martes, 25 de octubre de 2011

"CASO BRUGAL"; FENOLL SE NIEGA A DECLARAR ANTE EL JUEZ

El cabecilla de la trama de la basura comparece por quinta vez en el juzgado

SANTIAGO NAVARRO - Orihuela 

El empresario Ángel Fenoll, acusado en el caso Brugal de ser uno de los cabecillas de la trama del negocio de la basura en la comarca de la Vega Baja, se ha negado esta mañana a declarar ante el juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, Carlos San Martín. Fenoll apenas ha estado en el juzgado 10 minutos. La de hoy es la quinta vez que comparece por su imputación en distintas piezas de la causa principal. Esta mañana, el juez pretendía interrogarle sobre la adjudicación de la planta de residuos del plan zonal de la Vega Baja, en el que la policía sospecha que el empresario junto con el promotor Enrique Ortiz ofreció supuestos sobornos al expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll.

A la salida del juzgado, Fenoll, con semblante relajado, ha manifestado: "Me he acogido a mi derecho a no declarar, entre otras cosas, porque no está claro que las escuchas sean legales". El empresario se refería así al auto del juez instructor del pasado mes de junio que anuló parcialmente las intervenciones policiales a los imputados, entre ellos el propio Fenoll, Ortiz y Ripoll. Este auto está recurrido por las partes y por el fiscal Anticorrupción.

Junto a Fenoll, el juez ha citado en esta nueva ronda de declaraciones, al resto de imputados en esta pieza del caso Brugal, entre ellos a Ripoll, que tendrá que comparecer el día 1 de diciembre, y el empresario Enrique Ortiz.
   

EL JUEZ IMPUTA A ENRIQUE CRESPO POR EL SAQUEO DE EMARSA

El vicepresidente de la Diputación de Valencia, del PP, será citado en la investigación por las irregularidades en la gestión de la depuradora del área metropolitana

EL PAÍS / EUROPA PRESS - Valencia 

El titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha decidido imputar al alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación, del PP, Enrique Crespo, por el conocido como caso Emarsa -el presunto fraude en la gestión de la depuradora de Pinedo-, según adelantaron esta tarde fuentes del caso a Europa Press.

Según estas fuentes, el juez ya ha tomado una decisión sobre la imputación de Crespo, pero todavía no se ha notificado la resolución a las partes. Sin embargo, Crespo ya ha emitido un comunicado en el que da por hecha su imputación y avanza su "total y decidida voluntad de colaborar con la Justicia cuando y cuanto sea preciso". "Dado que el juez instructor del caso ha estimado conveniente que acuda a prestar declaración en calidad de imputado, así lo haré, siendo esta, sin lugar a dudas, la mejor manera de defenderme ante la ley", añade el alcalde de Manises.

De esta manera, el magistrado ha atendido a la petición formulada hace 10 días por la fiscal encargada de este caso, quien solicitaba que Crespo -quien también fue presidente del extinto consejo de administración de Emarsa, responsable de la depuradora- fuera citado a declarar como imputado dentro de la investigación por este caso.

El ministerio público realizó este requerimiento tras la comparecencia ante el juez del que fuera gerente de la depuradora, Esteban Cuesta, quien aseguró que todas las decisiones en relación con la empresa pública eran adoptadas por indicaciones de Enrique Crespo. La empresa metropolitana Emarsa, que se encargaba de la depuradora, fue disuelta el año pasado con un agujero de más de 17 millones de euros y tras haber contratado por más de 30 millones de euros con empresas ahora investigadas por estafa.

En una de sus declaraciones ante el juez, Cuesta manifestó que Crespo fue la persona que le propuso asumir la gerencia de Emarsa en 2004. Cuesta, que había sido director de Enfermería del área de Sagunto en el servicio de Atención Primaria, afirmó que asumió el cargo sin haber recibido formación alguna y que tras el nombramiento le otorgaron plenos poderes en Emarsa, que gestionaba la depuradora.

Según su declaración, Enrique Crespo conocía la documentación que es objeto de la investigación y él le daba cuenta "en todo momento" de las gestiones realizadas. Preguntado por las facturas que reflejan altos gastos en regalos de empresa, joyería, relojería, accesorios de automóvil, manifestó que en algunas no estaba su firma pero que se adquirieron "por indicación" del presidente. Cuesta declaró también al juez que ignoraba a qué personas se les hacían los regalos, que elegía el presidente y que les mandaba que los comprasen.

Asimismo, el exgerente aseguró que Crespo tenía pleno conocimiento de los contratos suscritos por Emarsa y que era el propio presidente del consejo quien, en ocasiones, le decía los pagos que tenía que hacer y con qué empresas debía contratar y ordenaba la contratación de forma unilateral con ciertas personas o empresas. En esta línea, declaró que mantenía hasta seis reuniones semanales con Crespo, quien le mandó contratar una caja de seguridad en una entidad bancaria para guardar documentación de Emarsa.

La causa, abierta por delitos de estafa, malversación y delitos societarios, tiene su origen en una denuncia del PSPV en octubre de 2010. Los socialistas denunciaron que Emarsa acumulaba un déficit de al menos 17 millones de euros, además de contratos no justificados por valor de unos 30 millones.
   

EL JUEZ RECHAZA UN INTENTO DEL HERMANO DE CASTEDO POR SILENCIAR NOTICIAS DE "BRUGAL"

Imputado junto a su socio

* El juez recuerda que 'la libertad de expresión es un derecho fundamental'

Europa Press | Alicante

El titular del juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, que investiga las presuntas irregularidades en el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en una pieza separada del sumario del caso Brugal, ha rechazado una petición del hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, que pretendía silenciar la publicación de noticias sobre el citado caso.

En un escrito presentado por el hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, imputado junto a su socio en Salvetti Abogados por delitos de tráfico de influencias e información privilegiada, éste solicitaba al juez una resolución para que los medios de comunicación no tuvieran acceso a los informes policiales.

En este documento, los imputados instaban al juez a que advirtiera a las partes de que "la causa es pública única y exclusivamente para las partes personadas", y proponía incluso establecer "la debida sanción" en caso de incumplimiento.

Manrique Tejada ha emitido un auto en el que rechaza esta petición, y recuerda que "la libertad de expresión es un derecho fundamental que no debe ni puede ser coartado 'ad limine' por el instructor de la causa".

Asimismo, el magistrado remarca que "el secreto de sumario no significa, en modo alguno, que uno o varios elementos de la realidad (...) sean arrebatados a la libertad de información (...) con el único argumento de que sobre aquellos elementos están en curso unas determinadas diligencias sumariales".

En este sentido, precisa en el auto que, "el mal entendido secreto de sumario, equivaldría a crear una atípica e ilegítima materia reservada sobre los hechos mismos acerca de los cuales realiza la oportuna instrucción el órgano judicial".

Por otra parte, Manrique Tejada ha citado a declarar este miércoles a José Luis Castedo y a su socio en el despacho Salvetti, Javier Gutiérrez, dentro de la ronda de toma de declaraciones abierta en esta causa.


elmundo.es

"CASO EMARSA"; ELJUEZ IMPUTARÁ AL ALCALDE DE MANISES POR EL CASO DE LA DEPURADORA DE PINEDO

El alcalde de Manises y ex presidente de Emarsa, Enrique Crespo. | E.M.
* El magistrado ha atendido a la petición formulada hace 10 días por la fiscal
* El gerente de la entidad declaró que todas las decisiones las tomaba Crespo
* Aseguró que era el propio presidente quien le encargaba que comprara regalos
* Emarsa tenía un déficit de 16 millones con contratos no justificados de 32

Europa Press | Valencia

El titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha decidido imputar al alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación, del PP, Enrique Crespo, por el conocido como 'caso Emarsa' -el presunto fraude en la gestión de la depuradora de Pinedo-, según han adelantado a Europa Press fuentes conocedoras del caso.

Según han señalado estas fuentes, el juez ya ha tomado una decisión sobre la imputación de Crespo, que es afirmativa, pero todavía no se ha notificado la resolución a las partes. Está previsto que ésta se remita entre mañana y pasado.

De esta manera, el magistrado ha atendido a la petición formulada hace 10 días por la fiscal encargada de este caso, quien solicitaba que Crespo -quien también fue presidente del extinto consejo de administración de Emarsa- fuera citado a declarar como imputado dentro de la investigación por este caso.

El ministerio público realizó este requerimiento tras la comparecencia ante el juez del que fuera gerente de esta entidad, Esteban Cuesta, quien aseguró que todas las decisiones en relación con la empresa pública eran adoptadas por indicaciones de Enrique Crespo.

En concreto, en su declaración del 7 de octubre, Cuesta manifestó que Crespo fue la persona que le propuso asumir la gerencia de Emarsa, propuesta que se elevó al Consejo de Administración que dio luz verde al nombramiento el 21 de julio de 2004. Cuesta, que había sido director de Enfermería del área de Sagunto en el servicio de Atención Primaria, afirmó que asumió la gerencia sin haber recibido formación alguna y que tras el nombramiento le otorgaron plenos poderes en Emarsa.

Según su declaración, Enrique Crespo conocía la documentación que es objeto de la investigación y él le daba cuenta "en todo momento" de las gestiones realizadas. Preguntado por las facturas de El Corte Inglés que reflejan gastos en regalos de empresa, joyería, relojería, accesorios de automóvil, manifestó que en algunas no estaba su firma pero que se adquirieron "por indicación" del presidente.

En relación con la facturación a Loewe, dijo que Crespo le había dicho previamente que los abonara o bien incluso llevaba la factura de compra y le encomendaba que fuera por el comercio a pagar, bien fuera en este establecimiento u otros sitios. Cuesta declaró al juez que ignoraba a qué personas se les hacían los regalos, que elegía el presidente y que les mandaba que los comprasen.

Asimismo, Cuesta declaró que Crespo tenía pleno conocimiento de los contratos suscritos por Emarsa y que era el propio presidente del Consejo quien, en ocasiones, le decía los pagos que tenía que hacer y con qué empresas debía contratar y ordenaba la contratación de forma unilateral con ciertas personas o empresas. En esta línea, declaró que mantenía hasta seis reuniones semanales con Crespo, quien le mandó contratar una caja de seguridad en una entidad bancaria para guardar documentación de Emarsa.

La causa, abierta por delitos de estafa, malversación y delitos societarios, tiene su origen en una denuncia del PSPV en la Emshi en octubre de 2010, quien denunció que Emarsa acumulaba un déficit de al menos 16 millones de euros, además de contratos no justificados por valor de unos 32 millones.

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"CASO MALAYA"; LA POLICÍA CONFIRMA QUE ROCA SE REUNIÓ CON UN EMPRESARIO PARA PEDIRLE DINERO

Declaración por videoconferencia

José Carlos Villanueva | Málaga

Siete agentes de la Policía Nacional han declarado este lunes, por videoconferencia, para ratificar una serie de vigilancias y grabaciones, con micrófonos ocultos, que llevaron a cabo en enero de 2006. Se trataba de controlar al principal acusado, Juan Antonio Roca, así como al empresario que confesó haberle entregado un pago de 180.000 euros, además de regalar tres vehículos a la ex alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe.

Según han expuesto los investigadores, a preguntas del fiscal, Juan Carlos López Caballero, tuvo lugar una importante reunión entre el empresario Ismael Pérez Peña y Roca en el hotel Villamagna de Madrid. En dicha cita, el ex asesor urbanístico le pidió un préstamo a su interlocutor de 3 millones de euros. No obstante, el prestamista dijo disponer sólo de 2 millones, cantidad finalmente pactada, tal y como consta en el sumario.

Antes de la llegada de los sospechosos, los agentes colocaron micrófonos ocultos, al igual que hicieron en el conocido restaurante Santiago, de Marbella, donde acudieron otros integrantes de la trama de corrupción municipal.

Paralelamente, los declarantes participaron en el registro de la empresa Muferfi, en Getafe (Madrid), propiedad de Pérez Peña. Meses antes de desencadenarse la primera fase de la operación 'Malaya' la Udyco logró interceptar un vehículo en el que varios acusados transportaban 2 millones de euros, en metálico, con destino a Roca.

La intervención de distintos teléfonos posibilitó que la Policía montase un control con apariencia de rutinario. En el turismo viajaban el testaferro habitual del ex gerente de urbanismo marbellí, Óscar Benavente, y el jefe de seguridad del principal acusado, Jaime Hachuel.

Tras frustrar los agentes la entrega del dinero, Pérez Peña y Roca intentaron simular, junto al acusado Carmelo Armenta -que se ha declarado culpable recientemente- un contrato ficticio de compra venta de tres chalés, para que pareciera que los 2 millones de euros incautados iban destinados a tal fin.

Otro de los registros sobre los que ha preguntado el fiscal se llevó a cabo en el domicilio del ex edil del GIL marbellí Victoriano Rodríguez, ya fallecido. En su vivienda madrileña la Policía halló 300.000 euros en metálico: “Nos llamó la atención la gran cantidad de billetes de 500 euros que encontramos”, ha declarado uno de los agentes.

Al término de la sesión número 100 de la vista oral, sin duda una de las más cortas, con apenas una hora larga de duración, fuentes de las defensas han asegurado a ELMUNDO.es que el fiscal, gracias a la confesión de Pérez Peña, al reconocer que entregó 180.000 euros a Roca, “ha dado carta de naturaleza a los archivos Maras”. Se trata de la importante prueba documental relativa a la contabilidad secreta del principal acusado.

El contable de Roca siempre ha restado importancia a dichos apuntes contables durante el juicio. Salvador Gardoqui, a diferencia de lo que confesó ante el juez instructor, asegura que eran unas anotaciones que el ex asesor urbanístico le dictaba, sin saber de qué se trataba. Una versión poco creíble

Las fuentes citadas también han apuntado lo “rentable” que le ha salido el acuerdo de conformidad a Pérez Peña: “Un señor al que el fiscal pedía 11 años de prisión y ahora todo se queda en casi 300.000 euros de multa sin pisar la cárcel”, han sentenciado.

* Quién es quién en 'Malaya'
* Lea toda la información sobre el juicio

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