miércoles, 4 de abril de 2012

EL JUEZ MANTIENE IMPUTADOS A CALATRAVA Y UN EXDIPUTADO POR LA ÓPERA DE PALMA


El juez cree que la posibilidad de adjudicación fraudulenta del teatro "sigue incólume hoy"
El Gobierno balear pagó 1,2 millones al arquitecto por dos maquetas y un 'power point'

Andreu Manresa Palma de Mallorca

Malas noticias para los implicados en la supuesta adjudicación fraudulenta de la Ópera de Palma –jamás construida- al arquitecto Santiago Calatrava por el Gobierno de Jaume Matas, del PP. El juez del caso Palma Arena, José Castro, ha rechazado las peticiones del propio Calatrava y la del exconsejero de Cultura y exdiputado autonómico Francesc Fiol y ha confirmado la imputación de ambos, además de la del que fue número dos de Fiol en la consejería, el exsecretario general Sebastián Vanrell.

Calatrava, según el fiscal Pedro Horrach y la acusación del Gobierno balear, participó con Matas en 2006 en “un montaje electoral” al resultar beneficiado a dedo de la construcción de un teatro de la Ópera sobre la bahía de Palma. El arquitecto, según la denuncia, cobró por el proyecto 1,2 millones de euros. “Absolutamente todo el expediente de contratación [de Calatrava] no es más que un montaje”, mantuvo el Ministerio Público. Calatrava, según Anticorrupción no presentó ningún anteproyecto, solo un vídeo, dos maquetas y una presentación en power point. Horrach consideraba acreditados los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude.

Casi un año después de comenzar su investigación, el juez Castro considera que la probabilidad de que esos delitos efectivamente se cometieran por los tres implicados “queda incólume al día de hoy”, y recuerda que la pieza separada que investiga esa adjudicación supuestamente fraudulenta “está distante de ser concluida”, por lo que considera “prematuro”, el archivo de la causa respecto a ellos.

Durante su declaración, el expresidente balear Jaume Matas no negó la adjudicación pero aseguró que fue “una decisión política y plenamente legítima” que tenía como objeto “adquirir un calatrava”, sin embargo, el juez le impuso una finanza de 1,6 millones de euros para hacer frente a las indemnizaciones derivadas de las irregularidades. Fiol responde de los presuntos delitos ya que, como exconsejero de Cultura, habría participado en la negociación con el arquitecto y habría dirigido la tramitación del expediente de pago y la contratación de Calatrava.

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HACIENDA DENUNCIA AL ALCALDE DE SANTIAGO POR NO PAGAR EL IVA DE 61 VIVIENDAS


Conde Roa, el pasado julio, en el Ayuntamiento de Santiago / ANXO IGLESIAS
El regidor compostelano no podrá acogerse a la amnistía fiscal decretada por el Gobierno puesto que el perdón requiere que Hacienda no hubiera cerrado el expediente

José Precedo / María Pampín Santiago de Compostela


La fiscalía imputa al alcalde de Santiago, Gerardo Conde Roa, del PP, un delito contra la Hacienda Pública por no declarar el IVA de una venta de 61 viviendas a través de su promotora inmobiliaria, Geslander Proyectos de Edificación SL en 2010. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago, José Antonio Vázquez Taín, admitió ayer a trámite la querella presentada a finales de la semana pasada por el ministerio público, según confirmaron a EL PAÍS fuentes judiciales.

Sobre la mesa, el juez tiene un extenso informe de la Agencia Tributaria con documentación repartida en varios DVD, donde Hacienda acusa al regidor compostelano de no haber declarado IVA por la venta de pisos de protección oficial. Según consta en el expediente de Hacienda, Conde Roa, administrador único de Geslander Proyectos de Edificación SL, defraudó en esa transacción casi 300.000 euros. De ahí que el ministerio público (que ayer preguntado por este diario evitó pronunciarse sobre el caso) recurriese a la vía penal, puesto que a partir de los 120.000 euros de evasión fiscal durante una anualidad, la sanción excede del ámbito administrativo y pasa a considerarse un delito contra la Agencia Tributaria castigado con penas de cárcel.

El regidor compostelano no podrá acogerse a la amnistía fiscal decretada por el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado viernes, puesto que el perdón gubernamental requiere que Hacienda no hubiera cerrado el expediente sancionador.

Elegido alcalde de Santiago por mayoría absoluta en las elecciones del pasado mayo, Conde Roa ya había chocado en otras ocasiones con el fisco. Cuando era jefe de la oposición municipal, acumuló deudas por más de 7.000 euros en el Impuesto de Bienes Inmuebles a través también de su promotora con el propio Ayuntamiendo donde representaba al PP.

El fiscal presentó una querella que ayer fue admitida a trámite en el juzgado

Tras responsabilizar de una pésima gestión económica al anterior alcalde socialista, Xosé Sánchez Bugallo, y de que este le replicara que mejor le iría a las arcas municipales si todos los morosos, entre ellos el dirigente popular, saldasen sus deudas, Conde Roa se presentó en un pleno de la corporación con un cheque para ponerse al día en el pago de tasas. Lo enseñó a la prensa, al Gobierno y a sus compañeros pero olvidó ingresarlo en la ventanilla de recaudación. Finalmente, en el epílogo de la legislatura acabó saldando sus deudas para poder concurrir a los comicios que lo acabaron convirtiendo en alcalde.

Con el Ministerio de Hacienda ya había chocado en 2010 cuando se convirtió en un habitual del Boletín Oficial del Estado (BOE). Durante ese ejercicio recibió 18 notificaciones de embargo de la Agencia Tributaria también por demorar pagos a través de Geslander. El BOE apuntó entre el 12 de febrero de 2010 y el 12 de abril de 2011 18 “incidencias judiciales en fases ejecutivas que indican que la sociedad no está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con Hacienda, con la Seguridad Social o las Administraciones Locales y Autonómicas".

Una madeja de sociedades con otros promotores de la ciudad
Según figura en la documentación del registro mercantil, Conde Roa no se alejó de sus negocios inmobiliarios desde su llegada al poder en junio pasado. En la promotora Geslander constituida en abril de 2003 con un único empleado se mantiene como administrador único. En el organigrama de la sociedad junto a él solo figuran dos apoderados que además tienen intereses en otra media docena de sociedades relacionadas con el ladrillo. Amelia Trillo Pérez, además de apoderada en Geslander, es administradora de Millarcasa SL, una sociedad dedicada a “servicios administrativos combinados” que a través de su página web anuncia viviendas de protección oficial en varios barrios de Santiago. También es administradora de Cidade Gestión SL, que tiene como objeto social la construcción de edificios residenciales, y ocupa el mismo cargo en SUMA 10 SA, una firma de alquileres inmobiliarios, donde además es socia y controla el 49,87% de sus acciones.

La otra persona a la que Conde Roa concedió poderes en Geslander, Benito González Alonso, tiene los mismos cargos que Amelia Trillo en esas tres sociedades y además es consejero delegado de Mónaco Xuntanta, también dedicada a la promoción inmobiliaria, y presidente de una junta de compensación en un Suelo Urbano No Programado número 25 en la parroquia rural de Roxos, también en Santiago.

Geslander, la sociedad inmobiliaria de Conde Roa, comparte a su vez domicilio social con la promotora Julio Rey con importantes intereses en la ciudad.

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"CASO GÜRTEL"; LA IMPUTACIÓN DEL EXGERENTE SALPICA A LA DIRECCIÓN DEL PP

Ángel Acebes (segundo por la izquierda), Costa, Camps y tras él, Luis Bárcenas, en abril de 2008. / CARLES FRANCESC
El juez llama a declarar a Cristóbal Páez en la causa de financiación ilegal

María Fabra Castellón



El caso Gürtel vuelve a salpicar a la dirección general del PP. Es otra vez a través de quien vigilaba las cuentas desde la sede de la calle Génova pero, en esta ocasión, por alguien que entró designado por el entonces ya presidente del partido, Mariano Rajoy. El juez que instruye una de las piezas del caso Gürtel en Valencia, José Ceres, ha imputado por un presunto delito electoral a Cristóbal Páez, administrador general del PP en las elecciones generales celebradas en 2008. Páez formó parte del equipo del entonces tesorero del PP Luis Bárcenas, también imputado en la causa general del caso Gürtel. Ejercía de administrador general, pero con el cese de Bárcenas, Páez pasó a hacerse cargo de la gerencia, aupado por la secretaria general, Dolores de Cospedal. Sin embargo, apenas unos meses después, el ahora imputado fue cesado de su cargo ante presiones internas.

La causa que investiga el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana tiene tres partes: la de financiación irregular del PP valenciano, la del delito electoral y la contratación irregular de la Generalitat Valenciana con empresas de la trama Gürtel. El juez imputa a Cristóbal Páez un presunto delito electoral ante los indicios de haber “falseado las cuentas, reflejando u omitiendo indebidamente en las mismas aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables”, tal como recoge la ley. Los hechos se habrían cometido durante las elecciones generales de 2008, uno de los dos períodos electorales que investiga el juez, que también indaga sobre las elecciones autonómicas de 2007.

Los indicios indican que varios empresarios pagaron, a través de Orange Market, actos electorales del PP valenciano que, además, ocultó al fisco gastos por importe de 2,5 millones de euros. Así lo reflejaba un informe del Hacienda que sostiene que Orange Market facturó con el PP de Valencia, entonces liderado por Francisco Camps, muchos más servicios de los “declarados contable y fiscalmente” y que pueden, además, “encubrir realmente servicios” al PP valenciano “en el marco de las elecciones autonómicas y locales del 2007”.

El juez señala a otro empresario como fuente de financiación ilegal

Por ello, entre los imputados ya se encontraban varios empresarios, un total de ocho, a los que el juez ha sumado otro más —del grupo empresarial Cyes— después de que la policía lo identificara como una de las fuentes de dicha financiación ilegal.

Aunque la investigación lleva en el TSJ valenciano desde mayo, no ha sido hasta ahora cuando el instructor ha comenzado a practicar diligencias. Así, entre el 25 de abril y el 30 de mayo serán interrogados un total de 19 cargos y excargos de la cúpula del PP valenciano y de la administración autonómica. Entre ellos, se encuentran seis diputados del PP que ocupan actualmente escaños en las Cortes Valencianas.

El 29 de mayo será interrogado el exvicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, imputado en las tres partes de la causa. Los días 8 y 30, tocará a las exconsejeras de Turismo, Milagrosa Martínez y Angélica Such, responsables de las adjudicaciones a la trama corrupta del expositor de la Comunidad Valenciana en la feria Fitur durante cinco años y por un importe de cerca de cinco millones de euros. También declarará Ricardo Costa, el día 25, por su supuesta implicación en la financiación ilegal. Y los que eran responsables de las cuentas del PP, tanto en Madrid (Bárcenas y Páez) como en Valencia (David Serra, Yolanda García y Cristina Ibáñez).

Seis parlamentarios declararán en el Tribunal Superior de Valencia

Los interrogatorios se extienden también a los responsables de la red Gürtel. Así, habrán de acudir al juzgado el cabecilla de la trama, Francisco Correa, su número dos, Pablo Crespo y el contable de la red, José Luis Izquierdo. También lo harán los directivos de Orange Market, la filial en Valencia, Álvaro Pérez El Bigotes, y Cándido Herrero.

La causa de la financiación ilegal de los populares valencianos cumplirá, con estas declaraciones, uno de los trámites de su instrucción. El juez dispone ya de informes que atestiguan los indicios sobre la operativa que se utilizaba: el PP sumaba deuda a Orange Market por actos electorales celebrados, pero esta era abonada por las empresas a través de facturas falsas. También cuenta con informes sobre la forma de proceder en la contratación de los expositores de Fitur e incluso con un informe del PP en el que señala el funcionamiento para auditar y controlar sus cuentas. Sin embargo, el procedimiento se prevé largo —aún más— por la cantidad de imputados y la cantidad de recursos que se auguran en una causa en la que el PP aún no está personado ya que, para ello, debe señalar a los presuntos responsables de los delitos y relatar los hechos que se les imputan, es decir, señalar a algunos de sus dirigentes.

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"CASO GÜRTEL"; EL JUEZ DE GÜRTEL IMPUTA AL EX GERENTE DEL PP POR POSIBLE DELITO ELECTORAL EN VALENCIA

Serra, Costa y Rambla, imputados en la causa, en una foto de archivo. | Vicent Bosch
Causa de la financiación ilegal
Cristóbal Páez dejó su cargo cuando Luis Bárcenas dejó la tesorería del PP
El juez investigará un delito electoral en las elecciones autonómicas de 2007
También la presunta falsedad mercantil en las elecciones generales de 2008
Y prevaricación y cohecho en los contratos de la Generalitat a Orange Market
Ricardo Costa declarará el 25 de mayo y el ex vicepresidente Rambla, el 29

Rodrigo Terrasa | Valencia

El juez José Ceres, magistrado instructor de la causa que investiga la presunta financiación irregular del PP valenciano, dentro del llamado 'caso Gürtel', ha comunicado este miércoles cuatro nuevas imputaciones, entre ellas las del ex gerente del Partido Popular nacional, Cristóbal Páez, administrador general del partido en las elecciones generales celebradas en 2008.

Páez estaría implicado en la segunda de las tres piezas de las que consta la causa y que investiga un posible delito electoral. Las otras dos se ocupan de la supuesta financiación irregular del PP y de la supuesta contratación irregular en relación con distintas ediciones de FITUR.

Los otros nuevos imputados son Felipe Almenar, del grupo empresarial Cyes, Mercedes Orts, trabajadora de Orange Market, y Rocío Perea Fernández, cuya responsabilidad no se determina.

El TSJ de Valencia ha detallado también el calendario de las declaraciones acordadas en el seno de la causa de la financiación. El ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, prestará declaración el próximo 25 de mayo a las 10 horas y el ex vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, lo hará el 29 de mayo a las 12.00 horas.

Antes, declararán por su implicación en las tres piezas, José Luis Izquierdo, contable de la red Gürtel (9 de mayo); Cándido Herrero y Álvaro Pérez 'El Bigotes', responsables de Orange Market (14 de mayo); y Pablo Crespo, 'número dos' de la trama, y Francisco Correa, máximo responsable de la red (15 de mayo).

Luis Bárcenas, ex tesorero del PP nacional, y Cristina Ibáñez, gerente del PP valenciano, desfilarán ante el juez el 22 de mayo. Un día después lo harán Yolanda García, ex tesorera del partido en Valencia, y David Serra, vicesecretario de organización del PPCV. Ambos por las dos primeras piezas.

Cristóbal Páez, tras su imputación, está citado para el 30 de mayo a las 12.00 horas. Páez abandonó la gerencia del PP tras abandonar Luis Bárcenas su cargo de tesorero en Génova a raíz de su imputación en el 'caso Gürtel' por presunto cohecho y delito fiscal.

La investigación
La Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Valencia aceptó la inhibición parcial de las actuaciones acordadas por el juez instructor del 'caso Gürtel' en Madrid, Antonio Pedreira, en mayo del año pasado y asumió la investigación por prevaricación y cohecho en la adjudicación de la Generalitat valenciana a la empresa Orange Market, gestionada por Álvaro Pérez 'El Bigotes', por el montaje del 'stand' de Fitur entre los años 2005 y 2009. Así como la investigación por falsedad mercantil en las elecciones de 2008 y un posible delito electoral en las elecciones locales y autonómicas de 2007.

La Sala considera que existen elementos iniciales de delito de cohecho y prevaricación que afectan al ex vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, la última presidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret. Esta semana se añadió también la imputación de la ex consellera de Turismo Angélica Such.

Respecto a los delitos relacionados con las elecciones locales y autonómicas de mayo de 2007, el Tribunal los considera atribuibles de manera directa a Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, y a Cristina Ibáñez, gerente del PP valenciano, y vincula en calidad de copartícipes al ex vicepresidente valenciano Vicente Rambla, Ricardo Costa, ex secretario general del PPCV, David Serra, vicesecretario de organización, y Yolanda García, tesorera del grupo parlamentario popular, así como a dos personas "no identificadas" y mencionadas como 'El príncipe' y 'El cantante', los gestores de Orange Market y los gestores de las empresas FACSA, Pavimentos del Suroeste, Grupo Vallalba, Constructora Hormigones Martínez y PIAF SL, todas contratistas del gobierno valenciano que presuntamente colaboraron en la financiación irregular del PP.

Idénticos responsables constan en el posible delito de falsedad de documento mercantil cometido durante las elecciones generales de 2008.

La financiación ilegal
Los informes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de los que dispone el juez relataban cómo los líderes de la trama Gürtel entraron presuntamente en contacto con algunos líderes del Partido Popular para lograr "la obtención de favores por parte de autoridades públicas" mediante la "adjudicación de contrataciones públicas, la entrega a algunas de dichas autoridades de compensaciones económicas, la obtención de dinero opaco al sistema financiero legal llevando una doble contabilidad y blanqueando, finalmente, algunas de las cantidades obtenidos".

En el caso estricto de la Comunidad Valenciana, el auto se refiere a una presunta "financiación ilegal" del Partido Popular de la Comunidad Valenciana en las elecciones autonómicas y municipales de 2007 a la que contribuirían presuntamente diversas empresas con "donaciones" y a unos "delitos fiscales" y de "falsedad instrumental".

En este entramado, Ricardo Costa era, según dichos informes, "el canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema", David Serra participaba, presuntamente, en los acuerdos para "realizar y ejecutar los pagos pendientes" y Yolanda García, como tesorera, "cumplía las indicaciones de Costa".

Además

"CASO EMARSA"; GIMENO FACTURÓ A EMARSA UN EDIFICIO DE EMSHI TRAS EL "FIASCO" DEL SECADERO DE JAMONES



Europa Press | Valencia

El empresario y ex edil del PP en el Ayuntamiento de Valencia Juan Carlos Gimeno ha afirmado que facturó a la Entidad Metropolitana de Aguas Residuales Sociedad Anónima (Emarsa) el desarrollo de un edificio de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) tras el "fiasco" del secadero de jamones, una nave que se pretendió adquirir por 12 millones de euros para ubicar la nueva sede de esta última entidad.

Gimeno se ha pronunciado en estos términos en su segunda declaración ante el titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado de investigar un agujero económico de 25 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo. El imputado ha accedido a responder a las preguntas formuladas por el juez, la fiscal y su letrado.

En todo momento, Gimeno ha mantenido que realizó todos los trabajos que facturó en Emarsa por parte de sus diferentes empresas: IEM S.L., Adecua, Sanitar y Dos Grados Comunicación. Asimismo, ha afirmado que él solo firmó un contrato con la entidad, y que el resto en los que aparece su firma son "falsos". Junto a ello, ha indicado que algunas facturas las enviaba por correo electrónico, y que puede ser que a la hora de imprimirlas saliera un tono distinto por el tóner de la impresora.

Este imputado también ha revelado que facturó a Emarsa trabajos realizados para la Emshi tras pedírselo el ex gerente, Esteban Cuesta, quien le dijo que había recibido instrucciones -no recuerda si le dijo por parte del presidente o de Crespo- para que esto se hiciera así. Ha indicado que no recuerda el concepto que se hacía constar en las facturas, pero ha concretado que estos trabajos se iniciaron en enero de 2008 y se comenzaron a facturar en marzo o abril de este ejercicio.

Sobre este tema, ha indicado que la Emshi se querella contra él y contra IEM y Adecua, y no contra Sanitar y Dos Grados porque "no le interesa". En este sentido, ha señalado que la Emshi "sabe que se han hecho unos trabajos con Sanitar que en algunas facturas no se corresponden con el epígrafe de la misma, y tiene que ver con el secadero de jamones".

Así, ha explicado que en ese momento se le requirió a Dos Grados realizar una campaña de imagen para mejorar el posicionamiento de la Emshi ante el "fiasco" ocurrido con el secadero, y que "supone la dimisión del gerente, Rafael Arce, y, por tanto, una pérdida de reputación importante para Emshi".

Otros trabajos
Además, Gimeno ha señalado que entre otros trabajos facturados a Emarsa pero que eran para la Emshi se encuentran: una página web accesible, el Ágora del agua, periódicos digitales y algunos comics, y juegos sobre agua y algunas plataformas de ahorro energético. Asimismo, facturó un stand y viajes "de la gente" de la Emshi cuando fueron a Zaragoza.

Junto a ello, Gimeno ha hecho referencia a la emisión de facturas por "un edificio", y sobre el mismo ha explicado que le citaron en el Ayuntamiento de Manises "varias veces" acompañado de una persona cuyo nombre no ha querido indicar. Allí se le encargó el desarrollo de un edificio nuevo para Emshi toda vez que el anterior, el de los jamones, "ha salido como ha salido". Preguntado acerca de quién le hace el encargo, manifiesta que el presidente, Enrique Crespo.

Preguntado por si él tuvo alguna intervención posterior relativa a la confección y desarrollo del proyecto del edificio, cuya documentación ha presentado este miércoles en el juzgado, ha comentado que "no" porque se les dijo que había un importe para hacerlo de 22 millones de euros y luego se les comentó que "no había nada" y que "no se podía hacer".

Por último, Gimeno ha reconocido que duplicó el concepto en dos facturas distintas "de forma voluntaria" porque no se correspondía con un trabajo para Emarsa, sino para Emshi, y esto era para él "una forma de garantizar que luego no me toquen la moral", ha declarado.

Además

EL ALCALDE DE SANTIAGO ADMITE SER ADMINISTRADOR DE UNA SOCIEDAD "SIN ACTIVAR"

El alcalde de Santiago de Compostela, Gerardo Conde Roa, en la rueda de prensa. | Efe
POLÍTICA | Admiten una querella contra él por impago de IVA
Destaca que 'no tiene conocimiento' de ninguna denuncia contra él
Critica que los medios se enteren de una querella 'antes' que el afectado
Hacienda inició en 2010 unos 20 expedientes contra su empresa por impagos
Conde Roa señaló en 2011 que eran ya deudas del 'adquiriente' de sus viviendas

Xurxo Salgado | Santiago

El alcalde de Santiago de Compostela, el 'popular' Gerardo Conde Roa, admitió hoy que continúa como administrador único de Geslander Proyectos de Edificación SL, una promotora inmobiliara creada en abril de 2003, aunque insistió en que esta sociedad está "sin actividad desde hace cinco o seis años".

Y es que sobre Geslander Proyectos de Edificación SL pesa una denuncia de la Fiscalía por un delito de 300.000 euros contra la Hacienda Pública al no haber declarado el IVA de una venta de 61 viviendas. "Es cierto que soy el administrador de esa empresa pero no puedo dejar de serlo porque es una sociedad mercantil unipersonal", subrayó hoy el regidor compostelano tras ser preguntado por su vinculación con esta sociedad.

No obstante, evitó realizar declaraciones sobre la querella presentada la pasada semana contra él por el ministerio público y admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago. "No tengo conocimiento de esta denuncia, ni de ninguna notificación judicial", subrayó.

Por lo tanto, insistió en que, hasta que no sepa de que se le acusa no hablará sobre esta cuestión. "Me genera una situación incomoda porque no se de lo que se me está acusando", precisó al tiempo que decía confiar en la Justicia. "A veces suceden estas cosas; hoy me tocó a mi, otras veces, a otros", dijo en relación a su imputación y a la de otros políticos en la 'operación Campeón'.

Por eso, quiso dejar claro que "no puede ser" que el Ministerio Fiscal presente una querella a una persona y el afectado "se entere de ello a través de los medios de información". Se refería, así, al anuncio del ministro de Jusitica, Alberto Ruiz Gallardón, de modificar la actual legislación para evitar, precisamente, la filtración de sumarios o de procesos judiciales a los medios.

A pesar de que Conde Roa evitó pronunciarse sobre sus problemas con Hacienda, admitió que esa denuncia "puede no tener que ver" con los impuestos de bienes inmuebles (IBI) que Gestlander no pagó al fisco en los últimos años.

Deudas en Galicia y Castilla-La Mancha
Y es que Geslander ya mantuvo deudas con la Agencia Tributaria en 2010 según constata el BOP del 20 de octubre de 2010. De los casi 20 expedientes incoados por el Ministerio de Hacienda ese año, por lo menos uno derivó en la notificación de embargo de las cuentas corrientes de la constructora.

Esta empresa no pagó en plazo tributos en varios ayuntamientos de Galicia y Castilla-La Mancha, entre ellos, los de Daimiel, Santiago y Lalín, en Pontevedra.

En diciembre de 2010 Geslander debía a este último ayuntamiento cuatro pagos por el tributo de "incremento de valor de terrenos urbanizables". Son más de 664 euros en cuatro recibos de 126,98, 178,74, 179,60 y 181,14 euros.

Hacienda tuvo que publicar la deuda en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Pontevedra porque fue imposible notificársela a la empresa de Conde Roa, con domicilio en Santiago y administrador único de la sociedad, por los procedimientos habituales en dos ocasiones.

32 recibos pendientes en 2009
Los retrasos tributarios de Geslander en Lalín comienzan, por lo menos, en 2009. En diciembre de ese año este ayuntamiento le reclama más de 930 euros por el impuesto de Bienes Inmuebles. Un mes antes, el BOP recoge 32 recibos sin pagar por un edificio sitiuado en la Rúa Molinera.

Además de las deudas en Lalín, Gestlander acumulaba varios impagos de impuestos dentro del plazo. Así, a la constructora del alcalde del PP también le reclamaron impuestos en Daimel en 2010. Los 'populaes' había alegado que Conde Roa había vendido los pisos, por lo que las deudas se habían transferido a los compradores.

En la propia capital gallega de la que ahora es alcalde, el político conservador se presentó en un pleno municipal en 2008 con un cheque por 7.300 euros con el que pretendía pagar la deuda del IBI que tenía en el municipio del que hoy es alcalde.

Deudas del 'adquiriente'
El propio alcalde no ocultó en mayo del pasado año la existencia de deudas tributarias en las promociones que Geslander realizó en varias partes del Estado pero, entonces, destacó que eran "aportaciones vendidas en su conjunto" y, por lo tanto, son de "época posterior" a la venta, por lo que el responsable es, ahora, el "adquiriente".

"Son ventas de activos y pasivos y el comprador es quien tiene que dar explicaciones", dijo entonces y aclaró que, cuando se hace una venta de promoción de viviendas, "siempre se hace una auditoría" y que, las deudas "se descuentan del plazo final".

'Liquidar todo'
Conde Roa, que se mostró entonces muy tranquilo, repitió varias veces que esas deudas "son de otros" pero se comprometió a "hablar" con los compradores y con la Agencia Tributaria para "liquidar todo" lo que hubiera pendiente.

El político popular también se refirió la Geslander, empresa promotora en la que participa, y quiso dejar claro que su patrimonio "es cero" en cuanto a promoción inmobiliaria.

Casi un año después han sido, precisamente, supuestos impagos del IVA a la Agencia Tributaria lo que le ha supuesto la apertura de un proceso judicial.