viernes, 18 de diciembre de 2009

EL EX ALCALDE DE LLÍBER, IMPLICADO EN OTRO ESCÁDALO URBANÍSTICO

El fiscal le pide año y medio de cárcel por un presunto delito de prevaricación

A. RUIZ / EL PAÍS - Dénia / Alicante

El fiscal de Medio Ambiente solicita un año y medio de cárcel al ex alcalde de Llíber José Mas, del PP, por un delito de prevaricación derivado de la concesión de 24 licencias para construir otros tantos chalés en suelo rústico. Este escándalo urbanístico, pendiente del juicio en un Juzgado de Lo Penal de Benidorm, es anterior a la investigación judicial que motivó el encarcelamiento del ex regidor el pasado miércoles por avalar otros 300 chalés ilegales a cambio de regalos y dinero. Mas autorizó las licencias ilegales entre 1999 y 2003.

La investigación de los dos casos partió de denuncias de particulares

El actual regidor asegura que tuvo amenazas por frenar casas ilegales

La investigación de ambos casos arrancó a raíz de denuncias de particulares. En el proceso por las 24 licencias, además de José Mas también están acusados el ex aparejador municipal y el por entonces edil de Urbanismo, ya fallecido, del PP. El aparejador, igualmente en prisión por el segundo sumario, se enfrenta a la misma pena de un año y medio de cárcel.

La magistrada de la trama de los 300 chalés imputa a Mas los delitos de cohecho, estafa, contra la ordenación del territorio y prevaricación. Fuentes del caso aseguran que el ex regidor avaló las construcciones ilegales a cambio de regalos y dinero de los promotores de las casas.

En el apartado de las dádivas, el ex regidor habría recibido un lujoso turismo (un Mercedes) por parte de uno de los promotores, "aunque el cohecho en este caso va mucho más allá de esos regalos", precisaron esas fuentes del caso. En su declaración ante la juez, José Mas rechazó esas acusaciones y mantuvo que el coche lo pagó de su bolsillo.

Aparte del ex alcalde José Mas y el aparejador municipal, por el sumario de los 300 chalés los agentes de la Brigada de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil arrestaron a otras cinco personas (constructores y promotores). Los guardias dejaron en libertad a dos de los detenidos antes de ponerlos a disposición judicial por motivos "personales y de salud", señalan fuentes del caso. Mientras, la juez ordenó el encarcelamiento del ex alcalde, el aparejador y el promotor cabecilla de la trama y dejó en libertad con cargos a los otros dos constructores.

Por su supuesta implicación en estos hechos, la Guardia Civil interrogó el miércoles al actual alcalde de Llíber, el socialista Juan Bautista Reus, y a otros cuatro concejales. Estos últimos deberán comparecer ante la juez imputados por prevaricación, siempre según las mismas fuentes.

La investigación policial sospecha que el actual alcalde de Llíber, el socialista Juan Bautista Reus, el hoy edil de Urbanismo y otros dos regidores del PP podrían haber incurrido en un presunto delito de prevaricación. Los cinco, ediles en el mandato entre 1999 y 2003, votaron a favor de algunas de las licencias que les propuso el ex alcalde popular José Mas. Los permisos permitieron la construcción de viviendas en parcelas de menos de 5.000 metros cuadrados, muchas veces con licencias para restaurar ruinas o instalar almacenes.

No obstante, la Guardia Civil no equipara su comportamiento al de José Mas, debido a que éste no había delegado en el pleno la facultad de conceder permisos urbanísticos. Ayer, Reus declaró estar muy "tranquilo" por esa acusación, dijo que en ningún momento fue cómplice de Mas y añadió: "Cuando ganamos las elecciones intentamos paralizar aquellas construcciones, por lo que recibimos amenazas, presiones y difamaciones, hasta el punto de que a mi primer teniente de alcalde le acusaron de violar a sus hijas, cuando él tiene hijos".

Es más, el actual alcalde socialista aseguró que desde que accedió al cargo en 2003 ya sabía que se había abierto una investigación sobre la gestión de su antecesor: "El primer día que llegué al Ayuntamiento ya estaba esperándome la policía para investigar la trama". "Hicimos lo que pudimos para colaborar, aunque es verdad que no pudimos parar todo lo que hizo el PP y que cometimos algunos errores, pero fue sin mala intención y yo no me llevé ningún dinero al bolsillo" añadió Reus.

El alcalde también reveló que los populares, antes de perder las elecciones, esbozaron un concierto previo que recalificaba no aquellos terrenos rústicos donde ya se había construido sino suelo aún virgen donde tenían interés los promotores ahora encausados. De cara al futuro, el actual gobierno del PSPV planifica un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio para legalizar la mayor parte de las viviendas -"ya que las personas que compraron de buena fe no tienen culpa de lo que ha pasado"-, si bien Reus no descartó la demolición de algunas de ellas.

Parte de esas viviendas ilegales ni siquiera tienen luz y agua y en una zona de 70 casas impulsada por de uno de los promotores implicados en la trama los propietarios se ven obligados a funcionar con placas solares.

elpaís.com

LA FISCALÍA RELACIONA A JOSEP SÁNCHEZ LLIBRE CON PAGOS IRREGULARES A UNIÓ

Una fundación próxima al partido recibió 2,5 millones de euros de donativos

PERE RÍOS - Barcelona

La Fiscalía de Barcelona considera que existen indicios de delito en los pagos supuestamente irregulares realizados a Unió Democràtica (UDC) por la Fundació Catalunya i Territori, próxima a ese partido, y por tres empresas que trabajaron para la formación que lidera Josep Antoni Duran Lleida. Desde hace meses, la fiscalía investiga esos pagos y espera concluir las diligencias cuando la policía le entregue un informe definitivo y diversos bancos remitan la información solicitada.

Según la hipótesis que maneja la fiscalía, la citada fundación recibió donativos privados por valor de 2,5 millones de euros entre 2003 y 2007, y en 2008, año del último ejercicio fiscalizado, hay aportaciones de la Fundación Privada Abertis, el BBVA y la Fundación Catalana para las Relaciones Internacionales, que preside Salvador Sedó, consejero nacional de Unió y candidato de CiU en las últimas elecciones europeas.

Cuando concluya la investigación, la fiscalía ha de decidir si existen indicios para actuar contra el diputado de Unió en el Congreso Josep Sánchez Llibre. Si fuera así, la Fiscalía de Cataluña redactaría un informe y lo remitiría a la Fiscalía General del Estado para que decidiera qué hacer, al tratarse de un aforado: o interponer querella ante el tribunal Supremo o considerar que no hay indicios para actuar contra el diputado. Si finalmente ocurriese eso, el caso volvería a la Fiscalía de Barcelona, que muy probablemente presentaría una querella en el juzgado de guardia contra las personas implicadas por un supuesto delito de falsedad documental.

La supuesta implicación de Sánchez Llibre en el caso procede de la declaración ante la policía de un proveedor, quien explicó que el diputado le instó a que se dirigiera a la red de empresas investigadas y a la fundación para cobrar una deuda por servicios prestados a Unió. Ese proveedor confesó, además, que emitió facturas falsas.

El presidente de la fundación cercana a Unió a través de la cual se giraron las facturas falsas es Josep Boqué, al que se considera muy cercano a Sánchez Llibre. La investigación se inició a raíz de una comunicación remitida por la Agencia Tributaria y posteriormente se añadió un informe enviado por el Departamento de Justicia de la Generalitat, que durante año y medio analizó la contabilidad y la actividad de la fundación y encontró indicios delictivos.

La investigación se extiende también a las compañías Fet i Fet, Final Versión y Serveis Gestió i Intermediació, radicadas en Barcelona y con muy poca actividad, que se hicieron cargo, mediante facturas falsas, de pagos de servicios prestados a Unió y que se nutrían de dinero traspasado desde la Fundació Catalunya i Territori. La investigación intenta aclarar pagos por más de un millón de euros por servicios prestados a Unió, de los que una parte los pagó el partido, y el resto más de una decena de acusados que ya han declarado ante la policía.

Duran Lleida afirmó ayer que desconocía la investigación y ofreció "todas las facilidades" a la fiscalía ante el convencimiento de que "no hay nada que pueda ser perseguible como delito". Sánchez Llibre también expresó su "tranquilidad total" respecto a los hechos que se investigan.

elpaís.com

EL JUEZ ARCHIVA LA QUERELLA POR PREVARICACIÓN CONTRA DIEGO LÓPEZ GARRIDO

El secretario de Estado fue acusado por el colectivo jurídico llamado Tomás Moro de conceder subvenciones a una fundación cercana al PSOE.- El juez echa en cara al denunciante su "temeridad"

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid ha acordado hoy el archivo de la querella por malversación de caudales públicos y malversación que el Centro Jurídico Tomás Moro interpuso contra el secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido.

Así lo ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado, en el que señala que el secretario de Estado comparecerá en rueda de prensa a las 13.15 para valorar la resolución judicial.

El Centro Jurídico Tomás Moro se querelló contra López Garrido en relación con la concesión de 78.000 euros en subvenciones, cuando ya era secretario de Estado, a la Fundación Alternativas, de la que fue patrono.

La imputación y posterior declaración del secretario de Estado no era más que un trámite necesario para tramitar la querella.

López Garrido prestó declaración como imputado el pasado día 4 y posteriormente explicó en una rueda de prensa que había presentado al juez diversa documentación que certifica la legalidad de las subvenciones y que prueba que, cuando se concedieron, ya no era patrono de la fundación porque, aunque la ley no lo exige, consideró que era "incompatible" con su nuevo cargo.

En el auto, el juez impone las costas al centro jurídico Tomás Moro y destaca su "temeridad de" por interponer la querella "sabiendo de la existencia de la carta de 21 de abril de 2008 por haberle sido remitida por el propio querellado".

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Consulta el auto por el que el juez archiva la querella contra López Garrido
DOCUMENTO (PDF - 79,5Kb) - 18-12-2009

Diego López Garrido
A FONDO

Nacimiento:
08-09-1947

Lugar:
Madrid

elpaís.com

"CASO MERCASEVILLA"; PSOE E IU RECHAZAN OTRA VEZ UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Debate en el pleno del Ayuntamiento

Efe | Sevilla

Los grupos del PSOE y de IU en el Ayuntamiento de Sevilla han rechazado por segunda vez crear una comisión de investigación sobre Mercasevilla pedida por el PP y han propuesto un "pacto por la responsabilidad" para ayudar a superar los "malos momentos" por los que atraviesa la empresa pública.

El PP presentó en abril pasado una moción para crear una comisión de este tipo, igual que ha ocurrido en dos ocasiones en el Parlamento andaluz, donde también ha sido rechazada, para mandar un "mensaje claro y nítido" a los ciudadanos de que las instituciones están contra la corrupción, según el edil Beltrán Pérez, del PP.

Durante el debate de este punto del orden del día del pleno municipal, el PP presentó una factura de 875 euros de una "mariscada" de 24 kilos consumida en las pasadas Navidades que habría pagado el ex gerente de Mercasevilla Fernando Mellet, en enero pasado.

Falsedad documental
La portavoz del PSOE, por su parte, acusó al PP de "falsedad documental" por presentar la propuesta de la creación de la comisión con una firma que no es la del portavoz 'popular', Juan Ignacio Zoido, momento que provocó una alteración del pleno y acusaciones del PP a la presidencia de estar haciendo el "ridículo" por admitir que se presentara esta "cuestión de orden".

El portavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, por su parte, habló por primera vez en el pleno respecto a Mercasevilla y reiteró que Zoido es el "instrumento de la derecha que manda de verdad en la ciudad", a la vez que consideró la propuesta de la comisión una iniciativa para "dilatar y enmarañar" el proceso judicial abierto.

Durante la hora y media que se debatió sobre este punto, el PSOE repitió los argumentos de que han sido administraciones socialistas las que han puesto en manos del juzgado los datos para investigar, y que el PP apoyó el proceso de venta de terrenos de Mercasevilla, que investiga el juzgado, así como la gestión de la dirección, entre ellas dos ERE.

Beltrán Pérez señaló que votar a favor en "un acuerdo con apariencia de legalidad", en referencia a la venta de los terrenos, no es motivo para "robar, estafar y delinquir".
Labor judicial

Zoido ha agregado que la comisión de investigación no interfiere en la labor judicial y ha considerado "muy grave" que no se apoye esta iniciativa, a la vez que ha culpado a la Junta no defender a los trabajadores acogidos a un ERE, algunos de los cuales protestaron ante el Ayuntamiento.

Torrijos reprochó el "populismo" de Zoido porque apoya a "todos", a los perjudicados por los problemas y al que los provoca, y la portavoz socialista concluyó el debate asegurando que el PP no les puede dar "lecciones de transparencia y de lucha contra la corrupción" porque ese partido es el "adalid" de prácticas corruptas.

elmundo.es

EL PSPV DENUNCIA AL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA POR LA OPERACIÓN DE TABACALERA

VALENCIA | Por presunta prevaricación

* Alborch dice que los ciudadanos han perdido 60 millones en la permuta
* 'Todo apunta a que es el mayor pelotazo urbanístico de la era Barberá'

Europa Press | Valencia

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valencia ha presentado ante la Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) una denuncia contra el equipo de gobierno municipal al entender que ha cometido un presunto delito de prevaricación en el convenio suscrito con la inmobiliaria Guadalmedina para permutar el edificio administrativo municipal situado en la plaza de América por el antiguo Palacio de la Industria, núcleo del complejo industrial de Tabacalera.

Los cálculos elaborados por el grupo socialista y presentados a la Fiscalía estiman que el Ayuntamiento de Valencia ha dejado de ingresar 56 millones de euros al incluir en la permuta el edificio administrativo municipal tras valorarlo por 24,1 millones de euros, en lugar de haberlo vendido a precio de mercado, lo que hubiera supuesto unos ingresos de 80,7 millones.

Asimismo, la denuncia, firmada por todos los concejales del grupo municipal, recuerda que la inmobiliaria va a obtener unos beneficios de 100,6 millones de euros a través de la venta de los pisos que construirá en la parcela actualmente ocupada por el antiguo edificio administrativo.

"Hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción las irregularidades detectadas por el Grupo Socialista en la operación inmobiliaria de la Tabacalera porque consideramos que pueden ser constitutivas de un delito de prevaricación", explicó la portavoz municipal socialista, Carmen Alborch, quien añadió que esta acción se ha hecho "tras analizar detalladamente toda la información y llegar a la conclusión de que el Ayuntamiento y, por tanto, los ciudadanos cuyos recursos públicos gestiona, han perdido cerca de 60 millones de euros en la permuta de Tabacalera".

"En la operación Tabacalera, la alcaldesa Rita Barberá ha malgastado el patrimonio de todos y ha provocado una pérdida equivalente a todo el presupuesto municipal de inversiones de un año; es todo un símbolo de la política de gasto del PP, una política de despilfarro y no de austeridad, que no prioriza las necesidades y aspiraciones reales de los ciudadanos que viven y trabajan en Valencia", consideró.

Alborch, que compareció ante los medios acompañadas por los ediles del PSPV, agregó que, teniendo en cuenta la información actual, cuando ya se conocen los precios de venta de las viviendas y aparcamientos construidos, "todo apunta a que es el mayor pelotazo urbanístico de la era Barberá, a expensas de los intereses de la mayoría de valencianos y valencianas y de la defensa del patrimonio histórico".

La operación afecta al antiguo complejo industrial de Tabacalera, un conjunto fabril formado por el Palacio de la Industria edificado con motivo de la Exposición Regional de 1909 y sus naves periféricas, y al edificio municipal de servicios administrativos ubicado en la esquina de la avenida Navarro Reverter y la plaza de América.

Según recordó el PSPV, todos los grupos municipales acordaron en un pleno de 2001 que "el Ayuntamiento continúe las conversaciones con la empresa Altadis sobre el edificio ubicado en la calle Amadeo de Saboya, con el fin de adquirirlo mediante permuta o cualquier otro medio válido en derecho para, sin variar su nivel de protección, adjudicarle un uso preferentemente administrativo-institucional, exclusivo o compartido, excluyendo su uso residencial".

Pero el Ayuntamiento, apuntaron, "no sólo no obtuvo la propiedad del edificio de Altadis, sino que fue finalmente la mercantil Guadalmedina la que el 6 de junio de 2002 adquirió el 49% del edificio por 7.951.930 euros".

El 22 de abril de 2005, la alcaldesa de Valencia firmó con la promotora Guadalmedina un convenio para recalificar el edificio de la Tabacalera, sin tener en cuenta los antecedentes citados. El Ayuntamiento se comprometió a modificar el PGOU con los siguientes criterios: derribar las naves laterales y traseras del complejo industrial; otorgar a la mercantil una edificabilidad de 32.220 metros cuadrados de techo en las naves traseras, recayentes a la calle Micer Mascó, que le permitirían construir dos edificios de nueve alturas y garajes en el subsuelo; y otorgar una edificabilidad de 11.542 metros cuadrados de techo más los correspondientes garajes en el subsuelo en el edificio municipal administrativo de Navarro Reverter, que se le entrega mediante permuta.

A cambio el Ayuntamiento recibía la parte del edificio de Tabacalera que no se derribaba. La Conselleria de Territorio y Vivienda aprobó definitivamente la recalificación urbanística y la correspondiente modificación del Plan General de 1989 el 30 de junio de 2006.

Unas semanas después, Guadalmedina adquirió a Altadis el 51% restante del edificio, por importe de 52 millones de euros, "que sumados a los 8 millones de euros pagados inicialmente, elevan el coste total de adquisición a 60 millones de euros", explicaron.

Luz verde
Todo ello supuso, según el relato socialista, "dar luz verde a una operación que preveía la demolición de las naves laterales y traseras de Tabacalera pese a que el conjunto estaba protegido, no se permitía el uso residencial, existía la obligación de declararlo Bien de Relevancia Local y un acuerdo del Ministerio de Cultural para que formara parte del catálogo nacional del patrimonio industrial y se declarara Bien de Interés Cultural".

Además, recordaron, la operación motivó informes contrarios de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura.

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* La alcaldesa se querellará por calumnias

elmundo.es

"CASO PALMA ARENA"/"CASO MATAS"; "MAITE AREAL VINO A COMPRAR EL PISO DE MADRID EN ABRIL DE 2003

Sigue la investigación

* Un gerente de Vallehermoso declara que el cuñado de Matas pagó la señal
* También dice que el decorador del palacete lo visitó para reformarlo

E. Colom | E. Urreiztieta | Palma

La investigación en torno al patrimonio que amasó el ex president balear Jaume Matas mientras ocupaba cargos públicos se trasladó ayer a Madrid. El juez José Castro interrogó allí en calidad de testigos a siete personas relacionadas con el piso del exclusivo barrio de Salamanca valorado en más de un millón de euros cuya propiedad la Guardia Civil atribuye al ex dirigente del Partido Popular pese a que figura a nombre de Bartolomé Reus, ex conseller del PP al que los investigadores consideran un mero «testaferro».

Además de los conserjes del edificio, Castro tomó declaración a uno de los gerentes de Vallehermoso, la promotora que construyó el edificio de viviendas en el número 105 de la calle Ramón de la Cruz, donde actualmente residen los hijos de Matas oficialmente en régimen de alquiler. Luis Butragueño explicó ante el juez que «sobre el mes de abril de 2003» el consejero delegado del Grupo Sacyr Vallehermoso Emilio Novela le presentó a Maite Areal, esposa de Matas, y al hermano de ésta y ex tesorero del PP balear, Fernando Areal, ambos imputados en el caso. «El consejero delegado me informó de que los señores Areal estaban interesados en comprar un piso», manifestó ayer Butragueño.

«Concretamente –agregó– estaban interesados en el 4º C del 105 de Ramón de la Cruz». Según dijo, «dedujo» que al serles presentados por el consejero delegado «estaban interesados en recibir un trato especial». Aunque negó que luego pactasen una rebaja. Según agregó, y como ya se acreditó en el curso de la investigación, «el señor Areal hizo entrega en efectivo de 100.000 euros como arras y se hizo la operación a su nombre». Según las pesquisas, dichas arras se devolverían después para ser abonadas el mismo día por Bartolomé Reus. Asimismo precisó que el decorador del palacete, Antonio Obrador «le llamó para interesarse por los planos del piso al objeto de acometer una reforma». Hay que reseñar que por aquellas fechas Matas no era presidente del Govern, aunque ya lo había sido en una primera etapa. Según explicaciones que emanan de su entorno, tenía por entonces intención de residir en Madrid. Un conserje del edificio, Laudelino García, declaró ayer que «para él» los dueños del piso eran «los señores Matas-Areal».

elmundo.es

"CASO PALMA ARENA"/"CASO MATAS"; TRES TESTIGOS RECONOCEN QUE AREAL LES LLAMÓ ANTES DE SU DECLARACIÓN

Uno de los administradores recibió una visita de la esposa de Matas
El objeto de estas comunicaciones era 'pedir perdón por las molestias'

Efe | Palma

Tres administradores de la finca en la que residen los hijos del ex presidente balear Jaume Matas (PP) en Madrid han asegurado ante el juez que investiga dentro del "caso Palma Arena" un posible enriquecimiento ilícito de Matas, que la mujer de éste, María Teresa Areal, les llamó la semana pasada.

Según fuentes de la investigación, así lo dicho este viernes, durante su declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro, que se trasladó el jueves a la capital para tomar declaración a varios testigos.

Estas mismas fuentes han añadido que uno de los administradores además recibió una visita de la esposa del ex presidente balear y ha explicado que la defensa de Matas alega que el objeto de estas comunicaciones era "pedir perdón por las molestias causadas" al haber sido citados como testigos.

Además, han explicado que los administradores han coincidido en que su impresión es que la vivienda, ubicada en el céntrico barrio de Salamanca de Madrid, era propiedad de Matas, ya que no conocen al ex presidente del Consejo Asesor de Gesa-Endesa, Bartomeu Reus, que figuraba como inquilino de la vivienda y que también está imputado en la causa.

Durante la vista, en la que también ha declarado el que fuera consejero delegado de Vallehermoso División Promoción en 2003, Emilio Novela, el juez ha dictado un auto cuyo contenido se desconoce.

El pasado 6 de noviembre, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Judicial registraron el piso situado en la calle de Don Ramón de la Cruz de Madrid, así como la vivienda de 400 metros cuadrados situada en un palacete en el casco antiguo de Palma, que Matas adquirió por 950.000 euros, cuando el valor estimado por la Agencia Tributaria en octubre de 2006 era de casi 2,5 millones.

Los registros fueron ordenados por el juez Castro que, además del incremento patrimonial de Matas, investiga las posibles irregularidades cometidas en la construcción del velódromo de Palma Arena.

Los interrogatorios seguirán esta tarde con la declaración del representante de Vallehermoso Jesús Serrano al que el juez ha citado a raíz de una de las comparecencias de ayer.

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* 'Maite Areal vino a comprar el piso de Madrid en abril de 2003'

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"OPERACIÓN MAQUILLAJE"; GRIMALT AFIRMA QUE LA AUTORIZACIÓN DE PAGOS FUE REDACTADA POR NADAL

CORRUPCIÓN | No va a dimitir de momento

Europa Press | Palma

El conseller de Medio Ambiente, Miquel Àngel Grimalt, se ha desvinculado ante el juez de las presuntas irregularidades que se investigan en la Operación Maquillaje en torno a contratos y subvenciones otorgadas la pasada legislatura desde el Consell de Mallorca, al aseverar que, si bien autorizó varios pagos a la productora Studio Media, fue el entonces vicepresidente de la Institución, Miquel Nadal, quien le entegró ya redactado el pliego de condiciones para la autorización de esos desembolsos.

Durante una comparecencia que se ha prolongado durante más de dos horas, el conseller, que continúa en calidad de imputado, dijo ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, Juan Ignacio Lope Sola, el fiscal anticorrupción Juan Carrau y numerosos letrados personados en esta pieza separada del caso Son Oms, que fue el ex vicepresidente del Consell quien asimismo le presentó al socio de Studio Media, Alfredo Conde, también encausado en el marco de este procedimiento.

A su salida de las dependencias judiciales, Grimalt ha subrayado ante los medios que por ahora no descarta dimitir como titular de Medio Ambiente sino que "si esto se alarga mucho" podría planteárselo. Tal y como recalcó, como aforado podría haber esperado a que el caso sea asumido por el Tribunal Superior de Justicia (TSJIB) para prestar declaración aunque, habiéndolo hecho este viernes, "creo que he facilitado el trabajo de la justicia y he colaborado dando todas las explicaciones", las mismas que hubiera manifestado ante la máxima instancia judicial de las islas.

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VICENS DIMITE DESPUÉS DE QUE LA FISCALÍA PLANTEASE SU INGRESO EN PRISIÓN

Por recomendación de su abogado

Bartomeu Vicens | Pep Vicens

Mariona Cerdó | Agencias | Palma

El diputado del Grupo Mixto, Bartomeu Vicens ha anunciado este viernes la renuncia a su escaño en el Parlament balear después de que la Fiscalía solicitase medidas cautelares, tras ser condenado a cuatro años y medio de prisión por ordenar el pago de 12.020 euros por un estudio plagiado de Internet.

Vicens no ha podido notificar en el Parlament su dimisión porque el registro de la Cámara cierra a las 14.00 horas. No obstante, Vicens ha señalado en una misiva que por recomendación de su abogado dimite de su cargo como diputado en el Parlament.

El diputado era la pieza clave de la política balear ya que daba la mayoría al Pacte. Tras ser condenado, el presidente del Govern, Francesc Antich declaró que "no utilizará el voto de Vicens" y que gobernaría en minoría. Vicens, que fue suspendido de militancia por UM, ha sido condenado por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos a su contable, Tomás Martín, que realizó el estudio.

El caso es una pieza separada dentro de Son Oms por el que el juez imputó a la histórica cúpula de UM por cobrar comisiones por recalificar un polígono industrial.

La Fiscalía solicitó la celebración de una comparecencia en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) para pedir medidas cautelares contra el diputado del Grupo Mixto, Bartomeu Vicens, y en la que podría pedir su ingreso en prisión preventiva para evitar que el inculpado pueda sustraerse de la acción de la justicia.

Así lo indicaron a fuentes jurídicas, que señalaron que lo más probable es que el Ministerio Público pida la privación de libertad para el ex portavoz parlamentario de UM. No obstante, puntualizaron que no será hasta el mismo día de la comparecencia cuando el fiscal concrete su petición, y la defensa pueda pronunciarse así en torno a la medida cautelar solicitada.

En concreto, el tribunal de la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) condenó a cuatro años y medio de cárcel y a la inhabilitación absoluta por tiempo de ocho años al ex conseller insular de Territorio.

Isabel Alemany será su sustituta
El ex portavoz parlamentario será sustituido por la concejala de UM en Andratx Isabel Alemany. Según ha confirmado el presidente de UM, Miquel Àngel Flaquer, el diputado dejará finalmente su escaño, tal y como han pedido el PSOE y el Bloc, socios de gobierno de UM, ante su condena hecha pública el jueves.

Flaquer ha respetado la decisión de Vicens y ha indicado que en estos momentos es "lo mejor" para él, tanto personalmente como para dar "estabilidad" al Parlament y las instituciones de Baleares.

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* Condenan a cuatro años y medio de cárcel a Vicens
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elmundo.es

ANTICH PIDE A VICENS QUE ABANDONE EL PARLAMENT Y GOBERNARÁ EN MINORÍA

POLÍTICA | Gobernará en minoría

* El presidente anuncia que no rompe sus relaciones con el Bloc y UM
* No contarán nunca más con el voto del parlamentario del grupo mixto


Miquel A. Font | Palma

Antich ya ha encontrado su 'solución particular' a los problemas judiciales y políticos que atraviesan las Islas. El presidente del Govern ha exigido al diputado del Grupo Mixto y condenado por la Justicia a 4 años y medio de cárcel, Bartomeu Vicens, que abandone su escaño en el Parlament "por dignidad".

Una vez que eso ocurra, Antich ha decidido seguir adelante con el Pacte, aunque eso sí, gobernando en minoría. Antich ha asegurado que "no utilizará el voto de Vicens" para sacar adelante ninguna Ley o protecto, y en el caso de que el voto de ya condenado sea decisivo, "nos sentaremos con el PP para llegar a un acuerdo".

De esta forma, el presidente ha anunciado que no rompe sus relaciones con el Bloc y UM, sino que en la Cámara autonómica no contarán nunca más con el voto del parlamentario del grupo mixto, lo que deja al Govern en minoría.

El presidente ha descartado elecciones anticipadas y ha confirmado que propondrá al presidente del PP, José Ramon Bauzà, una reunión a fin de poder abordar posibles pactos de Estado y acuerdos en el futuro, dado que el voto de los populares se convierte en necesario ante la nueva realidad parlamentaria, en la que el Govern dejará de contar con el voto de Vicens para llevar adelante las iniciativas.

Confía en que UM aplique el código ético

Con respecto al código ético recientemente aprobado por todos los integrantes del Pacte, y la situación de algunos de los cargos imputados por la justicia, Antich ha asegurado que tiene el compromiso de UM de que lo cumplirá. Esto implicaría que Nadal abandonara Cort, ya que a juicio del president "no hay ninguna duda de que el código ético afecta a todos los cargos con medidas cautelares". Antich se ha mostrado convencido de que UM prescindirá de Nadal en la próxima ejecutiva de la formación regionalista.

Además
* Bauzá señala que gobernar en minoría es 'insostenible'

elmundo.es

INVESTIGAN A SEIS PERSONAS VINCULADAS A UNIÓ POR FINANCIACIÓN IRREGULAR

'En la órbita del partido'

C. Álvarez | X. Siccardi | Barcelona

Nuevas revelaciones estrechan aún más el cerco sobre las presuntas irregularidades en la financiación de Unió Democràtica, el partido de Josep Antoni Duran Lleida. La unidad de la Policía Nacional adscrita a la Fiscalía de Delitos Económicos investiga al menos a media docena de personas vinculadas al partido, de entre la veintena de comparecencias que ha convocado en el marco de sus pesquisas.

Según aseguraron a este diario fuentes de la investigación, ésta se centra en diferentes empresarios y otras personas "situadas en la órbita del partido". Entre los investigados, en este sentido, habría personas del entorno del diputado en el Congreso Josep Sánchez-Llibre.

La trama que investiga la Fiscalía -cuyas diligencias están ya muy avanzadas, según admitieron fuentes policiales- se centra en la extraña actividad de una fundación próxima al partido, Catalunya i Territori. Al parecer, ésta, junto a al menos tres sociedades -Final Version, Fet i Fet, y Serveis Gestió i Intermediació-, se habrían empleado como tapadera de Unió para pagar a distintos proveedores de gastos generados por el partido en el año 2005. En aquella época, CiU ya llevaba dos años fuera de la Generalitat, y Unió Democràtica vivía esa especial travesía del desierto en la que las cuentas no les salían y que les llevó a reestructurar su red de sedes, cerrando varios locales y trasladando sus instalaciones centrales de zona.

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LA JUEZA ENCARCELA AL EX ALCALDE DEL PP DE LLÍBER POR LOS CHALÉS ILEGALES

La Guardia Civil interroga al actual regidor del PSPV y a cuatro concejales

ARTURO RUIZ - Dénia

La juez de Dénia que instruye el caso de corrupción urbanística de Llíber ordenó ayer prisión incondicional para el ex alcalde de ese municipio entre 1999 y 2003, el popular José Mas, y para el ex aparejador municipal, como máximos responsables de los permisos que desde el Ayuntamiento permitieron a una serie de constructoras edificar y vender más de 300 viviendas en suelo rústico durante aquellos años. Ambos están imputados por dos presuntos delitos de cohecho y estafa.

No obstante, el escándalo que lleva días salpicando esta población del interior de La Marina Alta tomó ayer un giro inesperado después de que la Guardia Civil interrogara en su cuartel de Calp a los otros cinco concejales que sobreviven de aquella corporación: el actual alcalde, el socialista Juan Bautista Reus, otros tres ediles que aún permanecen en el consistorio -el concejal de Urbanismo del PSPV y primer teniente de alcalde, José Ordines, y dos ediles del PP, José Juan Reus y Vicent Ivars- así como a otro concejal socialista en aquel periodo, José Fullana, que ya no está en activo.

La Guardia Civil cree que todos ellos podrían haber incurrido en un presunto delito contra la ordenación del territorio ya que entre 1999 y 2003, cuando se encontraban en la oposición, Reus y sus dos compañeros del PSPV, así como los dos ediles del PP, habrían apoyado en el pleno algunas de las licencias concedidas para alzar viviendas irregulares y que permitieron edificar chalés incluso de lujo en parcelas menores de 10.000 metros cuadrados con permisos que sólo servían para reconstruir ruinas o instalar almacenes. Los agentes han traspasado las diligencias al juzgado, que podría citar a los cinco ediles en los próximos días.

En total, se han producido ocho detenciones por el caso. Además del ex alcalde y del ex aparejador, también fueron arrestados seis promotores. Uno de ellos, Miguel M. fue enviado el martes por la juez a prisión al considerarlo el cerebro de la trama que permitió a las constructoras estafar a centenares de residentes europeos que primero compraron las parcelas y después los chalés ilegales. Tras tomarles declaración, la juez dejó en libertad con cargos a dos constructores, mientras que los otros tres fueron puestos en libertad por la propia Guardia Civil, si bien deberán prestar declaración judicial junto a varias personas más, entre ellas promotores e intermediarios vinculados al caso.

Varios miembros de la familia del ex alcalde José Mas acudieron ayer hasta las puertas del juzgado para acompañarle en su declaración. Su portavoz proclamó su inocencia y aseveró que "en Llíber se han dado licencias en parcelas de 5.000 metros cuadrados toda la vida, con lo que esta actuación no sólo ha sido responsabilidad del PP sino también del PSOE, ya que los dos partidos se han turnado en el gobierno local durante los últimos 20 años". Por eso, este familiar acusó a los socialistas de "haber roto el pacto sobre las prácticas urbanísticas de Llíber al interponer una denuncia que finalmente retiraron, aunque así posibilitaron la intervención de la fiscalía". El Comité de Garantías del Partido Popular valenciano decidió ayer suspender de militancia a José Mas.

Mas y Reus se han turnado en el poder municipal de Llíber durante casi tres décadas. El ex alcalde del PP ahora en prisión gobernó entre 1987 y 1991 y de 1999 a 2003, mientras que el socialista gobernó entre 1995 y 1999, y en la actualidad desde 2003.

elpaís.com

LA FISCALÍA VE INDICIOS DE DELITO EN LOS PAGOS IRREGULARES A UNIÓ

El caso será remitido a la Fiscalía General por la supuesta implicación del diputado Sánchez Llibre

PERE RÍOS - Barcelona

La Fiscalía de Barcelona considera que los presuntos pagos irregulares a Unió Democràtica de Catalunya (UDC) por parte de la Fundació Catalunya i Territori, próxima al partido democristiano, y de tres empresas que organizaron congresos, podrían se delictivos y, por tanto, han de ser investigados por la justicia. Con todo, fuentes de la investigación explicaron que el caso podría acabar salpicando al diputado de Unió en el Congreso Josep Sánchez Llibre, por lo que si se confirman esos indicios, el caso sería remitido a la Fiscalía General del Estado para que decida la actuación a seguir al tratarse de un aforado.

La supuesta implicación de Sánchez Llibre en el caso habría procedido de la declaración prestada ante la policía por un proveedor, quien relató que fue el diputado en el Congreso quien le instó a que se dirigiera a la red de empresas investigadas y a la fundación para cobrar una deuda por servicios prestados a Unió, y que, además, emitió facturas falsas. El presidente de la fundación cercana a Unió a través de la cual se giraron las facturas falsas es Josep Boqué, al que se le considera muy cercano a Sánchez Llibre.

La fiscalía inició la investigación hace unos meses a raíz de una comunicación remitida por la Agencia Tributaria y posteriormente se añadió un informe enviado por la dirección general de Derecho y Entidades del Departamento de Justicia, que durante un año y medio analizó la contabilidad y la actividad de la Fundació Catalunya i Territori y encontró indicios delictivos.

La investigación está prácticamente concluida, a la espera de que la policía entregue su informe definitivo sobre la investigación realizada y que diversos bancos remitan la información solicitada. La hipótesis que maneja la fiscalía es que la citada fundación recibió donativos privados por valor de 2,5 millones de euros entre el 2003 y el 2007 y que en el 2008, último ejercicio fiscalizado, hay aportaciones de la Fundación Privada Abertis, el BBVA y la Fundació Catalana per les Relacions Internacionals (Intercat), que preside Salvador Sedó, consejero nacional de Unió y candidato de CiU en las últimas elecciones europeas.

Tras recibir esa documentación, la fiscalía analizará todos los hechos y adoptará una postura definitiva, aunque la primera impresión es que los hechos podrían ser delictivos. Si se consideran que implican a Sánchez Llibre, la fiscalía de Barcelona redactaría un informe con su criterio y lo remitiría a la Fiscalía General del Estado. Si esta institución cree que se ha de actuar legalmente contra el diputado de Unió, deberían redactar la querella e interponerla ante el Tribunal Supremo. Si, por el contrario, se considerara que no existen indicios de delito, el caso volvería a Barcelona donde muy probablemente la fiscalía presentaría una querella.

La investigación se extiende también a las compañías Fet i Fet, Final Versión y Serveis Gestió i Intermediació, radicadas en Barcelona y con muy poca actividad, y que se hicieron cargo, mediante facturas falsas, de pagos de servicios prestados a Unió, y que se nutrían de dinero traspasado desde la Fundació Catalunya i Territori.

La investigación intenta aclarar pagos por más de un millón de euros por servicios prestados a Unió de los que una parte los pagó el partido, y más de una decena de personas, algunas imputadas por un presunto delito de falsedad documental, han declarado ante el la Policía.

Duran se ha enterado por la prensa

El portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados y líder de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, afirmó hoy que desconoce que la Fiscalía esté investigando las cuentas de Unió ante la posibilidad de que haya utilizado empresas para sufragar gastos del partido. No obstante, ofreció "todas las facilidades" a la Fiscalía ante el convencimiento de que "no hay nada que pueda ser perseguible como delito".

Josep Sánchez Llibre también ha afirmado haberse enterado por los medios de comunicación y ha expresado su "tranquilidad total" respecto a los hechos que se investigan.

elpaís.com

APLAZAN EL JUICIO AL ALCALDE DE LA VIÑUELA POR UN DELITO URBANÍSTICO

TRIBUNALES | Hasta el mes de marzo

Europa Press | Málaga

El Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga ha vuelto a aplazar el juicio previsto para este viernes contra el alcalde del municipio malagueño de La Viñuela, Juan Millán, por delitos urbanísticos y lo ha fijado inicialmente para el 5 de marzo del próximo año, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

La Fiscalía malagueña solicita provisionalmente para Millán dos años de prisión y 17 años de inhabilitación especial para cargo público por conceder varias licencias de obras para viviendas unifamiliares en suelo calificado como no urbanizable y presuntamente sin hacer los trámites necesarios en los expedientes.

Según las conclusiones provisionales del ministerio fiscal, el acusado, como alcalde de dicho municipio, concedió mediante dos decretos de agosto de 2001 y otro de octubre de 2003 sendas licencias a particulares para construir tres viviendas unifamiliares en Pago Guerrero.

Todo ello lo realizó, según el escrito presentado en su día por la acusación, al que tuvo acceso Europa Press, "de forma consciente y a sabiendas de que se trataba de terreno no urbanizable de protección de embalse de La Viñuela", según las normas subsidiarias de planeamiento de 1996, vigentes en el momento en el que se concedieron las licencias de obra.

Además, el fiscal considera que para estos permisos "se prescindió de los trámites necesarios en los expedientes", puesto que en los dos primeros expedientes el secretario hacía constar la calificación del terreno y que para su edificación se precisaba "justificación de la nulidad e interés social de la obra"; mientras que en el tercero se instaba a acreditar la vinculación de las obras a un fin agrícola, forestal o ganadero "no habiéndose realizado nada de ello".

Para el ministerio público, los hechos constituyen un delito continuado de prevaricación, por el que solicita un año y medio de prisión y 10 de inhabilitación; y otro de prevaricación, del mismo artículo 320 del Código Penal, por el que pide seis meses de cárcel y siete años de inhabilitación, también especial para empleo o cargo público.

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"CASO ALMEXIA"; IMPUTAN AL ARQUITECTO DE ALMOGÍA POR DELITO URBANÍSTICO Y FALSEDAD

Hay otros 11 imputados

Europa Press | Málaga

El Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga ha confirmado la imputación del arquitecto del Ayuntamiento de la localidad malagueña de Almogía, investigado en relación con presuntas irregularidades urbanísticas en dicho municipio, por los delitos de falsedad documental y contra la ordenación del territorio, según informaron fuentes judiciales.

Este anuncio se ha producido más tarde que el del resto de imputados en este caso ya que el secretario se encontraba enfermo en el momento en el que fue citado a declarar.

Este imputado ha afirmado ahora que para emitir sus informes se basaba en la documentación de los expedientes y que la edificación en ruinas no necesita proyecto de actuación para su reforma, según explicaron a Europa Press otras fuentes, quienes apuntaron que el arquitecto expresó que desconocía que la Policía no podía emitir estos informes de antigüedad.

En este sentido, indicaron que el imputado aseguró que los expedientes informados por él estaban "completos" y eran "correctos" y que se mostró convencido de que en todos los casos ha actuado conforme a derecho. Además, negó haber recibido contraprestaciones para hacer sus informes ni presiones, precisando que no vive en dicho municipio y no tiene intereses.

La instructora del caso ya confirmó a finales del pasado mes de noviembre las imputaciones hechas por la Guardia Civil respecto a otras 11 personas investigadas en este caso, entre ellas el alcalde del municipio, Cristóbal Torreblanca, al que inicialmente se le imputan los delitos de falsedad documental y prevaricación

elmundo.es

"CASO MALAYA"; LA AUDIENCIA DESESTIMA LOS 62 RECURSOS CONTRA EL PRIMER AUTO DE PROCESAMIENTO

* Ahora se estudiarán las impugnaciones al segundo auto de procesamiento

Marta Sánchez Esparza | Málaga

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga ha desestimado todos y cada uno de los 62 recursos de apelación interpuestos contra el primero de los dos autos de procesamiento del 'caso Malaya', que investiga la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella.

La Sala escuchó a los abogados de los procesados que habían planteado recursos contra el citado auto durante las vistas celebradas en la Ciudad de la Justicia de Málaga durante las dos últimas semanas de octubre. En las sesiones, casi todos los letrados censuraron la instrucción del juez Miguel Ángel Torres, la falta de rigor en las investigaciones de la Unidad de lucha contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional, y la escasez del material probatorio.

El primero de los letrados que intervino fue el abogado de Juan Antonio Roca, José Aníbal Álvarez, quien sostuvo que gran parte de las acusaciones vertidas contra su defendido se debían a la necesidad del resto de los imputados de acceder a las peticiones del juez instructor, y evitar así el ingreso en prisión.

Tras el letrado de Roca intervinieron también los abogados de los ex alcaldes de Marbella Julián Muñoz y Marisol Yagüe, de nueve ex concejales y del que fuera secretario municipal, Leopoldo Barrantes. El tribunal dispuso en cuatro bloques a los procesados, de forma que tras los ex responsables municipales, se estudiaron los recursos de los empresarios imputados, entre los que se encuentran los principales responsables de la promotora Aifos, Ávila Rojas o los constructores Rafael Gómez o Fidel San Román, entre otros.

Posteriormente se estudiaron los recursos de algunos imputados acusados principalmente de blanqueo de capitales, como varios abogados y presuntos testaferros de Roca, y se analizaron también los argumentos del ex primer teniente de alcalde Pedro Román, y de varios empresarios y marchantes de arte.

Las vistas se celebraron entre el 19 y el 30 de octubre en la Sala de Jurado de la Ciudad de la Justicia, que fue ampliada para la ocasión por la Delegación de Justicia de la Junta. Para ello, la Junta ha invertido más de 200.000 euros en obras.

En diciembre se han celebrado las vistas de los recursos planteados por las partes contra el segundo de los autos de procesamiento del caso 'Malaya', que concluyeron el pasado miércoles en la Ciudad de la Justicia. El tribunal analizará ahora los argumentos de las partes y emitirá un segundo auto sobre los recursos.

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