lunes, 12 de diciembre de 2011

"CASO FABRA"; CARLOS FABRA PRESENTA RECURSO DE AMPARO AL CONSTITUCIONAL TRAS REABRIR EL SUPREMO SU CASO

* Fabra asegura que la decisión del Supremo 'no se ajusta a derecho'

Javier Arnau | Cabanes (Castellón)

Carlos Fabra, presidente del PP de Castellón, ha presentado recurso de amparo al Tribunal Constitucional y un incedente de nulidad por el procedimiento tras el fallo del Supremo que revoca la decisión de la Audiencia Provincial de considerar prescritos cuatro de los cinco presuntos delitos fiscales que se le imputan.

Así se ha manifestado Carlos Fabra este lunes durante la celebración de la cumbre de alcaldes organizada por la Diputación Provincial en el municipio castellonense de Cabanes. Cabe recordar que Carlos Fabra está imputado por tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal en el conocido como 'caso Fabra'.

El presidente del PP de Castellón y ex máximo responsable de la institución provincial considera que el fallo del Supremo hecho público hace 12 días 'no se ajusta a derecho' y ha reiterado su inocencia al asegurar que 'este juicio lo voy a ganar'.

El Tribunal Supremo acordó el pasado 1 de diciembre dejar sin efecto el archivo por prescripción decidido por la Audiencia Provincial de Castellón de cuatro de los cinco delitos fiscales que un juzgado de Nules imputaba al ex presidente de la Diputación de esta provincia, Carlos Fabra.

Así lo confirmaron fuentes del alto tribunal, que han señala que la sala de lo penal de este órgano ha anulado las resoluciones de la Audiencia de Castellón respecto a los ejercicios fiscales de 2000 a 2003 de Carlos Fabra.

La Audiencia Provincial de Castellón acordó en diciembre de 2010 el sobreseimiento de cuatro de los cinco delitos fiscales que se atribuían a Fabra entre 2000 y 2003, al entender que habían prescrito porque no hubo denuncia ni acto de interposición judicial con respecto a ellos.

El Supremo admite ahora el recurso de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación popular, representada por la Unión de Consumidores, contra la prescripción. Aquel argumento sirvió a la sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón para archivar el grueso del caso, que acabó desinflado después de haber tenido durante siete años a Fabra contra las cuerdas acusado, además, de presunto tráfico de influencias y supuesto cohecho.


elmundo.es

"CASO VOLTOR"; MUNAR SE NIEGA A DECLARAR AL ALEGAR QUE NO ESTÁ EN BUENAS CONDICIONES DE SALUD

Munar y su abogado a su llegada a los juzgados. | Pep Vicens
Imputada por corrupción
* La juez mantiene la citación aunque la ex presidenta del Consell de Mallorca solicitó el viernes la suspensión de su declaración por no encontrarse bien

Europa Press | Palma
La expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, ha puesto de manifiesto que no se encontraba en condiciones de salud para prestar declaración ante el juez en el marco de la pieza 13 del caso Voltor y, por tanto, se ha acogido a su derecho a no declarar, según han informado fuentes jurídicas.

Concretamente, Munar ha entrado en la sala de Vistas en los Juzgados de Vía Alemania a las 09.30 horas y ha salido a las 10.05 horas en medio de una gran expectación mediática. Así, cuando salía, ha habido un momento en el que se ha metido en los pasillos de los Juzgados, donde se ha sentado en un banco para descansar.

Munar llegó a los Juzgados a las 9.20 horas, a pesar de que el pasado viernes la imputada solicitó, mediante un escrito presentado por su procurador, la suspensión de su comparecencia a tenor de su delicado estado de salud y del tratamiento médico al que está sometida. Ese mismo día la magistrada dictó una providencia para rechazar la petición de la exdirigente histórica de UM, para quien mantiene su comparecencia.

La magistrada interrogará a lo largo de esta semana al expresidente de la extinta Unió Mallorquina, Miquel Àngel Flaquer, al exconseller de Juventud y Deportes del Govern, Mateu Cañellas, la excandidata 'uemita' a la alcaldía de Calvià María José Rodríguez y al exdirector insular de Relaciones Institucionales, Josep Lliteres, en el marco del mismo fleco de la causa, que indaga la contratación presuntamente irregular de militantes de UM a través del Consorcio de Informática Local de Mallorca (Cilma), dependiente del Consell.

En concreto, este lunes también está citado el propietario del bar Can Lluc, presuntamente vinculado a UM, mientras que este martes está fijada la declaración de Rodríguez y Lliteres; el miércoles de Flaquer y Cañellas y el jueves la del también encausado Pedro Mir.

Las investigaciones de esta pieza apuntan a que, pese a estar a sueldo de la empresa dependiente del Consell, los militantes de UM no llegaron a acudir a su puesto de trabajo sino que se habrían limitado a trabajar para el partido nacionalista. Es más, las pesquisas indagan si ex altos cargos insulares, entre ellos su ex vicepresidente, Miquel Nadal, favorecieron la contratación irregular de estos militantes 'uemitas' con motivo de la puesta en marcha de los proyectos Infomallorca, EIEL y Mallorca Digital, que habrían servido para camuflar su colocación.

La jueza ya interrogó a varios de estos empleados 'fantasma' a petición del fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán después de que el ex gerente del Cilma, Eugenio Losada, aportase a la magistrada un listado y varios correos electrónicos en los que figuraba el nombre de estos trabajadores presuntamente colocados a instancias de los ex altos cargos de UM.

En total, según la documentación entregada por Losada -también imputado-, un total de 34 empleados fueron contratados para trabajar en las tres iniciativas cuyo coste, con cargo a las arcas del Cilma, oscilaba entre los 110.000 y los 190.000 euros anuales. En concreto, los fondos públicos destinados a Infomallorca eran 190.000 euros hasta 2005, año a partir del cual la cantidad se situó en los 167.000 euros anuales hasta 2007. Por su parte, el coste de Eiel en 2007 fue de 110.000 euros mientras que el de Mallorcadigital, el único de los tres que ya no está en marcha, fue de 160.000.

Precisamente, la ex secretaria técnica de Nadal, Eugenia Cañellas, también fue interrogada por estos hechos y afirmó que se encargó de gestionar la contratación de diversas personas afines a UM en el Cilma a instancias tanto de la secretaria personal de Nadal, Antònia Vidal, como, en una de las ocasiones, del entonces director insular de Proyectos, Mateu Cañellas, y del alcalde de Pollença, Joan Cerdà.

Eugenia Cañellas ya había prestado declaración como imputada dentro de otra causa de presunta corrupción, el caso Maquillaje, donde reveló que no sólo Cilma sino también la empresa de informática Minser y la productora Vídeo U pagaron, con dinero público procedente del Consell, a unos 40 asesores y agentes electorales de UM durante la campaña previa a los comicios de 2007, pese a que estos empleados no llegaron nunca a trabajar para estos puestos públicos.

Por el contrario, tanto Nadal como su secretaria personal y la del ex conseller insular de Presidencia, Francesc Buils, se acogieron a su derecho de no declarar ante la jueza del caso Voltor cuando iban a ser interrogados por estos hechos en calidad de imputados. Otras causas, como Picnic y Ossifar, también centran sus investigaciones en la contratación de personas afines a UM a través de distintos departamentos municipales a pesar de que realmente se dedicaban a captar votos para el partido nacionalista.

Además
* La larga mano de Munar

elmundo.es

"CASO MALAYA"; ROCA CALIFICA DE "LOCURA" EL URBANISMO DE JESÚS GIL Y JOSÉ LUIS SIERRA EN MARBELLA

Juan Antonio Roca en una de sus declaraciones del juicio. | Carlos Díaz
José Carlos Villanueva | Málaga

Todo ha seguido de nuevo el guión previsto. El principal acusado en el juicio por el caso 'Malaya', Juan Antonio Roca ha vuelto este lunes a desviar responsabilidades urbanísticas hacia el fallecido ex regidor Jesús Gil y quien fuera su asesor jurídico municipal, José Luis Sierra, actualmente excarcelado (cumplía 8 años de prisión por el 'caso saqueo 1') por padecer Alzheimer.

A preguntas del abogado de la Junta de Andalucía, personada como acusación popular, el considerado cerebro de la trama de corrupción municipal ha calificado de "locura" la exigencia del 50% de los aprovechamientos urbanísticos que "hacían Gil y Sierra" a los promotores, cada vez que éstos firmaban un convenio con el Ayuntamiento de Marbella.

De hecho, Roca ha asegurado que tras la moción de censura contra el ex alcalde Julián Muñoz, ocurrida en agosto de 2003, "se fijó sólo el 10% de los aprovechamientos. Lo exigido por ley", ha apostillado.

A pesar de que Muñoz era el firmante de los citados convenios el ex responsable del urbanismo municipal le ha dejado al margen de sus críticas. Ni siquiera le ha nombrado.

Roca ha vuelto a reinterpretar la historia, de la forma más beneficiosa para sus intereses personales, al presentar de nuevo la llegada de Marisol Yagüe a la Alcaldía -tras apartar a Muñoz- como una acción para "ir de la mano de la Junta de Andalucía, por la senda de la legalidad". Nada más lejos de la realidad.

Cabe recordar que a finales de julio de 2003 Muñoz acordó con la Junta de Andalucía elaborar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), tras ser anulado. Obras Públicas dejó claro que el entonces alcalde debería prescindir de Roca. Días después se producía la moción de censura auspiciada por Jesús Gil, al ver peligrar los convenios que él mismo había puesto en práctica con Muñoz y Roca.

De hecho, el letrado del Ejecutivo autonómico le ha recordado al principal procesado la rescisión "unilateral", decidida por Obras Públicas, del convenio de colaboración firmado con la entonces alcaldesa Yagüe entre 2004 y 2005.
 
Se desvincula de los convenios urbanísticos
A pesar de que Roca siempre ha tratado de desvincularse de los convenios urbanísticos, las conversaciones telefónicas -tres de ellas reproducidas este lunes en la Sala- demuestran hasta qué punto controlaba todos los entresijos de los informes que se llevaban a las comisiones de gobierno y los plenos del Ayuntamiento de Marbella. Se le ha podido oír dando instrucciones a la abogada del área municipal de Urbanismo, Salvadora Martín Moreno.

Tras finalizar el turno de las acusaciones el primero en tomar la palabra ha sido el abogado defensor del promotor Carlos Sánchez, Julián Chamorro. El conocido letrado madrileño ha puesto de manifiesto, con sus preguntas a Roca, la legalización de más de 30.000 viviendas en Marbella con la llegada del PP a la Alcaldía, tras elaborar un nuevo PGOU con la Junta de Andalucía.

"¿Ha devuelto algún dinero el Ayuntamiento como compensación por esas licencias de obras?", ha preguntado Chamorro a Roca. Ello ha servido para que el ex asesor de Yagüe dejara claro que "no hay nada que devolver porque todo se ha legalizado". De hecho, el equipo de gobierno que preside Angeles Muñoz no ha revisado licencias otorgadas de forma irregular por el GIL. Tanto el PP como la antigua Comisión Gestora dejaron en suspenso cualquier demolición a ejecutar por los tribunales, a la espera de la aprobación definitiva del nuevo Plan.

Además
* Gráfico: Las claves del caso 

"CASO GÜRTEL"; 8 HORAS DE PREGUNTAS A LOS ASPIRANTES AL JURADO: "¿QUE OPINA DEL ABORTO?

Selección del jurado popular que juzgará a Camps y Costa en la 'causa de los trajes'

* '¿Qué opina del matrimonio homosexual?', rezaba otra de las preguntas
* El primer día de juicio ha estado dedicado a la selección del jurado
* Una de las precandidatas fue en la lista del PSOE como independiente

Rodrigo Terrasa | Francisco Álvarez | Valencia

Debía ser el día de Camps, el día de la foto del ex presidente de la Generalitat Valenciana sentado en el banquillo de los acusados. El juicio, en definitiva. Pero no lo es. Al menos no lo ha sido de momento. El primer día del proceso por el caso de los trajes ha estado dedicado por completo a la elección del jurado. Y ya van ocho horas largas...

La selección de las nueve personas que deben formar parte del tribunal popular que juzgará a Francisco Camps y al ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa por un presunto delito continuado de cohecho pasivo impropio ha comenzado a las 10.15 horas.

Pasadas las seis de la tarde, y tras casi tres horas de receso para comer, el proceso no había finalizado. En total estaban citadas en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 29 personas como precandidatos a formar parte del jurado. Una de ellas fue en las listas del PSPV como independiente en las últimas autonómicas.

El proceso arrancó con 36 elegidos el pasado 26 de octubre, seleccionados con un bingo de juguete entre los más de 2.000 que la Audiencia de Valencia preselecciona cada dos años para formar parte de un jurado popular. El censo electoral sirve de base para dicho sorteo, que se lleva a cabo sólo los años pares.

Los requisitos son mínimos. De hecho, puede participar cualquier ciudadano con la nacionalidad española que haya alcanzado la mayoría de edad, sepa leer y escribir, resida en alguno de los municipios donde se cometió el delito y carezca de impedimentos físicos o psíquicos para ejercer la función de jurado.

Los condenados por un delito doloso que no hayan obtenido la rehabilitación, los procesados y reos en prisión preventiva, o los suspendidos, en un procedimiento penal, en su empleo o cargo público están "incapacitados" para serlo.

El número de precandidatos se ha ido reduciendo hasta hoy. El tribunal aceptó la pasada semana las excusas presentadas por siete personas por motivos de enfermedad, por ser mayores de 65 años y por embarazo.

A lo largo de este lunes, ya en la sede del TSJ, se han seleccionado por sorteo a 19 de los 29 candidatos y se les ha entrevistado uno por uno. Cada una de las partes (las acusaciones y las defensas) tienen la opción de recusar a un máximo de cuatro miembros cada uno, ocho en total. Y al final deben quedar 11, nueve titulares y dos suplentes.

Las entrevistas no tienen otra finalidad que tratar de descubrir el perfil del candidato, descifrar su ideología, sus prejuicios, adivinar su tendencia política... "¿Qué opina usted del aborto?"; "¿Qué opina del matrimonio homosexual?", ha preguntado el abogado del PSPV, acusación particular, a uno de los aspirantes.

Los nueve elegidos, los que acepten las dos partes, serán las que juzgarán a Camps y a Costa y las que dirán si es culpable o no culpable de un delito de cohecho pasivo impropio. Los que pondrán en marcha el proceso.

Además
* Fabra espera que Camps 'sea absuelto' y Barberá confía en su 'inocencia'
* El juicio lo cubren 150 periodistas