel.

El presidente valenciano no es un ciego con una pistola. Es un político con un revólver y juega con él a la ruleta rusa; pero la víctima de ese juego puede acabar siendo el propio Mariano Rajoy.

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Francisco Camps Ortiz
A FONDO

Nacimiento:
28-08-1962

Lugar:
Valencia

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