lunes, 11 de julio de 2011

LA OPERACIÓN RETABLO DESVELA QUE HABÍA OFERTAS FALSAS EN PATRIMONIO

La investigación afecta a iglesias restauradas durante la época del bipartito - Empresas competidoras redactaron proyectos idénticos con faltas ortográficas

JOSÉ PRECEDO - Santiago

La denuncia partió de dos imputadas en la Operación Retablo que representan a firmas supuestamente beneficiadas por la trama de adjudicaciones en la restauración de arte sacro que acumula ocho imputados y 2.500 folios de sumario. Y lo que viene a decir es que en las provincias de Lugo y A Coruña se repiten exactamente las mismas prácticas corruptas que la Justicia lleva dos años investigando en Ourense y Pontevedra.

Una de las firmas beneficiadas destapó la trama Retablo

El fiscal denuncia al jefe de servicio de Arquitectura de la Xunta

En una adjudicación por 30.000 euros no figura el expediente administrativo

La consellería admite que restauró obras distintas de las de los concursos

El pasado octubre, Olga Quintela, de la empresa de restauración Márquez Viera CBC, y Mari Carmen Acuña, de la firma Ábside, se presentaron en la fiscalía con documentación para probar que la Consellería de Cultura pagó diversas cantidades a empresas del sector por restaurar imágenes que no se encontraban en dos iglesias de Lugo y una en Ourense. Aludían a supuestas facturas falsas sufragadas por la Dirección Xeral de Patrimonio y que habrían cobrado empresas a cambio de trabajos no realizados.

A partir de ese momento, la brigada de delitos económicos del Cuerpo Nacional de Policía que destapó un fraude generalizado en el sur de Galicia recabó de la Xunta una docena de expedientes sobre los procesos de contratación para rehabilitar iglesias con fondos del Gobierno gallego. El informe policial pone de manifiesto un rosario de irregularidades, omisiones, facturas infladas y otras prácticas fraudulentas en la gestión de los fondos públicos de Patrimonio entre 2005 y 2007, durante la época del gobierno bipartito. Precisamente, fue la consellería de Cultura que entonces dirigía la nacionalista Ánxela Bugallo, quien destapó la trama, después de cotejar las denuncias presentadas por empresas a las que ahora se investiga. La conclusión de los agentes es que un grupo de funcionarios que operaron con tres gobiernos distintos urdieron por su cuenta una red ilegal para manejar en su beneficio las ayudas de la Consellería de Cultura.

Tras analizar la documentación de la Xunta, la unidad de delincuencia financiera y fiscal de la policía ha detectado, por ejemplo, que en varios de los supuestos procedimientos negociados sin publicidad -en los que se debería invitar a tres empresas a participar en la restauración del patrimonio eclesial- o no concurren tres ofertas o los proyectos son calcados. Hasta el punto de copiar errores ortográficos. Por todos estos hechos, el fiscal ha presentado una denuncia en los juzgados de Santiago en la que pide que comparezca como imputado el jefe del servicio de Arquitectura y Etnografía de la Xunta, Juan Naveira Seoane, y la restauradora del mismo servicio Carmen Verdera. El ministerio público concluye que hay indicios suficientes para investigar delitos como tráfico de influencias, malversación de fondos y otros contra la Administración.

Las pesquisas policiales apuntan que el Gobierno gallego abonó entre 2005 y 2007 facturas por un importe superior al coste de los trabajos y adjudicaciones donde no consta el expediente administrativo de contratación.

Como ejemplo, los trabajos de recuperación de dos retablos en el templo de San Xosé de la Virgen del Camino de Muros. Patrimonio pagó 43.175,60 euros a la empresa Atlas, SL, cuyos representantes pretende citar la fiscalía como testigos. Según detalla la investigación policial, en la documentación de la Xunta no constan ni invitaciones a otras empresas, ni la resolución de Patrimonio relativa a la adjudicación definitiva, ni siquiera un contrato que vincule a ambas partes. Y los pliegos de condiciones técnicas no tienen sello ni firma de nadie de la Administración.

No es un caso aislado. Por la restauración del retablo de la Iglesia de San Xoán de Portomarín, en Lugo, Cultura pagó 30.000 euros a la misma empresa. Según el atestado policial, en el expediente figura una factura de 11.980,91 euros por un concepto que no figura en el proyecto original. Además, las propuestas de la adjudicataria Atlas y su supuesta competidora, BIC SL, son idénticas en redacción y tipo de letra, e incluso contienen el mismo error, la palabra "oferado" en lugar de ofertado, en negrita en. Esta pista lleva a la policía a concluir que ambas propuestas fueron realizadas por una misma persona.

La ortografía también jugó una mala pasada a la empresa Atlas en el expediente para optar a remozar el retablo mayor de la Iglesia de la Virgen del Camino de Muros. En este caso son tres las ofertas calcadas. Tanto Atlas, como BIC y la empresa Arqueo SL presentaron textos idénticos. En los tres figuraba la palabra "importos", en lugar de "impostos". La policía no cree que hubiera verdadera competencia.

En el expediente de restauración del retablo de las pinturas murales y el banco del retablo de la Iglesia de San Martiño de Verselos en Baralla, la policía interpreta que hubo un claro fraccionamiento del objeto del contrato para evitar el concurso y que la restauradora Vania López Arias, que deberá declarar como testigo en este caso, pudiera hacerse con el contrato. La denuncia del ministerio público recopila media docena más de casos similares. E incluye, además, un informe que adjuntó el secretario general técnico de la Consellería de Cultura quien justificó que, en algunos casos, las obras restauradas no coincidan con las que aparecían en las propuestas de adjudicación. El alto cargo de la Xunta argumentó que cuando no encontraron las piezas señaladas "se decidió restaurar otras afines".

"CASO PALMA ARENA"; DESVINCULAN A IÑAKI URDANGARÍN DE UN PRESUNTO DESVÍO DE 2,3 MILLONES

El fundador del Instituto Nóos

Europa Press | Palma

El fundador del Instituto Nóos, Diego Torres, ha negado ante el juez instructor del caso Palma Arena que mientras el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, presidía esta entidad dedicada al patrocinio y mecenazgo, se desviasen a otros fines 2,3 millones de euros que el Govern abonó a este organismo los años 2005 y 2006 para la celebración de un foro sobre turismo y deporte, a pesar de que se desconoce el destino que se dio a parte de estos fondos. Es más, el imputado ha desvinculado al marido de la Infanta Cristina de cualquier tipo de irregularidad.

Durante su comparencia ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3, José Castro, y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, el sucesor de Urdangarín al frente de Nóos ha asegurado que las dos ediciones anuales del evento cuya organización está siendo investigada -y a las que se destinaron 1,2 millones en 2005 y 1,1 un año después- se llevaron a cabo y por tanto se dio cumplimiento a la pretensión de los dos convenios firmados para ambas celebraciones, según han informado fuentes jurídicas.

Todo ello a pesar de que las pesquisas apuntan a que el gasto que en su día se presupuestó para la celebración del Forum Illes Balears Tour Sport -cuya primera edición apenas duró tres días, entre el 22 y el 25 de noviembre de 2005- no ha sido justificado. Un contexto en el que, además, el imputado ha eludido involucrar a Urdangarín, sobre quien ha sido preguntado en varias ocasiones por parte del juez y el fiscal a fin de averguar la responsabilidad que el Duque de Palma habría tenido en los hechos investigados.

Torres, defendido por el abogado barcelonés Manuel González Peeters y cuya comparecencia se ha prolongado durante cerca de tres horas, ha hecho hincapié durante toda la declaración en que los trabajos se realizaron y, de hecho, para demostrarlo ya entregó a los investigadores numerosas facturas que acreditarían que los 2,3 millones fueron destinados al objeto de los convenios y no a fines particulares.

En concreto, el encausado, profesor asociado en la ESADE y experto en estrategia y patrocinio, sucedió a Urdangarín en la presidencia del Instituto Nóos después de que el Duque de Palma abandonase el cargo. El imputado no sólo ha estado vinculado a esta entidad, cuya sede no ha sido hasta el momento hallada por los investigadores, sino que también ha asesorado a otras empresas en materia de mecenazgo y responsabilidad social.

Tras ser citado por el juez, el propio Torres manifestó a Europa Press sentirse sorprendido por la decisión del magistrado de emplazarle a declarar en la pieza número 25 de este complejo caso, que a nivel global investiga el presunto desvío de más de cincuenta millones de euros públicos durante la construcción del velódromo palmesano (2005-2007).

Matas defendió la utilidad de los convenios
Precisamente, sobre los convenios investigados, el entonces presidente del Govern, Jaume Matas, admitió en su declaración como imputado que recomendó firmar los convenios y que "lo volvería a hacer", tal y como recalcó el ex jefe del Ejecutivo a preguntas de la Fiscalía. Fue de este modo como Matas defendió la utilidad de los convenios y su tramitación, al asegurar que "todo se hizo de forma correcta".

Sin embargo, sobre estos hechos ya se había interesado el Ministerio Público en otras comparecencias del caso. Así, al respecto fue interrogada la entonces jefa de Gabinete de Matas, Dulce Linares, quien aseveró ante el juez, también en calidad de imputada, que la decisión de gestar el convenio fue adoptada por Matas, aunque negó que el ex jefe de la Administración autonómica le diese orden alguna para que prescindiera del control del gasto presupuestado.

Mientras tanto, al respecto también fue preguntado el entonces conseller de Turismo y actual diputado del PP, Joan Flaquer, que en su comparecencia como testigo aseguró ignorar, por el contrario, quién gestó el convenio, aunque defendió que con esta iniciativa el Ejecutivo pretendía apostar "por la armonización del turismo y el deporte". Cabe recordar que, antes de que se iniciaran las investigaciones, el PSIB denunció en un principio las irregularidades en torno a la organización de este evento sobre turismo deportivo y exigió para ello información detallada sobre los gastos del Forum.


elmundo.es

"CASO PALMA ARENA"; CASTRO ACUSA A MATAS DE "QUERER COLAPSAR SU JUZGADO PARA QUE SU JUICIO NO PUEDA CELEBRARSE"

Esteban Urreiztieta | Palma

El instructor del caso Palma Arena resuelve el último escrito de la defensa del ex president balear subrayando que la "exclusiva finalidad" de la defensa de Jaume Matas pasa por "colapsar este juzgado y previsiblemente la Audiencia para que los juicios orales nunca puedan celebrarse". Asimismo le reprocha que su último recurso, en el que solicita el archivo de la pieza número dos del sumario, "es cuando menos sorprendente" y lo tilda de "auténtico dislate de imposible digestión".

Castro arguye que Matas "se ha erigido en paladín, sin saber el origen de tan extraña y contradictoria enmienda, del Partido Popular de Baleares" al apuntar que su antiguo partido debía solicitar la nulidad de las actuaciones. Además reprende a su letrado por querer prolongar lo que, parafraseando a Matas, el juez José Castro tilda de "pena de banquillo" para demorar al máximo los juicios.

Antonio Alberca, abogado de Jaime Matas, asegura que "el juez Castro está prejuzgando porque afirma ya que hay que juzgar a Matas". "Eso es muy grave, ya sabemos lo que pretende el juez, que es sentarlo en el banquillo y eso no puede ocurrir en un Estado de Derecho".

"No colapsamos el juzgado, nos limitamos a ejercer nuestro derecho y se nos reprocha por recurrir". Asimismo añade que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha dejado "indefenso" a su cliente "porque no ha concretado todavía en qué piezas se encuentra imputado". "A toda persona acusada se le debe comunicar la acusación formulada contra él porque así los establece la Ley de Derechos Humanos", apostilla.

Además
* Lea el auto del juez Castro

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