jueves, 20 de mayo de 2010

EL JUICIO DE "MALAYA" TENDRÁ 95 ACUSADOS Y EMPEZARÁ EL 27 DE SEPTIEMBRE

TRIBUNALES Corrupción en Marbella
Efe Málaga

El juicio contra la mayor trama de corrupción en un ayuntamiento, el de Marbella, conocida en la historia de España, el 'caso Malaya', tendrá 95 acusados y empezará en la Audiencia Provincial de Málaga el próximo 27 de septiembre.

El tribunal que juzgará el procedimiento ha acordado citar a las partes a las 10.00 horas del 27 de septiembre para el inicio de las sesiones del juicio oral, que empezarán con el examen de las posibles cuestiones previas, según un auto al que ha tenido acceso Efe.

En dicha resolución judicial, que consta de 19 folios, se acuerda la apertura del juicio contra 95 procesados, entre los que figuran el ex asesor de Urbanismo del consistorio marbellí Juan Antonio Roca, presunto cerebro de la trama, y los ex alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe.

Durante la instrucción del procedimiento, que determinó incluso la disolución del Ayuntamiento de Marbella, hubo más de un centenar de procesados, pero algunas ramificaciones de la investigación han conllevado que se deduzca testimonio para su investigación y persecución en procedimientos penales separados.

Los magistrados argumentan que un proceso penal no puede mantenerse abierto indefinidamente a resultas de nuevas noticias delictivas, ampliando el número de delitos y de procesados hasta el límite de hacer ingobernable el proceso.

Además, el tribunal recuerda que numerosas defensas han denunciado "el carácter mastodóntico de este macroproceso", por lo atendiendo a criterios de necesidad y proporcionalidad no pueden tener cabida en el mismo hechos nuevos, porque sería "ingobernable, y en definitiva, imposible de celebrar".

Extinción de responsabilidadesLa Sala también acuerda en el auto judicial la extinción de la responsabilidad penal de tres procesados fallecidos, la rebeldía de otros tres (los ex concejales del Ayuntamiento de Marbella Carlos Fernández y Javier Lendínez y el empresario José Manuel Llorca) y el sobreseimiento provisional de otro.

Los magistrados entienden que la complejidad de la causa, el elevado número de procesados y el hecho de haber cesado el juez instructor "hacen conveniente, para evitar dilaciones en su tramitación, que se acepte la conclusión del sumario" y que se remita la investigación de algunos hechos a procedimientos separados "para su adecuada depuración y sanción".

En los fundamentos jurídicos se argumenta que "el sumario puede considerarse completo por haber sido practicadas todas las diligencias esenciales para su perfección".

Además, para garantizar los derechos de los abogados personados en el procedimiento, el Tribunal concede a las partes la posibilidad de plantear aquellas cuestiones previas que no se hayan resuelto todavía por la Sala.

En la misma línea, los magistrados admitirán antes de la vista oral aquellas pruebas que consideren pertinentes y necesarias para garantizar los intereses de los procesados.

Pero el Tribunal advierte a los letrados de que las pruebas tendrán que estar justificadas de forma razonada y que no pueden suponer un fraude procesal así un obstáculo a los principios de contradicción e igualdad.

Los magistrados afirman que "existen indicios (que no pruebas) suficientes para decretar la apertura de juicio oral contra los procesados, sin perjuicio, claro está, de lo que pueda realmente llegar a acreditarse respecto a la verdadera naturaleza de los hechos aparentemente delictivos imputados".

Por último, el Tribunal acuerda dar al ministerio fiscal y a las acusaciones un plazo de treinta días naturales para que califiquen por escrito los hechos.

"CASO MERCASEVILLA"; LA JUEZA AMPLÍA LA INVESTIGACIÓN A OTRA VEINTENA DE POSIBLES DELITOS

Admite la ampliación de la querella presentada por el PP
La juez pide documentación sobre la financiación de los ERE y pagos con Visa
También quiere investigar los gastos de consultoría y la concesión de becas

Efe Sevilla

La juez que instruye el caso Mercasevilla ha ampliado su investigación a un nuevo delito societario y ha pedido documentación sobre veinte posibles hechos delictivos, entre ellos la financiación de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), los pagos con Visa, los gastos de consultoría, la concesión de becas y el reparto de dividendos.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, la juez de instrucción 6 de Sevilla acepta la ampliación de la querella presentada por el PP, partido que presentó la primera denuncia por la presunta petición de comisiones ilegales en Mercasevilla, luego ampliada a lo que la juez ha denominado "adjudicación fraudulenta" de la venta de sus terrenos.

La juez dirige las nuevas diligencias contra los directivos de Mercasevilla ya imputados Fernando Mellet, Daniel Ponce y Pilar Giraldo, pero añade que ello se hace "sin perjuicio de que la presente instrucción pueda extenderse a cualesquiera otras personas que aparecieran indiciariamente responsables".

El PP dirigió esta ampliación de querella contra el concejal de IU Antonio Rodrigo Torrijos, el actual gerente de Mercasevilla, Juan Carlos Recio, el ex concejal Gonzalo Crespo y los altos cargos designados por la empresa estatal Mercasa: Ángel Gil Pascual y José Ignacio Fernández Estellés.

El auto solicita información sobre veinte apartados contables y de gestión, el organigrama y retribuciones de la Fundación Mercasevilla desde su fundación, sus libros de cuentas, estados de gestión, contratos de préstamo y convenios, ordena a la Policía que informe sobre "los procedimientos de contratación" y pide que la Intervención General del Estado analice toda esta documentación.

Entre los hechos que deben investigarse, cita la financiación del Expediente de Regulación de Empleo de Mercasevilla en los años 2007 y 2010, pues si resulta no ser cierto el compromiso de pago por parte de la Junta de Andalucía, "dicha partida de 9 millones de euros realmente tendría que registrarse como pérdida y ello podría general que la sociedad incurriera en causa de disolución".

La juez requiere a Mellet sus pagos con tarjeta Visa no justificados entre 2007 y 2009, los gastos de viajes de Ponce y solicita información sobre una beca de estudios concedida a la hija del presidente de la Asociación de Mayoristas, entre otros.

Además pide investigar el doble pago de las conferencias de un Foro Jurídico celebrado en Sevilla y la "legalidad de los pagos" a Maginae Solutions -empresa vinculada a UGT y a su dirigente Juan Lanzas- y Hermes Consulting por mediar en el ERE".

También pide que se investigue por qué Mercasevilla ha tenido que asumir los costes del IRPF a los trabajadores incluidos en el ERE, si ha habido un "trasvase fraudulento" de trabajadores de Mercasevilla y su Fundación, así como la existencia de un trasvase de gastos e ingresos entre ambas.

Incluso la juez pretende que el Instituto de Contabilidad y Auditoría (ICAS) del Ministerio de Economía determine por qué las irregularidades detectadas por la consultora Deloitte tras la primera investigación judicial en Mercasevilla no fueron detectadas por la entonces empresa auditora, Price Waterhouse, que hizo el informe de auditoría de 2008.

Dice la juez en su auto que todos estos hechos suponen una "amalgama que conllevaría una gestión desleal de Mercasevilla, generándole importantes perjuicios económicos".

Entre otros, ordena investigar por qué en abril de 2008 la Junta General de Accionistas de Mercasevilla acordó repartir dividendos por importe de 90.000 euros, de los cuales 46.116 eran para el Ayuntamiento, ya que "podría resultar contrario a cualquier procedimiento contable registrar dicha partida como ingreso".