miércoles, 29 de febrero de 2012

EL TRIBUNAL DE CUENTAS EMBARGA A UN EXEDIL DEL PP DE CALP UN PISO QUE OCULTÓ


El Tribunal de Cuentas investiga un agujero de más de un millón de euros en el Ayuntamiento

Santiago Navarro Alicante

El Tribunal de Cuentas ha embargado a José Perles Vives, exedil del PP de Calp, un piso que el excargo público había ocultado en su declaración de bienes. El embargo es consecuencia del juicio que se sigue en el máximo órgano de fiscalización de la contabilidad de las Administraciones públicas para esclarecer un agujero de más de un millón de euros en el Ayuntamiento.

El Tribunal de Cuentas investiga la contabilidad del Ayuntamiento de Calp desde 2008 a raíz de una denuncia del entonces alcalde, el socialista Luis Serna. La ocultación de este inmueble podría derivar en otra causa contra Perles por supuesto alzamiento de bienes, según fuentes del caso.

El Tribunal de Cuentas considera responsables solidarios del “daño” de 1,1 millones al erario público calpino al exalcalde del PP Javier Morató y a los exediles populares Francisco Penella y el mencionado José Perles. El ente fiscalizador acordó el pasado septiembre fijar un aval por la misma cantidad a los denunciados por las supuestas irregularidades contables.

Perles se declaró insolvente. A continuación, el Tribunal de Cuentas, en concreto el 3 de noviembre de 2011, dictó otra providencia acordando el embargo de los bienes del exedil. El alto tribunal inició una investigación y descubrió en el Registro de la Propiedad de Altea una vivienda propiedad de José Perles Vives, “100% de pleno dominio con carácter ganancial, en virtud de escritura de compraventa”. Mediante una providencia, dictada el pasado 7 de febrero, el delegado instructor de esta causa abierta al Ayuntamiento de Calp acordó el embargo del mencionado inmueble.

‘Caso Brugal’
En su declaración de bienes, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante el pasado 16 de agosto, José Perles rellenó con un “cero” el apartado de bienes inmuebles. El exconcejal declaró un activo de 89.956 euros y un pasivo (créditos, préstamos y deudas) de 138.222,65 euros.

José Perles es, además, uno de los 11 imputados en una pieza separada del sumario general del caso Brugal sobre un supuesto soborno del industrial Ángel Fenoll por la contrata de la basura de Ayuntamiento de Calp.

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EN EL PAÍS

EL FISCAL PIDE OCHO AÑOS DE INHABILITACIÓN PARA EL EXPORTAVOZ DEL PSOE EN SEVILLA


Francisco Fernández, en su época de concejal de Sevilla. / ALEJANDRO RUESGA
El ministerio público sostiene que Fernández adquirió material para los bomberos "a sabiendas de que omitía las normas esenciales"

EFE Sevilla


La fiscalía ha pedido una condena de ocho años de inhabilitación para Francisco Fernández, exconcejal de Gobernación de Sevilla y exportavoz municipal del PSOE, por un delito de prevaricación al adjudicar sin concurso la compra de material para los bomberos.

El fiscal sostiene que Fernández, como responsable del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, en fecha no determinada pero anterior al 15 de mayo de 2007 adquirió de la empresa Iturri el equipamiento necesario para ocho vehículos de bomberos por importe de 644.485 euros.

La adquisición del equipamiento "se llevó a cabo sin que se incoara expediente administrativo alguno, por lo que no existieron los acuerdos previos del Ayuntamiento para la adquisición de bienes, no se formalizaron pliegos de condiciones técnicas y no hubo publicidad para que los interesados concurrieran a la posible compra".

Finalmente, tampoco existió consignación presupuestaria correspondiente, por tanto sin cumplir con los requisitos y formalidades exigidas legalmente relativas a la convocatoria de concurso y adjudicación motivada, según la fiscalía.

El acusado adoptó esa "arbitraria" resolución "a sabiendas de que estaba omitiendo las normas esenciales del procedimiento para adquisición y contratación de bienes exigidas por la ley", añade.

Para el reconocimiento de la deuda generada con la empresa Iturri por la adquisición del equipamiento tuvo que incoarse con posterioridad un expediente, precisa el fiscal, que imputa a Fernández un presunto delito de prevaricación.

La fiscalía solicita ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, aunque Fernández no ostenta ahora ningún cargo ya que no concurrió a las elecciones de mayo pasado, en las que el PSOE perdió la alcaldía de Sevilla.

Esta petición del fiscal se une a la presentada por el Sindicato Profesional de Bomberos, que ejerce la acusación y ha pedido para Fernández diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación y otra condena de seis años de cárcel y quince de inhabilitación por malversación de fondos públicos.

martes, 28 de febrero de 2012

"TRAMA DE LAS ONG"; LA DETENCIÓN DE LA EX JEFA DEL SERVICIO DE COOPERACIÓN ELEVA A 15 LOS ARRESTADOS POR LA TRAMA

CORRUPCIÓN
La Policía detuvo a Dolores Escandell durante la mañana de este lunes
El juzgado también está examinando diferente documentación y expedientes

Europa Press | Valencia

La detención este lunes de la ex jefa del servicio de Cooperación de la extinta Conselleria de Solidaridad, Dolores Escandell, eleva a 15 los arrestados en la causa abierta en el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia por presunto fraude en las subvenciones otorgadas por el Consell a distintas fundaciones, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del caso.

Esta funcionaria detenida el lunes ocupaba un alto cargo en Solidaridad, conselleria que en ese momento estaba dirigida por el actual portavoz del PP en las Cortes, Rafael Blasco. La Policía la detuvo durante la mañana de este lunes, y por la tarde, sobre las 19.00 horas, pasó a disposición judicial. La jueza, tras tomarle declaración, la dejó en libertad con cargos. La Policía está tratando de localizar a otras personas sobre las que consta orden de detención en esta causa.

Junto a las detenciones, el juzgado también está examinando diferente documentación y expedientes -algunos de ellos en soporte informático- intervenidos la pasada semana tanto en la sede de la Dirección General de Cooperación como en los domicilios particulares de algunos de los detenidos.

Además, también se están transcribiendo numerosas intervenciones telefónicas que fueron ordenados meses atrás para intentar averiguar más datos y poder llegar al fondo de la trama, han señalado las mismas fuentes.

De los 15 detenidos hasta el momento en este procedimiento, cuatro de ellos formaban parte del Consell: el ex director general de Integración y Cooperación de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, Josep María Felip, que anteriormente dependía del departamento de Solidaridad; el hasta hace unos días subsecretario de la Conselleria de Sanidad, Alexandre Catalá Bas, que antes ocupó este mismo cargo, primero en la Conselleria de Inmigración y más tarde en Solidaridad; en tercer lugar, la ex jefa del servicio de Cooperación, detenida este lunes; y Marc Llinares Picó, destinado en el Servicio de Innovación y Planificación Estratégica de la Conselleria de Hacienda y anteriormente a las órdenes de Felip en el área de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad.

El resto de detenidos son empresarios y miembros de las fundaciones que se están investigando: el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López; el director de la Fundación Hemisferio, Arturo Tauroni Masia y su hermano César Augusto; el presidente de Esperanza Sin Fronteras, Fernando Darder; y la presidenta de ASA de África, Christine Bernadette.

Asimismo, figura como detenido en la causa Fernando Cañete Marco, presidente de Sistemas Inelme y de la empresa Air Services Management, constituida en octubre de 2008 y en la que figura como consejero Augusto César Tauroni. Todavía hay nombres de algunos detenidos cuya identidad no ha trascendido.

Contratos y otros documentos
Todos los detenidos comenzaron a prestar declaración ante la jueza este pasado viernes, y tuvieron que responder a preguntas relacionadas con contratos, documentos y relaciones con el Consell. Los interrogatorios se prolongaron hasta el domingo, es decir, que se apuraron las 72 horas establecidas para mantener a alguien en los calabozos.

Tras tomarles declaración, la jueza, Nieves Molina, dejó a 14 de los detenidos en libertad con cargos, con la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado. A ellos se les ha retirado el pasaporte y, además, a casi todos, es decir, a 12, se les ha prohibido salir del país.

Sin embargo, la magistrada decidió enviar a prisión a César Augusto Tauroni, vinculado a la Hemisferio, fundación presuntamente encargada de contactar con otras entidades no gubernamentales para poder tener acceso a las ayudas de la Conselleria de Solidaridad y supuestamente cometer el fraude, que podría ascender a los nueve millones de euros, según la valoración del PSPV, que fue quien puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía en octubre de 2010, junto con Compromís.

lunes, 27 de febrero de 2012

EL LEGADO OSCURO DE CAMPS

El expresident de la Generalitat Francisco Camps. / KAI FÖRSTERLING (EFE)

Antes de dimitir, el expresidente confirmó a muchos cargos acusados de corrupción
Ahora les esperan los jueces

Ignacio Zafra Valencia

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La desarticulación el jueves pasado en Valencia de una trama dedicada presuntamente a desviar fondos públicos de ayuda a países pobres puso de relieve la muy anormal situación de la comunidad autónoma. En julio de 2011, Francisco Camps abandonó la presidencia de la Generalitat por su implicación en el caso de los trajes —uno de los varios de la red Gürtel—, del que quedó absuelto. Detrás de sí dejó unas instituciones salpicadas de corrupción. Son los casos Gürtel, Brugal, Torrevieja, Emarsa, Cooperación y Fabra.

Todos afectan al PP, que suma desde hace 16 años casi todo el poder institucional valenciano. Todos los implicados fueron confirmados en sus cargos o incluidos en las listas de los últimos comicios municipales y autonómicos por Camps pese a los graves hechos que se les atribuían, y ahora les esperan los jueces.

La operación contra la trama de cooperación internacional, que pudo embolsarse hasta nueve millones destinados a proyectos en África y América Latina, se saldó con 14 detenciones. Entre ellas, las del director general de Cooperación, Josep María Felip, y el subsecretario de Sanidad, Alexandre Catalá, imputados por malversación de fondos públicos, fraude en subvenciones y falsedad documental. Ambos eran hombres de confianza del portavoz parlamentario del PP en las Cortes, Rafael Blasco. El presidente valenciano, Alberto Fabra, los destituyó después de su arresto.

La mayoría de implicados valencianos siguen, sin embargo, en sus puestos. Hoy está previsto que declare en el Tribunal Superior valenciano el diputado Pedro Ángel Hernández Mateo, alcalde de Torrevieja (Alicante) de 1988 a 2011, sobre el que pesan tres causas. En la primera se le imputa un delito de prevaricación en la adjudicación de la contrata de basura. También está imputado por delito electoral, al haber celebrado en mayo de 2011 un acto de campaña prohibido por la Junta Electoral. La tercera causa se deriva de un formidable pelotazo urbanístico.

Hernández Mateo compró a principios de la pasada década una finca rústica por 180.000 euros. En dos años la vendió por 5,6 millones. La juez instructora apreció indicios de tráfico de influencias y uso de información privilegiada en la operación.

A 50 kilómetros de allí, en Alicante, se investiga el caso Brugal, en el que está imputado por cinco delitos el expresidente de la Diputación José Joaquín Ripoll. Las pesquisas apuntan a que Ripoll aceptó un soborno de 1,3 millones de euros por adjudicar el servicio de la basura. La contrata fue adjudicada a una unión de empresas participada por el constructor Enrique Ortiz.

La supuesta connivencia de este empresario con los políticos locales se repite en otra pieza de Brugal: el presunto amaño del plan urbano de Alicante. Anticorrupción acusa en ella a la alcaldesa, Sonia Castedo, y a su predecesor, Luis Díaz Alperi, de cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. Se espera que el juzgado remita en breve la causa al Tribunal Superior de Justicia valenciano, dado que ambos son aforados.

El jurado eximió a Camps y al diputado Ricardo Costa del delito de cohecho impropio, una absolución recurrida por los socialistas. Los supuestos regalos del caso de los trajes eran, en todo caso, la pieza menor de la aparente actividad corrupta de la trama Gürtel en Valencia. La principal causa está abierta por financiación ilegal: el presunto pago de actos electorales del PP por empresas de obra pública; y por cohecho y prevaricación, en la adjudicación a Orange Market del pabellón valenciano en Fitur de 2005 a 2009.

La lista de imputados incluye a las cúpulas de Camps en el Gobierno y el partido: Costa; el exvicepresidente Vicente Rambla; la expresidenta de las Cortes valencianas Milagrosa Martínez; el exjefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret; la directora de promoción de Presidencia de la Generalitat, Dora Ibars; el vicesecretario de Organización del PPCV, David Serra; la tesorera, Yolanda García; el extesorero nacional Luis Bárcenas, y otros.

Con una relación de imputados menos conocida pero con un grado de pillaje mayor, se investiga el caso Emarsa. La sociedad pública que depuraba el agua de Valencia fue exprimida hasta la quiebra haciéndole pagar por servicios y suministros falsos. Mientras, sus responsables cargaban a su costa la compra de joyas, relojes de lujo, viajes de placer y noches de hotel con misteriosas traductoras rumanas. El juez estima el desfalco en 25 millones de euros. El escándalo ha hecho dimitir al expresidente de Emarsa Enrique Crespo de sus cargos de alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia. Y mantiene imputadas a otras 26 personas, varias de ellas cercanas a la alcaldesa Rita Barberá.

El inventario valenciano de casos de corrupción lo cierra el imputado más antiguo de todos, Carlos Fabra. El expresidente de la Diputación de Castellón está acusado desde 2003 de cohecho y tráfico de influencias por cobrar presuntamente comisiones para facilitar trámites ante la Administración, y de varios delitos fiscales por el vertiginoso incremento de su patrimonio. El veterano político, que aún mantiene la presidencia provincial del partido, podría ser juzgado este año.

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EN OTROS MEDIOS

"OPERACIÓN CAMPEÓN"; LA JUEZA PIDE DISCOS DUROS DE 50 GIGAS A LAS DEFENSAS

TRIBUNALES | Del juzgado de Instrucción de Lugo
La juez les ha requerido estas memorias para copiar el sumario a las partes
'Supongo que serán muchos folios y muchos tomos' dice el abogado de F. Blanco

Efe | Lugo

La juez instructora de la 'operación Campeón', Estela San José, ha solicitado a las defensas de los políticos implicados por el principal imputado, el empresario lucense Jorge Dorribo, la entrega de soportes USB de 50 gigas de capacidad para la copia de las actuaciones digitalizadas en el juzgado.

En este contexto, el abogado del ex conselleiro de industria Fernando Blanco, Evaristo Nogueira, entendió, en declaraciones a EFE, que el sumario estará compuesto por "muchos folios".

"Lo que nos requirió la juez es un USB de 50 Gigas. Supongo que eso serán muchos folios y muchos tomos", dijo el letrado del ex conselleiro, quien añadió que agregó que "esperamos abundante documentación del procedimiento".

Evaristo Nogueira insistió en que, tras la "lectura pormenorizada" de los documentos, pedirán el "sobreseimiento" de la causa sobre Fernando Blanco.

Además

CORRUPCIÓN SIN FRONTERAS

El ex director general de Cooperación con un grupo de niños saharauis. | GVA
VALENCIA | Fraude en las ayudas a ONG


La Fiscalía investiga fraude en subvenciones para proyectos de cooperación
Según las denuncias, la ayuda para Nicaragua se gastó en pisos en Valencia
La cifra malversada por la trama podría alcanzar los 9 millones de euros
Hasta ahora hay 14 imputados, entre ellos dos altos cargos de la era Camps
La oposición apunta a Blasco, ex conseller de Solidaridad y portavoz del PP

Rodrigo Terrasa | Valencia

Con el caso Gürtel como mar de fondo, Brugal en marcha en Alicante y Carlos Fabra rumbo a los tribunales en Castellón, con la presunta financiación ilegal del PP valenciano en la agenda, la polémica visita del Papa, la alargada sombra de Urdangarin, los contratos irregulares en Ferrocarrils de la Generalitat y el escándalo de la comisión de investigación del accidente de metro, con el tufo del caso Emarsa en el ambiente...

Con todo esto y algo más, estalla un nuevo escándalo de presunta corrupción en la Comunidad Valenciana. Enésimo capítulo. No es nuevo pero es especialmente sensible, tanto que Alberto Fabra se deshizo de dos altos cargos de la era Camps de manera fulminante, sólo unas horas después de arrancar una operación policial que acabó con 14 detenidos. Uno de ellos está en prisión, los otros 13 están imputados, la mayoría por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, fraude de subvenciones y falsedad documental.

Esta vez la trama afecta a las ayudas que la Generalitat Valenciana debía destinar a proyectos de cooperación internacional, dinero para lo más pobres que presuntamente se desvió para comprar inmuebles en Valencia o que sencillamente desapareció por el camino. Según la oposición, la cifra malversada podría ascender a los nueve millones de euros.

La investigación se remonta a octubre de 2010. Entonces la Fiscalía abría diligencias por una denuncia presentada por la diputada socialista Clara Tirado en relación a las subvenciones otorgadas dos años atrás por la Conselleria de Solidaridad, dirigida entonces por Rafael Blasco, ahora portavoz parlamentario del PP en las Cortes Valencianas. Las beneficiarias eran dos entidades: la fundación CYES (Fundación Cultural y de Estudios Sociales) y la fundación Hemisferio (antes conocida como Solidaria Entre Pueblos).

El PSPV mantenía que la ayuda de cerca de dos millones de euros concedida por el Gobierno valenciano para abastecer y tratar agua para consumo humano y producir alimentos en Nicaragua acabó destinándose a la compra de bienes inmuebles en la ciudad de Valencia: dos pisos de casi 300 metros cuadrados en el centro de Valencia, un garaje e incluso un velero.

Paralelamente se abría otra causa tras la documentación aportada por la diputada de Compromís Mireia Mollà. Denunciaba que la conselleria de Blasco también había favorecido a la Fundación Entre Pueblos -ahora Hemisferio-. El dinero que recibió esta entidad se desvió, según la denuncia, a empresas que creó la propia fundación.

Entre los proyectos de Solidaridad estaba la construcción de un hospital en Haití, desolado tras el terremto de 2010. El Consell debía aportar 4 millones de euros y ajudicó a Hemisferio por su asesoramiento 177.000 euros que salían de las aportaciones solidarias de los valencianos. El hospital nunca se construyó.

El escándalo ha salpicado hasta ahora a 14 personas. En la cúspide Josep María Felip, director general de Cooperación, y Alexandre Catalá, subsecretario de Sanidad y subsecretario antes tanto en la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía como en la de Solidaridad. Los dos eran hombres de confianza de Blasco, los dos fueron destituidos por Fabra el pasado viernes. Los otros 12 detenidos son empresarios y responsables de las diferentes fundaciones y ONG implicadas. La red de asociaciones bajo sospecha recibió más de un millón de euros en subvenciones de la Conselleria el año pasado. Fabra las apartó a todas en los presupuestos de 2012.

Por encima de todos los acusados, los focos apuntan a Rafael Blasco, a quien señala la oposición. El eterno conseller. Blasco ha sido conseller con el socialista Joan Lerma, con el PP de Eduardo Zaplana, con José Luis Olivas y con Francisco Camps. De 1983 a 2011, conseller de Presidencia, de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, conseller de Empleo, de Bienestar Social, conseller de Territorio y Vivienda y de Sanidad, conseller de Inmigración. Lo último, conseller de Solidaridad y Ciudadanía.

En junio pasado Camps lo sacó del Gobierno y lo mandó a las Cortes como portavoz parlamentario del PP. Toda la oposición reclama su destitución inmediata. Alberto Fabra espera acontecimientos tras prometer que será implacable con los implicados. "No tenemos por qué dudar de su honorabilidad", dice el vicepresidente Ciscar. "Las ayudas a la cooperación están perfectas", dice Blasco.

Además

EL PRESIDENTE DE LA ONG HEMISFERIO, EN PRISIÓN POR LA TRAMA DE FONDOS SOLIDARIOS

TRIBUNALES | Los demás están en libertad con cargos


Efe | Valencia

El responsable de la Fundación Hemisferio de la Comunidad Valenciana César Augusto Tauroni es el único de los 14 detenidos el pasado jueves por el supuesto fraude en ayudas a la cooperación para quien la jueza ha decretado ingreso en prisión, han confirmado fuentes jurídicas.

Esa fundación, con sede en Valencia y creada en 2008, habría recibido trato de favor por parte de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía dirigida entonces por el actual portavoz del PP en las Cortes, Rafael Blasco, y desarrollado una "trama" para "desviar" fondos públicos, según fuentes jurídicas.

La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia finalizó el domingo por la mañana las declaraciones de esos catorce detenidos y acordó la prisión provisional, comunicada y sin fianza para uno de ellos, el citado César Augusto Tauroni.

Por su parte, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) han informado de que, después de que la jueza terminara poco antes de las ocho de la mañana de ayer las siete declaraciones pendientes, decretó para seis de ellos la libertad provisional con comparecencia periódica ante el Juzgado y retirada del pasaporte. El ex director de Cooperación, Josep Maria Felip, ha quedado también en libertad con cargos.

Supuesta trama de malversación
Las declaraciones de los catorce detenidos por una supuesta trama de malversación de fondos de la Generalitat destinados a proyectos de cooperación se iniciaron el pasado viernes por la mañana.

El PSPV denunció ante la fiscalía en octubre de 2010 la adjudicación de unos proyectos a la Fundación Cyes (no confundir con la constructora del mismo nombre) por cerca de dos millones de euros para construir pozos de agua en Nicaragua y para un programa de alimentación.

Los detenidos forman parte de una operación policial practicada el pasado jueves en Valencia por orden del Juzgado, que lleva investigando este caso desde el pasado año, a raíz de una denuncia de la coalición parlamentaria Compromís.

Este grupo reveló un supuesto trato de favor de la Conselleria de Solidaridad a la Fundación Hemisferio para la concesión de subvenciones, organización que a su vez habría desarrollado una "trama" para "desviar" fondos públicos.

Según fuentes de la investigación, entre unas concesiones y otras la suma de fondos públicos para cooperación desviados para otros fines podría ascender a unos nueve millones de euros

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EL EX ALCALDE DE TORREVIEJA NIEGA UNA ADJUDICACIÓN ILEGAL DEL SERVICIO DE BASURA

TRIBUNALES | Declara ante el TSJCV como aforado
Asegura estar 'muy tranquilo' porque 'nunca' ha cometido un delito, dice
Presuntamente firmó una supuesta adjudicación irregular de este contrato
Según la investigación, encargó irregularmente un informe que lo avalaba

Efe | Valencia

El exalcalde de Torrevieja y diputado autonómico del PP Pedro Hernández Mateo ha negado este lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que durante su mandato hubiera irregularidad alguna en la adjudicación del servicio municipal de recogida de basura.

Así lo ha contado en declaraciones a los periodistas tras prestar declaración como imputado en la Sala de lo Civil y Penal, que le investiga en su condición de aforado por un supuesto delito de prevaricación y falsedad documental.

El exalcalde ha asegurado estar "muy tranquilo" porque "nunca" ha cometido un delito y porque "no ha pasado nada", algo que le ha transmitido al magistrado instructor, Juan Climent.

El Tribunal Superior de Justicia valenciano se declaró el pasado año competente para continuar la causa abierta por un juzgado de Torrevieja ante la supuesta adjudicación irregular del contrato para la recogida de la basura en el municipio del año 2004.

Según la investigación, el alcalde encargó -también de forma supuestamente irregular- un informe que avalaba esta adjudicación y dictó un decreto explicando este proceso.

Al respecto, Hernández Mateo ha asegurado que los decretos los tramita el "departamento correspondiente", y que él se limita a ser "el último en firmar".

El diputado autonómico ha manifestado además que durante su etapa de alcalde podía llegar a firmar "entre quinientos y mil decretos" al día.

domingo, 26 de febrero de 2012

SAQUEO A LA COOPERACIÓN ; LA JUEZA IMPUTA A FELIP Y ENVÍA A PRISIÓN A UNO DE LOS IMPLICADOS EN LA TRAMA DE ONG

Josep Maria Felip y Rafael Blasco, junto a Francisco Camps, en un acto de apoyo al expresidente. / CARLES FRANCESC
La juez finaliza los interrogatorios, entre ellos el del director general de Cooperación

Federico Simón Valencia


La titular del juzgado de instrucción número 21 de Valencia, Nieves Molina, que instruye la causa abierta por el fraude en las ayudas de los fondos de cooperación que adjudicó la Generalitat entre 2008 y 2009, ha dejado en libertad con cargos a 13 personas, de un total de 14 detenidos, que han prestado declaración. Solo uno de ellos ha sido enviado a prisión.

Josep Maria Felip, el director general de Cooperación hasta que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, decretó el viernes su cese tras conocer su detención, quedó en libertad a las seis de la mañana, después de prestar declaración ante Molina y el fiscal Jesús Carrasco en una maratoniana jornada judicial que comenzó a las 10.30.

Las declaraciones, que han finalizado a primera hora de la mañana de este domingo, se iniciaron el pasado viernes tras la detención, un día antes, de 14 personas en el marco de la investigación abierta por un presunto fraude en las subvenciones otorgadas por la extinta Consejería de Solidaridad a distintas fundaciones.

Felip quedó en libertad a las seis de mañana, después de prestar declaración ante la juez y el fiscal

En principio, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana solo informó a mediodía de que habían quedado en libertad los siete detenidos que habían prestado declaración hasta entonces, pero sin dar nombres. También se anunció que “seis de ellos tienen obligación de comparecencia periódica y retirada de pasaporte con prohibición de salida del país”. La séptima persona, también imputada, no tendría así ninguna medida cautelar.

Sin embargo, a última hora de la mañana saltó la noticia de que uno de los detenidos puesto en libertad en la madrugada de ayer fue Josep Maria Felip. Y hasta se llegó a asegurar que Molina había confirmado la noticia. Ayer, pasadas las cuatro de la tarde, cuando la juez y los fiscales hicieron un receso para comer tras casi seis horas de toma de declaraciones, la juez desmintió que hubiera hablado con ningún medio. Y preguntada por si había tomado declaración a Felip, aseguró: “A Felip y a otros siete más”. Quedaba así claro que Felip figuraba entre los que había declarado y, por tanto, entre los que estaban en libertad con cargos.

Al parecer, la noticia de la puesta en libertad de Felip la proporcionó el presidente de la Diputación de Valencia, Afonso Rus, durante un almuerzo de trabajo celebrado en Oliva con alcaldes y portavoces de la comarca de La Safor en el que también estuvo presente el portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco. Blasco fue el consejero de Solidaridad y Ciudadanía en la época en la que se tejió en torno a este departamento una red de empresas de asesoría y organizaciones no gubernamentales que obtuvieron cuantiosos fondos de los destinados por Cooperación. Según la denuncia de la oposición, el saqueo de la ayuda al tercer mundo podría haber llegado a los nueve millones de euros.

Tras casi un año de investigaciones secretas, que arrancaron en mayo de 2011 cuando Carrasco llevó ante Molina el caso destapado por las denuncias de las diputadas Clara Tirado, del PSPV, y Mireia Mollà, de Compromís, el viernes comenzó la fase más agotadora para la juez y el fiscal. El jueves se había detenido a 14 personas, entre ellas tres cargos de la Administración: el mencionado Felip, Alexandre Català, exsubsecretario de Sanidad (también destituido el viernes) y Marc Llinares, jefe de área de Cooperación con Blasco. Y había que tomarles declaración antes de que termine el plazo de 72 horas en que un detenido puede permanecer privado de libertad sin cargos.

Por eso, las jornadas del viernes y del sábado han tenido que ser agotadoras. La del viernes arrancó a las 10.30 de la mañana. “Anoche llegué a mi casa a las seis de la mañana”, aseguró ayer Molina cuando a las 16.15 paró la sesión para comer con los fiscales Carrasco y Vicente Torres, tras otras casi seis horas de declaraciones en una tanda que arrancó de nuevo a las 10.30.

Un imputado declara que se condicionaron ayudas a trabajar con la ONG Hemisferio

Aunque aún se desconoce el nombre de todos los detenidos el pasado jueves, sí que han ido goteando los nombres de algunos de los imputados en una causa que persigue los delitos de malversación de fondos públicos, fraude de subvenciones y falsedad documental. Y el metodo utilizado es una red de empresas y fundaciones que colaboraban y hacían informes para organizaciones no gubernamentales (ONG) que obtenían los fondos de Cooperación de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía en tiempos del consejero Blasco.

Según se apunta en la investigación, la trama estaba dirigida desde la propia consejería, puesto que eran los cargos de la Generalitat imputados los que habrían condicionado las ayudas a las ONG a que estas colaboraran con ciertas empresas. Las detenciones de hombres de confianza de Blasco, las de directivos de empresas que desde el epicentro de la trama cobraban cantidades desorbitadas por informes a las ONG más beneficiadas, y las de los responsables de estas últimas así lo indican.

Molina y Carrasco comenzaron el viernes precisamente a tomar declaración a las personas más alejadas de la trama, los presidentes de las ONG, entre los que figuran Fernando Darder, de Esperanza Sin Fronteras; Christine Bernadette, de Ayuda para la Salud y el Desarrollo de los más Necesitados de África (Asade África); y Rafael Barrera Cuquerella, de la Fundación para el Desarrollo Rural y Salud (Fudersa). Aunque otras ONG como Asamamu o Agrupación Cívica Ceiba han sonado en informes sobre la trama, no se ha filtrado que alguno de sus responsables figure entre los detenidos.

Un ejemplo del modus operandi de la trama sería la compra de dos céntricos pisos en Valencia valorados en 947.000 euros por parte de la Fundación Cultural y Estudios (Cyes) con cargo a los fondos otorgados por la consejería para ayuda en Haití por un total de 1,6 millones.

Ayer por la tarde aún faltaba por tomar declaración a siete detenidos el pasado jueves

Y precisamente Darder, el primero de los detenidos en pasar ante la juez el viernes, apuntó a que la trama funcionaba con directrices de la consejería, según publicó ayer Las Provincias. El diario valenciano explica que en su declaración habría admitido que Llinares, que durante años ha seguido a Blasco en distintos departamentos, fue el que contactó en 2008 con su organización, operativa desde 1986, y le propuso aliarse con la Fundación Hemisferio, antes llamada Fundación Solidaria Entre Pueblos, y que está considerada como la matriz de la trama para saquear los fondos de cooperación de la Generalitat. Esperanzas Sin Fronteras, hasta ese momento con un tamaño para afrontar solo proyectos pequeños, fue la ONG a la que se le adjudicó la dirección y el proyecto de construcción de un hospital en Haití pagado con dinero de la Generalitat que costaría cuatro millones de euros. Un proyecto en principió asignado sin concurso a Hemisferio. Pero la consejería dio marcha atrás y luego lo adjudicó a la organización que preside Darder.

El mensaje que transmitió Llinares a Darder, siempre según la versión que da el diario de las declaraciones de este ante la juez, es que o iba de la mano de Hemisferio o no obtendría subvenciones de la Generalitat. Al parecer, Darder aceptó el trato, aunque se quejó de que la empresa se llevaba el 25% de lo que costaba el proyecto.

Entre los detenidos vinculados con Hemisferio han trascendido los nombres de César Augusto Tauroni, presidente de la fundación, su hermano Arturo, trabajador de la institución, y José Bollaín, secretario.

Otros nombres que tenían que desfilar ante la juez son los de Marcial López, presidente de , y Fernando Cañete, de la empresa Inelme. Hasta completar los 14 detenidos quedarían tres nombres por confirmar, aunque los conocedores del caso apuntan a más representantes de ONG y a otros responsables de Hemisferio.

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sábado, 25 de febrero de 2012

"SUSTITUYEN LOS GASTOS EN COMPRA DE INMUEBLES POR FACTURAS EN NICARAGUA"

INFORME DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL FRAUDE EN COOPERACIÓN EN VALENCIA
Los extractos bancarios destapan en una sola operación un agujero de medio millón
Los proyectos tenían un coste diez veces superior al de las actividades

María Fabra Castellón

El dinero público de la Comunidad Valenciana destinado a proyectos en países en vías de desarrollo por parte de algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) no llegó a donde tenía que llegar. Esa es la clave en la que trabaja la investigación de la trama de fraude de subvenciones en el departamento de Cooperación de la Generalitat Valenciana, que ha desembocado ya en la detención de 14 personas, entre ellas tres ex altos cargos.

Las malas prácticas en la Generalitat Valenciana durante el mandato de Francisco Camps, según las investigaciones, alcanzan también a consejerías en teoría creadas para ayudar y favorecer a los más pobres.

La operativa se desarrollaba, según la investigación, a través de dos fundaciones, Cyes y Hemisferio, que tuvieron como eje, entre otras, a la empresa Arcmed. En el caso de Cyes, la documentación expone cómo la fundación compró varios inmuebles con el dinero público destinado a facilitar agua potable y mejorar cultivos en Nicaragua.

INMUEBLES QUE DESAPARECEN. En la justificación de gastos presentada por la ONG se incluyó en un primer momento la adquisición de inmuebles. Cuando, algún tiempo después, se le pidió una nueva justificación, esos gastos desaparecieron y solo se incluyeron facturas con destino a Nicaragua.

En el caso de Hemisferio (a la que se entregaron 177.779 euros donados por los valencianos y se trató de adjudicar la construcción de un hospital en Haití, tras el terremoto, por 3,8 millones de euros, aunque luego la consejería que dirigía Rafael Blasco, actual portavoz del PP en las Cortes Valencianas, hizo marcha atrás), el dinero se quedaba por el camino contratando a empresas para realizar informes sobrevalorados, también con fondos destinados a proyectos de cooperación. Entre ambas estaba Arcmed (propiedad del presidente de Hemisferio), que facturó en 2008 más de 208.000 euros de asesoría en cada uno de los proyectos de la Fundación Cyes y que también realizaba informes y aportó facturas para justificar otras subvenciones otorgadas por la Generalitat.

Un informe que obra en las diligencias detalla las características del fraude millonario.

» Coste diez veces superior. Los proyectos contemplaban la realización de estos servicios de asesoramiento y consultoría “por un importe diez veces superior al coste de las actividades programadas” y de costes indirectos “por un importe de más de tres veces” que las mismas actividades. Estos servicios “representan un porcentaje de la actividad subvencionada”, indica el informe, que señala que de esta manera se vulneraba la prohibición de contratar con intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje, según la Ley General de Subvenciones. Algunos de estos informes se cobraban incluso antes de que se iniciara la ejecución del proyecto.

“Las prácticas detectadas se explican difícilmente sin la existencia de dichas relaciones”, entre la adjudicataria de las subvenciones y algunas empresas reiteradamente contratadas. Así lo indica uno de los informes incluidos en las diligencias de investigación abiertas contra la trama de fraude de subvenciones. Sin embargo, la fiscalía y la juez disponen también de otra documentación, correos electrónicos, que revelan cómo al menos una de las fundaciones actuaba en permanente contacto con el “gabinete técnico” del consejero Rafael Blasco, tal como dijo la diputada de Compromís Mireia Mollà después de presentar su denuncia.

» Facturas falsas. Después de que la diputada socialista Clara Tirado denunciara el caso de la Fundación Cyes, esta empezó a aportar facturas para contrarrestar los documentos que acreditaban la compra de inmuebles. Eran facturas emitidas en Nicaragua que la investigación considera “simplemente increíbles”, pero que el departamento de Blasco dio por buenas.

» 500.000 euros sin justificar. La investigación descubrió que había pagos con cheques y talones para la adquisición de inmuebles y que así justificó la ONG en un primer momento el destino dado a parte del dinero recibido. Cuando los socialistas valencianos denunciaron este hecho —el dinero para cooperación no había llegado a Nicaragua, sino que se había quedado en la compra de pisos en Valencia— y la Generalitat Valenciana reclamó los justificantes de los gastos, “se eliminaron los de adquisición de los inmuebles y fueron sustituidos por facturas emitidas en Nicaragua”.

“Lo que no puede sustituirse”, señala el informe de la investigación judicial, “son los extractos bancarios, de forma que el importe de las transferencias a Nicaragua sigue siendo el mismo: 308.129 euros de los 833.000 euros concedidos”. Y concluye: “La diferencia (más de 500.000 euros) arroja un saldo no gastado que debería ser objeto de reintegro”.

Sin embargo, la veracidad de las facturas no es lo único que la investigación pone en entredicho. Del examen de los expedientes también se deduce que la documentación que se presentó para captar los fondos públicos no acreditaba el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a ellos.

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URDANGARÍN IMPLICA A BARBERÁ Y CAMPS EN EL "CASO NÓOS"



Urdangarin ha declarado más de tres horas por la mañana y ha comido en Marivent
Ha negado cualquier papel de la infanta en las empresas investigadas y acusa a su socio
El Valencia Summit se adjudicó a Nóos tres días después de ver a Camps
La declaración ha sido "lenta y minuciosa" y ha durado casi nueve horas
Urdangarin contesta a todas las preguntas del juez Castro y ha sido "muy concreto"

María Fabra / Andreu Manresa Palma de Mallorca

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El duque de Palma, Iñaki Urdangarin, ha realizado una declaración "lenta y minuciosa" ante el juez.  José Castro ha preguntado esta mañana a Iñaki Urdangarin  si el Rey le pidió que abandonara sus negocios con las Administraciones. El yerno de don Juan Carlos ha contestado que sí. Sobre la rama valenciana de de Nóos reconoció que en apenas tres días el expresidente Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, concertaron con él y, de inmediato aprobaron y firmaron el convenio del evento deportivo Summit Valencia de la capital levantina.

En el exterior, hasta dos centenares de personas han gritado consignas contra la Monarquía, y han aplaudido a los fiscales y al juez. Este ha preguntado a Urdangarin por tres nuevas compañías radicadas en el exterior, con las que presuntamente facturó cientos de miles de euros. Vikran y Globate dos de ellas.

El imputado, que ha intentado descargar toda la responsabilidad en su socio, Diego Torres, ha regresado a los juzgados a las 15.30, después de comer en Marivent, y ha negado cualquier papel de la infanta en las empresas investigadas. Antes de comenzar su declaración, a la que ha llegado a pie, se ha dirigido un instante a la prensa. "Vengo a aclarar la verdad y a defender mi honor", ha asegurado. El juez tenía intención de acabar hoy el interrogatorio, pero ha decidido finalmente continuar mañana a las nueve, tras casi nueve horas de declaración.

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LA JUEZA DEJA EN LIBERTAD AL DIRECTOR GENERAL DE COOPERACIÓN Y OTROS SEIS DETENIDOS

CORRUPCIÓN | Tras declarar
Felip está acusado de fraude, malversación de fondos y falsedad documental
Ha quedado en libertad a las 6 de la mañana tras declarar de madrugada
Se les ha retirado el pasaporte con la prohibición de salir del país

Agencias | Valencia

La juez que instruye el caso que investiga la presunta trama de corrupción vinculada a las ayudas de la Generalitat Valenciana a ONGs ha dejado en libertad con cargos pero sin fianza a las seis de la mañana de este sábado al ya ex director general de Integración y Cooperación, Josep María Felip, tras prestar declaración durante la pasada madrugada. Junto a él a otros seis de los 14 detenidos.

Felip, acusado de los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, fraude de subvenciones y falsedad documental, fue detenido junto a otras 13 personas el pasado jueves en una operación dirigida por la Fiscalía Anticorrupción.

Sólo unas horas después de su detención, el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, destituyó tanto al director general de Cooperación como al actual subsecretario de la Conselleria de Sanidad, Alexandre Catalá, subsecretario antes tanto en Conselleria de Inmigración y Ciudadanía como en la de Solidaridad.

Las siete personas que han sido puestas en libertad tras declara continúan imputadas en la causa y seis de ellas tienen que comparecer periódicamente ante el juzgado.

Además, se les ha retirado el pasaporte con la prohibición de salir del país, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que han indicado que a la séptima persona que ha quedado en libertad, también imputada, no se le ha aplicado "ninguna medida cautelar".

El juzgado de Instrucción número 21 de Valencia practicará a lo largo de la tarde y la noche de este sábado las siete declaraciones que quedan pendientes.

Desde este viernes este juzgado toma declaración a los detenidos por una supuesta trama de malversación de fondos de la Generalitatt destinados a proyectos de cooperación, en una operación dirigida por la Fiscalía Anticorrupción.

El PSPV denunció ante la fiscalía en octubre de 2010 la adjudicación de unos proyectos a la Fundación Cyes (no confundir con la constructora del mismo nombre) por cerca de 2 millones de euros para construir pozos de agua en Nicaragua y para un programa de alimentación.

Los detenidos forman parte de una operación policial practicada el pasado jueves en Valencia por orden del juzgado, que lleva investigando este caso desde el pasado año, a raíz de una denuncia de la coalición parlamentaria Compromís.

Este grupo reveló un supuesto trato de favor de la Conselleria de Solidaridad a la Fundación Hemisferio para la concesión de subvenciones, organización que a su vez habría desarrollado una "trama" para "desviar" fondos público, según fuentes jurídicas.

Según fuentes de la investigación, entre unas concesiones y otras la suma de fondos públicos para cooperación desviados para otros fines podría ascender a unos 9 millones de euros.