viernes, 11 de diciembre de 2009

MILLÓN Y MEDIO DE FIANZA PARA OTRO IMPUTADO POR EL "GÜRTEL"

Tomás Martín Morales era director general en Boadilla

J. SÉRVULO GONZÁLEZ - Madrid

El juez que instruye el caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, ha impuesto una fianza de 1,5 millones al ex director general del Ayuntamiento de Boadilla y vicepresidente de la Empresa Municipal de Vivienda del municipio (EMVS), Tomás Martín Morales, uno de los hombres clave en Madrid de la red de presunta corrupción vinculada al PP.

Antes de llegar a Boadilla, fue jefe de gabinete del ex regidor de Arganda Ginés López, también imputado en el caso. "El alcalde en la sombra", como le llamaban en Boadilla, cobró al menos 378.000 euros por diversas gestiones a la trama en la localidad madrileña, según el sumario. Tras su comparecencia, el juez le acusa de los delitos de asociación ilícita, fraude fiscal, falsedad, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Pedreira había convocado ayer a Martín Morales para tomarle declaración. Pero el responsable del urbanismo en Boadilla se negó a prestar testimonio acogiéndose al artículo 24 de la Constitución, que permite no declarar contra uno mismo. El imputado argumentó que como buena parte del sumario permanece bajo secreto judicial desconoce si su testimonio le perjudicará. No obstante, sí respondió a preguntas de su abogado y a algunas cuestiones del fiscal.

Martín Morales participó supuestamente en la adjudicación de varios contratos municipales a las empresas de la trama liderada por Francisco Correa. Además, habría intervenido en la concesión de una parcela a la empresa UFC, operación que investiga el juez. Todas sus gestiones se realizaron desde la EMVS de Boadilla, desde la que controlaba el urbanismo municipal.

Con la fianza a Martín Morales, el magistrado ya ha fijado fianzas a ocho de los principales imputados en Madrid por importe de 8,9 millones. Pedreira ha ordenado el embargo de los bienes de seis de ellos, que aún no han garantizado la fianza. El juez del TSJM también había citado a declarar en calidad de imputado al abogado Francisco Leal Bajo, quién contestó a todas las cuestiones planteadas por el magistrado y el ministerio fiscal. Leal era miembro de los consejos de administración de dos de las empresas de la red y encargado de la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla. Quedó libre sin fianza.

elpaís.com

ABSUELTO EL EX ALCALDE DE COLL DE NARGÓ DE DELITO URBANÍSTICO

A pesar de que la autorización concedida podía ser contraria a derecho, no puede concluirse que la actuación de los ediles constituya una ilegalidad patente

LLUÍS VISA - Lleida

El Juzgado de lo Penal número 3 de Lleida ha absuelto del delito urbanístico del que estaban acusados al ex alcalde convergente de Coll de Nargó (Alt Urgell), Josep Miquel Duró, y cuatro concejales, dos de los cuales continúan en el consistorio actual, al no considerar probado que tuvieran una clara intención de delinquir cuando concedieron una licencia de obras que no era conforme a la normativa vigente.

* Juzgado el ex alcalde de Coll de Nargó por delito urbanístico

Duró y los cuatro concejales fueron juzgados a finales de noviembre por un presunto delito contra la ordenación del territorio cometido en 2005 cuando en un pleno municipal votaron a favor de conceder una licencia de obras para construir un edificio de cinco plantas, dos más de las permitidas por las vigentes normas urbanísticas. El fiscal había solicitado para los acusados la pena de un año y tres meses de prisión y ocho de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.

La juez considera en la sentencia que, a pesar de que la autorización concedida podía ser contraria a derecho, no puede concluirse que la actuación de los ediles constituya una ilegalidad patente y clamorosa, pues no ha podido probarse la existencia de una intención delictiva en ellos. Además, la magistrada señala que el informe del arquitecto municipal pudo inducirles a confusión.

elpaís.com

EL FISCAL PIDE CÁRCEL PARA DOS EX DIRIGENTES DE UNIÓ MALLORQUINA

A. M. - Palma de Mallorca

El fiscal Anticorrupción de Baleares, Juan Carrau, reclamó ayer penas de cárcel para dos ex secretarios generales de Unió Mallorquina (UM), Tomeu Vicens (cuatro años y medio por malversación y prevaricación) y Damià Nicolau (tres años y dos meses por los mismos delitos). El juicio quedó visto para sentencia.

Vicens es parlamentario autonómico, tiene la llave de la mayoría de centro izquierda de Baleares y está imputado en otras cuatro causas penales. UM le suspendió de militante pero no le expulsó. Vicens y Nicolau fueron juzgados por hechos sucedidos en la anterior legislatura cuando UM gobernaba con el PP. Vicens era consejero del Territorio de Mallorca y Nicolau, su director general.

Según el fiscal, ambos decidieron el supuesto pago de 12.020 euros por un informe, "un trabajo inútil que no servía para nada", al contable de Vicens que le facilitaba facturas falsas. El gestor, Tomás Martín, que cobró el dictamen y luego devolvió el dinero, se confesó al juez. El fiscal le compensa con una petición de 18 meses multa a ocho euros por día.

Los letrados de los dos ex dirigentes de UM reclamaron la absolución por inexistencia de la prueba acusatoria. El fiscal aseguró que ambos mantenían "actividades criminales" en "provecho mutuo".

UM
(Unió Mallorquina)
A FONDO

Sede:
Palma de Mallorca (España)

Directivo:
María Antònia Munar Riutord (Presidenta)

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CÁRCEL POR MALVERSACIÓN PARA UN EX ALCALDE Y DIPUTADO REGIONAL DE CC

Un juez condena a Esteban Bethencourt a cuatro años de prisión y diez de inhabilitación

EFE - Las Palmas de Gran Canaria

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha condenado al ex alcalde de Valle de Gran Rey (La Gomera) y diputado regional de Coalición Canaria Esteban Bethencourt Gómez a cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por un delito de malversación de caudales públicos. Además, el ex alcalde deberá indemnizar al Ayuntamiento y asumir las costas procesales de todas las partes.

Bethencourt, que fue considerado culpable del delito de malversación de caudales públicos por un tribunal jurado, cobró del Ayuntamiento entre octubre de 1998 y noviembre de 1999 la cantidad de 8.383.000 pesetas (unos 50.382 euros) sin que en "ningún caso" justificase la razón, necesidad o utilidad de los desplazamientos efectuados, según los hechos probados. Asimismo, el condenado percibió el valor total de las dietas, incluso cuando no pernoctaba fuera de su domicilio.

El tribunal considera que la cantidad que el ex alcalde restituyó después de que se presentara la querella contra él (24.244 euros) no hace desaparecer el delito y sólo afecta a la responsabilidad civil y la individualizada de la pena.

Se trata del primer aforado de Canarias que ha sido considerado culpable por un tribunal jurado. La sentencia recoge que el delito de malversación lo comete aquella persona que teniendo la responsabilidad de la gestión de fondos públicos no ofrece a la entidad en cuestión la justificación de su destino.

CC
(Coalición Canaria)
A FONDO

Sede:
Santa Cruz de Tenerife (España)

Directivo:
Paulino Rivero Baute (Presidente)

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LA AUDIENCIA CONFIRMA LA PRISIÓN PARA EL "CEREBRO" DEL "CASO PRETORIA"

El tribunal cree que otro implicado, el empresario Casamitjana, esconde 300.000 euros en Andorra

MANUEL ALTOZANO - Madrid

La libertad bajo fianza de medio millón de euros impuesta por el juez de la Audiencia Baltasar Garzón al empresario implicado en el caso Pretoria Lluis Casamitjana fue una decisión "adecuada, cabal y ponderada". Así lo estima la sección cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional que ha rechazado el recurso presentado por Casamitjana contra la medida cautelar dictada en su contra. En la primera vez que se pronuncian sobre el caso, los magistrados aprecian "graves indicios" contra el empresario de los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y fraude a Hacienda.

Auto al recurso de apelación de Lluis Casmitjana
DOCUMENTO (PDF - 793,72Kb) - 11-12-2009

La Audiencia ha rechazado además el recurso del presunto cerebro de la trama Luis García, Luigi, para quien ha confirmado prisión. La Sala considera que la actuación de Garzón es "terminante y clara" y que lo envió a prisión por el "elevado riesgo de que se destruyeran evidencias u otros datos o elementos necesarios en la investigación". Tanto la Sala como Garzón llegan a la conclusión de que la prisión para el cerebro de la trama es "la única medida capaz de conjurar ese riego". Recuerda además que Luigi dispone de "cuantiosos fondos y presuntamente realiza actividades fuera de la jurisdicción española".

Los magistrados Ángela Murillo, Teresa Palacios y Juan Francisco Martel aseguran que esos indicios contra Casamitjana se desprenden de su actuación a través de de sus empresas EPI S.A. y Procam SL. Esas compañías "compraron un solar en el puerto deportivo de Badalona, en cuya adquisición supuestamente mediaron abonos irregulares a otros miembros de la trama que recibieron también comisiones en otros proyectos posteriores" de las empresas de Casamitjana.

El empresario, además, en contra de lo que declaró ante el juez Baltasar Garzón, tiene dinero en el extranjero. Casamitjana, según la resolución de la Sala, "dispone de una importante cantidad cercana a los 300.000 euros fuera de España, concretamente en Andorra, que no ha sido declarada a Hacienda y que pudiera proceder de las ilícitas actividades empresariales a las que al parecer se dedica". Quedan por resolver todavía los recursos del alcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz (PSC) y los del resto de imputados que presentaron recurso.

elpaís.com

"CASO MERCASEVILLA"; IMPUTADO EL EX CONCEJAL SOCIALISTA GONZALO CRESPO POR LA VENTA DE TERRENOS

El edil fue presidente del mercado de mayoristas

* La juez también ha imputado a la directora del área Económico-Financiera
* Todos los miembros de la mesa de contratación están ya imputados
* La defensa del economista Ripollés pidió la comparecencia de Crespo

Sebastián Torres | Sevilla

El Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha imputado al ex concejal socialista Gonzalo Crespo y a la directora del área Económico-Financiera de Mercasevilla, Pilar Giraldo, por la venta de los terrenos del mercado de mayoristas a una empresa del grupo Sando. Crespo, que fue presidente del mercado de mayoristas desde 2005 hasta febrero de 2007 y sigue siendo consejero de la empresa, deberá comparecer ante la juez Mercedes Alaya como imputado el 24 de febrero, mientras que Giraldo deberá hacerlo dos días después.

Con esta última decisión de la juez Alaya, todos los miembros de la mesa de contratación que el 9 de febrero de 2005 abrió los sobres del concurso para la venta de los suelos de Mercasevilla se encuentran ya imputados: Gonzalo Crespo, como presidente de Mercasevilla; Fernando Mellet, gerente del mercado; Pilar Giraldo, directora económico-financiera; Jorge Piñero, vicesecretario en funciones de secretario y asesor legal de Mercasevilla; María Victoria Bustamante, jefa del servicio de Vía Pública del Ayuntamiento y consejera de Mercasevilla, y José Antonio Ripollés, economista que realizó la valoración de los suelos para el concurso.

A estos seis imputados hay que sumar otros cuatro: Domingo Enrique Castaño, ex director del área de Vía Pública, ex consejero de Mercasevilla y ex directivo del grupo Sando Inmobiliaria; José Luis Sánchez Domínguez, presidente de Sando; Luis Sánchez Manzano, consejero delegado, y José Luis Miró, vicepresidente ejecutivo del ára inmobiliaria de la constructora.

La juez ha imputado a Crespo tras la petición formulada por la defensa del economista José Antonio Ripollés, que solicitaba la comparecencia del ex presidente de Mercasevilla y de aquella mesa de contratación, para que, en calidad de testigo, aclarase si se hicieron comentarios sobre que el concurso parecía adjudicado de antemano a Sando, como declaró un representante del Grupo Noga, perjudicado por el supuesto amaño de la venta.

Además
* La juez apunta a Osuna como cómplice de la venta
* Directivos que bendijeron la venta a Sando se desmarcan
* Quién es quién en el caso Mercasevilla

elmundo.es

"CASO SCALA"; LA JUEZA VE "NUMEROSOS DATOS INCRIMINATORIOS" CONTRA CARDONA

Europa Press | Palma

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Palma, Piedad Marín, determina en la exposición razonada que ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) para que éste asuma el caso Scala, la existencia de "numerosos datos incriminatorios" contra el diputado del PP Josep Juan Cardona, imputado en este procedimiento, por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, negociaciones prohibidas, falsificación documental, cohecho y fraude a la Administración, atribuidos por la Fiscalía.

Así consta en la extensa exposición que la jueza ha trasladado a la máxima instancia judicial de las islas, en la que apoya sus razonamientos en que durante la pasada legislatura, el entonces conseller de Comercio, Industria y Energía, el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y la gerente del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), Antònia Ordinas, se apoderaron de parte de los fondos de este consorcio público "puestos de común acuerdo y guiados por el ánimo de lucro".

La magistrada, que con la remisión de su escrito responde al informe emitido por la Fiscalía el pasado 8 de junio donde consideraba la conveniencia de que el TSJIB continúe la instrucción de la causa debido al aforamiento de Cardona, postula que la vía utilizada para desviar los caudales públicos fue la adjudicación de contratos directamente "sin observancia alguna de las normas del procedimiento" a sociedades en las que Cardona, Viaene y Ordinas tenían participación así como a personas allegadas, que para ello les pagaban un porcentaje o comisión.

La exposición, elevada el jueves al TSJIB, asevera asimismo que Cardona benefició a la compañera sentimental de Ordinas, Isabel Rosselló, con fondos del CDEIB al adjudicarle un contrato de consultoría sin tener en cuenta las pautas de la Ley de Contratación Administrativa y consintió que facturase numerosos trabajos al Consorcio como administradora y socia única de la mercantil Gabinete Alays, y que emitiera facturas falsas contra las personas adjudicatarias para cobrar las comisiones.

En el relato de los hechos que con trascendencia penal se atribuyen a Cardona, la jueza afirma que el ex conseller y ex presidente del CDEIB ordenó a Viaene y al coordinador de ferias del Consorcio, Antonio Munar, a que organizasen con cargo a los fondos de esta empresa el transporte de unos 6.000 kilogramos de folletos publicitarios para la campaña electoral del PP en Ibiza y Formentera, elaborados de forma gratuita por el publicista Joan Rosselló.

El transporte se llevó a cabo a través de la empresa Mex-Trascentro, que cobró al CDEIB 10.585 euros, según una factura en la que aparecía camuflado el transporte bajo el nombre 'Productos 5 Estrellas'.

También apunta Marín que Cardona ordenó a Ordinas y Viaene que de los fondos públicos del Consorcio se entregase una cantidad aproximada de 16.000 euros al directivo de Perlas Orquídea, Pedro Veny, elaborando para ello tres expedientes de contratación. Según prosigue, a su amparo y sin que realizase estudio o servicio alguno, Veny emitió entre febrero de 2004 y octubre de 2006 hasta cinco facturas por un importe de 47.742 euros.

Papel 'dominante' de Cardona

Es por todo ello que la jueza agregó que tales hechos podrían constituir los delitos atribuidos por la Fiscalía, es decir, los de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación y fraude a la Administración pública. Unas actuaciones que la jueza intuye como ciertas debido al papel "dominante" de Cardona en el funcionamiento y actividad del CDEIB, "no sólo por su posición jerárquica sino por su protagonismo en decisiones administrativas decisivas de la contratación como en las de dotación económica de este organismo".

La magistrada añade que a la determinación de los hechos punibles que pudiera haber realizado Cardona han contribuido las declaraciones tanto de Ordinas como de Felipe Ferré, socio de las mercantiles Comarca Global Consulting y Gourmet & Boutique Islands, adjudicatarias de contratos del CDEIB.

Cabe recordar que el procedimiento se inició el 29 de septiembre de 2008 a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que interpuso una querella para investigar la presunta trama urdida en torno al CDEIB y que podría haber supuesto una malversación de fondos por valor de más de cinco millones de euros. El Ministerio público abrió diligencias a raíz de una denuncia interpuesta por el Govern, que detectó anomalías en la justificación de las cuentas del CDEIB.

Además
* La juez pide al TSJB que también juzgue a Cardona

elmundo.es

"OPERACIÓN MAQUILLAJE"; IMPUTANAL MARIDO DE MUNAR POR COMPRAR OFICINAS A PRECIO DE GANGA A LA TRAMA

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Agencias | Palma

El juez imputa a Miguel Munar, el marido de la presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, por comprar oficinas y naves a precio de ganga a los miembros de la trama de corrupción de UM. Estas operaciones fueron destapadas por El Mundo / El Día de Baleares el pasado mes de enero.

También han sido encausadas diez personas más, entre las que se encuentra Coloma Munar, la prima del marido de la presidenta; así como Juan Gea, Miguel Oliver, Ramón Rullan, Rosario Martín, Antonio Moragues, Antoni Caldentey y Carmen Torralbo, varios de ellos profesionales del sector audiovisual. Los implicados declararán a partir del próximo 13 de enero.

La Operación Maquillaje es una ramificación del caso Son Oms que investiga la comisión de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y cohecho. Por esta operación policial, el juez Lope Sola ha emplazado a la presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar a declarar ante la Justicia el próximo 18 de diciembre.

En este sentido, Munar dispuso personalmente una subvención a dedo de 120.000 euros públicos a la productora Video-U, propiedad del gestor personal del ya ex conseller de Turismo del Govern balear y entonces vicepresidente de la institución insular Miquel Nadal.

Las pesquisas judiciales, que encuentran su origen en los hallazgos del equipo de inspectores de la Agencia Tributaria que dirige el delegado especial en Baleares Raúl Burillo, apuntan a que no hay rastro de la emisión de dicho espacio y que se desviaron los fondos públicos en dirección al entorno directo de la formación política con la que el PSOE gobierna Baleares.

En la ronda de declaraciones acompañarán a la líder de UM el actual presidente de la formación nacionalista, Miquel Ángel Flaquer; el actual conseller de Medio Ambiente del Govern balear, Miquel Ángel Grimalt; y el diputado y ex conseller de Ordenación del Territorio de UM Bartomeu Vicens. Todos ellos acusados de autorizar el saqueo de fondos públicos en dirección a sus testaferros y gestores personales.

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* Fiscalía: 'Entre Vicens y su contable existía provecho mutuo'
* Mantienen la petición de pena de 4 años para Vicens
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* ¿Cree que el Código Ético servirá para combatir la corrupción?

elmundo.es

DAVID VALADEZ: "SÓLO DIMITIRÉ SI ME MATAN O SI MI PARTIDO ME LO PIDE"

TRIBUNALES | Declaraciones

El alcalde de Estepona, David Valadez (PSOE), ha señalado antes de entrevistarse con la titular del Juzgado de Primera Instanacia e Instrucción de Estepona que para que dimita se tienen que "presentar varios escenarios: el primero que me maten y el segundo que mi partido me pida la dimisión".

Valadez, quien está imputado en un caso que lleva este juzgado por un presunto delito de prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos, ha recordado a los periodistas que él ya denunció amenazas contra su vida y ha señalado que si su partido le pide que renuncie al cargo, tal y como ha solicitado el PP, "presentaría mi dimisión irrevocable de alcalde y de los cargos que tengo en el partido".

El alcalde esteponero ha informado de que el pasado viernes se le comunicó que iba a ser imputado en el marco de un presunto delito urbanístico, aunque "se ha producido una filtración clarísima que habrá de dirimir de dónde procede", ya que aunque él no tiene ningún tipo de comunicación oficial la imputación ha sido publicada por los medios de comunicación este jueves.

Valadez ha detallado que "se pasa muy mal" con algo así, porque están tratando "que dimita". "Han provocado la asfixia económica, de hecho este alcalde cobró 907 euros el mes pasado", ha señalado Valadez, para quien "lo que ha ocurrido en Estepona es muy grave y con el tiempo se desvelarán muchos de los secretos" sobre lo que ha pasdo en la localidad.

Además
* Pizarro considera que Valadez actúa correctamente
* El alcalde de Estepona, imputado por prevaricación
* 'Valadez y Barrientos, dos caras de la misma corrupción'
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* El regidor de Estepona denuncia su 'indefensión absoluta'

elmundo.es

"CASO MILLET"; LA FISCALÍA RECURRE LA LIBERTAD DE GEMMA MONTULL AL CREERLA "EJECUTORA MATERIAL"

La acusación pública rebate los argumentos esgrimidos por el juez Juli Solaz para dejar en libertad a una de las máximas responsables del Palau de la Música durante su saqueo

EFE - Barcelona -

La Fiscalía ha recurrido contra la libertad provisional de Gemma Montull, alegando que existe riesgo de que huya o destruya pruebas incriminatorias, por ser quien asumió la "ejecución material" del desvío de fondos del Palau de la Música en el "reparto de papeles" con Fèlix Millet y su padre Jordi Montull. El ministerio público ha presentado hoy su recurso ante la Audiencia de Barcelona, que ayer mismo confirmó la libertad provisional de los dos principales imputados por el saqueo del Palau, Fèlix Millet y Jordi Montull, acordada por el juez de instrucción tras su declaración del pasado mes de octubre.

En su recurso, al que ha tenido acceso Efe, la acusación pública rebate los argumentos esgrimidos por el juez Juli Solaz para dejar en libertad a Gemma Montull, y dedica varias páginas a defender su propia actuación procesal en el llamado "caso Millet" ante las críticas del instructor, que la tildó de incoherente. En opinión del ministerio fiscal, pese a que Gemma Montull no ha confesado, a diferencia de su padre y Millet, todo apunta a que es coautora del desvío de fondos, porque "se trata una situación paradigmática de reparto de papeles, habiéndole tocado desempeñar a la querellada el propio de las tareas de ejecución material de lo decidido por los otros".

De hecho, el escrito del fiscal recuerda que el último atestado de los Mossos d'Esquadra aportado a la causa acredita que Gemma Montull cargó varias obras en su vivienda -la reforma de la barbacoa, el pintado del sótano o el montaje de muebles- a la Fundación Palau de la Música y el Consorcio, de carácter público. "... Lo que no tiene sentido ni lógica alguna es pretender que una señora que ostenta el cargo de directora financiera de la entidad perjudicada se dedique a hacer más confortable su propio domicilio con cargo directo a la misma, y después alegue su desconocimiento amparándose en que era su señor padre quien trataba con los proveedores (...)", añade el recurso del ministerio público.

La persona que despachaba

Además, sostiene la Fiscalía, de las declaraciones de los abogados imputados que asesoraron al Palau se desprende que era Gemma Montull "la persona con la que de ordinario trataban cuando procedía atender al requerimiento de información" evacuado por la Agencia Tributaria, y la que facilitó las facturas para dar respuesta al mismo. El fiscal ve un especial riesgo de destrucción de pruebas en el caso de Gemma Montull porque, según lo declarado por otros imputados, ella era la "custodia del original del primer libro de actas" del Palau en el que presuntamente se aprobó una modificación de los estatutos de la institución para que Millet y Montull cobraran "jugosos bonus por importe superior al millón de euros" anuales.

Ese documento, que no se ha podido encontrar, es, según el fiscal, "de innegable trascendencia para el devenir de la causa" y sólo puede responsabilizarse de su ocultación "a la directa encargada de su custodia". La acusación pública recuerda además que Gemma Montull ocultó un lápiz de memoria con documentación vinculada al Palau, por lo que no es "descabellado" el argumento de que una persona que ya ha escondido pruebas relevantes continúe con esa actitud, y advierte del peligro de que trate de influir en el testimonio de quienes fueron sus subordinados o proveedores en el Palau de la Música.

Riesgo de fuga

Respecto al riesgo de fuga, la Fiscalía insiste en que los tres princiales querellados han sustraído "cantidades ingentes de dinero en efectivo del Palau de la Música", cuyo contenido se ignora aún, aunque existe la certeza de que Millet y Montull tienen dinero ahorrado en cuentas suizas. Frente a las críticas del juez, el ministerio público recalca que su actitud procesal "ha sido plenamente coherente, proporcionada, documentada y justificada en todo momento" y que no puede calificarse de "sorpresiva o dirigida por finalidades ajenas a las propias del proceso y de la ley que lo rige".

Finalmente, la Fiscalía responde en su recurso a las críticas del juez, que consideró de "una pobreza jurídica palmaria" que para pedir el encarcelamiento de Montull la acusación pública aludiera veladamente al "caso Pretoria" de la Audiencia Nacional, que comportó el encarcelamiento de ex cargos del PSC y CiU. "La cita de precedentes, en apoyo de una petición, no sólo resulta usual sino que es algo especialmente indicado cuando se despliega un argumento ante un juez o un tribunal", remacha el recurso.

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943 DETENIDOS POR CORRUPCIÓN Y 3.000 MILLONES INCAUTADOS DESDE 2004

La policía ha detenido a 943 personas en las 232 operaciones contra la corrupción ejecutadas en los últimos cinco años y en las que, además, han sido incautados bienes valorados en más de 3.000 millones de euros (medio billón de las antiguas pesetas). Los agentes de la Comisaría General de Policía Judicial, al mando de Juan Antonio González, se han centrado especialmente en Málaga, Madrid, Sevilla y Baleares, donde han sido arrestados 560 presuntos corruptos.

El refuerzo y la especialización de las unidades han permitido disparar el número de operaciones. Los datos así lo demuestran: frente a los 10 detenidos en 15 operaciones de 2004, en lo que va de 2009 ya han efectuado 252 detenciones en 54 actuaciones. La mayoría de las investigaciones han estado vinculadas a delitos de cohecho (131), seguidas de las referidas a malversación (86), prevaricación administrativa (48), tráfico de influencias (32) y blanqueo de capitales (31).

Las investigaciones han permitido a los agentes incautar bienes y dinero por más de 3.000 millones, aunque el grueso de esa cifra (2.417 millones) fue intervenida durante la Operación Malaya, que destapó las tramas de corrupción urbanística en Marbella y en localidades malagueñas limítrofes. Entre los bienes intervenidos se encuentran 90 vehículos de alta gama; 600 obras de arte; decenas de armas de fuego, auténticas y simuladas; miles de bienes inmuebles (más de 2.000 sólo en este año), una ingente cantidad de material informático y millones de euros en efectivo. También han quedado incautados 200 toros de lidia, más de 130 caballos, 30 carruajes y casi 60 picaderos.

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MARBELLA DA UNA LICENCIA A UN IMPUTADO DE LA "MALAYA"

F. J. P. - Málaga

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga), gobernado por el PP, otorgó ayer licencia al promotor Tomás Olivo, imputado en el caso Malaya, para construir viviendas en la parcela que actualmente ocupa el antiguo inmueble de Radio Nacional, el último edificio histórico que queda en la avenida Ricardo Soriano. El PSOE anunció ayer que recurrirá la licencia al entender que con ella el Ayuntamiento pierde 1.200 metros cuadrados de suelo público que Olivo debía entregarle en la futura edificación como compensación urbanística. "El PP demuestra la estrecha relación entre la alcaldesa [Ángeles Muñoz] y Olivo, anteponiendo los intereses de este promotor al interés general", afirmó el concejal socialista Javier de Luis.

El empresario Olivo, dueño de la empresa General de Galerías Comerciales, dedicada a grandes centros de consumo, adquirió hace cuatro años el edificio, en una subasta que alcanzó el techo de 17 millones de euros. El futuro Plan General de Ordenación Urbana, pendiente de aprobación definitiva, permitía construir 6.814 metros para actividades económicas, en las que entran la comercial o la hotelera. Además, el promotor debía ceder 1.200 metros al Ayuntamiento. Al aplicar en la licencia el PGOU vigente, de 1986, Olivo ya no tiene que dar suelo al municipio y puede dedicar el 60% de la edificabilidad a construir residencias privadas.

Por otro lado, la Junta de Andalucía recibió ayer el expediente del PGOU marbellí para su aprobación definitiva. El consejero de Vivienda, Juan Espadas, aseguró que el trámite se acortará a dos meses y medio.

Operación Malaya
A FONDO
Trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella

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EL FISCAL PIDE MÁS DE CUATRO AÑOS AL DIPUTADO BALEAR VICENS

El ex secretario general de Unió Mallorquina está acusado de prevaricación y malversación de fondos públicos

ANDREU MANRESA - Palma

Tal y como estaba previsto, el fiscal ha mantenido su petición de cuatro años y seis meses de cárcel para el diputado del Parlamento balear Bartomeu Vicens, que ha comparecido hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de las islas que le acusa de delitos de malversación y de fondos públicos y prevaricación.

Vicens, quien fuera secretario general de Unió Mallorquina, tiene en su mano la estabilidad del gobierno que preside el socialista Francesc Antich pues su voto en el Parlamento otorga la mayoría al tripartito que forma junto a la propia UM y el Bloc.

El fiscal anticorrupción, Juan Carrau, ha mantenido así la petición de cárcel más ocho años de inhabilitación por un supuesto pago irregular de facturas falsas con las que blanqueó, presuntamente, comisiones ilegales en su etapa como consejero de Territorio.

Carrau ha justificado lo elevado de la pena solicitada en "el nivel del cargo que ocupaba".

La defensa de Vicens, por su parte, ha negado ante el TSJ todas y cada una de las imputaciones.

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AGUIRRE DESPRECIÓ UN INFORME SOBRE CORRUPCIÓN EN EL PP

José Luis Peñas, denunciante del caso Gürtel y ex edil conservador en Majadahonda, le hizo llegar en 2005 sin resultados un dossier que destapaba la existencia de una trama en el municipio

Esperanza Aguirre ojeó el dossier en el que se hablaba de tramas urbanísticas, pero no le dio importancia. - DANI POZO
JAVIER CHICOTE - MADRID

Majadahonda, uno de los municipios de mayor renta per cápita de España, es la perla urbanística de la zona noroeste de Madrid. Según la documentación y los testimonios a los que ha tenido acceso Público, el control del negocio del ladrillo quebró en 2005 el grupo municipal del PP, que gobierna con mayoría holgada, hasta el punto de que el mismo concejal que poco después denunció el caso Gürtel, elaboró un informe en el que se detallaba una supuesta trama de corrupción urbanística orquestada por sus propios compañeros del PP con el objetivo de beneficiar siempre a los mismos promotores a costa del suelo público.

El texto fue elaborado por el entonces edil José Luis Peñas y llegó hasta la presidenta de la Comunidad, pero Esperanza Aguirre lo descartó sin ni siquiera estudiarlo, según declaró como inculpado en la Fiscalía Anticorrupción Guillermo Ortega, entonces alcalde de Majadahonda y hoy imputado en la Gürtel. La declaración de Ortega se produjo tras una denuncia del PSOE que terminó archivada. El equipo de Aguirre no ha atendido las llamadas de Público.

Las parcelas en juego fueron la causa de la brecha en el PP local

Ortega, al que Correa denominaba La Rata, coincidió con Aguirre en la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas y aprovechó para informar a la presidenta sobre la "desunión del grupo municipal en base a tres temas fundamentales: la creación de la Oficina de Atención al Ciudadano (puesta en marcha por la red de Francisco Correa), la adquisición de un colegio de autistas y la enajenación de las parcelas (la RN9 y la M2)", tal y como declaró el entonces alcalde ante el fiscal.

Guillermo Ortega la llevó

Las parcelas a las que se refería Ortega, valoradas en unos cien millones, eran las responsables de la brecha entre las dos facciones del PP local, dirigidas una por Ortega y la otra por el primer teniente de alcalde, Narciso de Foxá, persona de máxima confianza del ex secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada. Días después, el 24 de enero de 2005, Ortega acudió a la sede central del partido.

La presidenta "no dio importancia al informe", declaró Guillermo Ortega

Allí le esperaba la plana mayor del PP de Madrid: Esperanza Aguirre; su vicepresidente, Ignacio González, y el secretario general, Francisco Granados. El entonces alcalde de Majadahonda les entregó el informe de Peñas, hoy denunciante de la red Gürtel y entonces mano derecha de Ortega.

Según la declaración del ex alcalde de Majadahonda en la Fiscalía, "la presidenta, al ojear las primeras hojas en las que se hablaba de tramas urbanísticas, no dio importancia a dicho informe". Según distintas fuentes, Aguirre exigió a Ortega que paralizara la venta de las parcelas cuando ya se conocía el adjudicatario, por lo que el regidor mostró su disposición a dejar la Alcaldía, no sin antes atar su futuro.

Francisco Granados le propuso, entre otros cargos, el de director general del Mercado Puerta de Toledo. Ortega lo acepta "exigiendo que el sueldo sea equivalente al que tenía como alcalde", unos 70.000 euros (se lo acabaron subiendo). Willy, como lo llaman sus amigos, reconoció al fiscal que habló sobre la conveniencia de dejar la Alcaldía con Julián Giménez de los Galanes, copropietario de la constructora Dico (luego DHO), con fuertes intereses en Majadahonda.

Correa invitó a comer al alcalde para darle instrucciones

Un ex directivo de dicha promotora asegura que Ortega "amenazó con tirar de la manta, pero al final se conformó con lo que le ofrecieron". Ortega no declaró nada de esto ante el fiscal y no ha contestado a las llamadas de Público. En febrero de 2005, Narciso de Foxá sustituyó a Ortega al frente del Ayuntamiento de Majadahonda. Oficialmente, el relevo se achacó a motivos de salud.

Un ex edil de Majadahonda que pidió el anonimato ha asegurado a Público que la enajenación de las parcelas de la discordia "iba perfecta, con el OK de la Comunidad de Madrid y el voto a favor del Grupo Popular al completo, pero los problemas saltaron cuando tanto la Comunidad como la facción del PP local dirigida por Romero de Tejada vieron que en el primer informe de adjudicación la promotora ganadora del concurso no era la suya".

Preferencia por Martinsa

"La Comunidad quería que las parcelas fueran para Martinsa, mientras que Romero de Tejada las quería para Afar 4 (la promotora con más suelo en Majadahonda). Ahí empezó a partirse el Ayuntamiento", señala el ex edil. El adjudicatario provisional era Proinsa, del grupo Teconsa, afín a Guillermo Ortega y supuestamente implicada en el caso Gürtel.

Cuando se supo que las parcelas, valoradas conjuntamente en más de cien millones, iban a ser para Proinsa, los perdedores del concurso pusieron el grito en el cielo y el gobierno municipal terminó resquebrajándose. La adjudicación fue paralizada y no se retomó hasta que volvió la calma al Consistorio, ya con Ortega en su retiro dorado. Tras un nuevo concurso, ganó Sacyr Vallehermoso.

Los candidatos de Correa
Durante la alcaldía de Guillermo Ortega (2001-2005), las empresas de Francisco Correa facturaron al Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) más de dos millones de euros. Además, su esposa, María del Carmen Rodríguez, fue la jefa de gabinete del Consistorio. Pero el líder de la trama corrupta no tenía la misma cercanía con la facción rival del PP, la controlada por el ex alcalde Ricardo Romero de Tejada, “que ya tenía a quien adjudicar parcelas y contratos”, dicen fuentes cercanas a Ortega. Por eso, cuando el alcalde tuvo que dejar el cargo a favor de Narciso de Foxá, Correa decidió financiar el partido que crearon José Luis Peñas y Juan José Moreno, hombres de confianza de Ortega y expulsados del PP: quería tener una alternativa al PP local, pero ese fue el mayor error de su vida.Peñas aprovechó la cercanía a Correa para grabar sus muchas conversaciones, en las que el conseguidor del PP se jactaba de sus influencias y cohechos, y hacía gala de una actitud mafiosa. El ex concejal entregó las grabaciones a la Policía y puso una denuncia que ha devenido en uno de los mayores escándalos de las últimas décadas: el ‘caso Gürtel’. Ambos ex ediles figuran como imputados en la ‘Gürtel’ por los pagos de Correa. No obstante, Peñas asegura que todo el dinero que Correa les transfería “se utilizaba para los gastos del partido”. Moreno también grabó a Correa, pero no llegó a presentar la denuncia.

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"CASO MERCASEVILLA"; LA JUEZA APUNTA A OSUNA COMO CÓMPLICE DEL AMAÑO DE LA VENTA

Nueva tesis acerca de la venta 'ilegal' de terrenos

ebastián Torres | Sevilla

El 'caso Mercasevilla' podría sufrir un giro inesperado. La juez instructora, Mercedes Alaya, apuntó este miércoles la tesis de que el Grupo Noga, filial de Inmobiliaria Osuna, no fuera en realidad el perjudicado por la adjudicación de los suelos del mercado a Sanma, filial de Sando Inmobiliaria, sino cómplice del amaño del concurso público.

La juez formuló esta tesis después de que el secretario general del Grupo Noga, José Ramón Lacasa, que comparecía ante ella como testigo, reiterara que no considera que su empresa resultara perjudicada en el concurso público para la venta de los terrenos de Mercasevilla. Hace unas semanas, la instructora ofreció al Grupo Noga la posibilidad de ejercer acciones como perjudicada en esta causa, pero la empresa constructora ha renunciado a ello, al entender que el concurso fue limpio.

Escamada por este fair play pese al cúmulo de irregularidades que, según la juez, decantaron el concurso a favor de Sanma, la instructora preguntó a Lacasa: «¿Es cierto que existió connivencia entre Noga, Sanma y Mercasevilla para que el concurso se lo adjudicara Sanma?». «Es absolutamente falso», contestó el testigo.

Pero la juez insistió: «¿Es cierto que la empresa Noga tiene muchos intereses en Sevilla y ello ha pesado considerablemente para no reclamar perjuicio alguno a fin de no dañar los intereses del Ayuntamiento de Sevilla y de la Junta de Andalucía?». «Es cierto que tiene muchos intereses en Sevilla -respondió el secretario general del Grupo Noga- pero los mismos no han pesado en el hecho de no reclamar perjuicio alguno».

Durante la declaración de Lacasa, la juez Alaya incluso llegó a ordenar un receso en el que meditó si imputaba o no al directivo del Grupo Noga por obstrucción a la labor de la Justicia, al apreciar en sus respuestas cierto corporativismo con Sando Inmobiliaria. Finalmente, se reanudó la declaración y Lacasa continuó como testigo.

El interrogatorio de la juez Alaya al directivo del Grupo Noga provocó ayer las protestas del abogado del PSOE, que ejerce la acusación, y del letrado de Mellet. Durante su comparecencia, José Ramón Lacasa se mostró tibio en algunas respuestas y se contradijo al declarar que tras leer el pliego no consideró que las ofertas desproporcionadas fueran puntuadas con un cero, mientras que al responder al abogado de Mellet dijo que comparte la «interpretación» según la cual su oferta se puntuó con un cero.

Además
* Directivos que bendijeron la venta a Sando se desmarcan
*Quién es quién en el caso M ercasevilla | El PSOE rebaja el caso a mero intento de estafa y exime a su dirigente Rivas

elmundo.es