miércoles, 18 de mayo de 2011

"CASO ANDRATX"; HIDALGO ASEGURA QUE NUNCA USÓ EL AYUNTAMIENTO PARA CERRAR EL PARKING DE ALEMANY

La alcaldesa achaca esta actuación a 'represalias'

* 'Me dijo que iba a ir a por mí y a por mi familia, y que me iba a cortar el cuello'

Europa Press | Palma

El ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, ha asegurado que nunca utilizó el Consistorio para decretar "por inquina y venganza" el cierre del parking de la actual primera edil Isabel Alemany (UM), una actuación que llevó a cabo de forma presuntamente irregular y por la que la Fiscalía solicita dos años de prisión contra el inculpado mientras que la acusación particular, ejercida por Alemany, pide un total de tres.

Durante el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal número 6 de Palma después de haber sido pospuesto en numerosas ocasiones, Hidalgo, sobre quien pesan por estos hechos un presunto delito continuado de coacciones y otro de prevaricación, ha recordado que en julio de 2006 firmó el decreto para paralizar la actividad del aparcamiento al considerar que éste no contaba con licencia, y que lo hizo amparado por la legalidad y varios informes técnicos y jurídicos que avalaban el cierre.

"Si te cuatro jurídicos no me puedo fiar...", ha espetado en este sentido el ex alcalde del PP, quien ha sido conducido hasta los Juzgados de Vía Alemania desde el centro penitenciario de Palma, donde cumple condena por las dos primeras piezas del caso Andratx que fueron juzgadas.

Por su parte, Alemany, también vicepresidenta primera del Parlament, ha aseverado que Hidalgo procedió a cerrar la instalación, propiedad en concreto de la madre de la alcaldesa, como represalia por "haber denunciado el caso Montport, por no haberme callado estando en la oposición y porque me negué a dar dos licencias en un Área Natural de Especial Protección (ANEI)" cuando Alemany estaba en la oposición. "Me dijo que iba a ir a por mí y a por mi familia, y que me iba a cortar el cuello", ha asegurado.

Tal y como postula la acusación particular en su escrito de calificación después de que desde finales de 2005 y durante 2006 Alemany -entonces regidora y portavoz de UM- promoviese diversas actuaciones contra Hidalgo por supuestas irregularidades urbanísticas, el entonces primer edil, "abusando" de su cargo, ordenó paralizar y clausurar de forma inmediata la actividad y las instalaciones del aparcamiento propiedad de la madre de Alemany, ubicado en Sant Elm.

Un parking que, según defiende la acusación, se encuentra al aire libre y en funcionamiento en virtud de una autorización otorgada por el Ayuntamiento de Andratx en 1983, por lo que considera que la decisión de cerrarlo perseguía causar "graves perjuicios económicos" a Catalina Moyà -madre de Alemany- y con ello "perjudicar" a la edil. Y para ello, realizó diversas actuaciones a fin de "revestir de legalidad formal" el cierre.

Todo ello, relata la acusación particular ejercida por el abogado Miquel Borràs, "con la única y clara voluntad de perjudicar a Alemany" y con el "claro" objetivo de impedir el desarrollo de una actividad económica para la que se contaban con las correspondientes autorizaciones.

'Finalidad espúrea del acusado'
"La persistencia, voluntad y finalidad espúrea del acusado en lograr la clausura del aparcamiento al margen de cualquier interés general" se plasma, según Alemany, en que tras la presentación de una copia de la autorización de explotación, el entonces alcalde inició toda una serie de gestiones, a través de terceros, tendentes a lograr a la mayor brevedad posible informes que avalasen la existencia de un riesgo de incendio o de inundación en la zona.

Sin embargo, afirma que la "voluntad de represalia" de Hidalgo no se limitó a la decisión de paralizar la actividad del parquing, sino que "buscando el daño y el descrédito personal y político" de la regidora 'uemita', decisió reclamar a su madre la recepción de las obras y servicios del ámbito territorial del proyecto de urbanización del polígono número 1, sector III, de Sant Elm, así como requerir a Moyà para que procediera al pago del 10 por ciento del aprovechamiento medio, cuantificado por los servicios municipales en un millón de euros.


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"CASO MALAYA"; LA DEFENSA DE ROCA INTENTA DEMOSTRAR SU SOLVENCIA ANTE LOS PERITOS DE HACIENDA

José Carlos Villanueva | Málaga

La abogada defensora de Juan Antonio Roca, Rocío Amigo, ha intentado este miércoles demostrar, con sus preguntas dirigidas hacia dos peritos de Hacienda, la solvencia económica de su cliente al llegar al Ayuntamiento de Marbella en 1992. Todo ello para deslegitimar la acusación de blanqueo de capitales en esta fase del juicio por el caso 'Malaya'.

Durante un intenso interrogatorio dirigido a José Padín y Ramón Rey, los dos expertos de la Agencia Tributaria, Amigo ha tratado de desmontar el demoledor informe elaborado por los dos técnicos, expuesto la pasada semana en la vista oral, y cuya conclusión principal es que Roca estaba en quiebra. Así pues, difícilmente pudo desembarcar en el Consistorio marbellí con 6 millones de euros, en contra de lo que sostuvo el exasesor urbanístico durante su declaración.

Con posterioridad a la entrada de Roca en el urbanismo municipal marbellí la expresión del perito José Padín durante el interrogatorio habla por sí sola: "Había bienes apantallados en un entramado societario en el que había un incremento inusual de patrimonio".

La defensa ha esgrimido que desde 1986 cobraba 19 millones de las antiguas pesetas al año. Amigo ha recordado que Roca presentó un certificado de dichos emolumentos ante la Embajada de Estados Unidos, para demostrar la solvencia económica de su cliente a la hora de pedir un visado. Se trataba -ha aclarado Amigo- de un documento "firmado por el jefe de personal de una empresa".

Padín se ha preguntado en voz alta "qué relevancia puede tener un documento que se presenta ante una embajada, pero no ante Hacienda". Se trata, según la defensa, de papeles que se encuentran en una "brida traspapelada" y que serán analizados por el tribunal.

La defensa de Roca sostiene que su empresa Marbella Inversiones tenía activos suficientes para ser vendido por 36 millones de las antiguas pesetas antes de 1992. Ante esto los peritos han expuesto que parte de dichos activos no eran ni siquiera propiedad de la mercantil antes de deshacerse de ellos.

Para la letrada del exasesor municipal las bases para demostrar la solvencia de su cliente, antes de 1992, se asientan en una promoción de más de 40 viviendas en la región de Murcia; su sueldo real, no declarado, así como los gastos de la unidad familiar que para Amigo son menores de los que figuran en informes de la Agencia Tributaria. La administración apreció un gran desfase entre gastos e ingresos.

Los expertos tributarios han aludido a bienes que Roca llegó a incluir entre su patrimonio, de manera ficticia, sin ser suyos, a la hora de pedir financiación bancaria para acometer operaciones inmobiliarias, previas a su entrada en el Ayuntamiento de Marbella.

Lujosa vivienda
El pago de 14.000 euros al mes que efectuaba Roca por el alquiler de su lujosa vivienda en Marbella también ha sido objeto de debate. Para los peritos se trataba de un pago destinado a "ocultar" que el verdadero propietario de la vivienda, a nombre de dos sociedades gibraltareñas, era el principal acusado en la trama de corrupción municipal marbellí.

Los dos peritos han recordado que la Agencia Tributaria ya había dejado claro en un "procedimiento recaudatorio" que las dos viviendas unidas que formaban el céntrico y lujoso piso de Roca en Marbella eran de su propiedad.

Se da la circunstancia de que años antes de desatarse la operación 'Malaya' el entonces edil del PA en Marbella y ahora delincuente prófugo de la Justicia, Carlos Fernández, había llegado a denunciar ante Hacienda el entramado que había orquestado Roca con dos sociedades 'off shore' para camuflar la propiedad de su piso marbellí.

Fernández convocó una rueda de prensa y envió todos los datos de la compraventa al organismo recaudatorio. Años después pactaría en 2003, junto a su antaño enemigo Roca, la famosa moción de censura contra el entonces alcalde Julián Muñoz.

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EX ALCALDE SOCIALISTA DE LUBRÍN ACEPTA 20 MESES POR PREVARICACIÓN Y FALSEDAD

ALMERÍA | Autorizó la construcción de una casa en suelo protegido

Europa Press | Almería

El exalcalde socialista de la localidad almeriense de Lubrín, Juan López Camacho ha aceptado este miércoles penas de 20 meses de prisión y diez años de inhabilitación para empleo o cargo público por autorizar en 2005 la construcción de una vivienda en suelo de especial protección y falsear un documento público para certificar de manera "mendaz" que la edificación tenía licencia de primera ocupación.

Durante la vista oral celebrada ante el tribunal de la Sección Tercera, López Camacho ha mostrado conformidad con la calificación del fiscal, después de que modificase su escrito de acusación por el que interesaba inicialmente un total de cuatro años de cárcel por delitos de prevaricación y falsedad en documento público.

El fiscal ha rebajado a ocho meses de prisión la pena por el delito de prevaricación por el que solicitaba un año de cárcel y a doce meses de prisión la pena por falsedad al estimar que la expedición del certificado excedía de sus competencias como regidor por ser exclusiva del secretario municipal y que, por tanto, no cometió el delito en su condición de cargo público.

Considera el Ministerio Público que hay que calificar la actuación de López Camacho, que deberá hacer frente a una pena de multa de doce meses a razón de 12 euros al día, como la de un ciudadano que incurre falsedad documental con la agravante de carácter público. El fiscal ha mantenido las penas de siete y tres años de inhabilitación por cada uno de los delitos.

Otra de las acusadas en el procedimiento, M.B.C.L., directora técnica de la obra, también ha mostrado conformidad, en este caso con la calificación provisional de la Fiscalía y ha aceptado penas de seis meses de prisión y seis meses de inhabilitación para empleo u oficio relacionado con la construcción por un delito contra la ordenación del territorio por el que deberá hacer frente, asimismo, a una multa de doce meses a razón de seis euros al día.

La tercera persona enjuiciada, I.M.R.R., quien según el Ministerio Público promovió la construcción de la vivienda con una licencia de obras para almacén agrícola ya que sabía que no podía ser autorizada, ha rechazado esta misma pena y ha contestado a las preguntas del fiscal durante el acto de juicio.

I.M.R.R. ha defendido que la edificación es "un almacén agrícola" destinado a "guardar" la almendra que recolecta en nueve hectáreas de terreno y ha justificado la existencia de un porche en la necesidad de un "secadero" para el fruto. Ha asegurado que "no tenía ni idea" de que el suelo gozaba de especial protección y ha trasladado que, a su juicio, "debía haber sido la Administración la que me lo dijera", y su abogada ha solicitado libre absolución.


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CORRUPCIÓN Y TRANSFUGUISMO EN EL PARAÍSO URBANÍSTICO DE GONDOMAR

De izq. a dcha y detras de sus respectivos abogados: Alejandro Gómez Garrido, Borja Ramilo y José Luis Mosquera. | Efe
Serie sobre la corrupción

* El 90% del anterior gobierno local fue inhabilitado judicialmente
* La Audiencia condenó a dos concejales del PP por exigir dinero a promotores
* El ex alcalde y otros cuatro ediles, culpables de un delito de prevaricación
* El tripartito surgió de una moción de censura con cuatro tránsfugas del PSOE
* A dos meses del 22-M, prohíben a la secretaria emitir informes urbanísticos

Antonino García | Vigo

Gondomar está en permanente convulsión desde hace ya cinco años. El pequeño municipio del área metropolitana de Vigo vive rodeado de escándalos políticos que no cesan: inhabilitaciones, sentencias, mociones de censura, caceroladas y funcionarios con miedo a firmar cualquier tipo de resolución.

"No hay un caso Gondomar, sino que Gondomar es un caso en sí mismo", señalaba uno de los abogados que participaba en el juicio contra dos concejales por cohecho celebrado el pasado verano. La oposición asegura estar "harta" de que el nombre de su localidad aparezca "siempre" en los periódicos por "escándalos" y los trabajadores municipales desean que lleguen "cuanto antes" las elecciones para que se restablezca la normalidad.

Con poco menos de 14.000 habitantes, la localidad ha experimentado su explosión demográfica en la primera década del siglo XXI, en plena efervescencia de las constructoras e inmobiliarias. Situado a orillas del río Miñor, a sólo unos metros de las playas de la bahía de Baiona y a unos kilómetros de Vigo, Gondomar reunía las características necesarias para que la tentación del dinero fácil estuviese todos los días a las puertas de los concejales.

Lo que era un secreto a voces salió a luz pública en febrero de 2007. Con la ayuda de un gancho que simulaba su papel de intermediario, la Guardia Civil desmontaba una trama dedicada a extorsionar a promotores con intereses urbanísticos.

Condenas por cohecho
José Luis Mosquera, edil del Cultura, y Alejandro Gómez, de Urbanismo, fueron condenados por la Audiencia Provincial a 15 y tres meses, respectivamente, de inhabilitación para ejercer cargos públicos, así como a multas de 135.000 y 450.000 euros, aunque el segundo de ellos decidió recurrir la pena ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El sistema que utilizaban y que declaró probado el tribunal popular consistía en solicitar importantes cantidades de dinero, según la Fiscalía hasta un millón de euros, por "no poner trabas" a los convenios urbanísticos que ya habían sido aprobados. Durante su declaración, Mosquera llegó a decir que el dinero estaba destinado a financiar la campaña del PP en Uruguay y la de partidos independientes, así como la escisión de los tránsfugas del PSOE que dos años más tarde acabarían propiciando una moción de censura.

De aquel gobierno local del PP, el 90% está actualmente inhabilitado. Además de José Luis Mosquera y Alejandro Gómez, otros cinco ediles, incluido el ex alcalde Carlos Silva, fueron procesados y condenados por un delito de prevaricación continuada.

Licencias urbanísticas
En este caso, también estuvo implicado Mosquera junto al propio Silva y a los concejales Ángel Gregores, José Misa, Jaime Rial y Abelardo Meseses. El Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo condenó en diciembre de 2008 a los integrantes de la Comisión de Gobierno de Gondomar a un año y seis meses de prisión e inhabilitación por ocho años, por un delito de prevaricación urbanística. Tras el recurso, la Audiencia rebajó en junio de 2010 la pena al ex alcalde, aunque mantuvo una pena de seis meses de prisión y le inhabilitó para ocupar un cargo público durante siete años.

El fallo considera que en el periodo entre febrero de 2005 y enero de 2006 se concedieron licencias urbanísticas de forma ilegal, ya que se aprobaron al amparo de un Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) anulado y con informes desfavorables de los técnicos municipales.

Carlos Silva dimitió entonces de sus cargos como concejal de Economía, Hacienda y Personal, así como de su puesto como vicepresidente en la Diputación Provincial de Pontevedra. El ex regidor eludió el pasado verano su ingreso en prisión al ser absuelto de otro delito de falsedad documental que hubiera supuesto su encarcelamiento.

El escándalo de corrupción urbanística de 2007 tuvo un efecto inmediato en las elecciones municipales que estaba a punto de celebrarse y el PP perdió la Alcaldía a favor del BNG y el PSOE, que pactaron para que gobernase el nacionalista Antón Araúxo.

Moción de censura
Los dos concejales que perdieron los populares supusieron un gobierno de coalición que sólo duraría dos años. En julio de 2009, una moción de censura propiciada por tránsfugas le devolvía el bastón de mando en Gondomar.

Los socialistas Alfonso de Lis, Carlos Cabaleiro, Teresa Pereira y Manuel Gómez votaban a favor del nombramiento de Martín Urgal, segundo en la lista del PP tras Silva, junto con el independiente Manuel Núñez (Move Gondomar). El PSOE expulsaría de su formación a los cuatro ediles y la comisión de seguimiento del Pacto Antitransfuguismo los declararía tránsfugas un año después.

Durante los dos últimos años, la situación apenas ha mejorado en el Ayuntamiento de Gondomar y las denuncias continúan. "Por suerte o por desgracia ocupamos grandes titulares en periódicos de tirada nacional", señala Antón Araúxo. El BNG ha puesto en manos de la Fiscalía de Pontevedra la última controvertida decisión del gobierno local.

El alcalde dictó en febrero de 2011 una resolución mediante la que cesaba a la secretaria general y a la técnica de administración de sus funciones en materia urbanística. A cambio, decidía contratar durante seis meses por un importe de 17.500 euros a un asesor externo para realizar los informes favorables para conceder licencias.

"Tenemos que sacar adelante pequeñas obras que dan muchos puestos de trabajo y quiero que ellas se dediquen a pagar facturas pendientes desde hace más de un año", respondió el regidor tras las acusaciones de los nacionalistas. División en el PP local.

Para empeorar todavía más las cosas, Rafael Louzán, presidente de la Diputación y de la dirección provincial del PP, eligió a un candidato que ha dividido todavía más al partido de cara al 22-M. Fernando Guitián, ingeniero y sin experiencia política, no quiere incluir en su lista a ninguno de los concejales actuales y se ha producido una ruptura con la ejecutiva local.

En un lugar en el que la sombra de la corrupción urbanística todavía está muy presente, el candidato no mencionó en su presentación que también se había dedicado a la promoción inmobiliaria. Según publicó el diario 'El País', Guitián participó en la construcción de varios chalets en el municipio que aún no se han vendido.

Desde que se produjo la moción de censura se han repetido una y otra vez las caceroladas organizadas por la Plataforma Vecinal de Gondomar en contra de la Corrupción. Con el lema 'Moción=Corrupción', aseguran que "aún hay ciudadanos que seguiremos manifestando nuestra indignación con el golpe de estado que dieron los tránsfugas junto al PP y a Move Gondomar".

'Corrupción made in Spain'
Si algo ha caracterizado a España en los últimos años es la corrupción. Una lacra que se ha instalado con fuerza en todas partes y todos los partidos políticos.

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