miércoles, 17 de junio de 2009

EL SUPREMO INVESTIGARÁ UN PRESUNTO BLANQUEO DE BÁRCENAS EN EL CARIBE


El alto tribunal debate si se queda con toda la causa o sólo con los aforados

JOSÉ YOLDI / JULIO M. LÁZARO - Madrid


El Tribunal Supremo admitirá su competencia para investigar la presunta corrupción del senador Luis Bárcenas, tesorero del Partido Popular; del diputado nacional de ese partido Jesús Merino y del eurodiputado popular Gerardo Galeote, implicados todos ellos en el denominado caso Gürtel, según informaron ayer fuentes jurídicas.

* El calendario de plenos impide que sean citados hasta septiembre
* Crece el clamor en el PP para que dimita el tesorero, pero Rajoy espera a ver la acusación

TS
(Tribunal Supremo)
A FONDO

Sede:
Madrid (España)

Directivo:
Francisco José Hernando Santiago (Presidente)

PP
(Partido Popular)
A FONDO

Sede:
Madrid (España)

La fiscalía quería que la totalidad de la instrucción pasara al Supremo

La Abogacía del Estado se personará por perjuicios a la Hacienda pública

El debate en la Sala de lo Penal, la encargada de enjuiciar el caso, no es si el Supremo admitirá hacerse cargo de la investigación de los tres aforados, sino si se hará cargo de la instrucción de toda la causa como sugería Antonio Pedreira, juez instructor en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, o sólo de la que se refiere a los tres aforados.

Pedreira había asumido las tesis defendidas por la Fiscalía que sostenían que todo el caso está entrelazado y que no sería ni conveniente ni adecuado desglosar las partes referidas a los aforados. Uno de los casos que presuntamente afecta a Bárcenas se refiere a un presunto delito de blanqueo de dinero en un paraíso fiscal, una pequeña isla del Caribe, del que habría que averiguar la procedencia del dinero y para ello es imprescindible que no se desglose de la trama principal.

Además, los presuntos delitos de cohecho se refieren a adjudicaciones ilegales, por lo que la investigación quedaría coja o incompleta si no se pudieran vincular los primeros con las segundas.

No obstante, el Tribunal Supremo es soberano en esa cuestión y podría pronunciarse por investigar únicamente lo referido a los imputados que tienen fuero por razón de su cargo y dejar el resto al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, o incluso nombrar un instructor delegado, aunque no parece probable esta última solución.

La advertencia realizada por Pedreira sobre la posible prescripción de los delitos no preocupa en el alto tribunal. De acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, la prescripción se interrumpiría desde el mismo momento en que el Supremo admitiera su competencia en el caso, ya que la exposición razonada del instructor se refiere a los tres aforados y, por tanto, ya habría una causa dirigida contra ellos. No sería necesario que se solicitara su suplicatorio para que acudieran a declarar en calidad de imputados.

El Supremo podría estudiar incluso la opción de que los imputados declarasen voluntariamente sin necesidad de que el alto tribunal tramitase el suplicatorio. El fiscal Juan Ignacio Campos, que se hará cargo de la acusación pública en el caso Gürtel en el Supremo, apoyaría esta solución, aunque es improbable que la acepten los imputados.

Mientras tanto, Antonio Pedreira, encargado de continuar con el proceso en tanto el Supremo no admita su competencia, ha citado a declarar el próximo jueves, por petición del Ministerio Fiscal y en calidad de testigos, a Miguel González Martín y a Isabel Fernández Chacón de Lucas, empleados de la Empresa Municipal de Suelo de Boadilla del Monte (Madrid).

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, anunció que la Abogacía del Estado se personará en el caso Gürtel en representación de la Agencia Tributaria (AEAT) al haber aparecido indicios de delitos contra la Hacienda pública. Caamaño replicó así a unas declaraciones del vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, que afirmó que la actuación de jueces y fiscales se debe al "mal perder" del Gobierno central en las elecciones europeas.

Caamaño afirmó que el Ministerio de Justicia "no ha cambiado de opinión" tras los resultados electorales del 7 de junio, pero la diferencia estriba en los delitos contra Hacienda, ya que "la Hacienda pública somos todos nosotros".

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* Fotografía: Jesús Merino

ELPAÍS.COM

LA ALCALDESA DE LA MUELA LE DICE AL JUEZ QUE SÓLO MIRÓ POR EL INTERÉS DEL MUNICIPIO


R. PÉREZ | ZARAGOZA

La alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, volvió a declarar ayer ante el juez de La Almunia de Doña Godina, Alfredo Lajusticia, que instruye el caso por la trama de corrupción urbanística de esa localidad. Pinilla, que está en prisión desde el 23 de marzo, no ha renunciado a su acta de concejal y se mantiene como alcaldesa, aunque sus funciones las ejerce temporalmente otra miembro de la Corporación. María Victoria Pinilla fue trasladada desde la cárcel de Zuera (Zaragoza) a los juzgados de La Almunia, donde ayer prestó su tercera declaración ante el juez.

En este caso su comparecencia se centraba en los dos últimos delitos que se le han imputado, los de cohecho y malversación de caudales públicos. A ellos se añaden siete más, entre ellos prevaricación y tráfico de influencias.

Como en las ocasiones anteriores, Pinilla fue recibida por un entusiasta grupo de familiares y amigos, que le gritaron mensajes de ánimo y de apoyo. En el interior del juzgado incluso pudo permanecer durante unos minutos con sus hijos, su marido y su hermana.

Dinero para el club de fútbol

Durante su declaración ante el juez, la alcaldesa negó las acusaciones e insistió en que su gestión estuvo guiada exclusivamente por el interés del municipio. Así lo indicó a los medios de comunicación su abogada, Xenia Cabello. Al término de la comparecencia ante el juez, Cabello dijo que Pinilla explicó al magistrado que ha mirado «única y exclusivamente por los intereses del municipio».

Ayer el interrogatorio se centró en los fondos dirigidos al club de fútbol de la localidad y los patrocinios recabados con posibles implicaciones urbanísticas. Xenia Cabello explicó que, a este respecto, la alcaldesa afirmó que «lo único que ha hecho es preocuparse sobre todo por los chavales, por la escuela municipal de fútbol y por que estos chavales hicieran actividades que realmente pudieran redundar en su beneficio».

Por su parte, el dueño de la empresa Sagain, Francisco Aramburu, que también declaró ayer ante el juez de La Almunia, reconoció haber realizado algún patrocinio deportivo en La Muela, pero negó que estuviera condicionado a «alguna gestión del Ayuntamiento». Aramburu es uno de los 30 imputados por la trama urbanística, dos de los cuales están en prisión, la alcaldesa y el concejal Juan Carlos Rodrigo Vela.

Trámites urbanísticos

En calidad de testigo, el juez instructor también tomó declaración ayer a la secretaria de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio, Eva Salas. Negó que hubiera recibido presiones para tramitar expedientes de recalificaciones urbanísticas en La Muela. Tras la declaración de Salas, es de prever que se llame a más técnicos como testigos, a fin de aclarar diversos trámites que dieron luz verde a millonarios proyectos urbanísticos.

ABC.ES

EL EX ALCALDE DE SAN MIGUEL DE ABONA, IMPUTADO POR PREVARICACIÓN Y MALVERSACIÓN

* También fueron detenidas otras tres personas.
* Investigan procesos irregulares en el anterior equipo de gobierno.
* CONSULTA AQUÍ MÁS NOTICIAS DE TENERIFE.

Minuteca todo sobre: * Corrupción

EFE

La Guardia Civil detuvo este martes al ex alcalde de la localidad tinerfeña de San Miguel de Abona, Arturo González (CC), que fue imputado provisionalmente por prevaricación y malversación de caudales públicos, informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

El ex interventor está imputado por usurpación de funciones públicas

En este caso, que está bajo secreto de sumario, también fueron detenidos Nicolás Rojo Garnica, ex interventor del Ayuntamiento, y los empresarios José Luis Bello Pérez y Wenceslao Rodríguez Santos.

El ex interventor está imputado por usurpación de funciones públicas, y los dos empresarios, por tráfico de influencias y cohecho.

La investigación judicial en el Ayuntamiento de San Miguel de Abona, municipio situado en el sur de la isla de Tenerife, se abrió tras una denuncia sobre obras y facturas realizadas por el anterior gobierno municipal, encabezado por Hernández González.

En el pasado mandato municipal, Coalición Canaria, que ahora se encuentra en la oposición, gobernaba con mayoría absoluta este ayuntamiento tinerfeño.

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20MINUTOS.ES

DE COSPEDAL: "PONGO LA MANO EN EL FUEGO POR MI FAMILIA Y POCO MÁS"


'CASO GÜRTEL'

Tres aforados del PP, bajo sospecha



La secretaria del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. | Efe







* Ve un intento de politizar la cuestión al personarse el Gobierno como acusación
* Habrá 'que actuar con máxima contundencia y con actuaciones ejemplarizantes'

Efe | Madrid

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha mantenido la defensa al tesorero del partido, Luis Bárcenas, y ha insistido en que está sufriendo una "situación de indefensión inaceptable".

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) remitió la causa al Tribunal Supremo (TS), al que pide que llame a declarar como imputados "con carácter urgente" a tres aforados del PP: el tesorero nacional del partido y senador, Luis Bárcenas, el eurodiputado en funciones Gerardo Galeote y el diputado de esta formación en el Congreso Jesús Merino, al haber hallado "indicios suficientes" para imputarlos por presuntos delitos de cohecho y contra la Hacienda Pública.

En una entrevista en TVE, De Cospedal ha señalado que para una imputación por cohecho es necesario que la persona tenga un cargo público, y Bárcenas "nunca lo ha tenido". Sobre los supuestos delitos fiscales sólo ha dicho que se tendrán que investigar.

Sin embargo, a la pregunta de "¿pondría usted la mano en el fuego?" por los aforados del PP, la secretaria general del partido respondió que "este tipo de expresiones las uso con mi familia y poco más".

De Cospedal ha insistido en que Luis Bárcenas no ha recibido aún "conocimiento oficial" de la causa judicial que se investiga contra él ni sabe "de qué se le acusa", y ha recordado que el PP "tomará las decisiones oportunas de acuerdo con lo que salga" de la investigación judicial y se ha mostrado "convencida" de que Bárcenas "también" lo hará.

La secretaria general del PP ha considerado además "una suerte de intento de politizar esta cuestión" la decisión del Gobierno de personarse como acusación en el "caso Gürtel" después de que la Agencia Tributaria (AEAT) viera indicios de la posible comisión de delitos contra la Hacienda Pública.

Tras recordar que la presunción de inocencia y las garantías constitucionales "tienen que valer para todo el mundo", De Cospedal ha hecho hincapié en que es "inconcebible en democracia" que se esté produciendo un "juicio" en los medios de comunicación contra una persona que no sabe por el Juzgado "quién le acusa ni de qué".

Ha añadido que si el Tribunal Supremo acepta su competencia en el "caso Gürtel" remitido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y "de acuerdo con el contenido de la imputación" que pueda hacer contra Bárcenas, el PP tomará la decisión que sea "más procedente".

"Vamos a ver lo que pasa. Creo que en estos temas hay que actuar con máxima contundencia y con actuaciones ejemplarizantes. El PP lo ha hecho", ha manifestado.

Por último, De Cospedal ha señalado que, a raíz de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación, Bárcenas "ha puesto a disposición" del partido "su patrimonio y sus declaraciones de hacienda, donde figuran todos los bienes que tiene".

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ELMUNDO.ES

LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ANDALUZ INVESTIGARÁ EL "CASO CHAVEZ"


ANDALUCÍA

Subvencionó a la empresa de su hija con 10 millones de euros


El vicepresidente Manuel Chaves, en una sesión de control al Gobierno. | B. R.








* Manos Limpias ve 'nepotismo' y 'tráfico de influencias' en la subvención
* Es la primera acción interpuesta ante los tribunales tras conocerse el caso

Antonio Salvador | Sevilla

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto una investigación para dictaminar si hubo delito en el caso Chaves. Concretamente, el Ministerio Público averiguará si el actual vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, cometió un delito de tráfico de influencias al ratificar una subvención de más de 10 millones de euros, cuando aún era jefe del Ejecutivo autonómico, a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), de la que es apoderada su hija, Paula Chaves Iborra.

En un escrito fechado en Granada el pasado 9 de junio, al que ha tenido acceso EL MUNDO, la Fiscalía del Alto Tribunal andaluz abre diligencias de investigación (40/2009) a raíz de la denuncia presentada el día anterior, 8 de junio, por Manos Limpias.

El sindicato de funcionarios también ha emprendido una acción en la vía administrativa contra el actual vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial.

Se trata de la primera acción interpuesta ante los tribunales a raíz de que este periódico desvelara que el Ejecutivo andaluz concedió un incentivo de 10,1 millones de euros a Matsa, sin que Manuel Chaves se hubiera inhibido de firmarlo cuando se ratificó en el Consejo de Gobierno, el pasado 20 de enero, como exige la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía.

Elementos subjetivos y objetivos en la denuncia

En su denuncia ante la Fiscalía del TSJA, Manos Limpias entiende que concurren en el caso los elementos subjetivos (Chaves como alto cargo de la Junta y su hija como apoderada de Matsa) y objetivos (relación de parentesco entre ambos y que el alto cargo conociera el asunto), así como el nexo del tipo penal (coincidencia en el tiempo), que justificarían la comisión de un delito de tráfico de influencias.

El sindicato de funcionarios cimenta su denuncia precisamente en el propio criterio que fijó la Fiscalía del TSJA cuando, en octubre de 2006, archivó su denuncia contra Leonardo Chaves González -hermano del ex presidente andaluz y entonces director general de Tecnología e Infraestructuras Deportivas de la Junta- por delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios y tráfico de influencias al adjudicar una obra a una empresa (Climo Cubierta) a la que asesoraba otro hermano Chaves (Antonio José).

La resolución del Ministerio Público, firmada por Luis Salcedo Faura, acabó entonces eximiendo a Leonardo Chaves con el argumento de que éste no habría incurrido en incompatibilidad al firmar aquella adjudicación porque, cuando ésta se produjo, su hermano Antonio José ya no figuraba (al menos formalmente) como apoderado de la empresa que se hizo con el contrato.

El propio fiscal admitió en su decreto de archivo que, si se hubiera dado esa coincidencia temporal, es decir, que la adjudicación se hubiese producido cuando Leonardo Chaves era director general y Antonio José todavía era apoderado de la empresa, sí se habría dado una situación de incompatibilidad.

Vulneración de la Ley de Incompatibilidades

Aplicado ese mismo argumento al caso de la subvención en favor de Matsa, se estaría ante una supuesta vulneración de la Ley de Incompatibilidades, ya que Manuel Chaves, como presidente andaluz, aprobó en Consejo de Gobierno la ratificación del incentivo a favor de la empresa minera, siendo su hija Paula apoderada de la sociedad beneficiaria y, por tanto, la encargada de gestionar y firmar la ayuda.

En paralelo, el sindicato de funcionarios ha interpuesto una denuncia administrativa contra Chaves, al entender que el ex presidente andaluz cometió una "infracción muy grave" de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta, al no inhibirse en la ratificación de la ayuda.

Manos Limpias considera que se ha producido un "daño moral manifiesto" a la Administración andaluza, al haberse practicado la "figura del nepotismo y el tráfico de influencias".

El órgano competente para instruir este procedimiento es el Consejo de Gobierno que Chaves presidió hasta que dimitió en abril para asumir la Vicepresidencia Tercera del Gobierno.

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