jueves, 29 de marzo de 2012

"CASO CAMPEÓN"; UN TESTIGO CONFIRMA LAS RELACIONES DE OROZCO Y BRAN CON DORRIBO

El administrador del acusado desconoce si el dinero que ingresaba o sacaba del banco era «blanco o negro»
 
F. Velasco MADRID-

José Amador Fernández, administrador de Laboratorios Nupel, propiedad de Jorge Dorribo, confirmó ayer ante el instructor del Tribunal Supremo del «caso Campeón», Juan Ramón Soriano, las relaciones entre los empresarios José Antonio Orozco y Manuel Bran, amigo personal y cuñado del ex ministro de Fomento José Blanco, respectivamente.

Respecto a Orozco, aseguró en su comparecencia judicial, en calidad de testigo, que le conocía «de vista, de sus relaciones con su jefe» y que en alguna ocasión le vio por las instalaciones de los laboratorios, aunque no pudo precisar con qué frecuencia.
En cuanto a Bran, aseguró que no le conoce, perso que sabe que trabajó para la empresa de Dorribo y que «ha visto sus furgonetas en lade de los laboratorios».

Respecto a la posible retirada de una cantidad relevante de fondos en febrero de 2011, coincidente en fechas con lo manifestado por Dorribo de que pagó 200.000 euros al entonces ministro Blanco por realizar varias gestiones empresariales, José Amador Fernández no pudo concretar ese aspecto.

En este sentido, según consta en su declaración, aseguró no recordar si en febrero del pasado año Dorribo le encargó «una retirada especial de dinero del banco», ni tempoco si llevó a su jefe «un sobre con dinero a Lugo». En cambio, sí aseguró haberlo hecho en otro momento, «pero no una fecha concreta».

Sobre las gestiones que realizaba en los bancos, manifestó que en distintas ocasiones ingresaba y en otras retiraba distintas cantidades. Cuando realizaba esta última operación, en alguna ocasión «ha podido pedir billetes grandes», pero sin poder precisar la cantidad.

Sobre esta cuestión, incidió en desconocer si el dinero que ingresaba o llevaba era «blanco» o «negro», y que él obedecía órdenes de la responsable de Administración o de Jorge Dorribo. De esos movimientos, añadió, siempre «quedaba constancia documental».

En la empresa de Laboratorios Nupel, aseguró, había una caja fuerte «grande» a la que tenía acceso la jefa de Administración.

Durante la jornada de ayer  también compareció la responsable del registro de la empresa, Jennifer Alvarez, que ha relatado al magistrado, al fiscal Manuel Dolz y a los letrados presentes durante su comparecencia que ella preparó la documentación para un proyecto   de comercialización de medicamentos en unidosis que proyectó Dorribo con otros empresarios. No obstante, al exhibírsele documentación de la Secretaría de Estado Presupuestos al respecto, Alvarez ha señalado que la solicitud  que le han enseñado en distinta a la que ella preparó, aunque puede que fuera labor de la directora técnica de la empresa. Ha reconocido que los procesos de autorización administrativa son lentos, duran unos dos años, y para este tipo de permisos son estrictamente necesarias las reuniones entre los responsables del laboratorio y los técnicos de la Agencia del Medicamentos.

Con estas dos comparecencias el magistrado instructor concluye con el calendario de citaciones que había proyectado realizar en relación   con este asunto.



"CASO CAMPEÓN"; "COMISIONES PEPITO"

Una ex empleada de Dorribo admite en el Tribunal Supremo que en la empresa había una «caja B» con la que se pagaban comisiones «comerciales»
R. Coarasa /F. Velasco MADRID-

Dos ex empleadas del empresario Jorge Dorribo admitieron ayer al magistrado del Tribunal Supremo (TS) José Ramón Soriano –que investiga el supuesto pago de comisiones al ex ministro José Blanco– que en la farmaceútica Nupel había una «caja B». Una de ellas, María Isabel Fernández, que estaba encargada de la contabilidad de Nupel, fue más explícita y, en la declaración a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, aseguró al instructor que en la misma se anotaba el «pago de comisiones comerciales, por ejemplo “Comisiones Pepito”».

Según explicó, «esos pagos los llevaba el sr. Dorribo» y los encargados de la contabilidad se limitaban a anotar en los vales de caja lo que el empresario les decía.
La testigo –que sí está imputada en él «caso Campeón» que investiga la jueza de Lugo Estela San José– negó que Dorribo les mandara retirar dinero en billetes de 500 euros. Sólo recordó que «en alguna ocasión, cuando había que retirar dinero, por ejemplo para comisionistas», el empresario que acusa a Blanco de cobrar comisiones les decía si podían dárselo «en billetes grandes», aunque luego el banco lo daba «como lo tenían».

Dorribo declaró en el Alto Tribunal que Manuel Bran, primo del entonces ministro de Fomento, le recalcó, dos días antes del pago de la supuesta comisión en la gasolinera de Guitiriz, que «los billetes tenían que ser de 500 euros». La otra testigo, Marta Andon (que también trabajó en el departamento de contabilidad de Nupel) afirmó al magistrado que no recuerda que Dorribo le ordenase retirar del banco 50.000 euros en billetes de 500 (supuestamente la cantidad que Bran pidió que se entregase en billetes grandes).  Fernández sí recordó haber «entregado cantidades para viajes al sr. Dorribo» y que «puede que alguna fuera de 50.000 euros». En todo caso, recalcó, «todo se reflejaba en los vales».

Dorribo «ponía el concepto»
Eso sí, ambas coincidieron en que nunca vieron en las anotaciones de contabilidad las siglas IFB. Según Dorribo, todos los pagos a políticos estaban recogidos en una carpeta que estaba en la oficina en la que siempre se utilizaban siglas. Las iniciales IFB (Iniciativas de Fomento Bran) identificaban, según el empresario, los pagos a Blanco.
Fernández dijo que esa carpeta «nunca» la vio y su compañera se limitó a esgrimir que «no era la responsable de las anotaciones en la contabilidad, sólo en el soporte informático», aunque no recuerda «ningún apunte contable con esas siglas».

La ex empleada del departamento de contabilidad de Laboratorios Nupel, la empresa matriz de Dorribo, explicó que cuando su jefe le pedía dinero «ponían el concepto» que él les indicaba y que desconoce cómo Dorribo «identificaba a las personas» a las que entregaba esas cantidades, de las que ella no sabía sus destinatarios.

Los interrogatorios a empleados de la farmaceútica Nupel continuarán hoy en el Tribunal Supremo, pues están citados el administrador de la sociedad, José Amador Fernández, y la encargada del Registro, Jennifer Álvarez.

Dorribo se ratifica en sus acusaciones
Dorribo se ratificó ayer en sus acusaciones en una nueva declaración ante la jueza San José.  Luis Peláez, uno de los abogados del empresario, explicó que su cliente se «ha mantenido en la línea   de otras declaraciones», aunque «aclarando» una serie de cuestiones. Otros letrados de imputados en la causa apuntaron que Dorribo estaba implicando a más personas, informa Ep. Algunas fuentes señalaron que Dorribo insistió en que le había regalado un coche de alta gama al ex diputado del BNG Fernando Blanco, consejero de Industria   con el bipartito, algo que éste negó.

"CASO CAMPEÓN"; EL SUPREMO CITA A ELENA SALGADO POR UN CRÉDITO QUE NO CONCEDIÓ

El tribunal investiga un supuesto trato de favor para que el Banco Europeo de Inversiones concediera a Dorribo un crédito de casi tres millones


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El Tribunal Supremo citará en calidad de testigo a la exvicepresidenta económica Elena Salgado, en relación con el caso Campeón, que investiga si el exministro José Blanco cometió cohecho o tráfico de influencias en sus tratos con el empresario gallego Jorge Dorribo, imputado por corrupción. El Supremo investiga una conversación del 30 de diciembre de 2010 en la que el empresario José Antonio Orozco habla con Blanco, quien le comunica que cree que la gestión con “Economía será positiva” en referencia a un supuesto trato de favor para que el Banco Europeo de Inversiones concediera a Dorribo un crédito de casi tres millones.

La conversación transcurrió así, según consta en el sumario:

Blanco. “Hice esa gestión con Economía eh?, en la que me has pedido el día que estuvimos allí en el despacho”.

Orozco. “Perfecto”.

Blanco. “Yo creo que será positiva, pero bueno, aún no me contestaron, eh?”.

La concesión de ese préstamo no dependía del Ministerio de Economía, ni tampoco la tramitación de esa ayuda.

El sumario del caso y las conversaciones teléfonicas de los principales imputados, grabadas por orden judicial, demuestra que el crédito del Banco Europeo de Inversiones fue tramitado por el Gobierno de la Xunta de Galicia (PP) quien le pidió a Dorribo una serie de documentos para poder justificar la inversión en la que se basaba la petición del préstamo.

Además, los documentos y pruebas del sumario, señalan sin lugar a dudas que Dorribo conoció que le habían adjudicado ese préstamo el 30 de diciembre de 2010, entre otras cosas porque se lo contaba un diputado del PP, Pablo Cobián, que era el que intermediaba con la Xunta de Galicia.

La conversación de Blanco que levantó las sospechas y que ahora investiga el Tribunal Supremo fue ese mismo 30 de diciembre de 2010, cuando el préstamo ya había sido supuestamente concedido, pero en ella le había dicho al empresario Orozco que creía que su gestión sería positiva pero que había que esperar respuesta.

La defensa de Blanco piensa pedir que se cite al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo (presidente gallego), a su consejero de Industria y a los responsables del Instituto Gallego de Promoción Empresarial (IGape) que tramitaron la ayuda del Banco Europeo de Inversiones.

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EN EL PAÍS

"CASO GÜRTEL"; EL PP SE QUERELLA CONTRA CORREA Y PÉREZ EN LA CAUSA DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL

Francisco Camps con Álvaro Pérez, 'El Bigotes'.
El partido atiende la demanda del juez para para acceder al sumario
Las primeras comparecencias se iniciarán a finales de abril

Joaquín Ferrandis Valencia




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La dirección nacional del PP ha decidido querellarse finalmente contra dos de los principales cabecillas de la trama Gürtel para poder acceder al sumario que instruye el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) sobre la supuesta financiación ilegal de los populares valencianos.

Los populares, que a efectos jurídicos actúan con una única entidad de ámbito estatal, presentaron formalmente la querella el pasado jueves contra el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, y su hombre en Valencia, Álvaro Pérez El Bigotes, como responsables de Orange Market, por las supuestas irregularidades cometidas en los contratos con la Administración y por el deterioro en la imagen del PP.

Esta firma fue proveedora exclusiva de los eventos que organizó el PP regional, entonces presidido por Francisco Camps, entre 2005 y 2009. En febrero de ese año se produjeron las detenciones de los cabecillas de la trama y estalló uno de los mayores casos de corrupción de la democracia, lo que provocó que el PP de la Comunidad Valenciana dejase de contratar con Orange Market. El caso provocó, primero, la destitución de Ricardo Costa como secretario general del PP y, casi dos años después, la dimisión de Camps de sus cargos.

Con la decisión de querellarse contra Correa y El Bigotes, el PP atiende la demanda del juez instructor, José Ceres, que el pasado 13 de noviembre advirtió a los populares que tenían que presentar “una nueva y diferenciada querella” para personarse en la causa por supuesta financiación ilegal. Una decisión que fue recurrida por el PP y desestimada por Ceres el pasado mes de enero. El TSJ valenciano considera que la personación del PP nacional en el TSJ de Madrid como acusación popular en el caso Gürtel no implica la personación automática en la causa que se instruye en Valencia.
Francisco Correa, en el juicio por el caso de los trajes. / REUTERS


Esta situación ha impedido que el PP accediese al sumario que instruye el juez Ceres, que es lo que quiere solucionar Génova antes de que se inicien las comparecencias de los imputados con el objetivo de preparar más concienzudamente su estrategia de comunicación.

Hasta ahora, en el sumario que instruye José Ceres figuran un total de 25 imputados. En la lista figuran, además de los dirigentes de Gürtel, los representantes legales de varias constructoras que supuestamente financiaron irregularmente al PP valenciano y un nutrido grupo de cargos populares.

Entre los cargos imputados están el ex secretario regional Ricardo Costa; el vicesecretario de Organización, David Serra; la tesorera Yolanda García, la gerente Cristina Ibáñez, el exvicepresidente del Consell Vicente Rambla, la exconsejera de Turismo Milagrosa Martínez y otros cargos de la Administración valenciana.

El magistrado instructor investiga la existencia de delito electoral, prevaricación, cohecho y falsedad documental. Por un lado, por la adjudicación de los pabellones de la Comunidad Valenciana a Orange Market en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid a partir de 2005. Y por otro por los pagos que realizaron distintas empresas, adjudicatarias de distintos contratos de la Generalitat, a la empresa de El Bigotes por servicios ficticios o que no se correspondían con la realidad. Este dinero habría ido a financiar parte de los actos de las campañas electorales del PP, que organizaba Orange Market.

Ceres ha acordado que las declaraciones se iniciarán a finales del próximo mes de abril, previsiblemente a partir del día 24. El exjefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret podría ser el primer cargo en testificar.