sábado, 6 de febrero de 2010

EL TRIBUNAL DE CUENTAS INVESTIGA LA FRUSTRADA MEDALLA A AZNAR

El Gobierno del PP pagó dos millones a un 'lobby' de EE UU para lograrla

MANUEL ALTOZANO - Madrid

El Tribunal de Cuentas ha abierto unas diligencias preliminares para determinar si José María Aznar y los demás miembros del Consejo de Ministros incurrieron en responsabilidad contable al aprobar un gasto de 2,3 millones para promocionar la concesión de la medalla de oro del Congreso de EE UU al ex presidente del Gobierno en diciembre de 2003. La denuncia, presentada por la asociación Preeminencia del Derecho y el letrado José Luis Mazón, pide que se aclare la cantidad que efectivamente se pagó a un lobby de Washington para lograr ese objetivo, si la contratación se efectuó cumpliendo la ley, y que, en caso contrario, se obligue a los presuntos responsables a devolver el dinero a las arcas del Estado.

El Consejo de Ministros, en su reunión del 26 de diciembre de 2003, aprobó un gasto de 2,3 millones de euros para los ejercicios 2004 y 2005 cuyo objetivo era contratar los servicios del despacho de abogados estadounidense Piper Rudnick. El objetivo de ese contrato, gestionado por el procedimiento más opaco -el negociado sin publicidad, para el que no es necesario un concurso- por "la imperiosa urgencia" que, según el Gobierno, lo justificaba, era "asistir al Gobierno de España en las relaciones más próximas con Estados Unidos". La decisión no figuraba en la reseña del Consejo de Ministros ni se publicó en el BOE. Pero el mes de enero de 2004 se cargaron las primeras facturas del bufete por gestiones para conseguir la medalla y la asistencia de congresistas y senadores al discurso de Aznar ante ambas Cámaras el 4 de febrero.

Lo que los denunciantes quieren saber es qué parte del gasto aprobado (2,3 millones) se destinó a pagar al lobby, ya que el contrato se suscribió por dos millones. También piden que se investigue si ese acuerdo, suscrito por 20 meses (a razón de 100.000 euros al mes) "se cumplió en su totalidad" o se rescindió tan pronto no fue posible la obtención de la medalla (Aznar perdió las elecciones del 14 de marzo de 2004). "Esta parte entiende que la desviación de fondos públicos para usos particulares, como es la obtención de la medalla para el señor Aznar debe considerarse como una malversación de caudales ya que su aplicación se ha destinado a usos propios", dice la denuncia.

El tribunal ha pedido informes al fiscal y al abogado del Estado para decidir si sigue adelante con la investigación, aún en fase muy incipiente.

Consulta íntegra la denuncia presentada contra el Gobierno de José María Aznar por la frustrada medalla
DOCUMENTO (PDF - 293,05Kb) - 05-02-2010

Consulta íntegra la resolución del Tribunal de Cuentas por la que acepta investigar el gasto por la frustrada medalla a Aznar
DOCUMENTO (PDF - 236,56Kb) - 05-02-2010

José María Aznar López
A FONDO

Nacimiento:
25-02-1953

Lugar:
Madrid


elpaís.com

"CASO MERCASEVILLA"; LA JUEZ PIDE A HACIENDA LOS DATOS DEL PATRIMONIO DE TODOS LOS IMPUTADOS EN EL CASO

Requerimiento a la Agencia Tributaria

Efe | Sevilla

La juez que investiga presuntas irregularidades en Mercasevilla ha acordado que, a través de la Policía Judicial, se solicite a la Delegación de la Agencia Tributaria que remita al juzgado "cuanta información patrimonial" de los diez imputados en la causa conste, desde 2003, en ese organismo.

En un auto, la juez de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, dispone que Hacienda remita los datos del IRPF (resumen y detalle), transmisiones patrimoniales, actividad financiera (deuda pública, valores o productos financieros), cuentas bancarias, anotaciones e inmuebles rústicos y urbanos de todos los imputados.

Ésta es una de las ocho nuevas pruebas que, para "avanzar en la instrucción", la juez ha ordenado que se practiquen dentro de la causa en la que investiga lo que ha calificado como "adjudicación fraudulenta" de los terrenos de Mercasevilla, en la que ya están acusadas diez personas entre responsables políticos, directivos del mercado central y técnicos que intervinieron en el proceso.

También dispone que la Policía Judicial recabe, bien de Mercasevilla o de las empresas participantes, todas las ofertas técnicas que se presentaron al concurso público para hacerse con la opción de compra de los suelos del mercado, salvo la de Sanma (Grupo Sando), "única unida a las actuaciones", que fue la adjudicataria.

La juez investiga la venta de los terrenos a Sando, que ofertó 106 millones de euros frente a los 158 de su competidora Noga, por lo que, a su juicio, el resultado del concurso fue "antieconómico y contrario al interés general".

En esta rama del caso Mercasevilla están imputados su ex gerente Fernando Mellet; el ex secretario del consejo de administración Jorge Piñero; dos técnicos que intervinieron en el concurso; tres directivos de Sando; Domingo Enrique Castaño, ex director de Vía Pública del Ayuntamiento y que luego trabajó para Sando; el ex edil del PSOE Gonzalo Crespo; y la directora del área Financiera de la empresa mayorista.

En el auto, con fecha 29 de enero y notificado el viernes a las partes, la juez acuerda librar mandamientos a los Registradores Mercantiles de Madrid y Barcelona para que remitan las historias registrales de Realia Business y Landscape Espais Promocions -empresas que también concurrieron al concurso-.

Además, cita para el próximo 8 de marzo en calidad de testigo al representante legal de Larena 98, empresa que inicialmente tenía una opción de compra sobre los terrenos y cuyo contrato fue rescindido después en favor de Sando, lo que luego le supuso a ésta una mayor puntuación en el concurso para la adjudicación.

La juez solicita a la Policía que practique gestiones para informar detalladamente al juzgado sobre a qué conceptos obedecen las entregas a cuenta realizadas por Sanma (Sando) a Mercasevilla en los contratos de diciembre de 2006 (229.497 euros) y de octubre de 2007 (987.923), que hace referencia a las prejubilaciones de empleados resultantes de uno de los dos ERE en la compañía.

Este concepto, según el auto, no se incluía en el contrato de opción sobre los terrenos ni en otro de diciembre de 2008, "en el que ni siquiera se especifica de manera genérica a qué obedece la entrega a cuenta en él referido" de 851.657 euros que luego se emplearon para pagar el ERE.

También pide a la Policía Judicial que se amplíe la información sobre la fórmula de baremación que realizó un economista que realizó un informe por el que Mercasevilla fijó el sistema de puntuación del concurso, así como que "investigue paralelismos que pudieran existir" entre el pliego de condiciones de dicho concurso y "las licitaciones de EPSA" (Empresa Pública del Suelo de Andalucía).

Otra prueba ordenada por la juez es que, una vez que se designe el perito que ya se acordó, se le entregue la documentación y las ofertas de todas las empresas que concurrieron al concurso y los informes de valoración del suelo objeto de la opción de compra.

Además
* La juez ratificia la imputación del ex asesor del alcalde
* La auditoría revela que había pérdidas con Mellet
* El PP propone una alianza para 'lavar' la imagen de la empresa

elmundo.es

IMPUTAN A LA ALCALDESA DE JEREZ POR UN PRESUNTO DELITO DE PREVARICACIÓN

TRIBUNALES | Las medidas afectaron a once técnicos municipales

M. Estévez | Manuel Estévez

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, Pilar Sánchez (PSOE), deberá acudir el próximo martes 16 de febrero a declarar en calidad de imputada ante el Juzgado de Instrucción número 5 de esta localidad gaditana, tras haber sido citada por este órgano judicial, por un presunto delito de prevaricación.

La citación se produce solo una semana después de que la Agrupación de Técnicos Municipales de Jerez (ATMJ) promoviese una querella criminal contra la regidora socialista por haber dictado varias resoluciones por las que se cesaba y modificaba las retribuciones de once técnicos municipales apoyándose en argumentos y hechos que el presidente de la ATMJ, Javier Valle, calificó de «presuntamente falsos».

Tanto la ATMJ como los mandos afectados han requerido amparo judicial ante una actuación de Pilar Sánchez «que prescinde de los requisitos legales necesarios y usa la falsedad para justificarla».

Javier Valle manifestó que no se sienten satisfechos por haber tenido que recurrir a la vía judicial porque «nuestro interés está en que las dificultades y los conflictos creados que hay se solucionen sin necesidad de que tuviéramos que llegar a estas medidas». No obstante, explicó que «si no nos queda más remedio, usaremos la vía judicial para demostrar que lo que se está haciendo no se está haciendo bien» ya que «no nos queda otra salida».

Considera que la decisión de la alcaldesa de cesar a los cargos que considere oportuno es «legítima» pero no está de acuerdo con el procedimiento y las formas utilizadas, ni tampoco con el resultado porque «al final, la normativa permite muchas posibilidades a la hora de los ceses y cambios de puestos y, sin embargo, se ha optado por la más drástica y la más sangrante».

A su juicio, esta forma de proceder de Pilar Sánchez «evidencia que hay algún tipo de animadversión hacia esas personas». «Una situación que viene sucediendo desde hace dos años», según Javier Valle, que denunció que el procedimiento seguido por la alcaldesa «no ha sido correcto» y que «hay algún tipo de iniciativa escondida detrás de todo esto», por lo que entiende que «hay que ponerlo sobre la mesa y defender la postura de los técnicos que trabajan por la administración y por la ciudad».

La querella ha sido interpuesta por uno de los once técnicos afectados por el cese y el recorte salarial, aunque en los próximos días se prevé que se produzcan las adhesiones de los otros diez afiliados a esta asociación que se han visto perjudicados por las resoluciones.

El presidente de la ATMJ no cree que el cese y la rebaja de retribuciones de los técnicos no tengan nada que ver con el ahorro en las arcas municipales porque en ese caso «estaríamos esperando medidas de carácter general y no parcial como está llevando a cabo».

elmundo.es

CERCO A UM; EL PARTIDO MÁS CORRUPTO DE ESPAÑA

*El partido está procesado al completo por saquear y cobrar comisiones
*UM 'gobernó' Baleares con 28.000 votos

Esteban Urreiztieta | Palma

La operación Voltor, que ha sido bautizada inspirándose en la variedad de buitre negro mallorquín, ha fulminado a la última facción de Unió Mallorquina (UM) que quedaba todavía sin estar imputada. La corriente de renovación que, bajo la denominación de la Liga Norte, lidera su actual presidente, Josep Melià, y que constituía la última esperanza de supervivencia para el partido se ha derrumbado con la reciente detención de sus hombres fuertes.

La nueva operación puesta en marcha por la Fiscalía, la Agencia Tributaria y la Policía Nacional, que dio lugar ayer a la detenciones de los ex presidentes de UM Miquel Nadal y Miquel Àngel Flaquer, aparta de golpe de las instituciones al partido más corrupto de España. El fenómeno de UM se presenta ahora con nitidez a ojos de los investigadores como lo que lleva siendo durante décadas: una organización concebida de manera prácticamente exclusiva para el saqueo de las arcas públicas, la gestión de recalificaciones y el cobro de comisiones que tiene en estos momentos a la inmensa mayoría de sus líderes imputados, condenados o con medidas cautelares. Con poco más de 28.000 votos frente a los 193.000 del PP y los 113.000 del PSOE, una cúpula de media docena de dirigentes y cientos de familiares y amigos colocados en las Administraciones que gobierna, así como de empresarios regados con fondos públicos desde sus áreas, UM ha gobernado Baleares a su antojo bajo el mandato de su actual presidenta del Parlamento, Maria Antònia Munar, que transformó el partido en una sociedad limitada que ha exigido la gestión del urbanismo para dar su apoyo alternativamente al PSOE o al PP.

Los escándalos destapados por EL MUNDO se han llevado por delante a cinco presidentes en dos años, a toda su histórica cúpula, que se encuentra procesada en investigaciones iniciadas tras las revelaciones de este diario, y que mantienen a la presidenta de la Cámara balear imputada por duplicado. Munar se aferra a su puesto mientras observa el derrumbe de su partido y cómo la Fiscalía, de momento, la mantiene a salvo pese a ser la protagonista de los mil y un escándalos que asfixian a su partido.

elmundo.es

EL PP SUSPENDE DE MILITANCIA AL EX ALCALDE DE MONTROI JAVIER CARRIÓN

VALENCIA | Corrupción urbanística

* Carrión quedó en libertad tras pagar este viernes una fianza de 8.500 euros

ELMUNDO.es | Agencias | Valencia

El presidente del Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Juan Rodríguez Marín, comunica que, ante la situación judicial del ex alcalde de Montroi, Francisco Javier Carrión, se procede a la suspensión cautelar de militancia del mismo a expensas de los resultados de la investigación.

El ex alcalde de Montroi, el 'popular' Francisco Javier Carrión, y otras seis personas fueron detenidas el pasado miércoles en el transcurso de una operación policial contra la corrupción urbanística.

Horas después de la detención de Carrión, al actual alcalde, Antonio Polo, reconoció que las docenas de chalés edificados en la urbanización Els Mallars no tienen licencia y, por ello, el Ayuntamiento "está intentando" desarrollar un Programa de Actuación Integrada (PAI) que las regularice.

En un principio, los populares se mostraron cautos a la hora de tomar una decisión sobre la militancia del ex alcalde y remitieron a la investigación como paso previo a cualquier determinación. No obstante, este sábado el Comité de Derechos y Garantías ha comunicado la suspensión cautelar de Javir Carrión.

El juez de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Picassent ordenó este viernes el ingreso en prisión provisional eludible con el pago de una fianza de 8.500 euros para Javier Carrión, quien quedó en libertad tras depositar dicha cantidad.

La investigación judicial intenta determinar la existencia de posibles delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación, entre otros, relacionados con la construcción sin licencia de una urbanización con docenas de chalés.

Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, El juez ha dictado prisión provisional eludible bajo pago de una fianza de 50.000 euros para uno de los constructores detenidos, y libertad provisional para el arquitecto y el ingeniero industrial, a los que ha impuesto una fianza de 3.000 euros que deben abonar en el plazo de siete días.

El instructor del caso ha dictado también libertad provisional sin fianza para uno de los constructores puestos a disposición judicial, mientras que los otros dos constructores deberán abonar 1.000 euros cada uno.

El juez ha prohibido a los siete imputados abandonar el país y ha impuesto la retirada del pasaporte, así como la obligación de presentarse cada 15 días en el juzgado para garantizar que comparezcan siempre que sean requeridos.

Además
* El ex alcalde de Montroi, en libertad tras pagar la fianza

elmundo.es

"OPERACIÓN VOLTOR"; JORNADA MARATONIANA EN LOS JUZGADOS: LOS SEIS DETENIDOS DE UM DECLARAN ANTE EL JUEZ

Las declaraciones judiciales

El ex conseller de Turismo, Miquel Nadal, al llegar a los juzgados. | Cati Cladera

* Dos ya han declarado, el resto lo hará por la tarde
* Han llegado a los juzgados alrededor de las 8.50 horas
* Los fotógrafos han encontrado muchas dificultades para hacer su trabajo

Efe | Palma

Los seis miembros de Unió Mallorquina, entre ellos varios miembros de la cúpula del partido y ex altos cargos del Govern balear, han llegado a las dependencias judiciales de Palma esposados y fuertemente custodiados por la Policía para evitar ser captados por los medios de comunicación allí congregados. Los seis han sido trasladados desde los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Baleares en un mismo furgón, que ha llegado a la puerta trasera de los juzgados de Vía Alemania alrededor de las 8.50 horas de hoy.

El juez de guardia de Palma ha tomado ya declaración a varios de los seis detenidos en la "operación Voltor" y a lo largo de la tarde interrogará al resto, informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

El primero en declarar ante el titular del juzgado de instrucción número 9 de la capital balear, Enrique Morey, ha sido el contable de Unió Mallorquina, Álvaro Llompart, y el segundo ha sido el ex responsable de Inversiones del Instituto de Estrategia Turística (Inestur) Antoni Rebassa.

Llompart ha declarado durante cerca de dos horas, mientras que Rebassa lo ha hecho durante más de media hora; ambos se habían negado a declarar ante la policía tras su detención este semana en esta trama de supuesta corrupción destapada en Mallorca.

Poco antes de las 14:00 horas, ha entrado al despacho del juez el tercero de los seis detenidos que han sido puestos a disposición judicial, el ex director general de Calidad Ambiental y ex gerente del Inestur, Antoni Oliver, que fue también el primer detenido de esta operación, denominada "Voltor".

Llegada esposados y fuertemente custodiados
El primero en salir del vehículo policial, en medio de un férreo cordón policial y con las esposas cubiertas por una chaqueta, ha sido el ex director general de Calidad Ambiental y ex gerente del Instituto de Estrategia Turística, Antoni Oliver, que fue también el primer detenido de esta operación, denominada "Voltor".

Miquel Àngel Flaquer, ex presidente de UM hasta el pasado 22 de diciembre y ex conseller del Consell Insular de Mallorca, ha sido el segundo en abandonar el vehículo policial, con prisas y sin levantar apenas la cabeza, al igual que ayer, cuando fue detenido a última hora del día en el norte de la isla y llegó a la Comisaria tapado con un pasamontañas.

El tercero en pasar a disposición del juez de Guardia de Palma -Enrique Morey, titular del juzgado número 9,- ha sido el ex director de Promoción Turística, Joan Sastre; seguido del ex responsable de Inversiones del Inestur Antoni Rebassa y el concejal de Palma y ex conseller de Turismo hasta el pasado diciembre, Miquel Nadal.

La fila de detenidos la ha cerrado el contable de Unió Mallorquina, Álvaro Llompart, detenido el jueves, y, al igual que el resto de los arrestados, ha tratado de eludir en lo posible la presencia de la docena de cámaras de televisión y fotógrafos que esta mañana los han esperado a las puertas de los juzgados.

La "operación Voltor", iniciada el pasado miércoles por orden del juzgado número 10 de Palma a instancias del fiscal Pedro Horrach -que hoy estará presente en las declaraciones de los detenidos junto a al fiscal Miguel Àngel Subirán-, investiga si existieron delitos de corrupción en la presente legislatura, vinculados al Inestur.

Además
* La policía 'caza' a Nadal haciendo nuevos pagos 'fantasma'
* La Policía detiene a Miquel Àngel Flaquer
* Ciudadano IB: A la mallorquina

elmundo.es

"OPERACIÓN VOLTOR"; LA POLICÍA "CAZA" A NADAL HACIENDO NUEVOS PAGOS "FANTASMA"

CORRUPCIÓN | La investigación

* El líder de UM en Sóller confiesa que recibió 12.020 euros 'a dedo'
* Nadal participó en el concurso que inició la Operación Voltor


Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

La detención de Miquel Nadal tiene su origen en pagos fantasma realizado desde la Conselleria de Turismo del Govern presidido por el socialista Francesc Antich. Se trata de un contrato menor por importe de 12.020 euros, el importe máximo que fija la ley para efectuarlo sin concurso, al líder de Unió Mallorquina (UM) en Sóller Tomás Plomer. El arresto del ex presidente de Unió Mallorquina (UM) a primera hora de la mañana se precipitó, según ha podido saber EL MUNDO/El Día de Baleares, tras la confesión del propio Plomer, que admitió que nunca existieron los servicios por los que percibió el dinero público. Si bien el contrato lo tramitó y firmó el ex director gerente del Instituto de Estrategia Turística de las Islas Baleares (Inestur), Plomer apuntó que el pago fue ordenado personalmente por Nadal. Un extremo que negó tajantemente el ex presidente de UM en su declaración.

Pillado ‘a lo Vicens’
Los hechos sobre los que gravita la detención del ex número dos de Maria Antònia Munar presentan numerosas similitudes con el caso protagonizado por Bartomeu Vicens al pagar a su contable con un contrato público de 12.020 euros que luego éste justificó con un informe plagiado íntegramente de Internet. No en vano, el ejemplo del diputado se utilizó ayer en el entorno del Juzgado de Instrucción número 10 de Palma al abordar los hechos que desencadenaron la detención de un Nadal que acababa de eludir hace unos días la petición de la Fiscalía Anticorrupción de prisión con fianza en el careo que mantuvo con Miquel Àngel Grimalt en el marco de la Operación Maquillaje.

Estos nuevos pagos se suman a los que realizó el propio Nadal desde el Consell de Mallorca a la productora Vídeo-U participada por su propia familia y que cobró por programas de radio y televisión que nunca se realizaron ni se emitieron. Unos hechos por los que el juez Juan Ignacio Lope Sola, titular del Juzgado de Instrucción número dos de Palma ya ordenó la retirada de su pasaporte.

Pero es que Nadal participó, entre otros contratos, en el concurso supuestamente amañado que se encuentra en el origen de la Operación Voltor. En este sentido uno de los elementos que se recriminó ayer en el interrogatorio a Nadal por parte de la Fiscalía Anticorrupción fue el hecho de que paralizase la adjudicación de un concurso de benchmarking convocado por el Inestur por importe de 360.000 euros públicos tras saber que estaba siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción.

elmundo.es

"OPERACIÓN VOLTOR"; LA FISCALÍA PIDE UNA FIANZA DE 100.000 EUROS A NADAL Y FLAQUER PARA ELUDIR LA CÁRCEL

Lo mismo para el resto salvo para Rebassa

* La misma fianza para todos los detenidos salvo para el director de IMET
* Las cauciones podrán ser depositadas dentro de un plazo de 72 horas


Europa Press | Palma

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros para el ex presidente de UM, Miquel Nadal, y por la misma cantidad para el también máximo ex dirigente de la formación nacionalista, Miquel Àngel Flaquer, después de que ambos prestasen declaración junto a otros cuatro arrestados e igualmente pertenecientes al partido 'uemita' por su presunta implicación en la trama de corrupción urdida en torno al Instituto de Estrategia Turística (Inestur) e investigada en el marco de la Operación Voltor.

Asimismo, los fiscales Pedro Horrach y Miguel Angel Subirán han pedido 100.000 euros de caución para el ex gerente del Inestur y ex director general de Calidad Ambiental, Antoni Oliver; el ex director general de Promoción Turística, Joan Sastre; y el contable de UM, Alvaro Llompart, mientras que tan sólo solicitaron la comparecencia periódica ante el juzgado del director del Instituto de Inversiones para la Mejora del Entorno Turístico y condejal de UM en Alaró, Antoni Rebassa.

El Ministerio público solicita además que las fianzas puedan ser depositadas dentro de un plazo de 72 horas a fin de eludir el ingreso en prisión provisional de los imputados. El titular del Juzgado de Instrucción número 9, Enrique Morell, en funciones de guardia, se encuentra así deliberando las peticiones de los fiscales y resolverá sobre éstas este mismo día.

Todos ellos fueron interrogados durante una larga jornada por el magistrado y los representantes de la acusación pública en el marco de este caso que investiga la presunta malversación de fondos públicos a través del Inestur en forma de contratos directos y adjudicaciones realizadas mediante procedimientos negociados sin publicidad a empresarios próximos a UM.

Una vez que los seis detenidos han pasado a disposición judicial, los primeros en ser interrogados han sido Llompart y Rebassa, después de que en la Jefatura Superior de Policía ambos se acogiesen ayer a su derecho de no declarar. Según las investigaciones, Llompart habría cobrado como responsable económico de UM del presupuesto del Instituto de Estrategia Turística (Inestur), de cuya administración había sido previamente responsable.

Posteriormente les tocó el turno a Oliver y Sastre, el último de los cuales ratificó la declaración que efectuó ante los agentes policiales y los fiscales, y finalmente fueron los dos ex presidentes de UM, arrestados ayer, quienes depusieron ante el magistrado en el marco de unos interrogatorios que finalizaron en torno a las 18.20 horas con la comparecencia de Nadal.

En concreto, esta presunta trama de corrupción gira en torno a la gestión llevada a cabo en torno al Inestur durante esta legislatura, bajo la gerencia de Oliver y mientras Nadal era conseller de Turismo del Govern, por lo que se trata del primer caso sobre supuestas irregularidades cometidas en este mandato. Según las investigaciones, los supuestos implicados habrían cometido delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y cohecho.

Los seis arrestados llegaron a los Juzgados de Vía Alemania esposados y en una misma furgoneta de la Policía a las 08.57 horas de esta mañana y, a su entrada, estuvieron fuertemente custodiados por varios agentes de la Policía Nacional, con el fin de obstaculizar que los medios gráficos los fotografiaran y grabaran, en cumplimiento de la orden del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que ha pedido que se evite las imágenes de dirigentes políticos esposados, para que no se vuelva a repetir la polémica suscitada con los arrestados del caso Palma Arena.

Además
* Jornada maratoniana: los seis detenidos de UM ante el juez
* La policía 'caza' a Nadal haciendo nuevos pagos 'fantasma'
* La Policía detiene a Miquel Àngel Flaquer
* 15 miembros de UM Palma apoyan a los detenidos

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"OPERACIÓN VOLTOR"; EL JUEZ DICTA PRISIÓN ELUDIBLE BAJO FIANZA DE 100.000 EUROS PARA LOS EX PRESIDENTES DE UNIÓ MALLOQUINA NADAL Y FLAQUER

La decisión judicial

* Todos los detenidos con la misma fianza salvo Llompart con 75.000 euros
* Ahora disponen de 72 horas para pagar la caución o ingresarán en prisión

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

Ya hay decisión judicial. El juez del juzgado de instrucción número 9 de Palma, en funciones de guardia, ha decretado prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros para los ex presidentes de Unió Mallorquina, Miquel Nadal y Miquel A. Flaquer.

La misma caución les ha impuesto al ex gerente del Inestur y ex director general de Calidad Ambiental, Antoni Oliver y el ex director general de Promoción Turística, Joan Sastre. Por el contrario, el contable de UM, Alvaro Llompart, podrá eludir la cárcel si deposita una fianza de 75.000 euros. Todos los encausados disponen de 72 horas para hacer efectivo el pago de las cauciones impuestas por el juez.

Todos ellos han sido interrogados durante una larga jornada por el magistrado y los representantes de la acusación pública en el marco de este caso que investiga la presunta malversación de fondos públicos a través del Inestur en forma de contratos directos y adjudicaciones realizadas mediante procedimientos negociados sin publicidad a empresarios próximos a UM.

Además
* La Fiscalía pide una fianza de 100.000 euros a Nadal y Flaquer
* Jornada maratoniana: los seis detenidos de UM ante el juez
* La policía 'caza' a Nadal haciendo nuevos pagos 'fantasma'
* La Policía detiene a Miquel Àngel Flaquer

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