martes, 13 de marzo de 2012

"CASO MALAYA"; LA EXEDIL DEL GIL QUE CONFESÓ PAGOS DE ROCA POR 240.000 EUROS SE RETRACTA

Carmen Revilla

José Carlos Villanueva | Málaga

La declaración de la ex teniente de alcalde del GIL en Marbella Carmen Revilla fue, a comienzos de la instrucción del caso ‘Malaya’, una de las más relevantes y prolijas en detalles sobre los sobornos del principal acusado, Juan Antonio Roca, destinados a concejales.

Revilla, una persona que se declaró «integrista del GIL», dada su fidelidad y lealtad al patrón del partido, Jesús Gil, confesó haber recibido 240.000 euros de Roca, «para el pago de una hipoteca», así como que el ex asesor urbanístico municipal había prometido a los ediles firmantes de la moción de censura contra Julián Muñoz, en agosto de 2003, «un pago de 500 millones de pesetas» a repartir.

Este martes la que fuera una de las voces del ‘régimen’ gilista, como locutora y presentadora de la radio televisión municipal, se ha retractado de su primera declaración por completo. Al ratificar su declaración indagatoria posterior ha asegurado que sus primeras revelaciones, claramente incriminatorias, se debieron a «una fabulación» y a su deseo de evitar la cárcel. De hecho, la secretaria judicial ha leído las dos declaraciones de Revilla, a petición del fiscal, para que el tribunal pudiese compararlas.

La que fuera teniente de alcalde de San Pedro de Alcántara ha calificado como «falso» un documento apócrifo que ella reconoció en junio de 2006 como suyo y que la Policía encontró en su domicilio. En él Revilla contaba minuciosamente cómo se desarrolló la moción de censura. De hecho, llegó a decir, por escrito, que Roca le había confiado que el conocido magnate Judah Binstock estaba detrás de la moción de censura contra Julián Muñoz como «financiador» de la misma. También le contó al juez el sistema de reparto de los famosos sobres con dinero que entregaba el considerado cerebro de la trama a los ediles.

No menos relevante resulta que la ex edil gilista llamase en dicho documento «saqueadores» a Muñoz y su entonces asesor jurídico municipal, José María del Nido, de quien dijo que era «quien mandaba» en Marbella tras resultar electo el delfín de Jesús Gil en mayo de 2003.

Seis años después de que la Policía incautara dicho testimonio escrito ella sostiene que fue «un documento provocado» por el ex abogado de Jesús Gil, José Luis Sierra, a raíz de las primeras detenciones del ‘caso Malaya’.

El fiscal le ha preguntado a la ex munícipe si dicho documento lo escribió en abril de 2006 y ella ha respondido afirmativamente. Tal detalle es sumamente importante, porque Carmen Revilla no fue detenida hasta al segunda fase de la ‘operación Malaya’, el 27 de junio de 2006. Así pues, tuvo tiempo de escribirlo para preparar su defensa ante el juez Torres, como así le aconsejó Sierra.

El propio letrado, actualmente enfermo de Alzheimer, reconoció a EL MUNDO años atrás haber aconsejado a Revilla que dejara escrito todo su relato sobre la moción de censura, la forma de gobernar de Julián Muñoz y el proceder de Juan Antonio Roca en dicha operación de transfuguismo político.

Consejos
Lo cierto es que los consejos de Sierra a Revilla le fueron muy útiles, al lograr eludir la prisión mientras el resto de sus compañeros del equipo de gobierno tripartito enfilaron el camino de la prisión de Alhaurín de la Torre.

La fiel discípula de Jesús Gil se enfrenta a una pena de 9 años de prisión y 200.000 euros de multa por delitos de cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado.

Este martes también han declarado la antigua tránsfuga del PSOE Belén Carmona y la que fuera delegada de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en Málaga por el PA, María José Lanzat. Ella fue uno de los tres ediles andalucistas del gobierno tripartito de Yagüe.

Las dos ex concejalas han negado haber recibido pago alguno de Roca. Al ser preguntada por el fiscal sobre la salida del PA del tripartito Lanzat ha hablado de «un rifirrafe» de los andalucistas con Yagüe. Realmente el entonces teniente fiscal de la Audiencia de Málaga Antonio Morales, apreció indicios de 7 delitos cometidos presuntamente en las áreas de gobierno de Carlos Fernández y Pedro Pérez Salgado. Todo se produjo a raíz de una investigación periodística de EL MUNDO entre septiembre y octubre de 2005.

Además

"TRAMA DE LOS ERE"; LA GUARDIA CIVIL CITA AHORA COMO IMPUTADO AL EXDIRECTOR DE TRABAJO JUAN MÁRQUEZ

Este miércoles, en el cuartel de Eritaña
Se investiga su relación con posibles fraudes en ayudas y varios ERE
Atañen a las empresas Surcolor, Río Grande, Aglomerados Morell y Calderinox

Europa Press | Sevilla

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han citado a declarar este miércoles al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Juan Márquez, que sustituyó en el cargo a Francisco Javier Guerrero, ambos imputados por la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, dentro de la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo tramitados por la Administración autonómica.

En este sentido, fuentes del caso han informado de que los agentes de la UCO han citado a declarar como imputado este miércoles a Juan Márquez en el cuartel de Eritaña, aunque por el momento no ha trascendido si la comparecencia tendrá lugar por la mañana o por la tarde.

Hay que recordar que en esta causa están imputados tanto Márquez como Guerrero, ya en prisión, y el actual director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera.

En el auto donde la magistrada Mercedes Alaya imputaba a Rivera y a Márquez, argumentaba que, dentro de la investigación en torno a la empresa Surcolor, se ha determinado que Márquez "ordenó" los pagos relativos a la póliza en las resoluciones de 21 de diciembre de 2009 y de 25 de febrero de 2010 y Rivera los relativos a la resolución de 1 de septiembre de 2010, todo ello "para 26 extrabajadores" de la empresa, "expresando en sus respectivas resoluciones que obra en la Dirección General 'el expediente completo de tramitación de la ayuda'".

Según la juez, de este expediente "se deduce inexorablemente que los trabajadores despedidos fueron 24 y no 26, por lo que pudieron deducir fácilmente que los otros dos no debían pertenecer a Surcolor", y critica que, "como en el caso de Guerrero, se ordenan dichos pagos con total ausencia de procedimiento, pues no existe siquiera la menor solicitud o protocolo de colaboración; sólo existe solicitud para la ayuda de 175.998 euros para el abono de la prima que correspondía a la empresa, resuelta por Daniel Rivera".

Respecto a Juan Márquez, la magistrada también lo imputa por su labor en relación a la empresa Aglomerados Morell, ya que "no constando" la aprobación del ERE para la extinción laboral de 24 trabajadores, "de los cuales dos no eran empleados de la misma", ni tampoco cualquier otro documento que acredite dicha extinción, tanto Márquez como Guerrero dictaron diversas resoluciones "de forma arbitraria e injustificada y para dar cobertura a los compromisos verbales" del ex delegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

Un punto importante del auto dictado por la juez es el relativo a la empresa Río Grande, pues considera que tanto Márquez como Guerrero "ordenaron el pago, injustificado al no estar amparado en resolución alguna que revista la menor apariencia de legalidad, de importantes sumas mediante el procedimiento de desvío de fondos o pagos cruzados", de forma que ambos, "abusando del ejercicio de sus funciones públicas, podrían ser responsables de la defraudación de fondos públicos por cuantía de 1.531.299,51 euros, de la que injustamente se habría beneficiado" Río Grande.

Asimismo, imputa a Márquez, que fue nombrado director general siendo consejero del ramo Antonio Fernández y que ocupó el cargo entre los años 2008 y el 23 de abril de 2010, cuando le sustituyó Daniel Alberto Rivera, por autorizar la inclusión en el ERE de Calderinox del ex delegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés y de Antonio Fernández Garzón, "ninguno de los cuales trabajó para la empresa".

Además

DETIENEN AL EXALCALDE DE ALCAUCÍN Y A SIETE FUNCIONARIOS POR EL "CASO ARCOS"

La Guardia Civil registra la sede del Patronato de Recaudación Provincial. | A. Pastor
SUCESOS | Registro en el Catastro y en el Patronato de Recaudación


Álvaro Frías | Málaga

El ex alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, y el ex jefe adjunto de Arquitectura de la Diputación de Málaga, José Francisco Mora, han sido detenidos este martes a raíz de una línea de investigación derivada de la documentación intervenida en el 'caso Arcos'. El arresto del ex regidor socialista y de Mora se ha producido sobre las 8.00 horas en Alcaucín y en la capital malagueña respectivamente. Además, hay otras ocho personas que han sido imputadas.

Ambos ya fueron detenidos hace tres años al descubrirse esta operación, que suma medio centenar de imputados y destapó una trama que presuntamente construía y legalizaba casas en suelo no urbanizable en la comarca de la Axarquía. También ha sido detenido el asesor jurídico Pedro José Grandfils.

Además, al menos seis funcionarios de segundo nivel de la Gerencia del Catastro en Málaga y del Patronato de Recaudación Provincial, dependiente de la Diputación, han sido arrestados también por la Guardia Civil en una operación contra la corrupción urbanística en la localidad de Alcaucín.

La investigación se centra en una de las nueve piezas separadas de dicho caso y no se descartan más arrestos, según han informado fuentes cercanas a las pesquisas, que han precisado que junto a la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado se han desplazado desde Madrid tres funcionarios del Catastro para el desarrollo de esta operación.

La Guardia Civil registra desde primeras horas de este martes en Málaga las sedes de la Gerencia del Catastro, la Unidad de Gestión Catastral del Patronato de Recaudación, despachos de abogados, domicilios de particulares y el archivo del Catastro, que se encuentra en la calle Cristo de la Epidemia. En la Gerencia del Catastro de la Delegación de Hacienda, en concreto en la segunda planta, que ha sido cerrada, los funcionarios no pueden salir ni tampoco dejan entrar al público.

Los delitos que se investigan son cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación administrativa y urbanística, contra ordenación del territorio, estafa, falsedad documental y tráfico de influencias.

La operación en Alcaucín, que se inició con la detención de trece personas hace tres años, entre ellas el ex alcalde, José Manuel Martín Alba, que llegó a permanecer tres meses en prisión, suma 55 imputados, entre los que figuran técnicos, promotores y particulares.

Las investigaciones se centran en las actividades del que fuera alcalde de la localidad y su presunta relación con las operaciones urbanísticas desarrolladas en Alcaucín, así como en los convenios urbanísticos suscritos por el Ayuntamiento a partir del año 2000 y en las reparcelaciones de terrenos realizadas en el municipio malagueño.

"OPERACIÓN CAMPEÓN"; ESTELA SAN JOSÉ CITA OTRA VEZ, Y YA SON OCHO COMPARECENCIAS, A JORGE DORRIBO

Jorge Dorribo, en una de sus visitas al juzgado de Lugo el pasado octubre. | P.A.
Volverá a prestar declaración en los Juzgados de Lugo
La instructora del Campeón avanza en la segunda tanda de interrogatorios
El empresario declara además este martes como testigo del caso Carioca
El alcalde de Lugo insiste en que es 'incapaz' de cometer prevaricación
El presidente provincial pide 'mayor agilidad' en los procesos abiertos

Silvia Pena | Lugo

La titular del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Lugo, Estela San José, encargada del caso Campeón, ha citado de nuevo al principal imputado en la investigación, el industrial lucense Jorge Dorribo, una declaración prevista para el miércoles pero que finalmente ha sido pospuesta. Será la octava ocasión en la que el empresario presta declaración en una investigación relacionada con la supuesta obtención fraudulenta de ayudas públicas a través de su entramado de empresas.

La juez continúa así con la segunda tanda de interrogatorios, que comenzó pocos días después de levantar parcialmente el secreto de sumario del caso. Hasta el momento ha vuelto a requerir la presencia, entre otros, de los dos ex altos cargos del Igape, Joaquín Varela de Limia y Carlos Silva, así como del consejero de Proitec y socio de Dorribo Carlos Monjero

Además, ELMUNDO.es ha podido saber que durante el día de hoy martes, el propietario de Laboratorios Nupel comparecerá en calidad de testigo ante la juez Pilar de Lara, instructora de otra de las investigaciones abiertas por el Juzgado de Lugo, la 'operación Carioca', centrada en una supuesta trama vinculada a la prostitución y otros delitos en la que figuran más de 80 imputados.

No es la primera vez que Jorge Dorribo presta declaración en relación con la macro investigación judicial abierta en Lugo en los últimos años. Anteriormente, el empresario lucense habría decidido colaborar con la juez que instruye la causa a través de la aportación de nuevos datos –todavía bajo secreto de sumario- que habrían permitido a la juez abrir nuevas líneas de investigación.

La fotografía de Jorge Dorribo figuraba en uno de los tomos del sumario parcial levantado por la juez Pilar de Lara. Los testigos que prestaron declaración tuvieron que responder sobre las personas que aparecían en las instantáneas para tratar de aclarar su posible vinculación con la trama. En una de sus testificaciones, Jorge Dorribo, habría negado ante la juez ser uno de los clientes asiduos de los prostíbulos cerrados por orden judicial, a pesar de que varios de los testimonios lo situasen en dichos locales.

A la visita a los juzgados de Jorge Dorribo se sumará la del alcalde de la ciudad de Lugo, el socialista José López Orozco, el próximo día 23, a quien precederán Pablo Cobián y Fernando Blanco los días 21 y 22 de marzo. El regidor conoció ayer la imputación en el caso Campeón después de que el 'farmacéutico' le acusase de haber patrocinado varios eventos culturales en el Ayuntamiento a cambio de haber recibido una licencia para unir varias de sus naves, de manera supuestamente irregular.

Orozco, 'incapaz' de prevaricar
López Orozco insistía este martes en que es "incapaz" de prevaricar, por lo que dijo que "cada día es más inexplicable que unas letanías de un señor puedan llevar a esta situación". El socialista agradeció las numerosas muestras de cariño recibidas por parte de sus amigos y vecinos, así como los mensajes de ánimo que le trasladaron a través de las redes sociales. En el facebook, donde el alcalde explicó ayer a sus seguidores que no le dio "trato de favor" a Dorribo y por eso se querelló contra él, Orozco recibió en pocas horas el apoyo de más 200 personas.

En relación con el supuesto motivo de la imputación, la concesión de licencias de edificación que permitiesen que el empresario no tuviese que demoler cuatro de sus naves, el alcalde reiteró que se trata de, "un acto reglado" para dejar caer que en el Ayuntamiento de Lugo no se hacen las licencias "en servilletas, sino que son un expediente firmado por funcionarios", un aspecto que, destacó, "es fácil de ver". Orozco volvió a preguntarse de nuevo, como hizo al conocer la citación judicial, si Estela San José "solo va a llamar de un lado", en referencia a los altos cargos de la Xunta citados por Jorge Dorribo en sus declaraciones.

Besteiro pide "mayor agilidad" a la Justicia
El alcalde de Lugo citó algunos de los compañeros de partido que le trasladaron su apoyo en el día de ayer. Así, mencionó al ex ministro de Fomento, José Blanco, pese a que la relación entre ambos parecía debilitada tras el congreso del PSdeG, al secretario general de los socialistas gallegos, Manuel 'Pachi' Vázquez, o a la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano. Unas manifestaciones a las que este martes se unió el presidente de la Diputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, para defender la "honorabilidad e inocencia" del alcalde lucense.

"Tuve el honor de trabajar con el regidor durante muchos años y su comportamiento está fuera de toda duda", afirmó Besteiro, quien recordó que López Orozco "es el alcalde más valorado de toda Galicia". El responsable provincial pidió "el máximo respeto" para su persona, como "siempre hice con los miembros de otros partidos políticos en la misma situación", aseveró.

Además de respaldar la actuación del regidor lucense, Gómez Besteiro reclamó la necesidad de "una mayor agilidad en la Justicia". El también socialista subrayó que "si los juicios no se celebran en tiempo y forma, dilatándose durante años, redundan en un confusión general de la ciudadanía que afecta muy negativamente a la imagen de la provincia y la ciudad", por lo que pidió "el mayor de los esfuerzos".

Además

"CASO CAMPEÓN"; BLANCO SE INTERESÓ POR LA GESTIÓN QUE LE PIDIÓ SU AMIGO, SEGÚN SUS EX ALTOS CARGOS

Estos alegan que sólo actuaron a título informativo
En las conversaciones intervenidas, el empresario le pidió ayuda
Poco después, se desbloqueó la construcción de la nave en Sant Boi

Efe | Madrid

El ex secretario de Estado de Transportes Isaías Táboas y el ex director del gabinete del ex ministro José Blanco, Javier Hurtado, han confirmado ante el Tribunal Supremo que éste se interesó por la construcción de una nave de la empresa Azkar, propietaria de José Antonio Orozco. En las conversaciones intervenidas en el 'caso Campeón', el empresario le solicitaba el ministro que intermediara para desbloquear el asunto. El ex ministro de Fomento está imputado por cohecho y tráfico de influencias.

Tanto Táboas como Hurtado, que han declarado como testigos durante una hora ante el magistrado José Ramón Soriano, han sostenido que sólo realizaron gestiones informativas a petición de Blanco con el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) y que nunca les pidió agilizar o conseguir licencias para alguna empresa. No obstante, el asunto acabó desbloqueándose.

Los dos han defendido en que su intervención consistió en interesarse por la situación de una nave que ya estaba proyectada con anterioridad a que ocuparan sus respectivos cargos. Así, Táboas ha asegurado que Blanco le dijo que había un problema con la empresa Azkar y unos terrenos del aeropuerto de Barcelona y que se interesase por el asunto.

Como Azkar era una empresa importante de transportes y estaba relacionada con Aena, Táboas llamó a principios de 2011 a Orozco, que le explicó que el problema estaba en la división interna de las naves y le habló de una inversión que podía crear 400 puestos de trabajo, por lo que pensó que no era de su competencia y le dijo que debía hablar con el alcalde.

Lo que sí ha admitido el ex secretario de Estado es que ofreció a Orozco "hacerle el contacto" con el alcalde de Sant Boi -Jaume Bosch del PSC-, al que no conocía personalmente.

Táboas ha añadido que se puso en contacto con Bosch para consultarle si podía recibir a la empresa de Orozco, pero que no le hizo "ninguna mención" sobre una licencia administrativa porque sabe que "los trámites son los que son y nadie se los puede saltar".

'Este problema ya ha sido encarrilado'
El ex secretario de Estado ha indicado que no volvió a saber del asunto hasta que unos meses después coincidió con el regidor en una inauguración y éste le comentó que "esa licencia ya había sido concedida" o que "este problema ya ha sido encarrilado".

Táboas ha insistido en que entre sus funciones estaba preocuparse por la buena marcha de las empresas de transportes, pero que no se ha preocupado "por concesión de licencia alguna".

En términos muy similares se ha explicado el ex jefe de gabinete de Blanco, Javier Hurtado Domínguez, que ha dicho que el ex ministro le pidió que preguntase a la Dirección General de Aviación Civil si había algún problema en Sant Boi relacionado con Azkar.

Hurtado hizo la gestión y comprobó que se trataba de una autorización para instalar una nave en unos terrenos del aeropuerto, que dependía de un informe de Aena que iba con retraso y que "tardaría unos 15 días en estar resuelto".

El testigo ha asegurado que Blanco no le pidió ninguna otra gestión relacionada con la empresa de Orozco, ni que hablara con el alcalde, y que tampoco habló con Táboas del asunto.

'¿El alcalde es nuestro?'
Sobre la reunión que Orozco mantuvo con Blanco el 1 de diciembre de 2010 en el Ministerio, ha señalado que le consta que tuvo lugar, pero que no conocía el contenido de la misma.

Según el sumario del caso que instruye la juez de Lugo Estela San José, el día 30 de ese mismo mes Orozco mantuvo una conversación telefónica con Blanco, que fue intervenida, en la que el empresario pregunta al ex ministro, cómo podía entrar en contacto con el alcalde de Sant Boi.

"¿El alcalde es nuestro?", pregunta Blanco, que después de recibir la confirmación de que Bosch pertenece al PSC se compromete a concertar una cita para Orozco: "Te hago una gestión y te recibe (...) No hay ningún problema".

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