viernes, 17 de abril de 2009

EL PP EXHIBE SU TRIADA GÜRTEL EN SEVILLA




Bárcenas, Galeote y Costa aseguran estar “tranquilos”


Al parecer Mariano Rajoy no sólo cobija sino que además exhibe a Luis Bárcenas, tesorero del PP que ayer sorprendió a propios y extraños al llegar a la XIV Unión Interparlamentaria del partido celebrada en Sevilla. Nadie le esperaba: no suele acudir a este tipo de eventos, y rehúye a la prensa desde que el juez Baltasar Garzón le señaló como presunto beneficiario de 1,35 millones de euros en sobornos de la trama Gürtel. Y, sin embargo, el responsable de las finanzas del grupo se presentó y se sentó en primera fila, un gesto con alta carga simbólica. Le acompañaron en su gesta otros dos implicados en el proceso judicial: el eurodiputado del grupo, Gerardo Galeote, y el secretario general de la formación en Valencia, Ricardo Costa. Con mayor o menor profusión, la triada del PP vinculada al caso Gürtel intentó exhibir “tranquilidad”. En defender su inocencia ni se molestaron: en palabras de Galeote, “ya está demostrada”.

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Bárcenas fue la sorpresa de ayer. Pocas horas antes de que apareciera, sus compañeros de filas ya habían empezado a excusar su ausencia indicando que él no suele ir a estos eventos, informa Público. No contaban con que, al parecer, a Génova no le basta con cobijar a los implicados: quiere exhibirlos para dar la apariencia de normalidad.

Bárcenas, “absolutamente tranquilo”…
Sólo así se explica que el tesorero, un hombre poco dado a estos eventos –de hecho, ni siquiera estuvo el martes pasado en la cita de Rajoy con el Grupo Parlamentario- acudiera a la Interparlamentaria y se sentara en primera fila. Bárcenas continúa siendo, sin embargo, parco en palabras: a su llegada se limitó a declararse “absolutamente tranquilo”, y a su salida optó por una maniobra evasiva y se dirigió al a puerta trasera.

…y Galeote también
Algo parecido ocurrió con Gerardo Galeote, acosado por la prensa al entrar al recinto semivacío donde se celebraba la reunión. Preguntado sobre si estaba tranquilo, el eurodiputado redundó en palabras pero no en detalles: “Sí, sí, sí…”, dijo. Sobre su inocencia fue contundente: “Ya está demostrada”, aseguró.

Coordinador de mesa redonda
Por la tarde, el europarlamentario acudió a una mesa redonda sobre la Unión Europea como coordinador. Más relajado y más accesible, aprovechó para elogiar al número uno de las listas del PP a las europeas, Jaime Mayor Oreja, aunque trasladó la decisión sobre su repetición en dichos comicios a Génova y al presidente del Comité para estos fines, Miguel Arias Cañete.

Repetición probable
Según las fuentes de El País, Rajoy piensa incluir a Galeote en las listas y podría ir de número tres, pero el líder está esperando por si hay alguna novedad judicial antes del día 4 de mayo, fecha tope para cerrar las candidaturas. La repetición disgusta a las bases y no entusiasma ni al mismo Mayor Oreja, dicen los informantes del marianista diario La Razón, pero según explica el rotativo de Prisa tras el aparente cierre de filas estaría el temor a mostrar a eurodiputado y tesorero como culpables y, sobretodo, a dejar en evidencia la negativa de Bárcenas a dimitir,

Costa, confiado
El tercer tenor, Ricardo Costa, ha sido más prolífico en declaraciones. “Que yo sepa no se nos ha implicado en la trama Gürtel. Es un caso abierto. Esperamos que el tribunal competente asuma la causa con rapidez y se demuestre que todas las acusaciones son falsas. Confío en la justicia”, ha señalado, obviando, no obstante, que la Fiscalía sí ha visto indicios en su contra y que . Para el secretario general del PP valenciano, las acusaciones en su contra son “infundadas y falsas” al tiempo que se le somete a un “juicio paralelo y mediático”.

Rapidez
Costa ha enfatizado en que Gürtel es un proceso judicial “abierto, para el que el partido pide máximo respeto y ofrece la máxima colaboración”, mostrándose esperanzado en que los tribunales asuman “la causa con rapidez” y en que esta “se resuelva cuanto antes”. En el último extremo discrepa el fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien ayer vaticinó que al caso le quedan “muchos años” por delante.

ELPLURAL.COM

EL FISCAL PIDE 8 AÑOS DE INHABILITACIÓN PARA LA EX ALCALDESA DE AGUADULCE(ALMERÍA) POR PRESUNTA PREVARICACIÓN

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SEVILLA, (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Sevilla reclama una pena de nueve meses de prisión y ocho años de inhabilitación para la ex alcaldesa del municipio de Aguadulce Isabel Ortiz Fernández (PSOE) por un presunto delito de prevaricación que la ahora concejal de la localidad supuestamente cometió al conceder una licencia urbanística que incumplía la legislación vigente.

En el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal explica que un vecino del municipio, identificado como M.B.Q., presentó a la alcaldesa el 10 de julio de 2006 una solicitud de licencia urbanística para construcción e instalación de naves para ampliación de granja de engorde de pavos, con presupuesto de 222.135 euros.

Según sostiene el Ministerio Público, las parcelas están ubicadas en suelo que tiene la clasificación de suelo no urbanizable por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Aguadulce, aprobado definitivamente el 19 de octubre de 2005.

Tras la citada solicitud, el arquitecto técnico municipal emitió un informe previo el 18 de octubre de 2006, en el que se advertía que "podía llevarse a cabo la actuación solicitada si antes se presentaba un proyecto de actuación, con declaración de utilidad pública e interés social conforme a los trámites previstos en la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía".

Asimismo, el informe hacía saber a la acusada como alcaldesa que "si se aportaba el proyecto de actuación se podría admitir a trámite y se deberían entonces solicitar los informes sectoriales oportunos, así como el preceptivo de la --por entonces competente-- Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, previa autorización municipal".

Del mismo modo, el 19 de octubre del mismo año, la secretaría del Ayuntamiento informó por escrito a la acusada de que "eran necesarios esos requisitos", entre ellos los previstos en el artículo 42 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que "proponía desestimar la petición de licencia hasta que se observara la normativa vigente, que se detallaba".

Para el fiscal, pese a esas advertencias, la acusada, "consciente de la ilegalidad de su proceder, sin recabar aquel proyecto de actuación ni los informes sectoriales de otras oficinas públicas que expresamente se le indicaban, dictó resolución el mismo día 19 de octubre por la que se concedía la licencia con arreglo a las especificaciones contenidas en el proyecto presentado, si bien no fue efectivamente aportado el imprescindible proyecto de actuación".

"Precisó que el autorizado debía presentar el proyecto de actuación, pero aún así no se condicionaba a ello la eficacia de la licencia", prosigue el fiscal, quien agrega que todo esto "dio lugar a que se ejecutaran buena parte de las obras ilegales", aunque "fueron paralizadas el 21 de noviembre de 2007 cuando se supo de las irregularidades, por resolución del alcalde que sucedió a la acusada".

INFORMES DESFAVORABLES

Después de concederse la licencia, la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca (Oficina Comarcal Agraria de Osuna) emitió un informe de 3 de agosto de 2007 exponiendo que la ampliación solicitada no podía ser concedida porque no se cumplían las distancias mínimas exigidas respecto a otras instalaciones en granjas avícolas (500 metros), especificando que con una simple visita a la zona, en los ruedos de Aguadulce, no tendría sentido solicitar este informe. La licencia concedida incumplía pues lo prevenido en el art. 4.9.c del RD 1084/2005, de 16 de septiembre, de Ordenación de la Avicultura y Carne.

Asimismo, la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Obras Públicas y Transportes emitió el 12 de julio de 2007 otro informe que mostraba el incumplimiento de otras normas urbanísticas en el proyecto autorizado por la licencia que había dado la acusada.

En consecuencia, el fiscal entiende que la acusada concedió la licencia sin analizar el contenido de un proyecto de actuación urbanística que "ni siquiera existía", sin recabar tampoco informes sectoriales que eran imprescindibles antes de la licencia y contra el criterio manifestado por los técnicos incluso el mismo día de conceder la autorización manifiestamente ilegal.

Por todo ello, el Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de un delito sobre la ordenación del territorio por prevaricación, por el que solicita imponer a la acusada la pena de nueve meses de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por periodo de 8 años.

EUROPAPRESS.ES