jueves, 2 de junio de 2011

EL JUEZ DEL "CASO RENEDO" LLEVA UN MES ESPERANDO QUE EL PRINCIPADO LE DÉ REFUERZOS

Administraciones Públicas no ha resuelto la petición para ampliar el personal del Juzgado o permitir a la plantilla hacer horas extra

RAMÓN MUÑIZ | OVIEDO.
 
Menos carga de trabajo y más personal de apoyo. Estas son las dos peticiones que el magistrado-juez Ángel Sorando Pinilla formalizó nada más recibir el 'caso Renedo', a mediados de abril. Los 62.500 folios de sumario que 'heredaba' de su predecesora, la instructora Ana López Pandiella, prometían desbordar al Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, del que es titular, y que está compuesto por una decena de funcionarios y un secretario judicial.

La primera de las solicitudes dependía de sus compañeros de oficio y ya ha sido resuelta. Sorando Pinilla reclamó eximir durante seis meses a su Juzgado del reparto de querellas. En la junta de jueces celebrada hace dos semanas, sus compañeros de Instrucción replicaron que tres meses sería lo más prudencial. Finalmente la Sala de Gobierno concedió el plazo inicial de seis meses. Desde el pasado día 18, no entran en Instrucción 2 las querellas, actos procesales que en realidad no suponen ni el 2% de los asuntos ingresados pero que luego, eso sí, acarrean una importante dosis de papeleo.

Distinto es el procedimiento para reclamar más personal. Aquí es el secretario judicial quien tiene que cursar la solicitud ante el secretario coordinador. El escrito proponía dotar a Instrucción 2 de un par de funcionarios más o permitir que dos de los que ya componen la plantilla tengan permiso para hacer horas extra por las tardes.

El secretario coordinador realizó un informe recogiendo la propuesta y lo remitió al secretario de Gobierno, quien ya trasladó la cuestión a la Administración que tiene competencia sobre el personal de Justicia, esto es, al Principado.

El primero en valorar el asunto es la Dirección General de Justicia, perteneciente a la Consejería de Justicia, cuya titular en funciones es María José Ramos. Tal y como están distribuidas las responsabilidades en la Administración regional, el papel de esta dirección general se limita a analizar la solicitud y realizar el informe sobre la misma para que decida, finalmente, la consejería que tiene atribuidas las competencias en materia de personal: Administraciones Públicas.

El departamento que dirige Ana Rosa Migoya no ha resuelto aún esta cuestión, lo que está obligando a Sorando Pinilla a arreglárselas con el personal habitual. De momento tiene a dos funcionarias atendiendo el papeleo que mueve el 'caso Renedo', sin que puedan dedicarse a ello en exclusividad.

Cabe precisar que la investigación sobre una presunta trama de corrupción en el Principado dio un salto cualitativo, en lo que a administración de justicia se refiere, en el momento en el que Sorando Pinilla atendió la petición de las defensas y levantó parte del secreto de sumario. Fue una medida con un efecto secundario más que previsible: todas las partes personadas aprovecharían el conocimiento de la investigación para plantear un aluvión de recursos, peticiones de nuevas diligencias e incluso solicitudes para nuevas imputaciones. Aunque la investigación que dirigió Ana López Pandiella enfrentaba grandes dosis de documentación, la magistrada-juez gijonesa sí que pudo lidiar el asunto sin ampliar la nómina de funcionarios adscrita al Juzgado de Instrucción 4.

En cambio ahora, con cinco imputados, dos acusaciones particulares, otras dos populares ya personadas y otra más en trámites de hacerlo, el movimiento de papeles está aumentando exponencialmente.

La falta de refuerzos amenaza con ralentizar el proceso, una contrariedad que también podría darse si Administraciones Públicas no resuelve adecuadamente la petición. En manos de la consejería está enviar dos trabajadores, reclutados de la bolsa de empleo, o permitir que el personal que ya trabaja en Instrucción 2 y conoce los procedimientos pueda ampliar su horario laboral. Los sindicatos de Justicia vienen desde hace años avisando de este tipo recambios. A su juicio, los suplentes que salen de las bolsas de empleo no tienen la formación necesaria para trabajar de forma eficaz en una administración tan delicada como la de Justicia.

La Policía de Gijón
Mientras se resuelven las cuestiones del Juzgado, la investigación mantiene su ritmo gracias en parte a una decisión de la que es responsable Baldomero Araujo, el jefe superior de Policía de Asturias. Cuando el sumario pasó a Oviedo, cabía hacer lo propio con los agentes adscritos al caso. Sin embargo, dada la complejidad de las pesquisas y el entramado investigado, el asunto se sigue manteniendo bajo los dominios del inspector jefe Arturo P. M., de la Brigada de Policía Judicial de Gijón, que ahora reporta sus avances a Sorando como antes lo hizo con López Pandiella.

elcomercio.es

"CASO RENEDO"; LA CLAVE DE LOS TESTIGOS

Sorando retoma la práctica de pruebas en el ‘caso Renedo’

PILAR CAMPO OVIEDO

El sumario de la investigación de la supuesta trama de corrupción en la adjudicación de contratos en la administración del Principado, en la que están imputados políticos, altos funcionarios y empresarios, sigue acumulando espacio en las estanterías del juzgado de instrucción número 2 de Oviedo. El magistrado-juez Ángel Sorando retomará, a mediados de este mes, el pulso de las diligencias con la práctica de nuevas pruebas testificales y periciales, consideradas claves en la causa.

Sorando cerrará así los flecos que quedan por aclarar para determinar la distinta participación de las personas que aparecen en el sumario en los delitos imputados -desde malversación de caudales a tráfico de influencias o blanqueo de capitales- de cara a la delimitación de su posible responsabilidad. A los cinco imputados ya conocidos -el ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, su ex número 2, María Jesús Otero, la funcionaria destituida Marta Renedo y los empresarios Víctor Manuel Muñiz (Igrafo) y Alfonso Sánchez (Almacenes Pumarín)- se suma una lista de una docena de personas que ya prestaron declaración y están encausadas como imputadas no detenidas.

Las citaciones para los testigos que aún no han testificado ya han salido del juzgado. Los primeros que tendrán que pasar por la sede judicial serán cuatro funcionarios que estuvieron adscritos a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, cuando era titular José Luis Iglesias Riopedre, y a quienes se les interrogará sobre el protocolo de actuación que se siguió en su departamento en materia de contrataciones. El juez intentará así despejar las dudas que suscitaron los contratos suscritos entre la administración, las empresas cuyos propietarios están imputados y algunos de los acusados. Los funcionarios B. F. S. y V. H.M. comparecerán el día 15, mientras que P. R.P. acudirá al juzgado el día 20 y A.M.F.M. tiene fijada su comparecencia para dos días más tarde.

El director general de Modernización y Telecomunicaciones, José Alberto Pérez Cueto, jefe directo de Marta Renedo, irá el día 20 de este mismo mes para realizar una prueba caligráfica y conocer así si su firma es la que aparece estampada en algunos de los documentos que obran en el sumario y que pertenecen a autorizaciones de contratos que eran presuntamente desviados a la empresa Implans Mounts, de la que era administradora única Marta Renedo, o si, como él mantiene, había sido falsificada.

La prueba testifical se completará, tras el paréntesis veraniego, coincidiendo con el inicio del curso judicial en septiembre con la declaración, en calidad de testigo, de la consejera de Administraciones Públicas y portavoz del gobierno regional, Ana Rosa Migoya, que está prevista para el día 12. Otros dos funcionarios pasarán por dependencias judiciales: D.L.D. -el día 13- y C. A.G., que tendrá que testificar al día siguiente. Ambos han sido citados, como testigos, al haber sido las personas que precintaron el ordenador que Renedo utilizaba en su despacho de Administraciones Públicas y que posteriormente fue entregado a la Policía Judicial.

"CASO CLOACA"; DETECTAN UN DESVÍO DE 1,6 MILLONES EN LA RECOGIDA DE UN SOLO AÑO

El informe encargado por el Consell cifra en 5,7 millones la diferencia total entre lo facturado por las UTEs adjudicatarias del Consell y los servicios que prestaron entre 2006-2010

EFE.PALMA

Solo en el año 2008 se registró una diferencia de 1,6 millones de euros entre lo que pagó el Consell de Mallorca a dos uniones de empresas por el servicio de recogida selectiva de basura y lo que realmente costaron estos servicios, según un informe pericial contenido en el sumario del caso Cloaca.

En este caso, investigado por el Juzgado de Instrucción 9 de Palma, se investiga un supuesto desvío de fondos públicos, emisión de facturas falsas y cobro de comisiones en la gestión de la recogida de los residuos urbanos de Mallorca de todos los municipios de la isla, salvo Palma, Calvià y Llucmajor.

El informe encargado por el Consell a un economista cifra en 5,7 millones la diferencia total entre lo facturado por las uniones temporales de empresas (UTEs) adjudicatarias del Consell para la recogida selectiva y los servicios que realmente prestaron durante el periodo 2006-2010.

El año en que se registra más diferencia entre un concepto y otro es 2008, cuando el informe localiza un sobrecoste de 696.080 euros en el caso de la UTE FCC-Lumsa y de 901.291 euros en el de la UTE Resenetma.

Mientras en el primer año, 2006, se registró un supuesto desfalco de 749.260 euros, en 2007 esta cantidad ascendió a 1,2 millones, en 2009 se situó en 1,3 millones y en 2010 bajó de nuevo hasta los 709.218 euros.

La Fiscalía investiga si este dinero facturado "en exceso" se pudo desviar a manos de particulares, y por ello ha imputado a varias personas, entre ellas la exportavoz y exvicepresidenta de Unió Mallorquina, Catalina Julve, quien fue consellera insular de Medio Ambiente durante la actual y pasada legislaturas, periodo en el que se detectaron las supuestas irregularidades.

Las acusaciones sospechan que aunque el Consell destinó millones a estas uniones de empresas para llevar a cabo la recogida selectiva de los ayuntamientos, eran otras empresas contratadas por los propios consistorios las que realmente hacían el trabajo.

diariodemallorca.es

"CASO IBATUR"; CITAN COMO IMPUTADO AL EXCONSELLER ALEJANDRO FORCADES

El exconseller de Economía Alejandro Forcades y otras 14 personas más declararán por unos contratos firmados entre 2005 y 2007 para prestar determinados servicios a la conselleria de Turismo en una página de Internet

AGENCIAS .PALMA

El juez instructor del caso Ibatur, Juan Ignacio Lope Sola, ha citado como imputado al exconseller balear de Economía y presidente del Círculo de Economía, Alejandro Forcades, así como a unas 14 personas más, que tendrán que declarar por unos contratos firmados entre 2005 y 2007 para prestar determinados servicios a la conselleria de Turismo en una página de Internet.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, las declaraciones serán los días 14, 15, 16 y 20 de junio y las alrededor de 15 personas citadas lo están en calidad de imputadas.

Forcades tendrá que declarar el día 20 de junio ante el juez Lope Sola, que investiga el supuesto desvío de fondos y cobro de comisiones en torno al Insituto Balear de Turismo (Ibatur), un organismo dependiente de la Conselleria de Turismo durante la legislatura 2003-2007, cuando el PP gobernaba en Baleares.

En concreto, según la providencia del juez, el día 14 están citadas cuatro personas desde las 9.30 horas y con un espacio de una hora cada una. Son Catalina Sampol, Mercedes Estarellas, Magdalena Jaume y Miguel Brunet.

El día 15, también de 9.30 a 12.30, tendrán que comparecer David Salvat, Konrad Tolloczo, Lucía Gómez del Pulgar e Iván Marcos Terrasa.
 
El juez ha citado el 16 a Enriqueta Castelló, Juana Planisi, José García Vicens y María José Losantos, y finalmente, el día 20 comparecerán José María Aldazabal (9.30 horas), Antonio Mir (10.30) y el exconseller del PP (11.30).

Los imputados, proveedores del Ibatur en la citada legislatura, serán interrogados sobre presuntas irregularidades en el Instituto Balear de Turismo (Ibatur) entre 2003 y 2007 cuando se adjudicaron a determinados empresarios y otros proveedores trabajos a dedo, mediante el sistema de dividir partidas grandes en contratos menores, inferiores a 12.000 euros.

Estas supuestas prácticas fueron desveladas por el primer detenido en el caso Ibatur, el exsecretario del organismo Miguel Ángel Bonet, en febrero del 2010.

Los investigadores sospechan que por lo menos 27 proveedores de la conselleria de Turismo y pertenecientes a sectores de agencias de publicidad, artes gráficas, Internet, alimentación, ferias, audiovisual, etc, pudieron concertarse con responsables del Ibatur para eludir la normativa legal y recibir contratos a dedo.

diariodemallorca.es

EL SUPREM0 ARCHIVA OTRA QUERELLA CONTRA JOSÉ BONO

Madrid

El Tribunal Supremo archivó el martes una querella por cohecho contra el presidente del Congreso, José Bono, presentada por la asociación Justitia et Veritas. Es la tercera vez que rechaza una querella contra Bono, ya que este órgano confirmó el pasado 29 de marzo el archivo de las interpuestas por las asociaciones Preeminencia del Derecho y Ciudadanía Anticorrupción.

Tanto en esos dos casos como en el conocido anteayer, al presidente de la Cámara baja se le imputaban presuntos delitos de cohecho, falsificación de documento público y delito fiscal en relación con la permuta de dos apartamentos en Estepona (Málaga) por un piso en Madrid y con el incremento del patrimonio de Bono en los últimos años.

El Supremo reitera los argumentos empleados anteriormente. Dice que "no aprecia dato de ilicitud en el incremento de patrimonio descrito" y que los hechos alegados por los querellantes no constituyen delito.

elpaís.com

"CASO BRUGAL"; EL PLAN OCULTO DE UN PROMOTOR Y DOS ALCALDES

La policía cree que Ortiz influyó en el PGOU de Alicante

SANTIAGO NAVARRO - Alicante 

La redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante contó, según la policía, con una trastienda ajena al interés general cuyos protagonistas fueron el promotor local Enrique Ortiz, el exalcalde y actual diputado autonómico del PP Luis Díaz Alperi, y su sucesora y entonces concejal de Urbanismo, Sonia Castedo. Esa cara oculta del proceso de gestación del nuevo planeamiento urbano está reflejada en el informe de la Brigada de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Comisaría de Alicante.

El hermano de la alcaldesa actuó de puente entre Ortiz y el Ayuntamiento

EU pide a Castedo y Alperi que dejen todos sus cargos públicos

El documento forma parte de la pieza separada del caso Brugal, que investiga el supuesto trato de favor a Ortiz en el trámite del PGOU. Por estos hechos, y sobre la base del informe policial, el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, acusa de cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información a 21 personas, entre ellas, Alperi, Castedo y Ortiz.

El documento de la policía revela múltiples reuniones y llamadas telefónicas entre el promotor, el regidor, la alcaldesa y el arquitecto redactor del planeamiento, Jesús Quesada, para "incluir modificaciones en el PGOU a su voluntad [la de Ortiz]. El informe de los agentes de la Brigada de Blanqueo de Capitales destaca otra pieza clave en ese supuesto trasiego de información privilegiada entre los dos altos mandatarios municipales y el promotor: un despacho de abogados urbanistas, regentado por José Luis Castedo (hermano de Sonia Castedo) y Javier Gutiérrez, exconcejal socialista en el Ayuntamiento.

El informe policial recoge hasta ocho supuestas actuaciones urbanísticas ilegales, aunque las dos de mayor calado son el supuesto amaño para la remodelación del estadio Rico Pérez, en actualidad propiedad de la firma Aligestión, del promotor Ortiz, y la adquisición de suelo protegido para intercambiar los aprovechamientos por suelo urbanizable.

La investigación policial sobre presuntas irregularidades en el trámite del PGOU de Alicante comenzó a mediados de mayo de 2008 y se prolongó justo hasta la primavera de 2010. Durante ese bienio, el Ayuntamiento aprobó en dos ocasiones provisionalmente la propuesta, la segunda en mayo de 2010. El documento aún no ha sido sancionado por el Consell.

Sobre la base de ese vasto informe policial (las diligencias ocupan 500 folios), el fiscal Briones presentó el pasado 17 de junio de 2010 un escrito inicial de acusación ante el magistrado Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, que dirige el sumario general del caso Brugal. San Martín, no obstante, se inhibió de esa pieza un mes después por motivos de competencia territorial.

La causa del PGOU de Alicante recayó en el Juzgado número 5 de Alicante. Su titular, el magistrado Manrique Tejada, mantiene desde entonces secretas las diligencias. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia aseguraron ayer que el juez mantendrá el secreto del sumario "hasta recibir los nuevos informes policiales que ha solicitado".

Sin embargo, la reserva de ese sumario ha sufrido dos filtraciones de calado. La primera en octubre de 2010, cuando por un error material el juez Carlos San Martín incluyó parte de esas diligencias en un DVD que fue entregado al resto de partes de la causa general.

La primera filtración incluyó pasajes del informe policial y el escrito de acusación del fiscal al completo. El documento fue exhibido en público por Sonia Castedo para contrarrestar las imputaciones que vertía sobre su persona el representante del ministerio fiscal.

La segunda filtración se produjo ayer, a través del diario Información, que difundió el informe policial. El documento abunda en los ocho supuestos hechos delictivos que dieron pie a la acusación del fiscal y recoge nuevos pasajes de las escuchas telefónicas de conversaciones grabadas entre Ortiz, Alperi y Castedo, reveladoras de las presiones del empresario a los cargos del PP para conocer de antemano las líneas básicas del PGOU y la disponibilidad de estos a satisfacer sus demandas de información.

En su escrito, el fiscal sostiene que la primera reunión de importancia entre el empresario y los cargos del Ayuntamiento para obtener información privilegiada del PGOU se produjo el 15 de mayo de 2008, "en una reunión velada en la Gerencia de Urbanismo entre la concejal Sonia Castedo, Enrique Ortiz y Jesús Quesada". El informe policial precisa que el encuentro fue a la 17.30, "porque por la tarde no hay nadie". En esa reunión, según la policía, Ortiz obtuvo datos acerca de la instalación de la tienda de Ikea en el plan Rabassa, adjudicado unos años antes al promotor Ortiz.

El informe de la policía y el escrito del fiscal recogen, más adelante, sucesivas conversaciones telefónicas en las que bien Castedo o bien el redactor del plan informan al promotor de otras actuaciones urbanísticas en las que Ortiz tiene intereses, como el APA-9 o la Lomas de Garbinet.

El 26 de junio de 2008, la policía interviene llamadas de Ortiz al redactor del PGOU interesándose por el proyecto de remodelación del estadio Rico Pérez, "con la anuencia de Sonia Castedo y Díaz Alperi", precisa el escrito del fiscal. En este apartado la policía aporta un encuentro personal entre Alperi y Ortiz en Benidorm para hablar del proyecto de reforma del Rico Pérez. El informe policial concluye en este apartado que "se habría producido un pacto encubierto por el que la mercantil Aligestión habría adquirido el estadio Rico Pérez sabiendo que posteriormente sería recalificado, aprovechando el PGOU".

La policía cree igualmente acreditado que Ortiz tuvo información privilegiada sobre qué zonas de la ciudad iban a ser protegidas y poder acaparar ese suelo con la intención de permutar la edificabilidad en áreas urbanizables. "Yo tengo un plano de las zonas protegidas que tienen prioridad", recoge un pasaje de una conversación entre Ortiz y uno de empleados.

Tanto la policía como el fiscal consideran que en este supuesto acceso a información privilegiada del promotor Ortiz sobre los pormenores del PGOU de Alicante es clave el papel del despacho de abogados de urbanistas integrado por el hermano de Castedo y el exconcejal socialista. Para el fiscal, este extremo tampoco pasa inadvertido y acusa a ambos de los delitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada. La mediación más relevante de los dos abogados con Ortiz está vinculada a la adquisición de terrenos rústicos en áreas que más tarde serían protegidas, como el Saladar de Agua Amarga.

Para el PSPV, según recoge un informe elaborado por el partido sobre el trámite del PGOU, el papel del hermano de Sonia Castedo en el supuesto trato de favor al promotor Ortiz "es clave". El documento de los socialistas destaca que José Luis Castedo trabajó entre 2004 y 2008 en la entonces Consejería de Territorio y Vivienda en Alicante.

Las nuevas revelaciones policiales sobre el supuesto trato de favor de Castedo y Alperi a Ortiz en el trámite del PGOU fueron aprovechadas ayer por los grupos de la oposición para instar a la alcaldesa a que dé explicaciones. Elena Martín, cabeza de lista del PSPV en los últimos comicios municipales, dijo: "De confirmarse los hechos, Alicante estaría ante un claro caso de corrupción. Exigimos a Castedo que salga inmediatamente a dar explicaciones".

Más contundente se manifestó el cabeza de lista de EU, Miguel Ángel Pavón, quien exigió a Castedo y Alperi que renuncien a sus actas, tanto de concejales electos como de diputados autonómicos electos. "Es inaceptable el trapicheo de planos del PGOU entre Ortiz y el equipo redactor". Mientras, la diputada autonómica de Compromís por Alicante Mireia Mollà aseguró que los nuevos datos sobre el PGOU "hacen absolutamente necesario que se pidan responsabilidades".

Castedo a Ortiz: "Te hemos apañado lo del Rico Pérez"
Los diálogos de las escuchas telefónicas recogidas en el informe policial del sumario del caso Brugal sobre el PGOU de Alicante rezuman una constante en las formas: la cordialidad rayana en la afectuosidad que reina entre el trío de interlocutores, el promotor Ortiz y los dos alcaldes del PP de Alicante, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo. Mientras, en el fondo las escuchas revelan el afán de Ortiz por controlar los pasos del trámite del planeamiento y, en paralelo, la disponibilidad de Alperi y Castedo a acceder a sus peticiones.

La regidora ha compartido, junto con Alperi, dos viajes de recreo a bordo del yate Elena, propiedad del empresario Enrique Ortiz. Esas características subyacen tanto en las escuchas telefónicas conocidas tras la primera filtración de septiembre y las recogidas en la filtración difundida ayer por el diario Información.

Muestra de la cordialidad entre Ortiz y Castedo son algunos pasajes de conversaciones entre ambos sobre el proyecto de reforma del estadio Rico Pérez. En una de las conversaciones sobre otras actuaciones urbanísticas la regidora comenta a Ortiz: "Te hemos apañado también lo que hay en el APA 9 y Lomas de Garbinet y también lo del Rico Pérez".

Sobre el Rico Pérez, en la primera filtración del informe policial, hay otra conversación reveladora

Ortiz: Pues voy directamente allí y vemos a ver si me das solución ya de lo que este plantea del Hércules (...) y si me interesa, y ya te cuento temas que he estado viendo también con Luis y me dices, y además intenta tener el planito y me lo enseñas.

Castedo: Sí, Sí, sí, mañana nos vemos entonces.

El trasiego de planos (supuestamente referidos al nuevo PGOU) entre Castedo y Ortiz ocupa otro pasaje de las escuchas, en este caso referidas a la instalación de Ikea en Rabassa. "Me has dado un tebeo del Coyote. Es el antiguo, el mismo que tengo yo, el antiguo, antes de la modificación", comenta Ortiz.

En otras de las conversariones, el promotor Ortiz expresa directamente a Castedo su malestar por que la redacción del PGOU, al menos en lo que se refiere al apartado de las nuevas zonas protegidas, no discurre según sus intereses: "El tema es gordo, estoy viendo el Plan General y me destroza por todos los lados, es que es increíble... los puñeteros adscritos estos". En esa fase del trámite del PGOU Ortiz, en una conversación con un empleado suyo, experto en temas urbanísticos, llega a dudar de la lealtad de sus apoyos y alude a una supuesta mano negra, para espetar: "Yo veo aquí una mano negra y la mano negra para esto tengo que ser yo".

Las escuchas dejan aflorar que el supuesto idilio y mutua confianza de los que siempre han hecho gala en público Luis Díaz Alperi y su sucesora en el cargo, Sonia Castedo, sufrió una fractura a las primeras de cambio. En una conversación entre Ortiz y Luis Díaz Alperi, grabada el 21 de octubre de 2009, justo un año después del cambio de titular en la alcaldía, el exregidor hace las siguientes alusiones sobre su sucesora.

Alperi: Oye, no le comentes nada, por favor, a Sonia, de nada, nada de nada.

Ortiz: ¿Qué te ha hecho otra, o qué?

Alperi: No, no, me ha hecho otra, pero sé más cosas, y sé que me... vamos, Sonia me odia a muerte.

"OPERACIÓN PONIENTE"; JUAN ENCISO NI SIQUIERA RECOGERÁ EL ACTA DE CONCEJAL DE EL EJIDO

El PP obtuvo mayoría absoluta

Efe | Almería

El alcalde en funciones de El Ejido (Almería), Juan Enciso, imputado en el marco de la 'Operación Poniente' y quien en las pasadas elecciones municipales perdió la mayoría absoluta, ha decidido junto con otros miembros del Partido de Almería (PAL) renunciar a su acta de concejal.

Fuentes del partido han informado a Efe de que la decisión, adoptada en la ejecutiva general celebrada ayer, se debe a los malos resultados electorales obtenidos en El Ejido y el resto de la provincia y al deseo de "dejar paso" a otros miembros de la formación.

El PAL perdió en las últimas municipales la mayoría absoluta en El Ejido, su principal bastión, donde perdió once de sus quince ediles, en favor del PP, que pasó de cuatro a trece de los veinticinco concejales en juego.

Al margen de El Ejido, el partido de Enciso sufrió un importante varapalo en el conjunto de la provincia, al pasar de los 61 concejales obtenidos en 2007 a sólo siete, con lo que se quedó sin posibilidad de gobernar en ningún ayuntamiento ni con representación en la Diputación de Almería, donde hasta ahora contaba con dos representantes.

Según las fuentes consultadas, han decidido renunciar a su acta de concejal el propio Enciso, así como el secretario general del PAL y portavoz en El Ejido, José Añez, y el candidato a la Alcaldía de Dalías, Ángel Díaz.

El hundimiento del PAL en las elecciones municipales refleja el impacto que ha tenido entre el electorado la imputación de Enciso en el marco de la Operación Poniente, en la que se investiga una presunta trama de corrupción entre la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur) de El Ejido y varias subcontratas.

Enciso, imputado por los delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias, salió de la cárcel el pasado 15 de junio tras permanecer en prisión ocho meses y pagar una fianza de 300.000 euros, tras lo cual decidió regresar al frente del Consistorio y optar a la reelección.


elmundo.es

EL JUEZ CASTRO IMPUTA EN EL "CASO PALMA ARENA" A UN SOCIO DE IÑAKI URDANGARÍN

Cofundador del Instituto Nóos
Europa Press | Palma

El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, ha imputado al que fue junto al Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, fundador del Instituto Nóos, una entidad dedicada al patrocinio y mecenazgo que en 2005 suscribió con el Govern balear varios convenios por un importe de 1,2 millones de euros, cuyo destino no ha sido justificado.

En un principio, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma había citado a declarar a Diego Torres el próximo 22 de junio, si bien el magistrado prevé emplazarlo para otra fecha debido a la imposibilidad del encausado de acudir ese día a los Juzgados de Vía Alemania de la capital balear, según han informado fuentes judiciales.

De acuerdo a las pesquisas llevadas a cabo en torno a estos convenios, el gasto que en su día se presupuestó para la celebración de un foro sobre turismo y deporte no ha sido acreditado. El Ejecutivo autonómico abonó a Nóos, a través de la Fundació Illesport y el Instituto Balear de Turismo (Ibatur), un total de 1,2 millones de euros a pesar de que el evento duró apenas tres días -entre el 22 y el 25 de noviembre de 2005-.

Se ha enterado a través de la prensa
Preguntado sobre esta citación, el propio Torres ha manifestado sentirse sorprendido por la decisión del juez y ha apuntado que ha sido a través de la prensa como se ha enterado de su imputación en la pieza número 25 de este complejo caso, que a nivel global investiga el presunto desvío de más de cincuenta millones de euros públicos durante la construcción del velódromo palmesano (2005-2007).

Precisamente, sobre estos convenios el entonces presidente del Govern, Jaume Matas, admitió en su declaración como imputado que recomendó firmar los convenios y que "lo volvería a hacer", tal y como recalcó el ex jefe del Ejecutivo a preguntas de la Fiscalía. Fue de este modo como Matas defendió la utilidad del convenio y su tramitación, al asegurar que "todo se hizo de forma correcta".

Sin embargo, sobre estos hechos ya se había interesado el Ministerio Público en otras comparecencias del caso. Así, al respecto fue interrogada la entonces jefa de Gabinete de Matas, Dulce Linares, quien aseveró ante el juez, también en calidad de imputada, que la decisión de gestar el convenio fue adoptada por Matas, aunque negó que el ex jefe de la Administración autonómica le diese orden alguna para que prescindiera del control del gasto presupuestado.

Mientras tanto, al respecto también fue preguntado recientemente el entonces conseller de Turismo y actual diputado del PP, Joan Flaquer, que en su comparecencia como testigo aseguró ignorar, por el contrario, quién gestó el convenio, aunque defendió que con esta iniciativa el Ejecutivo pretendía apostar "por la armonización del turismo y el deporte"


elmundo.es

NUEVAS PRUEBAS AVALAN QUE LA "GÜRTEL" LLEVÓ LA CAMPAÑA DEL PP ANDALUZ EN 2004

La facturación de Rialgreen y la declaración de un publicista dejan en evidencia la versión del partido

RAÚL BOCANEGRA SEVILLA

"Todas las facturas de las campañas políticas iban contra Rialgreen ya que esta era la empresa que firmó el contrato con el PP". Es la respuesta que le da J. L. Rois, uno de los creativos publicitarios que trabajaron para los conservadores en la campaña de las autonómicas andaluzas de 2004, a la Policía, que le pregunta quién le indicaba a qué sociedad debía facturar sus trabajos. El PP andaluz ha sostenido y sostiene todavía que no contrató con Rialgreen los servicios publicitarios de aquella campaña, sino que lo hizo con la multinacional McCann Erickson. Sin embargo, esta declaración de Rois, junto a varias facturas aportadas al sumario del caso por el propio Rois y por la propia McCann, todas ellas dirigidas a Rialgreen, cuestionan las tesis del PP andaluz.

La Policía afirma en sus informes que fue el PP nacional quien contrató a Rialgreen, empresa administrada por Pablo Crespo, lugarteniente del jefe de la trama Gürtel, para los "servicios publicitarios" en la campaña de Teófila Martínez de 2004, pese a que su objeto social era la "explotación de fincas" y que esta a su vez subcontrató a McCann.

Un creativo de la campaña de 2004 relata cómo le subcontrató Correa

Fuentes oficiales del PP de Andalucía consultadas ayer insistieron de nuevo en que el partido contrató con McCann y nunca con Rialgreen. Este diario ha reclamado al PP en reiteradas ocasiones, incluidas dos ruedas de prensa, el contrato del PP de Andalucía con McCann y hasta ahora no lo ha obtenido. La respuesta ha sido siempre la misma: "Toda la documentación fue remitida a la Cámara de Cuentas de Andalucía y al Tribunal de Cuentas. Las cuentas están perfectamente auditadas".

Tanto Rois, administrador de la compañía Asian Deluxe Group, como McCann, llevaron para el PP, subcontratadas por Rialgreen, además de las andaluzas, las campañas de las autonómicas de 2003 y las generales de 2004, cuando el candidato fue Mariano Rajoy. La Brigada de Blanqueo de Capitales cree que "los fondos públicos recibidos para la financiación electoral y que se destinan a pagar actos electorales revierten a los responsables políticos del PP encargados del control de los ingresos y gastos, distrayendo estos recursos de forma indirecta para su lucro personal".

La Policía afirma que recibieron presuntamente los pagos los exdirigentes del PP Luis Bárcenas, Jesús Merino, Jesús Sepúlveda y Gerardo Galeote, además del misterioso PAC, un hombre con "gran influencia" sobre importantes dirigentes del PP y no identificado por el momento.

"Era evidente que no conocían el mercado publicitario", afirma
 
Así les contrató la trama
Rois relata a la Policía cómo se fraguó su contratación y la de McCann por parte de Rialgreen. Fue en un encuentro con Correa y Crespo en el Hotel Fénix de Madrid. "Ellos comentaron que tenían una compañía que se encargaba de hacer prácticamente todos los actos del PP en el territorio nacional y que estaban muy bien conectados. Su principal argumento fue que si la empresa de los actos iba de la mano de un creativo importante, teníamos posibilidades de ganar el concurso". "Era evidente remata Rois que ellos no tenían mucho conocimiento del mercado publicitario, así que me ofrecí a contactar con el presidente de McCann en Madrid, Félix Vicente, y ofrecerle [un negocio conjunto]. El presidente de McCann, Correa, Crespo y yo mismo nos reunimos para acordar [su] funcionamiento". Rois adjunta un contrato sin firma entre Rialgreen y el PP que Crespo le envió a él y a McCann para que le dieran "el ok". Añade Rois: "Por las cantidades que figuran, creo que se refiere a la campaña para el PP de Andalucía, pero no estoy seguro".

El apoderado de McCann, en un escrito al TSJ de Madrid, afirma que "colaboró con Rialgreen en las campañas del PP para las autonómicas de 2003 y generales y autonómicas de 2004". Y añade: "Los trabajos se documentaron en 29 facturas, (...) que son los únicos documentos que obran en los archivos de McCann sobre la citada colaboración". Ni rastro del supuesto contrato con el PP andaluz.

Las nuevas pruebas

Facturas a Rialgreen por importe de un millón de euros

Las facturas aportadas por J. L. Rois, administrador de Asian Deluxe Group, y por McCann Erickson suman en total algo más de un millón de euros. Todas están pagadas por Rialgreen, empresa de la ‘trama Gürtel', y se refieren a las campañas de las autonómicas de 2003 y de las generales y andaluzas de 2004. Ello prueba que fue Rialgreen quien subcontrató a McCann y no al revés, como sostuvo el PP andaluz.

"Mi interlocutor fue el señor Crespo"

"Todas las facturas de las campañas políticas iban contra Rialgreen ya que esta era la empresa que firmó el contrato con el PP. Mi interlocutor fue principalmente el señor Crespo". Son palabras de la declaración policial de J. L. Rois, creativo que participó en las campañas, y cuestionan la versión del PP andaluz, que sostiene que ellos contrataron a McCann. Sin embargo, las facturas de McCann no las pagó el PP, sino la trama.
 
La trama ganó 159.603 euros con Teófila Martínez
La ‘trama Gürtel' se repartió unos ‘dividendos' de 159.603 euros tras la campaña de las autonómicas en Andalucía de 2004, según refleja un documento interno llamado ‘Distribución beneficio Rialgreen'. Teófila Martínez fue la cabeza de cartel en aquellas elecciones y Ricardo Tarno uno de los puntales de la campaña. Su nombre aparece en la agenda de Crespo bajo el epígrafe ‘Temas pendientes', vinculado a la cifra "36.974 euros+IVA". "Si Crespo cree que el PP le debe algo, no le puedo decir", dice.

"CASO GÜRTEL"; LOS INVESTIGADORES CREEN QUE CORREA ESCONDE OTROS 20 MILLONES

Las sospechas de dinero oculto se mantienen vivas

A. GUTIÉRREZ MADRID

La sospecha de que Francisco Correa ha conseguido esquivar el cerco judicial y ocultar en el extranjero fondos de procedencia ilícita no se ha disipado. Ayer, fuentes del caso subrayaron su convicción de que la cantidad escondida puede oscilar entre 20 y 30 millones de euros. En el auto de ayer, Pedreira cita una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre cómo la cuantía de la fianza debe ser fijada atendiendo, entre otros criterios, a los "lazos" del imputado con "personas que puedan prestar la caución", o sea, la fianza. Cuáles son esos lazos en el caso de Correa no se sabe. El considerado contables de la trama como José Luis Izquierdo y, sobre todo, los presuntos cerebros financieros José Ramón Blanco Balín y Luis de Miguel Pérez están imputados pero con plena libertad de movimientos.

Si el dinero existe, no estará previsiblemente en un zulo sino en respetables instituciones bancarias de alguno o algunos de los paraísos fiscales y países de democracia consolidada Holanda que se han negado a cumplimentar las comisiones rogatorias cursadas o vienen dando largas desde hace casi dos años.

Varios paraísos fiscales han hecho caso omiso a las peticiones de ayuda

En esa lista figura el grupo habitual en materia de blanqueo internacional de capitales: la Isla de Man, las Islas Caimán, la Isla de Nevis, y las Islas Vírgenes Británicas. Pero tampoco Panamá, que formalmente ha accedido a facilitar la información solicitada, está cooperando con entusiasmo. Otros países como Marruecos y Singapur tampoco han suministrado información valiosa, pero, de momento, no han dado una negativa al juez Pedreira. Las rogatorias a Singapur y Luxemburgo, otro escenario importante para la trama, fueron las últimas en cursarse, en octubre de 2010.

En las Islas Caimán, el magistrado Pedreira busca información sobre Correa Sánchez Trust y la sociedad que actuaba como su administradora, Chelmi Ltd. Un informe policial fechado en julio de 2010 certificó con pruebas que Chelmi aportó los fondos para la compra de terrenos en Cartagena de Indias (Colombia), donde Correa se embarcó en una operación inmobiliaria con la idea de asentarse en ese país o en el vecino Panamá.

Sorprendentemente, entre los países cuya colaboración se ha saldado con mejores resultados prácticos se cuentan, además de EEUU que alertó de cuentas desconocidas para la justicia española, Suiza y Mónaco, incluidos en la nómina de paraísos fiscales hasta que la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) los sacó en septiembre de 2009. En Suiza, y gracias a la información proporcionada por Arturo Fasana, broker de Correa y aún imputado, la Justicia mantiene bloqueados alrededor de 19 millones. En Mónaco, hay otros cuatro congelados.

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