jueves, 28 de febrero de 2013

"CASO INNOVA"; DETENIDOS EL EXPRESIDENTE DEL ICS JOSEP PRAT Y EL EXDIRECTOR DE CATSALUT CARLES MANTÉ

El juez había citado a declarar como imputados a ambos por el presunto cobro de facturas falsas en el llamado caso Innova
Política 

Tarragona. (EUROPA PRESS).- La Guardia Civil ha detenido este miércoles al expresidente del Institut Català de Salut (ICS) y exdirector general de la empresa municipal Innova de Reus (Tarragona), Josep Prat, y al exdirector del Servei Català de la Salut (CatSalut) Carles Manté por orden del Juzgado de Instrucción 3 de Reus, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la investigación.

Las detenciones se producen el mismo día en que agentes del Instituto Armado han hecho varios registros, uno en el domicilio en Tarragona de Prat, y la empresa de Manté CCM Estratègies i Salut en Mataró (Barcelona), con presencia de los dos excargos públicos, dentro de la bautizada Operación Cirugía.

Los dos ya están imputados por este juzgado por presuntamente desviar fondos de la empresa municipal Innova para pagarle un sueldo de 13.000 euros mensuales a Manté por trabajos de consultoría de su empresa CCM, que se sospecha que nunca existieron.

En dicha operación, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Tarragona investiga los hechos denunciados tanto en la Fiscalía de Reus como en el Juzgado de Instrucción 3 de Reus, que ha ordenado el registro, ha informado en un comunicado el cuerpo policial. El juez había citado a declarar como imputados a Prat y Manté por supuestas irregularidades en el cobro de facturas falsas por estos servicios pero han sido aplazadas y aún no se ha concretado una fecha.

Querella de Ara ReusEstos registros llegan después de que el Juzgado 3 de Reus haya admitido a trámite este martes una querella presentada por los concejales del partido local Ara Reus, Jordi Cervera Martínez y Misericordia Fargas Buquera, contra Manté y Prat por presunta estafa, apropiación indebida y malversación de fondos públicos, ha informado el partido, que ya había denunciado los hechos.

Según la querella, Manté pudo cobrar de Innova cerca de 695.000 euros entre 2007 y 2011 en concepto de honorarios desde su empresa CCM -ya había dejado la dirección del CatSalut en 2006- por labores de consultoría estratégica. Sin embargo, prosigue la querella, en el Ayuntamiento de Reus no se ha encontrado ningún trabajo que justifique las facturas ni su importe -155.000 euros anuales-, según se desprende de un informe elaborado por el secretario del Ayuntamiento y el interventor del 20 de junio de 2012.

El máximo responsable de Innova en esa época era Josep Prat, que en junio de 2012 decidió dimitir de la presidencia del ICS para defenderse de las acusaciones de malversación. En la querella, presentada por ambos concejales como acusación particular, se solicita al juzgado que tome declaración a los querellados Manté y Prat, que se adjunten los informes y auditorías relacionadas con el caso, y que declaren como testigo los autores del informe del 20 de junio.

MÁS INFORMACIÓN

EL TSJC CITA COMO IMPUTADO A CRESPO POR PRESUNTOS DELITOS DE SOBORNO Y PREVARICACIÓN

El tribunal catalán se declara competente, accede a la petición de la Audiencia Nacional y designa a la magistrada Maria Euènia Alegret para seguir la instrucción

Política
  
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha citado a declarar como imputado al exalcalde de Lloret de Mar (Girona) y actual diputado de CiU en el Parlament, Xavier Crespo, por su supuesta vinculación con la mafia rusa. En una providencia, la sala civil y penal del TSJC ha citado a Crespo a declarar como imputado, por los delitos de cohecho y eventualmente prevaricación, el próximo 13 de marzo, a las 17:00 horas, ante la magistrada Maria Eugènia Alegret, que ha sido designada instructora del caso.

Crespo, que al ser parlamentario autonómico goza de la condición de aforado, ha sido imputado por el TSJC después de que el supuesto líder de la red de blanqueo de la mafia rusa en Lloret de Mar, Andrei Petrov, confirmara ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que pagó regalos al exalcalde, entre ellos un reloj valorado en 3.000 euros, botellas de vino y cestas de navidad, así como dos viajes a Rusia.

Crespo no ha recibido la notificación
Al conocerse la noticia, el exalcalde de Lloret ha dicho que no ha recibido "ninguna notificación oficial" de que esté imputado por su supuesta vinculación con la mafia rusa. Crespo ha hecho estas escuetas declaraciones en el Parlament, a preguntas de los periodistas.

En la exposición razonada que Velasco envió al TSJC para que decidiera sobre la posible imputación de Crespo se ponía de relieve que estos regalos tenían indiciariamente el objetivo de lograr un "trato de favor" en las obras de construcción y proyectos inmobiliarios que la sociedad Development Diagnostic Company SL (DDC), administrada por Petrov, estaba realizando en Lloret.

A cambio de estos regalos, Crespo prometió a Petrov que le bonificaría con el 50 % del impuesto de construcción del centro comercial ubicado en la antigua plaza de toros de Lloret de Mar, fijado en 266.000 euros, y en los terrenos del Hotel Blanca Aurora, según señaló ante el juez el supuesto mafioso ruso.

Además de los regalos directos, Petrov también se comprometió, supuestamente a instancias de Crespo y del concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, el también imputado Josep Valls, a patrocinar sin contrato escrito durante tres años al Club de Hockey de Lloret y al Club de Fútbol de Lloret, por una cantidad que entre 2007 y 2010 ascendió a 270.000 euros.

El Club de Hockey de Lloret, donde jugaban algunos de los hijos del exregidor, estaba presidido entonces por Joan Perarnau, también imputado, mientras que la esposa de Crespo ejercía como vicepresidenta. Por su parte, Josep Valls dirigía el Club de Fútbol de Lloret.

En el auto en el que el TSJC se declara competente para asumir la instrucción del caso se subraya que los indicios acumulados por el juez de la Audiencia Nacional y por la Fiscalía "parecen suficientes" para proseguir con la investigación sobre la posible participación de Crespo en un delito "por el momento, sin perjuicio de cualquier otra calificación ulterior, de cohecho y eventualmente otros de prevaricación administrativa".

La juez pide la documentación
Para poder avanzar en las pesquisas, la juez instructora Maria Eugènia Alegret -expresidenta del TSJC-, solicita a la Guardia Civil que en un plazo de siete días le entregue toda la documentación vinculada al caso requisada en el registro al ayuntamiento de Lloret y en el domicilio de los imputados.
La magistrada del TSJC también reclama a la Guardia Civil que antes de siete días le entregue el resultado de las investigaciones relativas al reloj de lujo que supuestamente Petrov le regaló a Crespo, así como sobre los viajes a Rusia realizados por el exalcalde y su familia.

La juez también ha pedido a la Guardia Civil que le entregue la documentación relativa al patrocinio realizado por DCC a los clubes de hockey y de fútbol de Lloret de Mar. En el auto, el TSJC se declara competente para asumir la investigación de la causa relativa a los demás imputados no aforados, aunque en este caso sólo respecto a los delitos de cohecho y prevaricación, ya que la instrucción sobre el supuesto blanqueo de capitales seguirá en manos de la Audiencia Nacional.

En una resolución paralela, el TSJC ha levantado el secreto del sumario respecto a la causa sobre cohecho y prevaricación, aunque la parte relativa al blanqueo de capitales sigue restringida.

La investigación a Xavier Crespo se enmarca en la llamada Operación Clotilde, sobre una red de blanqueo de dinero de la mafia rusa en Lloret de Mar en la que figuran como imputados el supuesto líder de la red, Andrei Petrov; su cuñado y mano derecha, Konstantin Mishchanin; Jessica H. -que supuestamente participó en la entrega del dinero del patrocino deportivo-; el teniente de alcalde de Lloret, Josep Valls; la arquitecta Pilar Gimeno; el expresidente del club de Hockey de Lloret Joan Perarnau; y ahora también Xavier Crespo.

La magistrada Maria Eugènia Alegret también ha citado a declarar el mismo día que a Crespo, aunque en este caso en calidad de testigos, a Ignacio Mario Iturri y al ejecutivo gerundense Ernesto Coloma.


jueves, 21 de febrero de 2013

"CASO EMARSA"; LINGOTES DE ORO, SOBRESUELDOS Y PROSTITUTAS EN LA DEPURADORA

Declara la secretaria del ex gerente
Marisol Gálvez identifica como 'pareja' de Cuesta a una 'traductora' rumana
Asegura que directivos cobraran sobresueldos sin justificar de 1.000 euros
La secretaria llevó dos bolsos de Loewe a Rita Barberá pagados por Emarsa
El ex gerente tenía un negocio de mármoles con la hermana de Camps

Valencia

La secretaria del ex gerente de la empresa pública Emarsa, Esteban Cuesta, uno de los principales acusados en el caso Emarsa por el saqueo de la depuradora de Pinedo (Valencia), ha lanzado cargas de profundidad en su declaración como testigo ante el juez que investiga un agujero de más de 10 millones de euros.

Marisol Gálvez desveló el miércoles en su comparecencia ante el juez Ríos que Cuesta le habló en diversas ocasiones de sus negocios y que incluso le llegó a enseñar lingotes de oro a través del ordenador. "Me resultó curioso y le pregunté cómo se gestionaba y me explicó que se sacaban laminitas".
No fue el único comentario ostentoso al que asistió la administrativa: "Una vez que iba con él en el coche me comentó que tenía un negocio de mármoles con Estrella Camps [la hermana del ex presidente de la Generalitat] y que estaba adquiriendo parkings en Rumanía".

Gálvez constata, además, la existencia de directivos que cobraban sobresueldos. Y da nombres y apellidos. En concreto, según su testimonio, el ex jefe de Contabilidad de Emarsa Santos Peral; el ex director Financiero Enrique Arnal; el ex jefe de compras José Ignacio Martínez, percibieron 'pluses' "sin justificar" de 1.000 euros.

Según la secretaria, Cuesta y otros cargos de la depuradora mantenían relaciones con prostitutas. De hecho, asegura que el ex gerente le presentó a Lilica Mariana (una de las jóvenes rumanas con las que se alojó) como su "pareja". Gálvez, en cualquier caso, dijo desconocer ante el juez que la joven ejerciera de "traductora" como aseguraba Cuesta.

La secretaria indicó que Cuesta y el ex informático de Emarsa, Sebastián García, conocido como 'Chanin', compartían ciertos "ocios", como "las mujeres": "se iban de prostitutas", aseguró.

En otra parte de la declaración, Gálvez afirmó que durante un almuerzo, la persona encargada de pasar la contabilidad y puntear le comentó tanto a ella como a otros compañeros que se recibían sobresueldos en la entidad, y habló de 1.000 euros para Arnal, entre otros. Les dijo: "me refiero a cobros sin justificar".

Asimismo, Gálvez corroboró la existencia de regalos de Navidad, que se elegían en virtud del catálogo que ella misma reclamaba a unos grandes almacenes (citó Mont Blanch, trolleys, jamones y cajas de vino), y en cuya adquisición tuvo un papel protagonista. De hecho, admitió que durante dos de los seis años que estuvo con Cuesta, tuvo que ir en dos ocasiones a Loewe para recoger dos bolsos y llevarlos a la Alcaldía del Ayuntamiento, a la atención de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá: "Lo dejaba en el arquito de la Policía y ni siquiera pasaba", narró.

Además

miércoles, 20 de febrero de 2013

"CASO GÜRTEL"; EL JUEZ RUZ CITA A DECLARAR A LAS EMPRESAS CONTRATADAS PARA LAS FIESTAS DE ANA MATO

Pagadas por la trama corrupta
Producciones El Zurdo e Interglobo declararán sobre la fiesta de su hija
Su ex marido recibió más de medio millón de 'Gürtel' entre 2002 y 2004
Sepúlveda cobró importes mensuales que iban de los 3.000 a los 24.000

Joaquín Manso | Europa Press | Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado a declarar a los representantes de las empresas Producciones El Zurdo e Interglobo para aclarar si las fiestas de cumpleaños con payasos para la hija de Ana Mato y Jesús Sepúlveda pudieron ser un soborno de la 'trama Gürtel'. En la resolución no se cita ni una sola vez a la ministra de Sanidad.

El informe de la Udef remitido hace dos semanas al juez recoge que Producciones El Zurdo organizó los cumpleaños de 2001 y 2002. En este último, contó también con Interglobo para que decorase el porche de la casa familiar con la leyenda 'Jardín de las Maravillas'. Según un correo electrónico que se reproduce en ese documento, ése habría sido el deseo expresado por la ahora ministra, que mantiene que en esas fechas ya estaba separada de hecho de Jesús Sepúlveda.
Jesús Sepúlveda. | Efe

Producciones El Zurzo e Interglobo habrían sido pagadas por la trama 'Gürtel', al igual que la red corrupta hizo anteriormente con otras fiestas familiares entre 2001 y 2005, como cumpleaños o la comunión de uno de sus hijos.

El auto hace un resumen demoledor para Sepúlveda de todos los indicios que pesan sobre él en la causa, en la que está imputado por prevaricación, cohecho, malversación y fraude fiscal. Habría recibido una cantidad superior a los 500.000 euros en dinero en efectivo, además de regalos en forma de viajes, vehículos y eventos familiares, "en consideración al cargo de senador, primero, y de alcalde de la localidad de Pozuelo de Alarcón (Madrid), después, y en pago de contratos públicos -de eventos o de obras públicas- que se habrían adjudicado irregularmente, bien directamente por el señor Sepúlveda, bien por su intermediación".

El ex alcalde de Pozuelo cobró 256.250 euros entre febrero de 2002 y finales de 2004 en importes mensuales que iban de los 3.000 a los 24.000 euros, así como otros 144.000 euros entre 2002 y 2003 y 60.000 euros más por una operación inmobiliaria con Jesús Calvo Soria.

El auto también detalla servicios turísticos por valor de 50.000 euros que habría percibido el ex alcalde de Pozuelo, así como el pago de varios eventos familiares, los gastos de su oficina electoral y el pago de un vehículo Range Rover 4.4 V8 Vogue, valorado en 83.000 euros.

Ruz también reclama un informe de vida laboral de Natalia Bosch, que fue pareja de Sepúlveda, para averiguar si fue contratada por la empresa Bolfor de manera fraudulenta para pagar supuestos favores de Sepúlveda, después de que un testigo lo denunciase de forma espontánea.

'Adjudicaciones irregulares" de obras públicas y eventos
A cambio de todo este dinero, obsequios y favores, el responsable del Juzgado Central de Instrucción número 5 cree que el Ayuntamiento de Pozuelo concedió "adjudicaciones irregulares" de obras públicas y de organización de eventos a varias sociedades de la trama, entre ellas Easy Concept.

Entre los contratos, el juez destaca el proyecto de remodelación y acondicionamiento del Camino de las Huertas, adjudicado a Constructora Hispánica por 1.917.520,50 euros y por el que la trama 'Gürtel' percibió 49.591 euros. También cita la 'operación Asfalto 2004', adjudicado por 1.854.656 euros a las empresas D.Velasco y Asfaltos Vicálvaro, que la subcontrató a Constructora Hispánica. La red presuntamente cobró 63.643 euros por esta operación.

Además, Sepúlveda habría cobrado otros 13.926,88 euros de la sociedad Spinaker 2000 S.L., como cosecuencia de un contrato suscrito por la empresa Rialgreen S.L. y el Partido Popular (PP) para la prestación de servicios publicitarios para las elecciones autonómicas generales y municipales de los años 2003 y 2004.


Además

lunes, 18 de febrero de 2013

LA JUEZ ENVÍA A LA CÁRCEL A TRES DE LOS NUEVE IMPUTADOS EN LA "OPERACIÓN MANGA"


GALICIA | Segunda fase de 'Pokémon'
Pilar de Lara ha finalizado los interrogatorios a las 8 de la mañana
El alcalde de Sant Hilari ha quedado en libertad bajo fianza de 18.000 euros
El concejal de Santiago eludió la cárcel con una fianza de 15.000 euros

Marcos Sueiro | Santiago de Compostela

Los interrogatorios de la jueza Pilar de Lara a los imputados en la segunda fase de la 'operación Pokemon', conocida con el nombre de 'Manga', han finalizado a las ocho de la mañana de este domingo.

La operación, que deriva de la 'Pokémon', desembocó en una serie de registros y en un total de nueve detenciones el pasado jueves, cuatro de ellas en Cataluña, una en Asturias y otras cuatro en Galicia. Los detenidos comenzaron a pasar a disposición judicial el pasado viernes y terminaron a las 8.00 horas de este domingo.

El límite de plazo fijado para las detenciones ha obligado a la jueza instructora a permanecer toda la madrugada tomando declaración para evitar recursos contra sus disposiciones.

Esta jueza se vio afectada por la aplicación de la 'doctrina Gao Ping' y uno de los detenidos en la 'Pokémon', Francisco Fernández Liñares, salió en libertad tres meses después de decretarse su ingreso en prisión al argumentar su defensa que había estado detenido más horas de las establecidas sin pasar a disposición judicial y sin que se le tomase declaración, informa Europa Press.

La investigación judicial, tras largas sesiones en la que la jueza apenas ha descansado media hora entre las tomas de declaración a los imputados, se ha cobrado la dimisión de un concejal compostelano del Partido Popular y la imputación de ocho ciudadanos que mantienen la etiqueta de imputados y que deberán responder por su presunta participación en una red de favores derivados de la concesión de servicios públicos.

Los últimos, los catalanes
Los últimos en responder han sido los catalanes. Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, la titular del Juzgado de Instrucción Número Uno de Lugo ha decretado libertad provisional bajo fianza de 18.000 eurospara el alcalde de Sant Hilari Sacalm (Girona), Robert Fauria (CiU), y prisión provisional para el administrador de la empresa GRS Arc Local, Álex R.V.

Con esta última resolución judicial finalizaron comparecencias que se iniciaron el pasado viernes y que presentan como resultado el ingreso en prisión de tres imputados: Ángel Espadas, el que fue asesor del ex alcalde de Santiago Gerardo Conde Roa; el delegado de Aquagest en Santiago, José Luis M.R.; y el administrador de la empresa GRS Arc Local, Álex Ríos V.

Además, el concejal de Movilidad, Seguridad Ciudadana, Tráfico, Grúa y ORA en Santiago, Albino Vázquez Aldrey, fue dejado en libertad bajo fianza de 15.000 euros, imputado por cohecho, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias.

Esta situación le llevó a anunciar este sábado su renuncia a sus cargos públicos en el Ayuntamiento y en la Diputación de A Coruña, así como a darse de baja como militante del PPdeG.

Libertad bajo fianza
A lo largo de la jornada del sábado y madrugada del domingo, en las que la jueza tomó declaración a los detenidos en Cataluña, también se decretó libertada bajo fianza de 5.000 euros para el jefe del departamento de Organización de Servicios a la Ciudadanía del Consell Comarcal de la Selva, Juan Carlos F.M., imputado por cohecho y tráfico de influencias, entre otros delitos.

Por su parte, el apoderado de GRS Arc Local, José María F.I.G., ha quedado en libertad sin fianza pero con cargos y está imputado por tráfico de influencias.

La segunda fase de la 'operación Pokémon', conocida con el nombre de 'Manga', ha extendido su radio de acción a otras comunidades como Cataluña y Asturias.

También ha salpicado a nuevas empresas como Aquagest, dedicada al suministro de aguas, y a la auxiliar GRS.

Y desde el punto de vista político ha salpicado al Partido Popular que mantiene imputado, al ex alcalde de Santiago de Compostela, Ángel Currás, y al ex alcalde de Boqueixón, Adolfo Gacio, junto a la concejala santiaguesa de Educación, Rebeca Domínguez y al ex concejal, Albino Vázquez.

Los socialista, también
Los socialistas tampoco se libran. El 'caso Pokemon' estalló en Ourense. Su ex alcalde, el socialista, Francisco Rodríguez, sigue en libertad bajo fianza, permanece con la condición de imputado el alcalde de Lugo, José Clemente López Orozco y el ex concejal y ex presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Francisco Fernández Liñares.

Mientras tanto, los partidos mayoritarios observan lo que ocurre a la espera de quién puede ser el siguiente. Los mensajes de los dirigentes son medidos y evitan reprocharse en exceso el 'caso Pokemon' a la vista de la implicación de algunos de sus alcaldes.

Las dos formaciones, PP y PSOE, contemplan la posibilidad de que las detenciones continúen y mantienen la capacidad de asombro sobre quién puede ser el siguiente.

jueves, 14 de febrero de 2013

LA POKEMON ENTRA EN OTRA FASE CON NUEVE DETENIDOS EN TRES COMUNIDADES

Agentes de Aduanas se llevan documentos del domicilio del exalcalde de Santiago, Gerardo Conde Roa. / Lavandeira jr (EFE)
Han sido arrestados un alcalde, un edil de la capital compostelana, un exasesor y dos empresarios
 
A. CASTEDO / R. CARRANCO Santiago de Compostela / Girona 

La Operación Pokémon, la trama de corrupción urbanística en varios Ayuntamientos gallegos, ha entrado en una nueva fase con una redada que ha salido de las fronteras de Galicia y ha llegado hasta Girona y Asturias. Hasta el momento han sido detenidas nueve personas. Entre ellas, el alcalde de Sant Hilari Sacalm (Girona), Robert Fauria, implicado en una trama de sobornos derivada de Pokémon y conocida como operación Manga. También ha sido arrestado el concejal de Seguridad de Santiago de Compostela, Albino Vázquez Aldrey. Los detenidos empezarán mañana a pasar a disposición judicial. Se les imputa, a la mayoría de ellos, delitos de cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos, uso de información privilegiada y prevaricación. No obstante, a alguno de los arrestados también le imputa falsedad documental y blanqueo de capitales.

El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) investiga en Girona una presunta trama de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación en la concesión de servicios públicos, según fuentes cercanas a la investigación, que salpicaría a varios organismos públicos. El caso se encuentra bajo secreto de sumario. Los agentes han detenido también a tres personas más: dos empresarios catalanes y un cargo técnico del Consejo Comarcal de La Selva, según esas mismas fuentes. Hasta el momento no ha trascendido de qué empresa puede tratarse. Los agentes descartan que en el día de hoy se produzcan nuevas detenciones. Agentes de la Agencia Tributaria están registrando las dependencias de la Diputación de Girona. El registro en el organismo Xaloc, que se encarga de la gestión de los impuestos de algunos ayuntamientos, ha acabado poco antes de las dos de la tarde. Los agentes han salido cargados con cuatro cajas. En la sede del Patronato de Turismo de la Costa Brava todavía continúa la labor de la SVA.

En Santiago, además de Aldrey (PP), también han sido detenidos, el exjefe de gabinete del exalcalde  de Santiago, Ángel Espadas, y dos empresarios, uno de ellos el gerente de la empresa Aquagest que gestiona los servicios de agua en la ciudad. La juez ha ordenado el registro de la casa del exalcalde Gerardo Conde Roa, que dejó el cargo tras ser imputado por fraude fiscal.  En Asturias ha sido arrestado Joaquín Fernández Díaz, presidente del PP de San Martín del Rey Aurelio y propietario de una empresa de consultoría e ingeniería, y, según las fuentes consultadas, empezó como un simple comercial de Aquagest, una de las empresas investigadas, para la zona del occidente, pero luego pasó a la zona centro, para llevar toda un territorio más amplio, desde la oficina de Avilés, como Cantabria o Galicia. Fue cogiendo poco a poco más responsabilidades, incluso en Barcelona, para controlar diversos contratos de la compañía.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado con enfado: "No me parece normal lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento de Santiago".

NOTICIAS RELACIONADAS
EN EL PAÍS
Detenido el alcalde de Sant Hilari Sacalm por su relación con el caso Pokémon
La policía detiene a un edil del PP de Santiago y registra la casa de Conde Roa
Feijóo: “No me parece normal lo ocurre en el Ayuntamiento de Santiago”
El delegado de la Xunta en Ourense pone su cargo a disposición de Feijóo

EN OTROS MEDIOS
rtve.es La juez de 'Pokemon' ordena la detención de ocho personas, entre ellas un concejal de Santiago
elmundo.es La jueza imputa hasta siete delitos a los nuevos detenidos en Pokémon
elperiodico.com Cuatro detenidos en Catalunya por la trama de adjudicaciones irregulares
lavanguardia.es La juez ordena ocho detenciones derivadas de la operación Pokémon en Galicia, Catalunya y Asturias

elpaís.com

miércoles, 13 de febrero de 2013

SEPÚLVEDA SE NIEGA A DECLARAR ANTE EL JUEZ POR LOS REGALOS PAGADOS POR "GÜRTEL"

Sepúlveda, a su llegada a la Audiencia . | Efe

TRIBUNALES | Ex marido de Ana Mato en gananciales
'Yo creo que mi ex mujer es inocente', ha asegurado a los medios
'Estoy tranquilo', ha dicho tras negarse a declarar

Manuel Marraco | Madrid

Jesús Sepúlveda se ha negado a declarar ante el juez Pablo Ruz, que le había citado hoy en la Audiencia Nacional por pagos irregulares que supuestamente hizo la trama Gürtel a él y su familia entre los años 2000 y 2005.

Antes de que explicase que no iba a declarar, el juez le ha comunicado que está imputado por cuatro presuntos delitos: cohecho, prevaricación, malversación y contra la Hacienda pública.

Sepúlveda, que apenas ha permanecido diez minutos ante el juez instructor y las fiscales Anticorrupción Concha Segura y Miriam Sabadell, ha manifestado a los medios a su salida que se ha acogido a su derecho a no declarar porque "no es el momento" de hacerlo.

El ex alcalde de Pozuelo de Alarcón y ex marido de Ana Mato ha manifestado que se encuentra "tranquilo". Sepúlveda ha sido preguntado por los periodistas si cree que su ex mujer tiene que dimitir y ha respondido: "No. Yo creo que mi ex mujer es inocente". ¿Entiende el malestar de la ciudadanía?", han insistido. "Sí, sí", ha replicado.

Sepúlveda ha sido abucheado por un grupo de personas que se encontraba en las puertas de la Audiencia para mostrar su apoyo al coronel Amadeo Martínez Inglés. Le han increpado al grito de 'chorizo, chorizo'.

Antes de Sepúlveda estaba citado otro imputado en la causa, el constructor Jesús Calvo Soria, quien supuestamente sirvió de testaferro al líder de la trama, Francisco Correa.

Como consecuencia de un informe policial conocido el pasado día 1 que aporta nuevos datos de gastos de viajes y regalos pagados por la red Gürtel al ex alcalde y a Ana Mato, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, anunció el pasado lunes que Sepúlveda dejó de prestar servicios en el partido y añadió que "rectificar es de sabios".

El informe policial refleja pagos de hoteles, alquiler de coches y billetes de avión a nombre de Sepúlveda, su ex mujer y actual ministra y varios miembros de su familia, por un total de 50.049 euros, que se realizaron a través de la empresa Pasadena, integrada en el entramado de Francisco Correa.

Ana Mato ha asegurado hoy que "en ningún momento" se ha planteado presentar su dimisión y ha subrayado que cuenta con la confianza del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Por su parte, Sepúlveda desvinculó tajantemente a su ex esposa de sus actividades económicas y profesionales, y señaló que todas sus decisiones económicas y los movimientos de sus cuentas son de su exclusiva responsabilidad.

Mato: 'Absoluta inocencia'
El informe policial refleja pagos de hoteles, alquiler de coches y billetes de avión a nombre de Sepúlveda, Ana Mato y varios miembros de su familia, por un total de 50.049 euros, que se realizaron a través de la empresa Pasadena, integrada en el entramado de Francisco Correa.

La Policía analiza en el informe cuadros contables de la red Gürtel recientemente incautados en una nave en un polígono de Alcorcón (Madrid), que reflejan gastos concretos con las cantidades pagadas por ellos, algunos referidos específicamente a la actual ministra, como regalos, alquileres de coches y billetes de avión.

Una vez conocido el informe, Mato reiteró su "más absoluta inocencia" y garantizó que "la honradez y la honestidad han presidido" todas sus actuaciones, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ratificó su confianza en ella.

martes, 12 de febrero de 2013

"OPERACIÓN MERCURIO"; EL JUEZ PIDE AL TSJC LA IMPUTACIÓN DE DANIEL FERNÁNDEZ

El magistrado investiga la presunta vinculación del diputado del PSC en el caso Mercurio
EFE Barcelona  

El juez que investiga una trama de corrupción vinculada al Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) un escrito en el que pide imputar al diputado del PSC Daniel Fernández porque ve indicios de un delito de tráfico de influencias.

En un auto, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Sabadell ha enviado al TSJC una exposición razonada con los motivos que justificarían la imputación de Fernández, que presuntamente intervino para que se empleara a una técnica en el Ayuntamiento de Montcada i Reixac (Barcelona).

En la causa que investiga este juez, conocida como caso Mercurio, están también imputados el alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, el exconcejal del PP en el municipio Jordi Soriano y varios empresarios acusados de participar en una trama de pago de comisiones de obras municipales a cambio de comisiones. Los indicios sobre el diputado socialista están incluidos en una pieza separada de la macroinvestigación sobre la trama de Sabadell que el juez ha remitido hoy mismo al TSJC, al que corresponde ahora decidir si imputa a Daniel Fernández dada su condición de aforado como parlamentario de la cámara catalana.

En dicha pieza, se investiga si la alcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona), la socialista Maria Elena Pérez, también imputada en el caso, hizo un concurso a medida para contratar como directora del área territorial del consistorio a una exalto cargo del tripartito, Carmina Llumà, a instancias de Daniel Fernández y del alcalde de Sabadell, Manuel Bustos. Las sospechas de que el diputado socialista impuso presuntamente la contratación de esa técnica se basan en distintas conversaciones telefónicas mantenidas entre los implicados, que excepto en el caso del aforado tenían sus teléfonos intervenidos por orden del juez instructor.

Además de la alcaldesa de Montcada y del alcalde, en la pieza por presunto tráfico de influencias que ha salpicado al diputado del PSC Daniel Fernández -exsecretario de organización del partido ya que se apartó temporalmente de sus funciones cuando trascendió que estaba siendo investigado en el caso Mercurio-, está también imputado Francisco Bustos, hermano del alcalde de Sabadell y concejal socialista en la población.

La alcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona), María Elena Pérez, cesó fulminantemente a su arquitecto municipal, Albert Barenys, en marzo del pasado año y poco después contrató a Carmina Llumà, exsecretaria general de Política Territorial del tripartito, supuestamente recomendada por Daniel Fernández y bajo la presión de Manuel Bustos.

En la operación policial del caso Mercurio, los Mossos d'Esquadra registraron en noviembre pasado el despacho de la alcaldesa, donde se incautaron de documentación relacionada con la contratación de la arquitecta, así como relativa a la empresa de recursos humanos que efectuó las pruebas de aptitud de los candidatos al puesto. De hecho, el juez instructor ha acordado levantar el secreto de sumario en relación a la pieza de Fernández, una vez aprehendida toda la documentación relevante para averiguar si existió tráfico de influencias en la contratación de Llumà.

Desde que los Mossos d'Esquadra acudieron en noviembre pasado a su despacho para obtener el contrato de Llumà, la alcaldesa María Elena Pérez ha insistido en negar estar involucrada en la trama de corrupción y ha asegurado que los procedimientos de contratación municipal se han realizado 'con total legalidad'.

Pérez fue nombrada alcaldesa de Montcada a mediados de 2010 en sustitución del socialista César Arrizabalaga, que dimitió al verse salpicado por el caso Pretoria, vinculado también a la corrupción urbanística. Ahora, el TSJC, de acuerdo con sus normas de reparto interno, elegirá a los tres miembros que deben constituir la llamada 'sala de admisión' a la que, tras examinar la causa, corresponderá en última instancia decidir si cita a declarar como imputado al aforado


jueves, 7 de febrero de 2013

"CASO FABRA"; EL TRIBUNAL SUPREMO DA VÍA LIBRE PARA PODER ENCAUSAR A CARLOS FABRA POR DELITO DE COHECHO

El expresidente del PP de Castellón y de la diputación, Carlos Fabra. Foto:FLICKR/ppcv


En el denominado "caso Fabra" se investiga al expresidente provincial del PP de Castellón Carlos Fabra por delitos de cohecho, tráfico de influencias y contra la hacienda pública.


El Tribunal Supremo ha dado vía libre al juez de instrucción de Nules (Castellón) para que "con absoluta libertad de criterio" pueda abrir juicio oral a Carlos Fabra (expresidente del PP de Castellón) por los delitos que se le imputan, incluido el de cohecho, que había sido excluido por la Audiencia de Castellón.

La Sala de lo Penal del Supremo ha adoptado esta decisión por unanimidad tras admitir los tres recursos de casación presentados por la Abogacía del Estado, el fiscal y la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana contra la decisión de la Audiencia de Castellón de excluir el delito de cohecho en este caso.

Según ha informado el tribunal en una nota de prensa, recogida por EFE, el Supremo, tras deliberar toda la mañana, ha acordado remitir las actuaciones al juez de instrucción número uno de Nules para que con absoluta libertad de criterio dicte nuevo auto de apertura de juicio oral. Ese auto debe incluir a "las personas contra las que se abre y los delitos que se les imputan, concretando el tipo de procedimiento y teniendo en cuenta las reglas de conexión delictivas", dice el Supremo.

En el denominado "caso Fabra" se investigó al expresidente provincial del PP de Castellón Carlos Fabra por delitos de cohecho, tráfico de influencias y contra la hacienda pública.

Tráfico de influencias respecto a Naranjax
La Audiencia de Castellón estimó un recurso de Fabra y descartó el delito de cohecho en esta causa, decisión que ahora revoca el Supremo, que deja libertad para incluirlo en el procesamiento al instructor de la causa.

El Juzgado número 1 de Nules, que ha tenido nueve titulares en los últimos ocho años, dio por concluida a principios de 2012 la instrucción de esta investigación, abierta en diciembre de 2003 tras dos querellas presentadas contra Fabra por el empresario Vicente Vilar, titular de Naranjax, una mercantil de productos fitosanitarios.

Naranjax tenía pendientes de aprobación varios productos por parte de los Ministerios de Agricultura y de Sanidad, y Vilar trató de contactar con Fabra a través de sus respectivas esposas, Monserrat Vives y Amparo Fernández, que eran amigas.

miércoles, 6 de febrero de 2013

ORIOL PUJOL PRETENDÍA "LUCRARSE" CON LA "TRAMA DE LAS ITV", SEGÚN EL FISCAL

Oriol Pujol en el Parlament. / EFE

La fiscalía concluye que el dirigente nacionalista "coordinó, dirigió y amparó" a los imputados
Un delfín en las redes del ‘caso ITV’

Barcelona 

El secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Oriol Pujol, "coordinó, dirigió y amparó la actividad delictiva" de los imputados en el caso ITV, una trama para amañar un concurso público de estaciones de la inspección técnica de vehículos, según el fiscal. El objetivo de Pujol era "lucrarse personalmente" a través de una empresa que saldría beneficiada por la adjudicación y en la que tendría participación, según el informe en el que la Fiscalía Anticorrupción pide la imputación del dirigente nacionalista.

El informe, que hoy ha publicado El Periódico de Catalunya, detalla los indicios de que Pujol cometió, presuntamente, un delito de tráfico de influencias. La fiscalía considera que usó sus cargos de número dos de Convergència y de presidente del grupo parlamentario para presionar a su favor. Entre los logros de Pujol figura haber colocado a su amigo Josep Tous como "mediador" de la Generalitat en el conflicto que las distintas empresas del sector mantenían en los tribunales a propósito de las concesiones de ITV.

Pujol presionó al entonces secretario general del Departamento de Industria y Ocupación, Enric Colet, tanto para colocar a Tous como para situar a Isidre Masalles (ambos están imputados) como subdirector general de Seguridad Industrial. Colet ha declarado ante la titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López, que investiga el caso.

Con la perspectiva de conseguir nuevas adjudicaciones, los implicados crearon la empresa Upprime Energy. Esa es la firma en la que, según la fiscalía, Pujol tendría participación indirecta y, por tanto, ánimo de lucro. A lo largo del extenso informe aparecen todas las conversaciones que aluden, o en las que participa, Oriol Pujol. En una de ellas, pregunta a Tous qué obtendría Itevelesa (una empresa de ITV) como "compensación" si decidiese "renunciar" a las tres estaciones que posee en la comarca catalana del Bages. Tous le explica que pueden conseguirles estaciones en otros lugares y Pujol replica: "Sí, pero Josep, yo creo que vamos lentos".

El fiscal añade que el entonces secretario del Gobierno catalán -hoy consejero de Justicia-, Germà Gordó, "tenía conocimiento de las negociaciones" en el sector. Matiza, sin embargo, que se desconoce si "era copartícipe de los fines espurios".

MÁS INFORMACIÓN

NOTICIAS RELACIONADAS
EN EL PAÍS Ver todas »

EL TSJ ABRE OTRAS TRES INVESTIGACIONES SOBRE LA TRAMA GÜRTEL


El magistrado abre piezas separadas sobre la visita del Papa y los contratos de Orange Market

IGNACIO ZAFRA Valencia

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) Francisco Ceres ha emitido un auto en el que abre tres piezas separadas en la investigación de la trama Gürtel. Se trata de la visita del Papa, en la que la red de Francisco Correa logró embolsarse más de tres millones de euros de dinero público; otra pieza que se centrará en las supuestas irregularidades en la contratación de la trama con numerosos departamentos y organismo de la Generalitat, y otra por presuntos delitos contra la Hacienda Pública de Orange Market, la empresa de la red en Valencia dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes.

La pieza sobre la visita del Papa investiga las irregularidades en el contrato de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) con la empresa Teconsa para la sonorización de los actos de la visita del Papa a Valencia en julio de 2006 con ocasión del Encuentro Anual de las Familias. En relación con este contrato, la investigación del caso Gürtel apunta a la posible percepción de comisiones y regalos por parte de Pedro García, director general de RTVV en ese momento.

El TSJ valenciano ya asumió la investigación de los contratos de la Consejería de Turismo con Orange Market para los expositores de la Comunidad Valenciana en Fitur, un caso en el que la Fiscalía Anticorrupción pide 11 años de cárcel y 34 de inhabilitación para la exconsejera y expresidenta de las Cortes Valencias Milagrosa Martínez, entre otros cargos. Por ello, en la pieza separada que analizará supuestas irregularidades en la contratación de la Generalitat con Orange Market, la instrucción se centrará en otras adjudicaciones a la red de Correa.

El juez Ceres, además, abre pieza separada para los presuntos delitos contra Hacienda de Orange Market. Las instrucciones ya en marcha sobre la trama Gürtel en el TSJ son las que se refieren a los contratos de Fitur, y dos por la supuesta financiación ilegal de los populares en las campañas electorales de 2007 y 2008.

El magistrado dedica el resto del auto a ordenar procedimentalmente las nuevas líneas de investigación, a solicitar a la Audiencia Nacional la documentación sobre la instrucción que ya ha realizado, pero todavía no llama a declarar a la mayor parte de los nuevos imputados que estas piezas generarán. Dado que los contratos de la visita del Papa ya habían comenzado a instruirse en la Audiencia Nacional, esta cuenta ya con más de una decena de imputados, entre ellos Pedro García y varios directivos del ente público RTVV.


MÁS INFORMACIÓN


NOTICIAS RELACIONADAS
EN EL PAÍS 

EN OTROS MEDIOS 

LA EXCONSEJERA ANA ROSA MIGOYA Y CARLOS MADERA DECLARARÁN COMO IMPUTADOS EN EL "CASO MAREA"

En la documentación que maneja el juez hay dos resoluciones de contratación firmadas por la exconsejera de Cultura
EUROPA PRESS. 
 
El juez instructor del 'caso Marea', Ángel Sorando, llamará a declarar como imputados a la exconsejera de Cultura, de Administraciones Públicas y exportavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, y al exdirector general de Promoción Cultural y Política Lingüística, Carlos Madera, sobre la supuesta trama de corrupción en el seno del Gobierno del Principado durante el ejecutivo de Vicente Álvarez Areces.
 
Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, "en la documentación que maneja el juez hay dos resoluciones de contratación firmadas por la exconsejera de Cultura".
 
De este modo, ambos altos cargos del gobierno del expresidente socialista Vicente Álvarez Areces serán llamados a declarar como imputados el próximo 8 de marzo. Se suman así a la imputación del exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, y de la exdirectora general de planificación, María Jesús Otero.
 
El juez ha adoptado esta decisión después de que la funcionaria, Marta Renedo, declarase el 23 de enero, durante más de dos horas, en los juzgados de Avilés, que las contrataciones mediante empresas interpuestas "eran una tónica habitual en la administración, que funcionaba como funcionaba" y que "ésas prácticas eran habituales". Renedo ante el magistrado también señaló que en el caso de las contrataciones ella "recibía instrucciones de sus superiores".
 
Las partes personadas en el caso han manifestado su sorpresa porque aún no se les ha dado traslado de la decisión del juez de llamar a Migoya y a Madera a declarar como imputados el 8 de marzo, y por lo tanto de conocer las causas de la imputación.
 
Comisión de investigación
La comisión de investigación parlamentaria sobre el 'caso Marea' ha acordado llamar a comparecer al ex presidente del Principado de Asturias, el socialista Vicente Álvarez Areces y quienes fueran sus consejeros en la época en la que se produjeron las presuntas irregularidades.
 
Además de cargos de responsabilidad política, como viceconsejeros y directores generales, la mesa de la comisión ha decidido que comparezcan en la Junta General del Principado responsables técnicos de secretarías generales y jefaturas de servicio.
 
En concreto, está acordada la comparecencia del ex Presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces; el ex Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre; la ex directora General de Planificación, Centros e Infraestructuras de la Consejería de Educación, Maria Jesús Otero Rebolledo o la ahora imputada exconsejera de Cultura y de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, entre otros cargos políticos.
 
Los representantes de los distintos grupos parlamentarios en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) en la comisión de investigación del Caso Marea, han aprobado la pasada semana celebrar las comisiones los martes, en horario de mañana, y los miércoles, por la mañana y por la tarde, a partir del 19 de febrero. Las comparecencias terminarían aproximadamente en la última semana del mes de marzo.

martes, 5 de febrero de 2013

"OPERACIÓN CLOTILDE"; CRESPO PROMETIÓ A PETROV PERDONARLE TRIBUTOS EN UN VIAJE A RUSIA

La Guardia Civil entra por tercera vez en el Ayuntamiento de Lloret de Mar
El juez de la Audiencia Nacional pide al TSJC la imputación de Crespo

Antía Castedo Lloret de Mar

El ex alcalde de Lloret de Mar, Xavier Crespo, prometió al presunto cabecilla de la red de blanqueo de la mafia rusa, Andrei Petrov, perdonarle 133.000 euros en tributos municipales correspondientes a unas obras durante un viaje de lujo en Rusia. Petrov pagó en efectivo a Crespo, su esposa y un hijo de ambos los vuelos en clase ‘business’ y les agasajó una vez allí “con viajes en helicóptero privado, lujosas comidas y espectáculos”, según el escrito que el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para solicitar la imputación de Crespo, aforado en este tribunal al ser diputado autonómico por CiU.

La Guardia Civil ha vuelto esta mañana al ayuntamiento de Lloret de Mar, por tercera vez desde que estalló la operación Clotilde. Dos agentes se han presentado alrededor de las 10:45 de la mañana en el Consistorio para solicitar información en la Intervención. Los agentes han entregado dos citaciones, una al interventor municipal y otra al actual concejal de urbanismo, Jordi Martínez, para que declaren como testigos en la causa, según fuentes municipales. El Consistorio no ha querido realizar declaraciones.

Según el escrito enviado por Velasco al TSJC, el entonces alcalde y actual diputado por CiU en el Parlament conoció en ese viaje a Rusia a Viktor Kanaikin y Sergei Nalinov, los “propietarios reales” de DDC, la empresa que Petrov utilizó supuestamente para lavar dinero de la mafia rusa en Lloret, y líderes de la trama internacional de blanqueo. Fue esa misma empresa la que construyó un polémico centro comercial y un aparcamiento en los terrenos de la antigua plaza de toros de Lloret y se benefició, para ello, de una rebaja del 50% en impuestos aprobada por el pleno municipal. Con mayoría absoluta de CiU, el pleno aprobó en 2009 ‘perdonarle’ a la empresa de Petrov 133.000 euros por tratarse de obras de “interés general”. Las protestas de la oposición no sirvieron para frenar la medida.

Según el escrito del juez, fue durante ese viaje a Rusia cuando Crespo y Petrov hablaron del asunto y el primero le prometió al segundo la rebaja en el impuesto. El presunto capo de la mafia rusa guardaba fotos de ese viaje en su ordenador de casa, registrado por agentes de la guardia civil el viernes 25 de enero, cuando fue detenido. Crespo y Petrov hablaron también en Rusia de la esponsorización de los equipos de fútbol y hockey de Lloret, a los que DDC destinó en total 270.000 euros durante cuatro años. Dos hijos de Crespo y su esposa, Guadalupe Oliva, juegan en el equipo de hockey de Lloret. Oliva es además la vicepresidenta. El presidente, Joan Pernarnau, que está también imputado en la causa por cohecho, ha dimitido esta mañana del cargo.

Petrov también regaló a Crespo un reloj de 3.000 euros, botellas de vino, cestas de Navidad y un segundo viaje a Rusia, esta vez con el actual alcalde de Lloret, Romà Codina, el concejal de Urbanismo imputado en la causa, Josep Valls, y varios empleados municipales. El presunto ‘capo’ se habría hecho cargo de los costes del viaje en clase 'business' y de los gastos del viaje así como de abonar habitaciones de hotel más caras de las previstas. Codina negó con rotundidad que Petrov hubiese pagado parte o la totalidad de ningún viaje a Rusia de miembros del equipo municipal actual o de la época de Crespo y declaró que todos los viajes a las ferias de turismo los ha pagado el organismo municipal Lloret Turisme.

En las conversaciones estuvo presente Pilar Gimeno, la arquitecta que trabajaba para Petrov, a quien este también invitó junto con toda su familia. Gimeno, que se encuentra en prisión y a quien se atribuyen los delitos de blanqueo de capitales, cohecho y falsedad en documento mercantil, es una “gran amiga personal” de Crespo, según el juez. Se da la circunstancia que una de las arquitectas municipales de Lloret de Mar ha trabajado en el pasado para Gimeno.

Petrov ya había pedido en 2007 al ayuntamiento que cambiase el plan de ordenación urbana para modificar los usos de los terrenos de la antigua plaza de toros, que estaban destinados en un principio a una residencia para deportistas. El capo ruso “se vio obligado” a aceptar el patrocinio de los clubes de fútbol y hockey porque era “la única forma” de conseguir que el ayuntamiento modificase los usos del terreno. Fue el propio Crespo quien hizo la propuesta e incluso sugirió la forma de pago mediante cheques. El presunto mafioso tuvo también que construir unos vestuarios de 300 metros cuadrados para el equipo de fútbol, una obra que le costó 24.000 euros. El club de fútbol está presidido por el entonces concejal de Urbanismo, Josep Valls, y actual teniente de alcalde, imputado por prevaricación y soborno. Sus hijos y los de Gimeno jugaban en los clubes de fútbol y hockey.

El pleno municipal de Lloret terminó aprobando el cambio de usos propuesto por Petrov y una serie de medidas que beneficiaron a DDC, entre ellas la reducción del espacio destinado a oficinas a favor del uso comercial. Todo a pesar de las protestas amargas de la oposición, que ya en ese momento denunció que se estaba haciendo un “traje a medida” de la empresa. El juez Velasco destaca que el trato de favor que el concejal Valls, por órdenes de Crespo, dispensó a Petrov, también se le dispensó a dos promotores inmobiliarios de Girona

más información

NOTICIAS RELACIONADAS
EN EL PAÍS

EN OTROS MEDIOS