martes, 5 de junio de 2012

EL JUEZ IMPUTA AL ALCALDE DE VALLADOLID EN UN CASO DE CORRUPCIÓN URBANÍSTICA

Está citado a declarar el próximo 12 de julio en relación con el Plan de Ordenación Urbana

Julio M. Lázaro Madrid

Archivado en:

El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva. / REUTERS

El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, del PP, ha sido citado a declarar como imputado sobre la alteración ilegal del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, orientada supuestamente a conceder licencias de construcción y aumentar coeficientes de edificabilidad para beneficiar a determinadas personas. La Fiscalía de Valladolid pidió su imputación el pasado lunes, y el juez acordó ayer citar a León de la Riva y a otros siete concejales y exconcejales del Consistorio, presuntamente implicados en la alteración del PGOU de 2003. La decisión de actuar contra León de la Riva fue comunicada por la fiscalía de Valladolid a la Fiscalía General del Estado, que se ha dado por enterada.

León de la Riva ha sido citado para el 12 de julio, a las 9.30, según una providencia del juez de instrucción número 1 de Valladolid. Además del alcalde, han sido llamados a declarar como imputados el concejal Tomás Punzano Ruiz y los exediles María Luisa Ramírez Carballedo y José Carlos Muñoz Mateo, a lo largo de la mañana del próximo 21 de junio. Los concejales Gonzalo Hernández Santamaría, Manuel Sánchez Fernández y el director del Servicio de Obras de la corporación municipal, Pablo Luis Gigosos Pérez, tendrán que comparecer el 5 de julio. El juez también ha aceptado la petición de la fiscalía de llamar nuevamente a declarar al que fuera concejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca, y al arquitecto Luis Álvarez Aller, para el 4 de septiembre.

El asunto se remonta a 2003, pero agotada ya la investigación, la fiscal de urbanismo de Valladolid propuso que el alcalde León de la Riva declarase como imputado, lo que ayer fue aceptado por el juez de instrucción número 1. Los indicios apuntan a que  el PGOU de Valladolid aprobado por el Ayuntamiento se modificó ilegalmente por la vía de introducir correcciones técnicas, que en realidad eran variaciones sustanciales en el desarrollo urbanístico.

Tras aprobarse su publicación, pudo conocerse que lo publicado no se correspondía con lo aprobado por el Ayuntamiento. Así fue posible construir 124 viviendas unifamiliares en el lugar de las nueve previstas en el PGOU, con un beneficio para el promotor de 11,4 millones de euros. Las modificaciones también permitieron demoler el edificio de la céntrica calle Bajada de Libertad, 17; aumentar el parámetro de edificabilidad de la Ciudad de la Comunicación; conceder licencia para un complejo residencial para mayores en la calle de Arca Real y autorizar para uso hotelero la antigua fábrica de harinas La Perla.

En febrero de 2011, el Tribunal Superior de Castilla y León obligó al alcalde de Valladolid a revisar el PGOU y remitió las actuaciones al juzgado de instrucción para su investigación en vía penal, dadas las “alteraciones conscientes” con las que se encubrió una “auténtica revisión” del Plan General.

Óscar Puente, presidente del grupo socialista del Ayuntamiento vallisoletano y denunciante de los hechos en 2008, manifestó a EL PAÍS que su objetivo no es León de la Riva, “sino que se esclarezcan unos hechos muy graves, como fueron la modificación de 74 artículos y el cambio de 14 planos del PGOU”. León de la Riva había declarado hace unos días que tenía el “convencimiento” de que no iba a “sentarse en el banquillo” por este asunto.

NOTICIAS RELACIONADAS
EN EL PAÍS


"CASO UNIDAD"; EL FISCAL PIDE EL ARCHIVO DE LAS FACTURAS FALSAS PORQUE LOS DELITOS HAN PRESCRITO

Las facturas se cargaban al Ayuntamiento
Se ha superado el plazo establecido entre la denuncia y la imputación

Europa Press | Sevilla

La Fiscalía de Sevilla ha pedido el archivo "definitivo" del caso por la duplicación de facturas de la federación provincial de asociaciones de vecinos 'Unidad' con cargo a subvenciones del Ayuntamiento hispalense y la Diputación provincial, ya que considera que los presuntos delitos han prescrito, al haberse superado los plazos establecidos en el artículo 132.2 del Código Penal entre la denuncia y la imputación.

Hay que recordar que el Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla emitió un auto el día 15 de febrero de 2012 en el que decretaba el sobreseimiento de la causa para el ex concejal socialista Manuel Gómez Lobo; la ex trabajadora de 'Unidad' Susana Delgado y el que fuera asesor del grupo municipal socialista Domingo Enrique Castaño.

En el mismo auto, el juez Manuel Ignacio Centeno procesaba por un posible delito de falsedad en documento oficial a la ex presidenta de 'Unidad' Ángeles Nevado; su esposo Ángel María Cervera, ex asesor del Grupo Socialista en Ayuntamiento y Diputación; la que fuera trabajadora de la organización provincial Josefa Prados; el administrador único de la copistería 'Copyur', Juan José G.V., y la empleada de esta misma empresa María del Carmen M.N.

Tras ello, la representación de Nevado y Cervera recurrió el auto ante la Audiencia Provincial de Sevilla alegando la prescripción del delito imputado y la inexistencia del mismo, tras lo cual la Fiscalía ha emitido un escrito en el que se adhiere parcialmente a la petición de los imputados y solicita, además "la suspensión del trámite de calificación" hasta que los recursos de apelación sean resueltos y la Audiencia "resuelva las cuestiones controvertidas".

En su escrito, el Ministerio Público pone de manifiesto que los hechos fueron denunciados por el PP en el Ayuntamiento de Sevilla el día 11 de septiembre de 2006, pero no fue hasta la providencia de 10 de julio de 2007, "más de diez meses después", cuando se citó a Ángeles Nevado para declarar como imputada, comparecencia que finalmente se produjo el 19 de septiembre de 2007.

De su lado, los demás imputados declararon en fecha posterior, y así su esposo Ángel María Cervera fue informado de sus derechos el 17 de junio de 2009, tras lo que recuerda que el artículo 132.2 "establece un plazo máximo de seis meses durante el cual se suspende el cómputo de la prescripción, a contar desde la fecha de la denuncia, para que el instructor dicte resolución judicial motivada en la que se atribuya a los imputados su presunta participación en el hecho objeto del procedimiento".

"Es claro, a la vista de las fechas de todas las declaraciones de imputados, que dicho plazo no se ha cumplido, dictándose auto de procedimiento abreviado el 6 de septiembre de 2010", añade el fiscal, que considera que, por todo ello, "debe estimarse parcialmente el recurso de apelación por prescripción del delito y procederse al archivo definitivo de la causa".

Además