jueves, 20 de octubre de 2011

EL SUPREMO PRORROGA EL ANÁLISIS SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LOS DELITOS CONTRA CARLOS FABRA

La Audiencia de Castellón sobreseyó cuatro delitos fiscales

Los magistrados han decidido tratar el caso con mayor profundidad
La causa sigue con presuntos pagos y cobros y tráfico de influencias

Efe | Madrid

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha prorrogado este jueves a los próximos días la deliberación acerca de la decisión de la Audiencia Provincial de Castellón de declarar prescritos cuatro de los cinco delitos fiscales que se le imputaban al expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra (PP).

Fuentes del TS han informado de que la Sala de lo Penal -compuesta por Juan Saavedra (presidente), Andrés Martínez Arrieta (designado ponente de esta resolución), Julián Sánchez Melgar, José Ramón Soriano y Juan Ramón Berdugo- ha tomado esta decisión tras estudiar este asunto y ocho más durante las cuatro horas que ha durado la reunión, que se ha celebrado a puerta cerrada.

Las fuentes han precisado que los magistrados han entrado en el análisis de este asunto, pero han decidido tratarlo con mayor profundidad en los próximos días antes de resolverlo.

La Audiencia Provincial de Castellón acordó en diciembre de 2010 el sobreseimiento de cuatro de los cinco delitos fiscales que se atribuían a Fabra entre 2000 y 2003, al entender que habían prescrito porque no hubo denuncia ni acto de interposición judicial con respecto a ellos.

Los recursos contra esta decisión de la Audiencia de Castellón fueron interpuestos la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana.

Tanto el juez instructor como los recurrentes rechazan la prescripción por entender que el acto de interposición judicial se habría dado por medio de un auto dictado en febrero de 2006 por la sección segunda de la Audiencia que acordaba una prueba pericial que determinase la naturaleza y origen del incremento patrimonial de Fabra, esposa e hijos, de 1999 a 2004, y su "incidencia fiscal".

El auto, dictado por la sección segunda de la Audiencia tras el recurso de queja de Carlos Fabra y su esposa, María Amparo Fernández, ordena continuar la causa por el supuesto tráfico de influencia y por los "pagos y cobros" supuestamente realizados.

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"CASO MONFORTE"; VARIOS TESTIGOS DECLARAN QUE BELLVER AUTORIZÓ EL "PARKING" SIN PERMISO

Los estudios del Ayuntamiento no contemplaron posibles daños a los jardines

IGNACIO ZAFRA - Valencia

Varios testigos declararon ayer en el Tribunal Superior de Justicia que el concejal de Urbanismo de Valencia, Jorge Bellver, autorizó la construcción del aparcamiento junto a los Jardines de Monforte sin recabar el obligatorio permiso de la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat. Esa omisión representa el núcleo de la acusación contra el concejal, que se enfrenta a ocho años y medio de inhabilitación como presunto autor de un delito de prevaricación urbanística.

Árboles y plantas sufrieron con las obras, según un jefe municipal

Los arquitectos de la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat Ricardo Sicluna y José Ignacio Casar (aunque este último ya desvinculado del departamento) señalaron que la calle de Severo Ochoa donde se excavó el aparcamiento está protegida desde el año 1992 por formar parte del entorno de los jardines. Casar fue más lejos y afirmó que dado que desde esa fecha están pendientes por parte del propio Ayuntamiento de Valencia tanto el desarrollo del plan especial de protección del entorno de Monforte como la declaración de Bien de Interés Cultural del propio jardín romántico, se debería haber sido "especialmente cauteloso" con la ejecución del proyecto.

Frente a la cordial relación entre el Ayuntamiento y Patrimonio que durante el juicio ha tratado de presentar la defensa, como indicio de que la omisión de la petición del informe no tuvo como objeto eludir posibles obstáculos al proyecto, el arquitecto ofreció otra versión. El servicio de Patrimonio y el Consistorio mantienen "una relación en la que se ventilan intereses distintos", declaró; "a veces las cosas van con facilidad y otras veces son muy complicadas".

María Petra Santisteban, también arquitecta de la dirección general y miembro de la comisión municipal de Patrimonio, explicó que en el caso de un aparcamiento proyectado junto a la antigua Tabacalera, se requirió informe sobre el posible impacto de la obra en "la masa arbórea del paseo de la Alameda".

El dato fue significativo porque dicho paseo tiene una protección inferior a la de los Jardines de Monforte y la obra planeada estaba a más de 500 metros de donde se levantan los árboles. En el caso del jardín, en cambio, el enorme agujero necesario para construir el parking de tres niveles se abrió a apenas 20 centímetros del muro que lo rodea.

María Petra Santisteban, jefa de sección administrativa del servicio de Circulación del Ayuntamiento, respondió al fiscal que la advertencia de que la obra requería un informe de Patrimonio debería haberla efectuado el servicio municipal de Planeamiento. Dos de los cuatro acusados que acompañan a Bellver en el banquillo forman parte de dicho departamento.

Resultó igualmente llamativo que los dos redactores del estudio geológico del proyecto que comparecieron ante el tribunal admitieran que su trabajo no contempló los posibles daños a los árboles del jardín. Antonio Marín, del colectivo Cercle Obert, afirmó por su parte que el jefe de servicio de Proyectos Singulares del Ayuntamiento, José María Herrera, le reconoció que el aparcamiento había provocado la aparición de humedades y enfermedades en las plantas del jardín.

elpaís.com

EL SUPREMO APLAZA SU DECISIÓN SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LOS FRAUDES DE FABRA

Tras varias horas de deliberación, el tribunal ha aplazado la toma de una decisión
JULIO M. LÁZARO / MARÍA FABRA - Madrid / Castellón 

La sala segunda del Tribunal Supremo se reunió a las 10 de la mañana para tratar la prescripción de cuatro de los cinco delitos de los que se acusa al expresidente de la Diputación de Castellón y aún presidente provincial del PP, Carlos Fabra. Horas después, los miembros de la sala han decidido aplazar la toma de una decisión hasta otra sesión.

Según los peritos judiciales, que son inspectores de Hacienda, Fabra defraudó, junto con su entonces esposa, María Amparo Fernández, un total de 1,5 millones de euros durante cinco ejercicios fiscales. El fraude a la Hacienda pública se produjo, según los peritos, tras el ingreso de más de 3 millones de euros de origen no justificado.

El titular del juzgado número 1 de Nules consideró que el plazo de prescripción de los delitos, supuestamente cometidos entre 1999 y 2004, se había interrumpido con la investigación. Sin embargo, en diciembre de 2010, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón resolvió un recurso a favor de Fabra y dictó que los cinco años de investigación de dichos delitos no suponían el acto jurídico necesario para paralizar el plazo. Tras la resolución de la Audiencia, tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación popular decidieron recurrir el auto. Y es ahora cuando el Tribunal Supremo debe resolver.

Tras las conclusiones de los informes periciales, la Fiscalía pidió 15 años de cárcel para el ahora expresidente de la Diputación de Castellón, mientras que la acusación popular, que representa a la Unión de Consumidores, elevó la petición de pena a 20 años y nueve meses de prisión.

Al margen de la decisión sobre estos cuatro delitos, Carlos Fabra está imputado ante la posible comisión de tráfico de influencias, cohecho y un delito fiscal sobre el que la Agencia Tributaria sí presentó denuncia y, por tanto, no se declaró prescrito. Fabra, investigado desde hace más de siete años fue denunciado por un empresario, Vicente Vilar, hasta entonces amigo suyo, que le acusó de cobrarle a cambio de "favores políticos".

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