sábado, 9 de enero de 2010

"CASO SCALA"; EL TRIBUNAL SUPERIOR BALEAR ENCAUSA A UN EX CONSEJERO DE MATAS

A. M. - Palma de Mallorca

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares asumió ayer la instrucción del caso Scala por supuesta corrupción, al considerar razonada la imputación formulada por la juez Piedad Marín sobre José Juan Cardona, parlamentario balear del PP y consejero de Comercio en el Gobierno autonómico que presidió Jaume Matas de 2003 a 2007. La investigación judicial se centra en el desvío de más de tres millones desde una empresa pública y los presuntos delitos de malversación, prevaricación, falsificación documental, cohecho y fraude a la Administración.

Al ex consejero se le acusa de financiación irregular del PP por el pago de 13.253 euros desde el Gobierno balear por el envío por avión de 48.000 folletos de 22 páginas de propaganda electoral del PP -un peso de unas seis toneladas- para la campaña electoral de 2007 en Ibiza y Formentera, feudo político de Cardona.

elpaís.com

EL EX ALCALDE DE LLÍBER COBRÓ CASI UN MILLÓN POR LICENCIAS ILEGALES

El ex aparejador municipal percibía hasta 25.000 euros por informe

ARTURO RUIZ - Dénia

El principal cerebro del caso Llíber, el constructor Miguel Muntaner pagaba al ex alcalde del municipio José Mas, del PP, 3.000 euros por cada licencia "que informaba favorablemente" y que finalmente se concedía para la construcción de viviendas ilegales en suelo rústico, según declaró ante una juez de Dénia. Durante su gestión al frente del Ayuntamiento de Llíber (Alicante) entre 1999 y 2003, Mas dio permisos para edificar 300 casas (por las que percibió 900.000 euros) en una trama por la que permanece en prisión desde diciembre junto al ex aparejador municipal Amadeo Signes. Este llegó a cobrar hasta 25.000 euros por los informes técnicos para habilitar las construcciones. Muntaner está en libertad provisional tras pagar una fianza de 100.000 euros.

Por ahora están imputadas 16 personas en el caso, entre ellas varios constructores más que de igual modo habrían realizado sobornos al alcalde y a su técnico municipal, según Muntaner. El constructor añadió en su declaración que en una ocasión pagó otros 10.000 euros al ex alcalde por el permiso concedido para un tendido eléctrico en una casa ubicada en suelo no urbanizable. Y que junto a otros promotores financió otro inmueble para el hijo de Mas, en terreno urbanizable. La aportación de Muntaner para la flamante vivienda habría ascendido a 20.000 euros, que sirvieron para costear las ventanas y el suelo.

Según el sumario de la causa, Muntaner no sólo pagó al ex edil en metálico sino que también le regaló un vehículo de lujo. El constructor atestiguó ante la Guardia Civil que "de regreso de un viaje de la Conselleria, [José Mas] me dijo que siempre le habría gustado tener un Mercedes y un mes más tarde tenía uno diésel, de color blanco". El automóvil habría sido adquirido en un concesionario alemán al precio de 8.000 euros y se le entregó al ex alcalde en Benidorm.

En la trama, según Muntaner, también habría desempeñado un papel fundamental el ex aparejador municipal Amadeo Signes. El constructor señaló que, según le dijo al alcalde, "todo había que hacerlo con él, si no, ya no emitía ningún informe favorable". Muntaner relató que el ex funcionario fue aumentando la cuantía de las dádivas que exigía y que si al inicio de la trama, sobre el año 2000, cobraba entre "200.000 y 300.000 pesetas" [1.200 y 1.800 euros] a cada constructor implicado, percibió ya 25.000 euros por los últimos informes favorables que realizó para las casas ilegales. El promotor declaró que para sus promociones en Llíber abonó a Signes 100.000 euros por 15 licencias.

elpaís.com

UNA ASOCIACIÓN CIUDADANA ESTUDIA PERSONARSE COMO ACUSACIÓN PARTICULAR EN LLÍBER

URBANISMO | Plataforma contra abusos urbanísticos

* La abogada del colectivo abordará esta posibilidad la próxima semana
* El objetivo es 'localizar y recuperar el dinero en paraísos fiscales'


Efe | Llíber (Alicante)

La plataforma 'Abusos Urbanísticos Llíber-No!' (AUL-NO), que representa los intereses de alrededor de 150 familias afectadas por la venta de chalets ilegales en esta localidad alicantina, estudiará la próxima semana la posibilidad de personarse como acusación particular en el caso por la presunta estafa urbanística por la que se encuentran en prisión el ex alcalde José Más, el ex arquitecto municipal, así como varios constructores.

La abogada de la plataforma, Mónica Mas, explicó que los afectados son personas de nacionalidad extranjera y edad avanzada que se encuentran "prisioneros" de la situación de ilegalidad en la que están sus viviendas.

Por ello, la prioridad de la plataforma AUL-NO será conseguir que la investigación judicial permita conocer y recuperar el dinero supuestamente escondido en paraísos fiscales que los constructores presuntamebte implicados en el caso lograron durante el 'boom urbanístico' registrado entre 1999 y 2003, según sostiene esta entidad.

"Mis clientes no conocen a los políticos que han sido detenidos en la operación de la Guardia Civil, son los constructores los que presuntamente les engañaron para venderles viviendas que no se pueden legalizar", indicó la letrada.

"No queremos que sea un caso más, en el que haya penas de prisión pero el dinero no aparezca: vamos a luchar para que los culpables indemnicen a los afectados, de modo que, al menos tengan dinero para comprarse otras viviendas", añadió.

Mónica Mas se reunirá la próxima semana con un grupo de abogados para estudiar la posibilidad de personarse como acusación particular en el proceso penal que sigue el juzgado de instrucción número 3 de Dénia (Alicante).

Una vez personados, podrían solicitar la separación de la acción penal y de la civil, de modo que la plataforma podría reservarse para intervenir únicamente en la civil, comentó.

elmundo.es

EL TSJB CONMINA A ARMENGOL A QUE DECIDA YA SOBRE CAN DOMENGE

CORRUPCIÓN | Las novedades judiciales

* Pregunta si quiere quedarse el solar tal y como ha sugerido la promotora
* Quiere saberlo antes de tomar una decisión sobre el resto de imputados


Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares emplaza al Consell de Mallorca a que conteste «con prontitud» en un plazo máximo de 15 días si está dispuesto a recuperar el solar de Can Domenge y en qué condiciones. La Sala de lo Civil y de lo Penal de la máxima instancia judicial de las Islas adopta esta decisión, y así lo especifica en su último auto, antes de decidir si mantiene la millonaria fianza de 37,1 millones de euros que impuso la titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma a Sacresa, la promotora catalana que ganó el concurso, así como al ya ex presidente de Unió Mallorquina (UM) y ex conseller de Economía y Hacienda Miquel Ángel Flaquer.

Asimismo quiere solventar esta cuestión antes de tomar también una decisión sobre el resto de imputados, entre los que se encuentran la presidenta del Parlament balear Maria Antònia Munar y el ex conseller de Ordenación del Territorio Bartomeu Vicens. Sobre ambos debe decidir ahora el Tribunal Superior de Justicia al ser o haber sido, en el caso de Vicens hasta hace semanas, aforados.

El magistrado Francisco Javier Muñoz dejó en suspenso la millonaria caución hasta resolver los recursos interpuestos por los imputados y antes de adoptar una decisión definitiva quiere que quede clara la posición de la institución insular antes de determinar las responsabilidades civiles.

La negociación secreta
Y es que cabe recordar que, tal y como reveló EL MUNDO/El Día de Baleares, el Consell de Mallorca que preside la socialista Francina Armengol lleva meses negociando en secreto con la promotora propiedad de la familia Sanahuja la adquisición de Can Domenge. Su objetivo pasa por hacer en el solar que lo debía haberse hecho y nunca se hizo. Es decir, construir viviendas sociales. Para ello la fórmula que han ideado pasaría por adaptar el proyecto originario del arquitecto francés Jean Nouvel, que ganó el polémico concurso para hacer viviendas de lujo en un proceso en el que la ex presidenta del Consell Maria Antònia Munar vendió el solar a mitad de precio: por 30 millones de euros cuando tanto el Colegio de Arquitectos como la Agencia Tributaria ya han concluido que valía exactamente el doble.


Además
* El TSJIB asume las investigaciones del caso Scala

elmundo.es

ABOGADOS DE "GÜRTEL" RECLAMAN AL COLEGIO LA QUERELLA CONTRA GARZÓN

Por las escuchas en la cárcel

María Peral | Madrid

Los abogados José Antonio Choclán, defensor de Francisco Correa, y Juan Ignacio Vergara, que representa a varios empleados de Correa imputados en el 'caso Gürtel', reclamaron ayer a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid que "a la mayor brevedad" cumpla su propio acuerdo de presentar una querella contra el juez Baltasar Garzón por espiar ilegalmente las comunicaciones de esos letrados con sus clientes en prisión.

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, presidida por Antonio Hernández-Gil, acordó de forma unánime el 20 de octubre autorizar la interposición de una querella contra Garzón, primer instructor del 'caso Gürtel', al considerar que pudo incurrir en delitos de prevaricación y quebrantamiento del secreto de las comunicaciones por ordenar la intervención de todas las conversaciones que mantuvieran en prisión los principales imputados en el 'caso Gürtel' (Francisco Correa y Pablo Crespo) con todos los letrados que les visitasen.

Gracias a ello, la Policía, la Fiscalía y el juez instructor se enteraron de estrategias de defensa que se pensaban seguir, accedieron a opiniones e impresiones de los letrados sobre el proceso y conocieron la información -incluso las confesiones- que los imputados depositaban en sus abogados en la confianza de que las comunicaciones con sus defensores eran confidenciales.

La orden de Garzón permitió interceptar las entrevistas que Correa y Crespo mantuvieron con letrados como José Antonio Choclán, Gonzalo Rodríguez Mourullo, Pablo Rodríguez Mourullo, Juan Ignacio Vergara o Ignacio Peláez. Este último, a la vista de que la Junta presidida por Hernández- Gil no daba cumplimiento a su acuerdo, interpuso en su propio nombre una querella contra el juez de la Audiencia Nacional el 9 de diciembre.

Además
* Quién es quién | Claves del caso | Trama valenciana
* La Fiscalía insiste para investigar la trama valenciana

elmundo.es

LOS JUECES NO SE HAN PRONUNCIADO AÚN SOBRE LA QUERELLA DEL PSPV

La investigación de la trama corrupta

Los socialistas denunciaron al PP hace ya dos meses


LYDIA GARRIDO - Valencia

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) guarda silencio sobre la querella presentada a principios de noviembre por los socialistas por presunta financiación irregular del PP valenciano. Su único pronunciamiento, a finales de ese mismo mes, no resolvía el primer paso del trámite judicial: la competencia o no para investigar un delito en el que supuestamente están implicados altos cargos de la Generalitat.

Lo que hizo entonces el TSJCV fue anunciar la petición de información a las Cortes Valencianas, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al Registro de Partidos, al propio PP y a la Junta Electoral Central. Quería así confirmar el aforamiento de algunos querellados, como el presidente Francisco Camps; saber si el tribunal madrileño actúa sobre la financiación; conocer el grado de autonomía y decisión del PP valenciano dentro del PP; tener certeza sobre las responsabilidades de ciertos dirigentes y acreditar que fueron en las listas de las últimas elecciones. El PP confirmó ayer que recibió la petición de información a finales de noviembre y la respondió enseguida.

El tribunal guarda silencio desde entonces. Y lo hace después de haber ignorado el informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía sobre financiación irregular del PP, al que decidió no prestar atención a finales de julio, cuando lo recibió mientras deliberaba sobre la causa abierta contra Camps por los trajes, y que finalmente decidió archivar.

El informe destapaba mecanismos para la financiación ilegal:

» Doble facturación. De cada acto ejecutado se realiza una doble facturación, una real plasmada con una factura formal emitida por Orange Market al PP valenciano por los servicios prestados con el correspondiente IVA y otra sin factura, y por tanto sin reflejo contable y sin repercutir el IVA.

» Facturas de constructoras. Hay casos en los que para pagar las facturas legales con IVA, Orange Market recurre al cambio de cliente, endosa facturas por servicios al PP a dos constructoras con contratos con la Administración valenciana.

» Cobros en 'b' para pagar a cargos del PP. Los fondos procedentes de los cobros en b derivados de los actos realizados para el PP valenciano engrosan la caja b de Orange Market. Parte de ellos llegan a la de la empresa matriz, en Madrid. Este dinero se destina al pago de los gastos propios y de las entregas de dinero que realizan supuestamente a cargos del PP como Luis Bárcenas, Jesús Merino, Alberto López Viejo, Jesús Sepúlveda...

* La fiscalía pide al juez del 'caso Gürtel' que reclame las cuentas del PP de Valencia

elpaís.com