miércoles, 19 de noviembre de 2008

LA JUEZ ENVÍA AL TSJ EL CASO MERCALICANTE AL VER INDICIOS DE DELITO EN LA GESTIÓN DE ALPERI

ESCÁNDALO FINANCIERO

La magistrada rechaza la petición para que se archive la causa contra los políticos al ver necesario que continúe la investigación

Luis Díaz Alperi sale del juzgado tras declarar por el caso Mercalicante RAFA ARJONES

Escuche al portavoz socialista Roque Moreno

Lea el auto judicial íntegro

J. A. MARTÍNEZ / N. IGLESIAS
La titular del juzgado de Instrucción número 1 de Alicante, Cristina Costa, ha decidido trasladar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunudad el "caso Mercalicante" al hallar indicios de delito en la actuación del ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, -diputado autonómico y por lo tanto aforado- en la gestión de la empresa mixta. La juez ha descartado archivar la denuncia contra los políticos, como pedían sus defensas, y adopta con esta decisión lo que reclamaban tanto el fiscal como las acusaciones particulares. Al igual que se hizo en su día con el "caso de los aparcamientos", se ha mandado una exposición razonada al TSJ para que la instrucción continúe en ese foro.

Se trata de una decisión que estaba pendiente desde hace más de un año, pero que no había podido adoptar hasta que no se han recibido las conclusiones del informe pericial sobre la gestión de la empresa. En dicho informe se alerta de la falta de mecanismos de control sobre la gestión de Clavero y se dice que algunas de las irregularidades las tendría que haber detectado la comisión ejecutiva.

De las diligencias efectuadas, la juez argumenta que no procede el archivo de la causa para Alperi ni para ninguno de los imputados y que la investigación debe continuar. La condición de aforado del ex primer edil ha motivado que la causa se eleve a un órgano judicial superior tras más de seis años de investigación en la provincia. Entre los argumentos esgrimidos por la juez para remitir los hechos al TSJCV y no sobreseer el caso, como solicitaba la defensa de los imputados, se hace referencia a la necesidad de seguir profundizando en la investigación para esclarecer su grado de participación en los hechos.

Junto a Díaz Alperi, se encuentran también imputados en esta causa el ex gerente de Mercalicante José Emilio Clavero -que figura como principal acusado-, el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Alicante, Juan Zaragoza, el director general del complejo cinematográfico Ciudad de la Luz, José María Rodríguez Galant, así como dos representantes de la sociedad estatal Mercasa. Todos menos Clavero formaban parte de la comisión ejecutiva de la mercantil en la etapa en la que se registró el desfalcó por valor de unos 6 millones de euros.

La juez ha remitido al Tribunal Superior de Justicia una exposición razonada en la que detalla los motivos por los que considera que la investigación debe continuar allí. Esta exposicion no se ha notificado a las partes y ha sido trasladada directamente a la Sala de lo Penal del TSJ. Allí se debe decidir si se acepta la competencia del caso o no y, si es así, designar a un magistrado para que se haga cargo de la instrucción.

En un auto firmado por la magistrada en el año 2003, la juez ya establecía que el entonces alcalde y los miembros de la comisión ejecutiva ratificaron contratos y actuaciones de Clavero presuntamente delictivas. "Los delitos imputados al ex gerente bien pudieron cometerse por aquéllos ante quienes rendía cuentas", señalaba la juez en su resolución.

Idénticos argumentos son los que utiliza el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, así como las acusaciones particulares ejercidas por el dirigente vecinal José Luis Valdés y el PSOE para pedir que la causa siga abierta, además de para Clavero, para los políticos. El fiscal considera que hay indicios de delito en la actuación de la comisión ejecutiva aunque sea como cooperadora necesaria de los presuntos delitos cometidos por Clavero.

Por su parte, el abogado Joaquín Galant, que representa a los tres políticos imputados, solicitó hace un año que la causa se archivara para los miembros de la comisión ejecutiva por considerar que ninguno de ellos podía ser considerado responsable de delitos societarios y de apropiación indebida. Esta petición no fue contestada por el juzgado en su día, motivo por el que hace menos de un mes se volvió a reiterar ante el juzgado. La magistrada ha resuelto ahora que no procede el archivo de la causa para ninguno de los imputados.

El escándalo financiero de Mercalicante saltó a la luz pública en el año 2002, cuando tras los resultados de una auditoría efectuada a la firma se detectaron "graves irregularidades" contables. Una situación que provocó la inmediata destitución del gerente de la empresa y principal imputado en la causa, José Emilio Clavero, por parte del Consejo de Administración de la empresa pública presidida en aquel momento por Luis Díaz Alperi.

La instrucción del caso Mercalicante ha cumplido ya seis años, motivo que ha hecho que tanto desde la Fiscalía como desde las acusaciones particulares se alerte de que ya existe una atenuante por dilaciones indebidas, que podría suponer una rebaja en la pena para los acusados en caso de que finalmente fueran condenados.

EL CASO

El escándalo por el presunto desfalco de Mercalicante estalló en 2002, cuando una auditoría reveló irregularidades en la contabilidad de la firma pública. Entre los ejercicios de 1999 y 2001 la entidad supuestamente utilizó diferentes proyectos como tapadera para llevar a cabo los movimientos económicos.

Entre los imputados en esta causa figuran el ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi; el edil de Hacienda, Juan Zaragoza; el director general de Ciudad de la Luz, José María Rodríguez Galant -estos dos últimos miembros del comité ejecutivo de la firma-; dos representantes de Mercasa y el ex gerente de la empresa, José Emilio Clavero, que figura como principal acusado.

El desfalco asciende a 6 millones de euros.

La investigación la ha llevado a cabo la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Alicante. El caso se abrió tras una denuncia del representante vecinal José Luis Valdés.

DIARIOINFORMACIÓN.COM

sábado, 15 de noviembre de 2008

IMPUTADOS DOS EX ALCALDES DE RINCÓN POR UN CONVENIO CON EL GRUPO MIRADOR

Un juez investiga si la cesión de suelo perjudicó a las arcas municipales

DIEGO NARVÁEZ - Málaga

El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga tiene abiertas diligencias para esclarecer si los ex alcaldes de Rincón de la Victoria Francisco Salado (PP) y José Domínguez Palma (PSOE) pudieron incurrir en presuntos delitos de prevaricación y malversación en la firma de un convenio urbanístico con el grupo inmobiliario Mirador para ceder 5.175 metros cuadrados de suelo urbanizable. La operación se justificó para compensar al polémico grupo inmobiliario por no autorizarle construir en una parcela junto al arroyo Totalán por el fuerte impacto que suponía al estar en una pendiente muy pronunciada, por lo que el equipo de Gobierno iba a desclasificarla como urbanizable en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La investigación debe determinar si ha habido perjuicio a las arcas municipales.

El convenio se firmó en febrero de 2007, cuando Salado era alcalde y Domínguez Palma concejal de Urbanismo. En la causa también están imputados el consejero delegado del grupo Mirador, Enrique Faura, y el secretario del Ayuntamiento, Miguel Berbel. Salado, que actualmente es portavoz del PP en la Diputación de Málaga y será nombrado dentro de una semana secretario general del partido en la provincia, explicó ayer que el convenio se firmó justamente para evitar que se construyera en un suelo donde era una barbaridad hacerlo y con todas las garantías legales y un estudio minucioso de los derechos de edificabilidad que correspondía a la promotora. La vigencia del convenio está en suspenso porque no se ha aprobado la revisión del PGOU.

Una de las curiosidades del convenio es que lo firmó Urbanización Valle Rosario, sociedad del grupo Mirador, pero que no es la propietaria del suelo y de los derechos urbanísticos, que pertenecen a Sherry Mirador.

Incumplimientos dolosos

Sherry Mirador nunca obtuvo licencia municipal de obras para construir la promoción Mirador de la Cala, pese a lo cual firmó contrato de venta de pisos con clientes en los que hacía constar que las obras ya estaban en ejecución, falsedad que se repite en otras promociones del grupo.

El pasado octubre, un juzgado de primera instancia de Málaga condenó a Mirador al pago de sendas indemnizaciones de 54.994 y 55.142 euros a dos parejas que habían firmado contratos de compra de una vivienda en Mirador de La Cala. Cada una de ellas entregó más de 24.000 euros por anticipado por unas viviendas que, en teoría, debían haber sido entregadas en el primer trimestre del año 2005. Grupo Mirador no llegó siquiera a pedir nunca la licencia de obras, como ha acreditado la secretaría del Ayuntamiento de Rincón.

Entre los argumentos que da la sentencia para estimar "plenamente el incumplimiento doloso" del contrato por parte de la promotora, se expone que ésta "debía conocer las particularidades urbanísticas de la zona donde publicitaba construir y pese a ello realizó contrato y recibió cantidades a plazo".

Sherry Mirador tuvo problemas para hacerse con toda la propiedad del suelo y para elaborar el proyecto de la urbanización hasta que después de las inundaciones de marzo de 2004 causadas por la ocupación de cauces y las construcciones en pendiente, el Ayuntamiento decidió no permitir más en la zona y se fraguó el convenio de cesión de suelo para compensar.

Pero esta forma de actuación del grupo Mirador no es privativa de este caso. La inmobiliaria ha firmado ventas de viviendas en Vélez Málaga, Villanueva del Rosario, Benalmádena, Fuente de Piedra y Loja que no ha construido. Más de 200 afectados por estos incumplimientos tienen en marcha numerosas denuncias, aunque hasta ahora no ha prosperado ninguna en la vía penal. Los jueces no llegan a ver indicios de estafa, sino meros incumplimientos de contrato.

elpaís.com

miércoles, 12 de noviembre de 2008

BARTOMEU VICENS ELUDE LA PRISIÓN PREVENTIVA CON UNA FIANZA DE 100.000 EUROS


Las condenas para los delitos de falsedad, estafa y blanqueo conllevan penas de varias veces la cuantía del delito/ D. I.

MULTIMEDIA
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Embargarán su patrimonio si no paga 8,1 millones. Pitiüses i Balears

El juez asume la tesis del fiscal respecto a la gravedad de los indicios de corrupción y le exige una segunda fianza de ocho millones y destaca la importancia del dinero manejado por el ex conseller

PALMA | FELIPE ARMENDÁRIZ/J. F. M. Bartomeu Vicens, el diputado autonómico elegido en las listas de Unió Mallorquina y principal encausado en el caso Son Oms, la presunta trama de corrupción en torno al polígono industrial del mismo nombre, eludió ayer la cárcel al ser puesto en libertad provisional con una fianza de cien mil euros. Vicens compareció ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) Antonio Capó, quien ha asumido la gravedad de los indicios existentes contra el encausado y le ha decretado una segunda fianza de 8,1 millones de euros para la posible responsabilidad civil.

Las previsiones se cumplieron ayer y el nuevo instructor del caso Son Oms no asumió la petición de la fiscalía anticorrupción de decretar la prisión preventiva para el diputado Vicens o, subsidiariamente, la situación de cárcel eludible con una fianza de ochocientos mil euros.

Sin embargo, el auto del magistrado Antoni Capó supone una confirmación de la grave situación procesal a la que se enfrenta el hoy diputado del grupo mixto en el Parlament. Vicens, asistido por los letrados Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, está acusado por la fiscalía anticorrupción de cuatro delitos: continuado de falsificación de documento mercantil; blanqueo de capitales; contra la Hacienda Pública y estafa continuada.

Por esos cuatro cargos el fiscal Juan Carrau ya ha adelantado que podría corresponderle una pena de hasta 19 años de cárcel. Sobre Bartomeu Vicens pesa asímismo una quinta acusación: posible cohecho o cobro de comisiones. La fiscalía se ha reservado el derecho a formular esta imputación cuando avancen las investigaciones. El quinto delito también elevaría la posible pena privativa de libertad.

Riesgo de fuga

La esposa del diputado encausado, Antònia Martorell, también se halla en libertad bajo fianza, impuesta por el anterior juez de instrucción del caso Son Oms, el magistrado Lope Sola. Este instructor fijó una fianza de cuarenta mil euros para Martorell, que su marido consiguió aportar en apenas hora y media.

La resolución discrepa abiertamente de la tesis de la fiscalía anticorrupción sobre el elevado riesgo de fuga de Vicens. Según Capó, el encausado es una persona con gran arraigo familiar, profesional y político en Mallorca, donde ostenta la condición de parlamentario. El instructor sí comparte la tesis de la fiscalía y las acusaciones particulares respecto a que el diputado obtuvo en su anterior etapa de conseller de Territorio del Consell substanciosos ingresos y compró varias propiedades inmobiliarias, lo que denota un elevado nivel económico.

El juez también ha dispuesto que Vicens entregue su pasaporte, no abandone España sin permiso y se presente en el TSJB cada quince días.

DIARIODEIBIZA.ES

miércoles, 8 de octubre de 2008

EL ALCALDE DE MUXÍA DECLARA ANTE LA JUEZ QUE ES IMPOSIBLE QUE COMETIESE DELITO EN EL CASO DE LA AGENTE ELECTORAL

AGENCIAS - CORCUBIÓN

El alcalde de Muxía, el socialista Félix Porto, declaró ante la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 1 de Corcubión (A Coruña) y manifestó que ‘es imposible’ que cometiese los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y fraude en subvenciones por el caso de la supuesta agente electoral del PSdeG María Isabel Blanco.

Félix Porto, alcalde de Muxía, tras prestar declaración en el Juzgado. (Foto: Diego Naya)

Porto explicó que contestó a las preguntas de la juez ‘durante unos 20 minutos’, en los que afirmó que dejó ‘patente que no cometió ninguno de los delitos que le imputa el PP’ y atribuyó la actitud de esta formación a que quiere aportar ‘una cortina de humo’ tras ser condenado por falsedad documental al incluir a personas en las listas electorales del País Vasco sin su consentimiento.

Por ello, el regidor socialista afirmó que salió como entró en las dependencias judiciales, ‘absolutamente tranquilo’ y convencido de que ‘el tiempo pondrá a cada uno en su sitio y el PP tendrá que pedir perdón’.

Félix Porto también destacó que el juzgado rechazó el recurso de los 'populares' sobre los ‘defectos formales’ en su querella, que alegó el propio imputado para no declarar por este caso el pasado mes de agosto, al no haber presentado el PP el aval de 3.000 euros necesario para materializarla al tratarse de acusación particular y no de parte afectada.

El alcalde de Muxía precisó que contestó ‘todas las preguntas, menos las que les formularon los abogados del PP’, pues entiende que esta formación política ‘ya le juzgó en los medios’ y, además, tuvieron contestación adecuada en la declaración que realizó ante la juez.

Tras pasar por una Comisión de Investigación en la Cámara gallega, el PP llevó a los tribunales el caso de María Isabel Blanco, quien asegura que actuó como agente electoral del PSdeG en Buenos Aires en los meses previos a las elecciones municipales, tras viajar a Argentina con un billete de avión logrado a través del convenio que la Xunta tenía con Iberia.

LAREGIÓN.ES

lunes, 6 de octubre de 2008

LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN RESPALDA LA DENUNCIA CONTRA JOSÉ MANUEL SORIA POR COHECHO



El vicepresidente canario será investigado por un viaje de placer con un empresario noruego al que luego presuntamente dio un trato de favor

AGENCIAS - Las Palmas de Gran Canaria

La Fiscalía Anticorrupción del Estado considera que el vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, debe ser investigado por un supuesto delito de cohecho en el caso Salmón, durante su periodo como presidente del Cabildo de Gran Canaria.

Fuentes cercanas al caso han informado de que el fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río, se personará por ello en la causa que investiga el Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas (TSJC) contra Soria, también presidente del PP en Canarias, a raíz de una denuncia presentada por el periodista Carlos Sosa.

José manuel Soria López

Dicha denuncia está relacionada con un viaje en el que supuestamente el líder del PP de las islas aceptó una invitación del empresario Bjorn Lyng (ya fallecido) para visitar Noruega, en la época en la que Soria era presidente del Cabildo de Gran Canaria. Según fuentes jurídicas, la denuncia recoge que el empresario noruego, por aquel entonces propietario de Anfi del Mar, pudo recibir un presunto trato de favor por parte del Cabildo de Gran Canaria, que emitió un informe favorable a la construcción de 3.600 camas turísticas en el complejo denominado Anfi Tauro, también propiedad por entonces de Lyng. El citado informe tuvo lugar en fechas posteriores al viaje realizado por ambos.

La denuncia que fue admitida a trámite por la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, también fue presentada ante la Fiscalía Anticorrupción.

El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, ha confiado hoy en que se archive la causa, durante una rueda de prensa sobre el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales, en la que se ha mostrado convencido de que los titulares de los periódicos serán "por lo menos del mismo tamaño de los que se producirán estos días" una vez resuelto el caso.

ELPAIS.COM

LAS ACUSADAS EN LA TRAMA DE CORRUPCIÓN ESCONDÍAN EL DINERO EN SU JARDÍN

JOSEP MARÍA AGUILÓ | PALMA DE MALLORCA

La juez Piedad Marín, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Palma de Mallorca, decretó el sábado por la noche el ingreso en prisión sin fianza de uno de los principales acusados por la Fiscalía en el caso de la presunta trama de corrupción que se habría desarrollado en el Consorcio para el Desarrollo Económico de las Islas Baleares (CDEIB) entre 2003 y 2007, en concreto, del ex director general de Promoción Industrial Kurt Viaene, a quien se le imputa la supuesta comisión de los delitos de malversación de fondos públicos, falsedad documental y fraude a la Administración, delitos que Viaene negó el sábado haber cometido.

Su declaración contrastaba, no obstante, con la que pocas horas antes habían hecho ante la misma juez las otras dos principales acusadas en este caso, Antònia Ordinas, gerente del CDEIB en la pasada legislatura autonómica, y su esposa, la soprano Isabel Rosselló. En concreto, Ordinas reconoció que entre 2003 y 2007 cobró comisiones ilegales de diversas empresas a cambio de adjudicarles contratos, y afirmó también que Viaene cobraba igualmente comisiones, en connivencia con ella.

El juez decreta prisión sin fianza para el ex director general de la Promoción Industrial

Reconoce los delitos
Asimismo, reconoció todos los delitos que le imputa la Fiscalía, que serían los mismos que habrían cometido su esposa y el ex director general de Promoción Industrial. Tanto el CDEIB como la Dirección General de Promoción Industrial dependen de la Consejería de Comercio, y los hechos ahora investigados se habrían producido cuando el presidente del Ejecutivo autonómico era el popular Jaume Matas.

Hace ahora justo una semana, el pasado lunes, se puso en marcha en Mallorca la denominada «operación Scala», desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción en colaboración con la Agencia Tributaria y el Grupo de Delincuencia Económica del Cuerpo Nacional de Policía, que se inició con la detención provisional de 11 personas y con el registro de diversas oficinas y viviendas.

Ordinas y Rosselló, que habían sido detenidas ya el mismo lunes, se habían negado a declarar el pasado martes ante la policía y el pasado jueves ante el juez, que ese mismo día decretó el ingreso en prisión sin fianza de ambas.

En su declaración del pasado sábado, el matrimonio dijo también a la juez que estaba dispuesto, además, a hacer entrega de unos 240.000 euros que tenía escondidos en el jardín de su finca, ubicada en el municipio mallorquín de Pòrtol. Ordinas explicó a la juez que ese dinero procedería de parte de las comisiones ilegales que habría cobrado años atrás.

En un bote de cacao
Una comisión judicial se desplazó entonces, a primera hora de la tarde del sábado, hacia dicho chalet, junto con Ordinas y con Rosselló, y una vez allí, la ex gerente del CDEIB señaló el lugar en donde tenía oculto ese dinero, una bolsa y una caja metálica de cacao en polvo enterradas entre unas coles del pequeño huerto que cultivaba el matrimonio, en donde fueron encontrados diversos documentos y la citada cantidad de dinero.

En los primeros momentos de la investigación, se creía que Ordinas y Rosselló habrían cobrado en comisiones ilegales en torno al millón y medio de euros, si bien tras las declaraciones efectuadas a mediados de la pasada semana por parte de algunos de los empresarios imputados en este caso, ahora se considera que las comisiones podrían haber llegado hasta los dos millones de euros en total, ya que, en alguna ocasión, Ordinas habría cobrado hasta un 60 por cien del importe global del contrato que adjudicó. Los pagos se hacían, al parecer, a través de la cuenta corriente de Rosselló y de una sociedad de la que ella era la única administradora.

Otro hecho que se está investigando ahora es el de la fórmula que se habría utilizado para hacer los contratos, ya que todo apunta a que Ordinas utilizó un despacho de asesores para que redactaran los documentos que luego eran presentados a los empresarios, ante las sospechas y los recelos que, ya desde un primer momento, habrían despertado en técnicos del CDEIB el elevado número de contratos que se hacían.

ABC.ES

DOS DETENIDOS EN IBIZA POR PRESUNTA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA

AGENCIAS | IBIZA

La Guardia Civil ha detenido en Ibiza a dos personas en relación a una presunta trama de corrupción urbanística en el ayuntamiento ibicenco de Sant Josep de Sa Talaia, según fuentes de la investigación del caso, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción de Baleares.

Efectivos de la Guardia Civil registran asimismo desde este mediodía las dependencias del Ayuntamiento de Sant Josep, acción relacionada con la gestión del ex arquitecto municipal Antoni Huerta, imputado por varios delitos ya que, al parecer, adjudicaba a su nuera los proyectos de envergadura que tramitaba su departamento, entre ellos los de varias urbanizaciones. Los detenidos, según las mismas fuentes, son el hijo del ex arquitecto municipal y su nuera, la también arquitecta Pilar Fernández.

Huertas fue el arquitecto del consistorio con el anterior equipo de gobierno del PP, que tras las elecciones municipales del pasado año perdió la alcaldía de la ciudad, que ahora ostenta el PSOE. Huerta presentó su dimisión en diciembre de 2006 ante el entonces alcalde popular, José Serra Escandell. Además del Ayuntamiento, los agentes de la Guardia Civil desplazados desde Palma están registrando por este caso en otros despachos y pisos de la Ibiza.

El registro podría alargarse hasta la noche
El actual concejal de Urbanismo de Sant Josep, Josep Antoni Prats, ha declarado a los periodistas a las puertas del consistorio que en el actual equipo de gobierno están "satisfechos" del registro que practica en estos momentos la Guardia Civil y que, ha dicho, podría alargarse "más allá de las diez de la noche".

El concejal se ha puesto a disposición de la Guardia Civil y ha recordado que el ayuntamiento también está personado en la causa abierta contra el ex arquitecto municipal. Prats ha asegurado que el personal del consistorio está colaborando con los miembros de la Guardia Civil, que han llegado al consistorio con una lista de proyectos relacionados con el arquitecto y con su nuera, quien presuntamente firmaba la redacción de los proyectos que su suegro autorizaba.

El Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares también está personado en la causa abierta contra Huerta y, de hecho, autorizó la grabación de un vídeo en el que unos falsos promotores contratan los servicios del arquitecto municipal, que se ofrecía a tramitarlos informando favorablemente.

Renuncia de Antonio Huertas
Los hechos, que fueron denunciados en agosto de 2005 por el Grupo de Estudios de la Naturaleza, GEN-GOB de Eivissa, se hicieron públicos en noviembre del mismo año cuando la Fiscalía de Medio Ambiente notificó a la agrupación ecológica la apertura de diligencias por un presunto delito de tráfico de influencias en el caso de la urbanización ilegal de Cala Molí, ya que el proyecto al que se otorgó la licencia era obra de la nuera del arquitecto municipal, Pilar Fernández.

No fue hasta un año después, en diciembre de 2006, cuando el entonces alcalde de Sant Josep, José Serra Escandell, aceptó la renuncia del arquitecto municipal imputado entonces por quebrantamiento del código deontológico tras la personación en su contra del Colegio de Arquitectos de Balears.

En este sentido, el ex alcalde remarcó haber conocido a través de la prensa que el técnico aparecía en un vídeo donde se demostraba que compatibilizaba -si bien no estaba permitido- su cargo público con la actividad privada en varios proyectos urbanísticos que fueron redactados por su nuera, miembro de su despacho particular.

En la actualidad el arquitecto se encuentra imputado por quebrantamiento del código deontológico tras la personación en su contra del Colegio de Arquitectos de Baleares. El Colegio se personó como acusación particular contra el técnico municipal por una posible incompatibilidad de su cargo público con la actividad privada en varios proyectos en Cala Molí y Cala Carbó.

ABC.ES

miércoles, 27 de agosto de 2008

"CASO ZERRICHERA"; EL JUEZ PINCHA LOS TELÉFONOS E INVESTIGA EL PATRIMONIO DEL EX CONSEJERO MARQUÉS

UN EX CONSEJERO MURCIANO EN LA DIANA

El ex director general Alvarado, imputado en la causa, se refiere a su antiguo superior como «el gran 'mullidor'» y afirma que «nos está arrastrando a muchos, por arriba y por abajo»

RICARDO FERNÁNDEZ

La investigación del caso Zerrichera tiende, como el aire caliente, hacia arriba. Tiende a subir. En su trayectoria ascendente se ha topado ya con el ex consejero de Industria y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Francisco Marqués, quien durante meses ha tenido intervenidos sus teléfonos y cuyo patrimonio e ingresos, y también los de su esposa, están siendo exhaustivamente investigados.

Ésta es una de las principales novedades que aporta la pieza separada de la investigación sobre el caso Zerrichera, que se abrió en abril del 2007 por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar Fajardo, y que ha permanecido hasta ahora bajo secreto de sumario. Esta investigación, que se resume en 345 folios que están en poder de La Verdad, tenía por objeto determinar si algún cargo público del Ayuntamiento de Águilas o de la Comunidad Autónoma había recibido dinero, o promesa de ello, a cambio de recalificar una finca -la citada Zerrichera- para permitir edificar un resort pese a que era objeto de una especial protección ambiental.

En ese paraje de 156 hectáreas, 40 áreas y 24 centiáreas, enclavado en la diputación aguileña de Téber y que forma parte de la Sierra de la Almenara, el empresario Trinitario Casanova promovía un proyecto urbanístico consistente en levantar unas 4.000 viviendas y un hotel de lujo en torno a un campo de golf.

VARIOS ALTOS CARGOS

Francisco Marqués, quien en la actualidad ejerce como director general de la Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo (Hefame), no formaba parte de esa investigación en su origen. Los funcionarios del Grupo de Delincuencia Económica, integrados en la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (UDYCO) de la Jefatura de Policía de Murcia, se habían centrado, por orden del juez, en los ex directores generales de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado Pérez, y del Medio Natural, Encarna Muñoz Martínez; en el alcalde de Águilas, Juan Ramírez Soto, y en el empresario Casanova, entre otros.

Sin embargo, los datos que iba aportando la investigación, unidos a una conversación intervenida a Alvarado, en la que supuestamente se refería a su ex jefe, Francisco Marqués, como «el gran mullidor (sic)» -en realidad, habría querido decir muñidor, esto es, «el que concierta o dispone un asunto con engaño», según la Real Academia de la Lengua Española-, y en las que hacía otras consideraciones como que «ha arrastrado a unos por arriba y a otros por abajo», llevaron a los policías judiciales a solicitar del juez que ordenase la intervención de los teléfonos del ex consejero, así como que permitiese someterle a una minuciosa investigación de su patrimonio e ingresos.

PUEDE ACABAR IMPUTADO

En el auto dictado el 24 de enero pasado, el magistrado Alcázar otorga luz verde a los agentes para investigar a Francisco Marqués, y realiza una serie de consideraciones que justificarían una decisión de tal calado.

Así, señala el juez que Antonio Alvarado, Encarna Muñoz y José Ignacio Sánchez Gelabert, el ex jefe del Servicio de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente -todos ellos imputados en el caso Zerrichera- «dependían jerárquicamente de Francisco Marqués (...), de quien resultó muy llamativa su actuación cuando salió en prensa para defender, políticamente, la decisión adoptada por una dirección general a su cargo -la de Calidad Ambiental- al aprobar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la finca la Zerrichera, criticando, despectivamente y sin sonrojo alguno, el contenido de un informe medioambiental anterior (del 31 de agosto del 2004), elaborado precisamente por funcionarios dependientes de él mismo, pero de otra dirección general: la de Medio Natural».

El magistrado repasa además la citada conversación telefónica mantenida por Alvarado con un desconocido, que fue intervenida por la Policía, en la que el ex director general apuntaba a que el empresario Trinitario Casanova tenía a algún político «cogido por los huevos», y a continuación se refería a ese político como «el gran mullidor», añadía que es la persona «que debería estar y no está», que ya no se dedica a la política y que «está ganando mucho dinero todos los meses» y, por último, «que ha arrastrado a unos por arriba y a otros por abajo».

Tanto la Policía Judicial como el juez llegan a la conclusión de que la persona a la que se presuntamente refiere Alvarado, aunque sin nombrarlo, sólo puede ser Francisco Marqués. Y, de esta forma, el instructor afirma que «puede inferirse, lógicamente, que Alvarado -mejor que él nadie puede saberlo- pudo no actuar por decisión propia, sino inducido por su superior jerárquico, Francisco Marqués, en cuya mano además estaba la posibilidad de haber detenido el irregular proceso, entonces ya socialmente polémico, lo que no sólo no hizo, sino que lo apoyó abiertamente».

La última consideración del magistrado al autorizar la intervención de los teléfonos de Marqués es especialmente reveladora. «Aunque Francisco Marqués, actualmente no aforado, no fue incluido por el fiscal en su querella, no es descartable, por los antecedentes expuestos, que termine declarando como imputado en la causa».

«TÚ ME TIENES QUE LLAMAR»

Los teléfonos del ex consejero del Gobierno regional han permanecido pinchados desde el 11 de enero hasta al menos el 15 de junio de este año, momento en que la UDYCO estima que ya no tiene sentido seguir con la intervención telefónica. Del contenido de las escuchas poco ha trascendido, pues han sido remitidas al juez en CD y las diligencias escritas sólo recogen una conversación con la ex secretaria general de la Consejería de Medio Ambiente, María de los Reyes Sánchez, a la que llama dos días antes de que ésta tuviera que prestar declaración en el juzgado.

-«Tú, cuando acabes, me tienes que llamar», le exige Marqués.

-«Hombre, ya lo sé, ya lo sé. Qué te crees», responde ella.

Nada ha trascendido, tampoco, de la investigación económico-patrimonial que están llevando a cabo los agentes de la UDYCO sobre Francisco Marqués y su esposa, María Jesús G.M., pues los informes todavía no han sido redactados o, al menos, no han sido incorporados a las diligencias cuyo secreto se ha levantado ahora.

Con estas actuaciones, Marqués se convierte en la persona investigada por el caso Zerrichera que ha ocupado, hasta el momento, un cargo de mayor relevancia en la Administración regional.

LA VERDAD.ES

lunes, 25 de agosto de 2008

SEIS ALTOS CARGOS DE CASTILLA Y LEÓN HAN DIMITIDO YA POR IRREGULARIDADES AL ADJUDICAR PLANTAS DE ENERGÍA SOLAR

Podrían haberse autoadjudicado licencias dentro del ya denominado caso Lasarte

V.V.

Ya son seis los altos cargo de la Junta de Castilla y León que se han visto obligados a dimitir por su presunta relación con actuaciones irregulares a la hora de adjudicar la explotación de varias plantas de energía solar en la comunidad. Miembros del PP de León, Zamora y Valladolid podrían haber cedido los trabajos en estos “huertos solares” a empresas de su propiedad o de familiares cercanos beneficiándose así de manera ilícita de un negocio en auge.

La instalación de plantas de energía fotovoltaica en Castilla y León está acarreando más de un quebradero de cabeza al PP regional. Seis de sus cargos en la Junta se han visto obligados a dimitir, ya que están siendo investigados por su presunta implicación en la adjudicación de estos trabajos a empresas en las que participaban ellos mismos o sus familias. Como ya informó El Plural, la Fiscalía de la Audiencia Provincial de León estudia la posibilidad de abrir una investigación al respecto.

11 licencias para Lasarte
El principal imputado en este caso es el ex secretario general de la Delegación de la Junta de León, Javier Lasarte, quien se vio forzado a dimitir tras abrirsele un expediente disciplinario por no informar de sus actividades empresariales, informa El País. Lasarte es administrador de la sociedad Galeno 1955, que ha obtenido 11 concesiones para plantas solares de 100 kilovatios y 480 paneles cada una. La inversión ascendería a seis millones de euros.

Propietario de los terrenos
Otro de los dimitidos es Manuel Ballesteros, jefe del Servicio de Caja de la Tesorería General de la Junta y administrador solidario de la empresa Agrícola Valverdemota, propietaria de los terrenos donde Lasarte tenía proyectado instalar las plantas fotovoltaicas en la provincia de Valladolid.

Más adjudicaciones
Junto a ellos han dimitido también Emilio Fernández, jefe de Industria de la Junta, y Ana Isabel Suárez, jefa del Servicio Territorial de Fomento. Ambos obtuvieron dos licencias para instalar estas plantas en Valladolid. Suárez insistió en que no participó en la tramitación de los proyectos de adjudicación.

Los otros dos dimitidos son el secretario de la Delegación de Zamora, Manuel Méndez, y el jefe de la Oficina de la Junta en Zamora y ex senador popular José Bahamonde. Este último está vinculado familiarmente a la empresa Iniciativas Renovables S.L., que también se habría beneficiado de las concesiones.

Aún sin dimitir
Por otra parte, Francisco Jambrina, jefe de Industria de la Delegación de Palencia, ex consejero de Medio Ambiente y ex alcalde de la ciudad no ha dimitido aún pese a las peticiones que ha recibido de la Junta. Jambrina es administrador de la sociedad Pago El Roto, a la que se ha concedido una licencia para una planta solar de 100 kilovatios en Zamora.

Vinculacioens muy limitadas
Desde la Junta insisten, según informó El País, en que las vinculaciones de sus altos cargos con los casos de la energía solar son muy limitadas y se han hecho de manera individual, por lo que están muy localizadas. Además aseguran que el asunto se resolverá aplicando la Ley de Incompatibilidades, y defienden que la licencias para estas plantas se conceden a todos aquellos que las solicitan cumpliendo los requisitos, opinión que no comparte la oposición socialista, que les acusa de tráfico de influencias y uso de información privilegiada.

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ELPLURAL.COM

miércoles, 20 de agosto de 2008

ASÍ SE ENGORDÓ EL COSTE DEL PALMA ARENA: DE 48 A 110 MILLONES DE EUROS

OLVIDARON LOS VIDEOMARCADORES

* Los arquitectos cobraron una minuta de nueve millones de euros
* Aseguraban que el proyecto del creador del velódromo de Pekín estaba lleno de fallos

ESTEBAN URREIZTIETA

PALMA..- Los arquitectos mallorquines a los que el Govern de Matas pagó una minuta de más de nueve millones de euros por la dirección de obra del Palma Arena –más del triple de los baremos establecidos por el Colegio de Arquitectos– elaboraron un informe que sirvió de salvoconducto al Ejecutivo balear del PP para disparar el presupuesto del velódromo.

De los 48 millones de euros por los que salió a concurso este recinto deportivo a los "más de 110 millones de euros" que estimaron necesarios los hermanos Luis y Jaime García-Ruiz para que la obra fuera completada satisfactoriamente. Los dos elementos citados, la multimillonaria minuta percibida por los hermanos García-Ruiz y el espectacular desfase del presupuesto constituyen las principales líneas de investigación de la nueva operación emprendida por la Fiscalía de Baleares contra la corrupción del Govern popular, que en este caso rastrea el posible pago de comisiones ilegales millonarias.

Para poder justificar el aumento del coste previsto inicialmente, los arquitectos García-Ruiz, que empezaron como ayudantes del arquitecto que elaboró el proyecto, el alemán Ralph Schürmann, y acabaron convirtiéndose en los máximos responsables técnicos, elaboraron un informe que desglosaba las supuestas deficiencias que albergaba el trabajo de su antecesor. Y es que a Schürmann le fue rescindido el contrato y se quedaron los mallorquines al frente de una obra que, apuntan en el dictamen al que ha tenido acceso EL MUNDO/El Día de Baleares, se encontraba repleta de irregularidades de todo tipo.

Tantas como para que fuera necesario, siempre según su criterio, multiplicar exponencialmente el presupuesto inicial. En primer lugar, aseguraron que el proyecto del que se hacían cargo conjuntamente con el ingeniero Miguel Ángel Verger, sólo "contaba con aproximadamente el 8% de la documentación necesaria para su construcción".

Más conclusiones

Asimismo subrayaban que se habían establecido por parte de Schürmann precios de "unidades de obra" que eran "un 35% inferiores a los de mercado"; que se habían topado con "más de 5.000 metros cuadrados de forjados no medidos en el proyecto inicial"; la "falta de aproximadamente 3.300 metros cuadrados de cimentaciones"; o la ausencia de las "acometidas de los diversos servicios necesarios" tales como la electricidad o el agua potable.

Además estipularon que Schürmann no había previsto la urbanización del perímetro del recinto deportivo o el mobiliario para las "oficinas, el restaurante, la cafetería y la sala de prensa".

Tras señalar todas estas carencias, los hermanos García-Ruiz concluyeron que el proyecto que habían heredado adolecía de "una falta de definición y desarrollo que impide su normal ejecución en obra pero, sobre todo, una errónea valoración económica del complejo". Por ello agregan en el documento que suscribieron un año antes de su inauguración que "las primeras aproximaciones presupuestarias de lo que podría costar el complejo basándose sólo en los conceptos y capítulos planteados por él y suponiendo un coste base de todos los capítulos y apartados del proyecto no desarrollados lo sitúan inicialmente en torno a los 90 millones de euros". Y "valorando los concepto y capítulos no incluidos", prosiguieron los García-Ruiz, "se sobrepasarían los 110 millones de euros".

Este estudio sirvió al Govern balear para dar vía libre a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada entre FCC y la constructora local Melchor Mascaró para que ampliara el presupuesto con el que obtuvieron una de las licitaciones más importantes de la pasada legislatura.

ELMUNDO.ES

viernes, 15 de agosto de 2008

LA FISCALÍA DE LEÓN INVESTIGARÁ SI HUBO DELITO EN LA ADJUDICACIÓN DE PLACAS SOLARES

CASTILLA Y LEÓN

La Junta da por concluido el expediente en la provincia y apunta a nueve funcionarios como implicados en las supuestas tramitaciones irregulares

ÍÑIGO SALINAS| VALLADOLID


Placas solares en la localidad vallisoletana de Villanueva de San Mancio


DIMISIONES

Javier Lasarte: Secretario general de la Junta en León.

Emilio Fernández Tuñón: Jefe de Industria en León.

Ana Isabel Suárez: Responsable de Fomento en León.

Manuel Ballesteros: Jefe del Servicio de Caja de la Tesorería General.

Manuel Méndez: Secretario de la Junta en Zamora.

Seis funcionarios de concurso del Servicio de Industria están siendo investigados tras analizar 396 expedientes en León.

La Fiscalía de la Audiencia Provincia leonesa comenzará una investigación para esclarecer las posibles vinculaciones de varios funcionarios en el negocio de las plantas solares y las investigaciones que se abrieron en León se saldaron ayer con nueve funcionarios supuestamente relacionados con el negocio energético, seis de ellos del Servicio de Industria.

La Fiscalía de la Audiencia Provincial León hizo pública ayer su intención de abrir una investigación a los cargos de la Junta para esclarecer si han sido parte interesada en la adjudicación de autorizaciones recaídas en sociedades de las que son administradores o con las que mantienen algún tipo de vinculación. Y es que, en tan sólo catorce días la supuesta trama de los huertos solares se ha cobrado la dimisión de cinco cargos de la Administración regional.

Ante esta situación, el teniente fiscal de la Audiencia de León, Vicente Gordón Monreal, adelantó que los hechos derivarán en una investigación judicial y explicó que el Ministerio Fiscal se encuentra a la espera de que la propia Junta de Castilla y León presente la denuncia o querella oportuna, algo que, según aseguró, todavía no ha ocurrido.

«Me imagino que la Junta estará en plena fase de investigación y que estará en la idea de remitirla a esta Fiscalía», incidió Gordón Monreal, que advirtió que en caso de que la Administración regional no tomara la iniciativa sería la Fiscalía la que actuaría de oficio. «Si la Junta no lo hace, nosotros, en función de la documentación que podamos recabar, remitiremos los hechos a un juzgado de instrucción para que abra una investigación que, en su caso, podría derivar en un procedimiento penal», si las conductas analizadas fueran constitutivas de delito, precisó.

La reacción de la Fiscalía se produjo después de que el PSOE amenazara con acudir a la vía judicial si el Ministerio Público no hubiera tomado ya la iniciativa de abrir una investigación al respecto. Los socialistas solicitaron, además, la convocatoria urgente de la Diputación Permanente de las Cortes para que los consejeros de Economía y Empleo y de Administración Autonómica, Tomás Villanueva e Isabel Alonso, respectivamente, den explicaciones.

De hecho, la viceportavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Ana Redondo, se mostró entonces convencida de que se ha utilizado información privilegiada, se ha producido un tráfico de influencias a alto nivel y de que hay negociaciones prohibidas por parte de funcionarios.

«Prudencia»

Por su parte, el delegado de la Junta en León, Eduardo Fernández, dio ayer por concluidas las investigaciones en esa provincia sobre las 396 autorizaciones de plantas solares efectuadas en la provincia, que se han saldado con tres cargos de confianza destituidos y seis funcionarios del Servicio de Industria investigados.

Los resultados obtenidos tras la investigación, que fueron remitidos a la Consejería de Economía, incluyen el nombre de las empresas que han obtenido las autorizaciones y su composición accionarial. El delegado de León pidió «prudencia», ya que se desconoce «hasta que punto alcanza la responsabilidad de estos seis funcionarios».

NORTECASTILLA.ES

miércoles, 13 de agosto de 2008

YA SON 5 LOS CARGOS DE LA JUNTA QUE DIMITEN POR LAS ADJUDICACIONES DE PLANTAS SOLARES

Castilla y León

La Administración regional investiga posibles irregularidades de sus trabajadores por participar en empresas que han recibido tratos de favor

R. HERNANZ / Í. SALINAS
| ZAMORA / VALLADOLID

La posible vinculación de varios miembros de la Junta de Castilla y León con la adjudicación de plantas fotovoltaicas ha provocado en menos de dos semanas cinco dimisiones. Desde que el primer día de agosto, el secretario general de la Delegación de la Junta en León, Javier Lasarte, presentara su dimisión, otros cuatro altos cargos han renunciado a sus puestos. Si bien, no todos defienden que su dimisión esté vinculada a las empresas solares que ellos mismos o familiares cercanos poseen. Sea por el motivo que sea, lo cierto es que la Junta está investigando las posibles irregularidades de sus trabajadores, ya sea por incumplir el Reglamento de Incompatibilidades, por no respetar los requisitos legales para las tramitaciones o por haber procedido con tratos de favor.

Los últimos en presentar su dimisión fueron el secretario de la Delegación Territorial en Zamora, Manuel Méndez, y el jefe del Servicio de Caja de la Tesorería General, Manuel Ballesteros. Con ellos, ya son cinco las renuncias en la Junta de Castilla y León por la vinculación con la adjudicación de plantas fotovoltaicas.

El primero en hacer pública su renuncia fue el secretario de la Delegación Territorial en León, Javier Lasarte, que dimitió porque era titular de empresas adjudicatarias de plantas solares. Y el último, Ballesteros, que dimitió a última hora de la tarde de ayer después de mantener una reunión con la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo.

Entre Lasarte y Ballesteros dimitieron otros tres. Ayer por la mañana, el secretario de la Delegación Territorial en Zamora, Manuel Méndez, hizo efectiva su dimisión por un «motivo ético», según el delegado territorial, Alberto Castro, que explicó que Méndez tiene una «pequeña» participación en una sociedad que tramita un expediente para una planta.

Además de Lasarte, Méndez y Ballesteros, el lunes también dimitieron el jefe de Industria, Emilio Fernández, y la jefa del Servicio Territorial de Fomento de la Delegación en León, Ana Isabel Suárez, todos ellos al parecer con alguna conexión en la adjudicación de plantas solares.

El Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León exigió la reunión urgente de la Diputación Permanente para analizar la «batería de dimisiones y ceses» de altos cargos de la Junta vinculados a empresas adjudicatarias de plantas fotovoltaicas, que ven como el «reparto de un pastel millonario».

De esta manera lo describió la procuradora socialista Ana Redondo, que estuvo acompañada por su compañero de partido Alfredo Villaverde en una rueda de prensa en la que ambos detallaron que su grupo político ha pedido la comparecencia ante las comisiones parlamentarias correspondientes de los consejeros de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, y de Administración Autonómica, Isabel Alonso.

Más implicados
Manuel Fuentes, procurador socialista en Zamora, dijo que están investigando a otros tres presuntos implicados, cuyos nombres «se irán conociendo». Fuentes declaró que el sector de las energías renovables «está siendo aprovechado por altos dirigentes del PP y por otros amigos muy conocidos para hacer su agosto». Por su parte, el delegado de la Junta en Palencia, José María Hernández, manifestó ayer que él «dejaría el puesto si estuviera en la situación del jefe del Servicio de Industria, Francisco Jambrina, a quien se relaciona con la adjudicación irregular de plantas fotovoltaicas.

Jose María Hernández insistió en que el jefe del Servicio de Industria de Palencia no es un funcionario de libre designación y, aunque la Junta le ha «sugerido» que deje su cargo, la renuncia debe partir de él mismo. Y no quiere: «No he hecho nada ilegal».

LOS CONFLICTOS
Incompatibilidades: El Reglamento de Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración establece en el primer apartado del artículo nueve: «La obtención de autorización de compatibilidad será requisito previo e imprescindible para que el personal pueda desempeñar, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, mercantil o industrial». A su vez, el apartado tercero dice que «el personal no podrá hacer uso de su condición pública para el ejercicio de actividades privadas».
Tramitación: La Junta también investiga si se han cumplido los pasos legales y si hay trato de favor.

NORTECASTILLA.ES

lunes, 11 de agosto de 2008

DOS ALTOS CARGOS DE LA JUNTA EN LEÓN, DESTITUIDOS POR SU VINCULACIÓN EN LA ADJUDICACIÓN DE PLANTAS SOLARES

CASTILLA Y LEÓN

El jefe de Industria y la jefa del Servicio Territorial de Fomento de la Delegación de la Junta en León, Emilio Fernández y Ana Isabel Suárez, respectivamente, cesarán en el cargo de forma inminente por estar vinculados a sociedades adjudicatarias de autorizaciones para construir plantas fotovoltáicas en Valladolid.

Así lo ha indicado el delegado territorial de la Junta en León, quien ha confirmado el inminente cese de estos dos altos cargos apenas diez días después de que hiciera lo propio el secretario territorial de la Junta en León, Javier Lasarte, también por administrar empresas adjudicatarias de plantas de energía solar, informa Efe. El delegado de la Junta ha aclarado que los ceses no se producen por una cuestión de «ilegalidad», sino de «comunicación», ya que «se trata de cargos de confianza, de libre designación, que deberían haber comunicado».

Los dos altos cargos han sido adjudicatarios de dos autorizaciones cada uno para construir dos plantas fotovoltáicas en Torrecilla de la Abadesa, Valladolid.

NORTECASTILLA.ES

domingo, 3 de agosto de 2008

EL SECRETARIO GENERAL DE LA JUNTA JAVIER LASARTE PRESENTA SU DIMISIÓN EN EL CARGO TRAS DESCUBRIRSE QUE JUNTO A FAMILIARES CONTROLÓ 11 PLANTAS SOLARES


LEÓN
El PSCyL pide explicaciones por la dimisión de Lasarte y la UPL la renuncia del delegado de la Junta





Javier Lasarte entrega un trofeo a la tenista Ana Kournikova en un acto oficial
como representante de la Junta en León. (Foto: El Mundo de León)


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(ACTUALIZADO) El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en las Cortes de Castilla y León la petición de comparecencia de la consejera de Administración Autonómica, Isabel Alonso, para explicar todos los aspectos relacionados con la dimisión del secretario territorial de la Junta en León, Javier Lasarte Vidal, que tomó esta decisión este viernes, después de que El Mundo de Castilla y León hiciera público que cuenta con una empresa del sector de las energías renovables que gestiona once plantas solares.

Los socialistas recuerdan que la instalación de empresas en este sector requiere de procedimientos administrativos complejos, sobre los que “sería necesario dar plenas garantías de que han sido instruidos con absoluta transparencia y sin ningún tipo de interferencia derivado del desempeño del cargo de quien encabeza estas empresas”.

“Igualmente, junto a la garantía de que la persona afectada se ha abstenido de participar de cualquier forma en la instrucción de estos expedientes, es necesario conocer si se ha producido un cumplimiento riguroso de la normativa en materia de incompatibilidades”, añade la petición, firmada por el portavoz del Grupo Socialista, Francisco Ramos.

UPL pide la dimisión del delegado de la Junta

Por su parte, el secretario general de la Unión del Pueblo Leonés, Melchor Moreno, ha solicitado este sábado la "inminente dimisión del delegado de la Junta de Castilla y León, Eduardo Fernández "por el caso" del secretario de la Junta en León, Javier Lasarte Vidal.

Según Melchor Moreno "parece claro que tiene que haber un responsable político en este tema, ya que el dimitido Lasarte no se considera a sí mismo político, sino funcionario al servicio de la Junta", por lo que, a su juicio, deber ser el delegado de la Junta de Castilla y León, Eduardo Fernández, quien "tiene que dimitir".

Melchor Moreno ha recordado que "no es la primera vez que Eduardo Fernández se ve sobrepasado por los acontecimientos y no sabe actuar en consecuencia". Para el leonesista basta recordar la "deficiente gestión" realizada por el delegado de la Junta en el caso de la contaminación en el agua en Nistal de la Vega, "practicando una política de huída hacia adelante".

La polémica

Jesús Javier Lasarte Vidal, secretario general de la Junta de Castilla y León en la provincia, ha presentado este viernes su dimisión después de que El Mundo de León revelara que a través de diversas sociedades participadas por él y su familia llegó a controlar 11 plantas solares en las provincias de León y Valladolid.

Lasarte, ejerciendo como secretario general de la Junta de Castilla y León, obtenía cobertura legal para sus plantas solares a través de uno de sus subordinados directos en la jefatura de Industria, por lo que su situación de 'privilegio aparente' era indudable. Así lo ha reconocido este viernes a leonoticias.com Eduardo Fernández, delegado de la Junta en León, quien además ha advertido que es "poco decoroso" pero "no ilegal" que se produzca una situación de este tipo en la cadena administrativa y ha tachado de "desagradable" la situación generada.

Legal, pero no decoroso

"El (Javier Lasarte) nos ha insistido hoy (por este viernes) en que no tiene que darnos ninguna explicación", ha asegurado Eduardo Fernández. "Y legalmente es así, pero no estamos hablando de un aspecto legal sino de decoro", ha añadido el delegado territorial. Desde ese punto de vista desde la Junta se recordó a Lasarte este viernes que su puesto "es un puesto de confianza".

Subordinado directo

Javier Lasarte obtuvo más de una decena de licencias, aprobadas por las respectivas comisiones de urbanismo y medio ambiente, y más tarde por industria, siendo él el titular de la sociedad solicitante. "Por los datos que tenemos hasta el momento parece que él no estuvo presente en las comisiones de urbanismo y medio ambiente donde se realizaron las aprobaciones, pero tampoco hubo una notificación previa en la que informara sobre la situación que se podía crear. Otras cosa es que posteriormente la firma de industria la realizaba un subordinado directo", se ha asegurado desde la Delegación de la Junta.

Venta posterior de derechos

Eduardo Fernández también ha revelado que Javier Lasarte ha reconocido que, con posterioridad, vendió los derechos obtenidos para la explotación de esos campos de energía solar, algo que no ayuda a eliminar lo que desde la junta se define como "lógicas suspicacias".

Creciente red empresarial

Lasarte Vidal, según El Mundo de León, habría desarrollado una naciente red empresarial y figura como administrador en al menos dos sociedades limitadas cuya actividad se extendería a estas provincias. El importe de las inversiones superaría los seis millones de euros y, según diversas informaciones, la empresas con presencia de Lasarte Vidal habrían obtenido una tramitación más rápida de lo habitual incluso superando en el tiempo de tramitación a otras empresas que habrían presentado su documentación con anterioridad.

En la actualidad, según revela El Mundo de León, dos plantas están en marcha y emplazadas en la localidad vallisoletana de Mota del Marqués. Otras cuatro figuran como pendientes de instalación en el municipio de Torrecilla de la Abadesa, también en Valladolid. Y se ha iniciado la instalación de otras cinco en Mansilla de la Mulas, León.

Once plantas

En los once casos, se trata de plantas fotovoltaicas de 100 kw, conformadas por 480 paneles cada una, cuyo presupuesto por planta ronda los 550.000 euros y son promovidas por la misma sociedad limitada, de la que el secretario general de la Junta en León es administrador único.

El fraccionamiento de estas instalaciones parece obedecer a un motivo económico, es decir, el régimen de primas a la generación de energía solar resulta más cuantioso en la franja limitada a 100 kilovatios, según los técnicos de la Dirección General de Minas, según cita la información de El Mundo de León.

El germen societario de tales inversiones y de la proliferación de estos proyectos energéticos en Valladolid y en León es la empresa Galeno 1955 Sociedad Limitada (significativo nombre teniendo en cuenta que Lasarte Vidal, además de político y empresario revelación, es médico).

Proyectos sucesivos en su tramitación

Lejos de tratarse de proyectos sucesivos en su tramitación y ejecución, todos, los once, fueron solicitados tanto en León como en Valladolid a mediados de septiembre de 2006, en los días 14 y 26. Las primeras plantas en obtener el pleno refrendo administrativo fueron las cinco de León, en febrero de 2007.

La diligencia leonesa quedó levemente aletargada en los expedientes de Mota del Marqués, autorizados en mayo de 2007, y de Torrecilla de la Abadesa, cuya resolución favorable fue firmada en agosto del pasado año.

"Es obvio que la autorización administrativa de estos proyectos recae en la Junta y más exactamente en las delegaciones territoriales, por lo que el cruce de intereses en el caso del secretario y al tiempo empresario Javier Lasarte resulta palmario, aunque su incompatibilidad formal y legal pueda ser discutible", asegura El Mundo de León.

Galeno 1955

Galeno 1955 SL fue inscrita en abril de 2006 y tiene por domicilio social un piso en la calle Joaquina de Vedruna, número 11, 2º B de la ciudad de León. Si bien, en esta dirección no existe placa o distintivo alguno que remarque o publicite la presencia de tan dinámica y energética empresa, según la misma publicación.

La contundencia de la información ha provocado que este mismo viernes Javier Lasarte anunciara que "lo más probable" es que "deje mi cargo", apuntando así a una inminente dimisión. Lasarte, sin embargo, ha tachado de "patrañas y medias verdades" la información, aunque asume que la misma le fuerza a abandonar el cargo "para no dañar" ni a la institución ni al partido.

El PSOE pide una explicación

El Partido Socialista de Castilla y León ya ha solicitado una "explicación pública y veraz" a la Junta de Castilla y León, apuntando que se está ante un hecho "que podría ser muy grave".

Lasarte: "Tengo la conciencia muy tranquila"

Lasarte, declaró a la agencia Ical que “los papeles” se los ha enseñado al delegado esta misma mañana y está con la “conciencia muy tranquila”, ya que lo más importante es “la salud y los amigos”. Según manifestó, considera que “no está obligado” a informar de sus actividades fuera de la Junta en la que lleva “dedicados 13 años de los 31” que trabaja como funcionario. Al respecto, el delegado territorial comunicó que su cese es “una medida correcta” a pesar de que Lasarte haya defendido que él no es “quien está poniendo en marcha los parques”. Al parecer, la empresa se dedica a tramitar las peticiones de otras empresas para obtener autorizaciones y, una vez que las tiene, las vende a esas empresas interesadas.

Investigación interna

A pesar de la dimisión voluntaria, la Junta ha puesto en marcha dos investigaciones; la primera se encargará de revisar los procedimientos de concesión de las autorizaciones de plantas solares tanto en Valladolid como en León por parte de los servicios territoriales de Industria. Con esta investigación vigilarán si se han cumplido los trámites y no ha habido “privilegio alguno”, comunicó a la agencia Ical Eduardo Fernández. El proceso de investigación puede durar entre siete y ocho meses.

La segunda línea de investigación se hará a través de la inspección general de servicios, que estudiará si se ha procedido correctamente respecto a la compatibilización de su actividad profesional con el puesto de funcionario. En ese sentido, Eduardo Fernández explicó que “se examinará” hasta qué punto el secretario general debería haber informado y “el tiempo de dedicación a la empresa ya que figura como administrador único”.

"Su dimisión llega tarde", dice IU

A las reacciones tras la dimisión de Javier Lasarte se ha unido este viernes Izquierda Unida de León que, en una nota pública, exige "una investigación a fondo de todas las decisiones tomadas por la Comisión Territorial de Medio Ambiente en las que participó el afectado".

Además IU pide "la revisión de todas las decisiones y la revocación de las que afectan a sus negocios si se demuestra su voto favorable a la concesión de licencias directamente relacionadas con su actividad empresarial".

"Es inaudito"

"Igual trato exigimos a la hora de revisar cualquier tipo de ayuda o subvención pública concedidas por cualquiera de las administraciones del Estado, sea la Junta o el Gobierno Central. Es inaudito que la delegación de la Junta en León haya permitido la pervivencia de esta situación cuando no dudamos en absoluto de la imposibilidad de que una situación como ésta pase desapercibida. El delegado de la Junta debe demostrar que desconocía esta circunstancia o asumir la responsabilidad política de haber mantenido a Javier Lasarte en su cargo durante todo este tiempo", asegura Izquierda Unida.

Los Verdes "lo veían venir"

Los Verdes de Europa en León han cuestionando públicamente desde hace más de tres años muchas de las actuaciones de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León, y muy especialmente aquellas que están relacionadas con las secciones de Medio Ambiente, Industria, Comercio y Turismo.

"Siempre respetaremos escrupulosamente la presunción de inocencia, pero al mismo tiempo subrayamos que el cúmulo de casualidades que jalona la actuación de determinadas secciones de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León, es cuando menos sospechoso. Y desde luego, la credibilidad e imagen de esta Institución, a nosotros por lo menos, no nos inspiran la menor confianza" aseguran Los Verdes de Europa en León.

LEONOTICIAS.COM

viernes, 1 de agosto de 2008

EL SECRETARIO DE LA JUNTA EN LEÓN MANEJA UNA RED DE ONCE PLANTAS SOLARES


CON UNA INVERSIÓN DE 6 MILLONES

C. MORENO / M. MORUETA

LEÓN.- La energía solar, todo un desafío en el sistema energético español aún dependiente de los combustibles fósiles e inmerso en la conquista de las energías renovables, también enciende insospechadas ambiciones empresariales que ni el servicio a un cargo político ni las servidumbres e incompatibilidades que entraña tal oficio contienen. Las tareas políticas y administrativas que implica la secretaría general de la Delegación del Gobierno regional en León no han impedido el florecimiento empresarial de Jesús Javier Lasarte Vidal, el segundo de a bordo de una estructura gubernativa sobre la que recaen innumerables competencias y la gestión funcionarial y laboral de 14.000 trabajadores en León.

El secretario general de la Junta, que ocupa la segunda posición jerárquica tras Eduardo Fernández y asume este cargo desde 1995, se descubre ahora como un próspero inversor con un negocio muy pujante y sobre el que la Administración, tanto estatal como muy especialmente la autonómica, ejerce un régimen de concesión, especial tutela y promoción financiera.

Se trata de las energías renovables y más exactamente de las plantas solares.

Al margen del conocimiento público y con una discreción proverbial, Lasarte Vidal ha desarrollado una naciente red empresarial y figura como administrador en al menos dos sociedades limitadas; tan sólo una de ellas promueve 11 plantas solares en las provincias de León y Valladolid.

El desarrollo de estos proyectos fotovoltaicos supone una inversión total de 6 millones de euros

Tan sorprendente como esta faceta es el hecho de que el desarrollo de estos proyectos fotovoltaicos supone, tal como figura en las distintas licencias publicadas en los boletines oficiales de León y Valladolid, una inversión total de 6 millones de euros (mil millones de pesetas). Tal pujanza económica tiene, por el momento, un origen desconocido y tampoco esclarecido por el promotor 'solar' Lasarte, que se reserva discretamente el secreto.

Once plantas

En la actualidad, dos plantas están en marcha y emplazadas en la localidad vallisoletana de Mota del Marqués. Otras cuatro figuran como pendientes de instalación en el municipio de Torrecilla de la Abadesa, también en Valladolid. Y se ha iniciado la instalación de otras cinco en Mansilla de la Mulas, León.

En los once casos, se trata de plantas fotovoltaicas de 100 kw, conformadas por 480 paneles cada una, cuyo presupuesto por planta ronda los 550.000 euros y son promovidas por la misma sociedad limitada, de la que el secretario general de la Junta en León es administrador único.

El fraccionamiento de estas instalaciones parece obedecer a un motivo económico, es decir, el régimen de primas a la generación de energía solar resulta más cuantioso en la franja limitada a 100 kilovatios, según los técnicos de la Dirección General de Minas.

Los 11 proyectos fueron solicitados tanto en León como en Valladolid a mediados de septiembre de 2006

El germen societario de tales inversiones y de la proliferación de estos proyectos energéticos en Valladolid y en León es la empresa Galeno 1955 Sociedad Limitada (significativo nombre teniendo en cuenta que Lasarte Vidal, además de político y empresario revelación, es médico).

En un mes

Lejos de tratarse de proyectos sucesivos en su tramitación y ejecución, todos, los once, fueron solicitados tanto en León como en Valladolid a mediados de septiembre de 2006, en los días 14 y 26. Las primeras plantas en obtener el pleno refrendo administrativo fueron las cinco de León, en febrero de 2007.

La diligencia leonesa quedó levemente aletargada en los expedientes de Mota del Marqués, autorizados en mayo de 2007, y de Torrecilla de la Abadesa, cuya resolución favorable fue firmada en agosto del pasado año.

Es obvio que la autorización administrativa de estos proyectos recae en la Junta y más exactamente en las delegaciones territoriales, por lo que el cruce de intereses en el caso del secretario y al tiempo empresario Javier Lasarte resulta palmario, aunque su incompatibilidad formal y legal pueda ser discutible.

Desde su constitución, Galeno 1955 ha establecido una red energética muy notable de 11 plantas

Galeno 1955 SL fue inscrita en abril de 2006 y tiene por domicilio social un piso en la calle Joaquina de Vedruna, número 11, 2º B de la ciudad de León. Si bien, en esta dirección no existe placa o distintivo alguno que remarque o publicite la presencia de tan dinámica y energética empresa.

Pese a su aparente modestia, al menos inmobiliaria, la sociedad de Lasarte se presenta como una apuesta ambiciosa. Y tal como recoge el Registro Mercantil, su objeto social se vincula, en primer término, a la instalación, gestión y explotación de plantas y parques de todo tipo de energías, además de la comercialización , distribución e instalación de todo tipo de material relacionado con las energías renovables. Como otras finalidades no exactamente eléctricas aparecen la construcción de edificios acogidos o no a protección oficial, la participación en sociedades de análogo objeto, y la venta y comercialización de todo tipo de vehículos y sus accesorios. Esta entidad mercantil cuenta con un capital social de 3.060 euros.

En poco más de dos años desde su constitución, Galeno 1955 ha establecido una red energética muy notable de 11 plantas, que ha superado sin problema, de acuerdo con las autorizaciones y resoluciones publicadas en los boletines oficiales, todos los requisitos de los ayuntamientos y, lo más complejo, la supervisión técnica y la concesión de las delegaciones territoriales de la Junta en León y Valladolid. Porque además de la perceptiva licencia municipal sobre el uso del suelo, cualquier instalación fotovoltaica requiere de la resolución favorable del servicio territorial de Industria, Comercio y Consumo de la provincia en que se ubique.

Los cinco proyectos de Mansilla cuentan con resolución favorable desde febrero de 2007

Las resoluciones relativas a las plantas emplazadas en Mota del Marqués y Torrecilla de la Abadesa fueron firmadas en mayo y agosto de 2007 por el jefe territorial del servicio de Industria en Valladolid, Marceliano Herrero. Los cinco proyectos de Mansilla, solicitados en septiembre de 2006, cuentan con resolución favorable desde febrero de 2007 y tales dictámenes ha sido firmados por Emilio Fernández Tuñón, jefe del servicio de Industria de la Delegación Territorial de León.

Otras conexiones

Pero Galeno 1955, pese a su electrificante vitalidad, no es la única ni la primera aventura de Javier Lasarte, como empresario casi anónimo. El político leonés aparece en otras inscripciones del Registro Mercantil y las conexiones entre estas entidades societarias resultan sorprendentes.

La más antigua anotación se refiere a la sociedad limitada Explotaciones Comparativas, creada en 1990, con domicilio en San Andrés del Rabanedo, dedicada a la construcción y en la que Javier Lasarte ha ejercido como apoderado, según el nombramiento anotado en 1994. Más reciente es la designación como administrador del secretario de la Delegación de la Junta en la sociedad limitada Rodocrosita. En enero de 2007, Lasarte es nombrado administrador solidario de esta entidad, domiciliada actualmente en el Paseo de Salamanca de la ciudad de León y constituida con anterioridad, en septiembre de 2002. En esta sociedad también figuran como administradores un conocido empresario leonés, que inició su actividad con la venta de automóviles y que en la actualidad también participa activamente en el sector de la energía solar, y otro inversor lucense, Juan Antonio Martínez Dapena, ex presidente de la confederación empresarial de Lugo. Esta empresa comparte domicilio social con otras entidades mercantiles, como Inverfina Padre Isla o Inverfina Solar.

Aunque Rodocrosita aparece como una sociedad para la gestión y administración de acciones, con un capital actual de 3.600 euros, sus tres administradores solidarios, entre ellos Lasarte, también comparten su inclinación por las plantas fotovoltaicas e incluso llegan a ser ‘vecinos’ en distintos proyectos. Tan buena sociedad y rentable vecindad les permite además conformar, con la suma de sus distintos proyectos fotovoltaicos, parques solares que entregan a la gestión de otra entidad dedicada a instalaciones eléctricas 'Teydi' (Técnicas Eléctricas y Desarrollo Integral, sociedad limitada, domiciliada en Monforte de Lemos, Lugo).

No hay constancia de que Lupejate haya superado su aspecto mercantil formal y gestione alguna planta solar

Y como ejemplo de estas conciliadoras prácticas energéticas y societarias, basta el caso de Mota del Marqués. La licencia para la construcción del denominado 'Huerto solar Teydi Mota del Marqués 1MV' fue solicitada por el presidente de Teydi, Javier Mazaira, en representación de las empresas Teydi, Inserfi Lucense (de Martínez Dapena) y Galeno 1955 (de Lasarte), entre otras sociedades. También el nombre de Teydi, como huerto solar conjunto, aparece en las instalaciones fotovoltaicas que Lasarte, a través de Galeno 1955, promueve en Torrecilla de la Abadesa.

Martínez Dapena reconoce su vínculo con Lasarte en Rodocrosita y apunta que "no tiene otra finalidad que comprar suelo en Mansilla". "Creo que no se va a montar nada", y da por concluida la conversación.

El sueño de energético no sólo ha prendido en Lasarte, como destacado político leonés. De una forma infinitamente más tímida, Luis Aznar, director general de Protección Civil, también se ha atrevido a constituir junto con su esposa una sociedad limitada, Lupejate, cuyo domicilio social parece coincidir con la residencia del matrimonio en Sariegos y cuya finalidad también son las energías renovables.

No hay constancia de que Lupejate haya superado su aspecto mercantil formal y gestione en estos momentos alguna planta solar en el territorio de Castilla y León.

Sea como fuere la conquista del sol, puede dar cálidos beneficios o convertirse en el fallido sueño de Ícaro.

ELMUNDO.ES

lunes, 21 de julio de 2008

EL ALCALDE DE MUXÍA, CITADO A DECLARAR COMO IMPUTADO EN EL CASO DE LA AGENTE ELECTORAL

Los juzgados de Corcubión admiten a trámite la querella del PP.-
El PSdeG, "convencido" de que de la citación no derivará en "responsabilidad"


AGENCIAS - Santiago de Compostela

El Juzgado de Instrucción Número 1 de Corcubión (A Coruña) ha citado a declarar el próximo 6 de agosto como imputado al alcalde de Muxía, el socialista Félix Porto, tras admitir a trámite una querella del PP formulada por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y fraude en subvenciones por el caso de la supuesta agente electoral del PSdeG María Isabel Blanco. Así lo ha revelado en rueda de prensa el secretario general del PPdeG, Alfonso Rueda, quien ha informado de que el regidor ha sido citado a declarar con apercibimiento de que si no compareciese, el auto se transformaría en orden detención.

El dirigente popular ha señalado que esta actuación judicial es "la punta del iceberg", ya que pretenden que también acudan a declarar ante el juzgado el secretario de organización del PSdeG y consejero de Trabajo, Ricardo Varela; así como la responsable de emigración socialista, Marisol Soneira, y el de la Xunta, Manuel Luis Rodríguez. Según Rueda, a su partido no le quedó más remedio que llevar este caso a los tribunales, después de que la comisión de investigación creada en el Parlamento sobre la presunta agente electoral del PSOE no encontrase responsables del caso. A su juicio, dicha comisión se cerró "con conclusiones vergonzosas".

La investigación se abrió tras las denuncias de que una supuesta agente electoral viajó a Argentina en un vuelo pagado con fondos públicos para captar votos entre la emigración. El auto judicial facilitado por el PP, con fecha del 11 de julio, destaca que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delitos de fraude de subvenciones y malversación, por lo que admite a trámite la querella interpuesta por los populares. Por tanto, da instrucciones para incoar diligencias previas y cita a Félix Porto en calidad de imputado.

Unos "hechos gravísimos"

En la comisión creada en el Parlamento, la supuesta agente electoral había declarado que fue éste quien le encargó buscar votos en Argentina para las pasadas elecciones municipales. Rueda ha sostenido que su partido se propuso saber la verdad sobre unos "hechos gravísimos" sobre los que, ha subrayado, aportan pruebas" del uso de fondos públicos "en favor de un partido político". Pero el PSOE, con la "complicidad" del BNG, negó la presencia de testimonios que arrojasen luz sobre el asunto y pese a estos "obstáculos", salieron a la luz "irregularidades".

El PP, ha dicho, "no tuvo más remedio que ir a los tribunales". Rueda ha agregado que querían "saber lo que pasó" y ha destacado que ahora la justicia "actuó" y el juzgado de Corcubión decretó la imputación del alcalde de Muxía por un presunto delito de fraude subvenciones y malversación de caudales públicos. Félix Porto deberá personarse en el juzgado a las 11.30 del 6 de agosto en calidad de imputado y, según consta en el auto judicial, "si no comparece sin alegar causa" la citación de comparecencia "se transformará en orden de detención". Rueda ha agregado que el PSOE conoce el auto desde la pasada semana pero "no dijo absolutamente nada" y, en este caso, se mantiene "jugando a la ocultación", por lo que ahora que la justicia actuó, "se va a saber toda la verdad".

Por su parte, el viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Xaquín Fernández Leiceaga, se ha mostrado "convencido" de que "no derivará ninguna responsabilidad" de la citación a declarar al alcalde de Muxía. En un comunicado, Leiceaga destaca que el PSdeG siempre confía en la labor de la Justicia y considera que las actuaciones servirán para "comprobar que todas las afirmaciones y declaraciones que hizo el PP sobre este asunto son falsas". "Estamos firmemente convencidos de que la resolución de la causa no derivará en nada condenatorio", reitera el diputado socialista, que asegura que su formación no tiene nada que esconder sobre este asunto. Finalmente, apunta que las "únicas conclusiones" que sacó el PP en la reunión que mantuvo este fin de semana en Sanxenxo fueron "las del carroñerismo político cuando no tienen argumentos".

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ELPAÍS.COM

miércoles, 18 de junio de 2008

EL LADRILLAZO: LOS AYUNTAMIENTOS CON URBANISMO POLÉMICO









Rostros de algunos de los imputados en casos de corrupción urbanística (Archivo). (Imagen: Archivo)

La lista de ayuntamientos corruptos o sospechosos de cometer alguna irregularidad urbanística crece sin cesar.

Minuteca todo sobre:

* Ladrillazo

Actualizado a 13/04/09 - 14:00h

Cada día hay nuevos casos de ladrillazo, y ningún color ni formación política se salva del urbanismo desaforado, las recalifcaciones dudosas o las sombras en contratos y adjudicaciones.

A continuación, una lista por comunidades autónomas y provincias de los ayuntamientos que son sospechosos de participar del ya famoso ladrillazo.

Por comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla la Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra.

ANDALUCÍA

Almería

Níjar: El alcalde socialista, Joaquín García Fernández, firmó un convenio urbanístico con uno de sus ex concejales, José Cayuela Carrique, que le permitió casi cuadruplicar la edificabilidad de una urbanización en la zona de Agua Amarga, a cambio de la cesión de un terreno para zona verde, según una querella interpuesta por Ecologistas en Acción. Además, aunque el máximo de viviendas autorizadas era de 56, llegó a 90. El proyecto Marina de Agua Amarga, que ocupa 48 hectáreas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, en zonas con especial protección comunitaria, también está siendo investigado por la UE.

Zurgena: Concejales del Ayuntamiento de Zurgena (Almería) imputados como presuntos autores de delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, por conceder licencia de obras a 1.300 chalés en zonas no urbanizable.

Las irregularidades comenzaron hace ocho años, cuando fueron denunciados tanto por el Seprona como por los técnicos de la Consejería de Obras Públicas. En 2003, la Junta inició 11 expedientes para revisar las licencias concedidas por el Ayuntamiento.

La Fiscalía de Medio Ambiente solicitó al Juzgado de Huércal Overa que los concejales que gobiernan en el Ayuntamiento de Zurgena; 5 del PA, 4 del PSOE y uno del PP, presten declaración en calidad de imputados por delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.

Garrucha: El alcalde socialista, Andrés Segura, firmó un convenio con la empresa Promociones e Inversiones Hermanos Muñoz Fernández mediante el cual ésta se compromete a pagar al Consistorio 2,6 millones de euros para legalizar 28 viviendas construidas ilegalmente en el municipio. El PP denuncia, además, que los 2,6 millones pactado no es la totalidad de los beneficios percibidos.

Roquetas: El alcalde de Roquetas del Mar y presidente del PP en Almería, Gabriel Amar, recalificó en 1997 como urbanizable un terreno propiedad de una empresa participada por su esposa, un cuñado y dos socios suyos. La venta posterior de los terrenos reportó unos beneficios a esa sociedad de más de dos millones de euros.

Cádiz

Rota: Antonio Peña, concejal de urbanismo, del PP, está imputado por prevaricación.

Córdoba

Córdoba: Ecologistas en Acción denunció la construcción de dos urbanizaciones en la llamada Carrera del Caballo a cargo de la empresa constructora Arenal 2000. Las edificaciones se llevaron por delante 100 encinas, pero una sentencia judicial obliga al empresario Rafael Gómeza reponerlas.

Gómez, imputado también en el caso Malaya, ha sido denunciado por los Verdes al construir sin licencia varias naves industriales en las proximidades del complejo de Medina Azahara. El Ayuntamiento (IU) ha interpuesto una multa de 30 millones de euros, pero la administración autonómica ha recurrido el acuerdo del pleno municipal y ha llevado el caso a los tribunales.

Además, en el complejo de Medina Azahara, se han edificado 300 viviendas en parcelas ilegales. IU y PP han optado por proponer un plan de saneamiento (agua, alcantarillado), pero la Junta de Andalucía pretende exige la demolición de seis edificios especialmente polémicos.

En los Baños de Popea, una decisión judicial obliga a un promotor a reponer un encinar talado para construir 223 chalés de lujo.

Granada

Alhendín: El concejal de urbanismo, del Partido Popular, ha dimitido tras quedar en libertad condicional por cinco delitos. El PP de esa localidad mantiene abierta una investigación sobre la tramitación del polígono industrial de Marchalhendín, supuestamente fraudulenta, según el PSOE.

Armilla: El vicepresidente de la Diputación de Granada y concejal de Urbanismo de Armilla (Granada), Gabriel Cañavate (PSOE), dimitió tras una polémica sobre su patrimonio y la investigación de la Fiscalía por presuntas ilegalidades en un centro comercial de la localidad.

Ogíjares: José Luis del Ojo, el diputado nacional y ya ex concejal de Urbanismo en el municipio granadino de Ogíjares, entregó el pasado martes (17 octubre) su acta de edil. Renunció a su cargo en ese ayuntamiento ante las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras en el municipio de las que se le acusa. IU pide su cabeza en el Congreso de los Diputados y el PSOE llevó estas supuestas irregularidades a la fiscalía.

Almuñécar: Juan Luis González Montoro (ex alcalde de Almuñécar, actual concejal en ese ayuntamiento y diputado nacional) está imputado en un proceso judicial por supuestos pagos irregulares en su etapa de alcalde para intentar beneficiar a su partido (PP) en la campaña electoral.

Fernando Callejón (concejal de Almuñécar) está imputado por un supuesto delito de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y falsedad documental en relación a una presunta factura falsa por importe de 12.000 euros. El PSOE ha exigido al PP de Granada que los cese a ambos de sus cargos.

El actual alcalde, el independiente Juan Carlos Benavides, está acusado por la Junta de Andalucía de Delito Urbanístico.

Granada: El Ayuntamiento ha abierto dos expedientes disciplinarios contra construcciones en La Vega. Ambas se realizan sobre suelo no urbanizable.

Huelva

El Granado: Este pueblo de 600 habitantes planeaba construir unos 2.674 chalés en 454 hectáreas de terreno protegido, según denunciaban los ecologistas. El alcalde Juan Manuel Burga (PSOE), afirmaba que el proyecto es bueno para el pueblo. Incluía un hotel de 1.800 plazas y y un campo de golf. Pero la Junta Andaluza vetará el proyecto.

Matalascañas: Vecinos y propietarios del municipio denuncian que el PGOU perjudica gravemente el Parque de Doñana. El alcalde, Francisco Bella (PSOE), invitó a los vecinos a coelaborar el Plan de Ordenación, pero después fue incluyendo modificaciones con las que los vecinos no estaban de acuerdo. Los terrenos que amplía el PGOU, que se pensaban destinar a usos hoteleros o industriales, tienen graves deficiencias en cuanto a la infraestructura hídrica.

Jaén

Alhendín: El PSOE tiene previsto denunciar las presuntas irregularidades urbanísticas del Gobierno local del municipio, del PP, como la urbanización ilegal de un polígono industrial o el intento de convertir unos terrenos públicos donde se emplaza el colegio de la localidad en suelo libre.

Málaga

Alhaurín El Grande: A pocos kilómetros de Marbella y de Estepona, en Alhaurín El Grande, tuvo lugar la 'Operación Troya', por la que en enero de 2007 fueron detenidos el alcalde Juan Martín Serón y otras personas, principalmente empresarios, por supuestos delitos relacionados con asuntos urbanísticos.

Benalmádena: El alcalde de independiente de esta localidad, Enrique Bolín, está acusado por dar licencias ilegales.

Cártama: La Fiscalía de Málaga pide siete años de prisión y una multa de 250.000 euros al encargado municipal del Ayuntamiento de Cártama del servicio de supervisión, control y vigilancia de las zonas rurales del pueblo quien, en sólo dos meses, exigió más de 120.000 euros en presuntos sobornos a diversos propietarios de viviendas irregulares o ilegales.

Cuevas del Becerro: los ciudadanos se hicieron escuchar yendo a la huelga para protestar contra un macroproyecto urbanístico ubicado en el encinar "mejor conservado de la provincia" y perteneciente a la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves.

Estepona: El alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), ha tenido que dar marcha atrás a un convenio urbanístico para aumentar la edificabilidad del campo Atalaya Golf para construir 135 viviendas, en una operación vinculada a Emilio Rodríguez Bugallo, imputado en la Operación Malaya. Barrientos ya ha tenido que rectificar en varias ocasiones por operaciones sospechosas. Ahora de nuevo la Policía le investiga por supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de licencias de obras.

- Un total de 25 personas, incluido el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE), fueron detenidas en junio de 2008 en el marco de una operación policial contra la corrupción policial en esta localidad.

Marbella: Hasta 40 cargos municipales están imputados en diferentes causas de corrupción urbanística, entre ellos Juan Antonio Roca, cerebro de la red desarticulada por la Operación Malaya.

Manilva: La Policía detuvo el año pasado al entonces alcalde, Pedro Tirado (independiente), y a su cuñado, Francisco Calle, por presunta corrupción urbanística ligada a operaciones de blanqueo de dinero relacionadas con el narcotráfico. El precio de un terreno de 1,3 millones de metros cuadrados pasó de 12 millones de euros a 160 tras una recalificación.

Tolox: La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga interpueso en mayo una denuncia contra el alcalde de Tolox, Juan Vera (Partido Andalucista), que ahora ha ampliado. Varias promociones urbanísticas aprobadas por el alcalde podrían estar en suelo no urbanizable. La primera denuncia hacía referencia a 15 promociones (unas 2.000 viviendas), y la segunda amplía la denuncia a otras 9 presuntamente irregulares, por tener licencia de obra "concedida por el alcalde" en suelo no urbanizable.

Sevilla

Castilblanco de los Arroyos: La Fiscalía ha admitido a trámite la querella contra el Ayuntamiento presentada por la asociación de propietarios de la 'urbanización Sierra Norte'. La asociación denuncia parcelación irregular, una construcción carente de toda regulación y licencia, que se autorizó cuando todavía no se contaba con un proyecto de urbanización.

Camas:El alcalde de la localidad sevillana de Camas, Agustín Pavón (IU) está imputado por tratar de sobornar a una edil para que votara a favor de unas recalificaciones. El concejal del PP Antonio Enrique Fraile ha sido expulsado del partido tras ser imputado en ese soborno. En este mismo caso también han sido imputados los concejales del Partido Andalucista, José del Castillo, y el empresario Eugenio Gaviño.

Bormujos:El empresario Eusebio Gaviño (imputado en el caso anterior y primo del alcalde actual, Baldomero Gaviño), supuestamente influyó en algunos ediles para que votaran a favor de la moción de censura que en enero de 2005 devolvió la Alcaldía a Baldomero Gaviño (independiente), arrebatándosela al PSOE.
El magistrado que investiga el caso es el mismo que el de Camas y ha tomado declaración a testigos e implicados.

Burguillos: El PP denunció al Ayuntamiento de la localidad (su alcalde es José Juan López, del PSOE) de aprobar una serie de recalificaciones que pudieron beneficiar a ediles y cargos del PSOE. Un juez archivó el 2 de noviembre el caso por considerar que no existían indicios que lo probaran.

La Algaba:José Luis Vega (IU), está imputado en un supuesto delito contra la ordenación del territorio y otro supuesto delito de falsedad en documento en la reparcelación de la zona conocida como Marina de la Algaba, junto al río Guadalquivir.

Guillena:Justo Padilla (PSOE) está imputado en un presunto delito contra la ordenación del territorio por permitir construir una serie de naves industriales en un suelo reservado para zona verde y suelo no urbano, junto al polígono industrial El Cerro.

Espartinas:el PA denunció al Gobierno local (PP) por un presunto delito de prevaricación, delito urbanístico y delito societario. Según la denuncia, el alcalde, Domingo Salado, y el concejal de Urbanismo, Javier Jiménez, habrían actuado de intermediarios al servicio de una promotora en la recalificación de una finca de la familia Guardiola (muy conocida en Sevilla).

ARAGÓN

Zaragoza

La Muela: El Gobierno de Aragón ha decidido recurrir ante los tribunales un plan para edificar 2.340 viviendas, que forman parte de un proyecto aún mayor que ha quedado paralizado.

El sector impugnado forma parte de una inmensa urbanización con campo de golf proyectada por la inmobiliaria Wilcox. El proyecto prevé viviendas para 30.000 habitantes, con un gran centro comercial. Sin embargo, el plan no iba acompañado de dotaciones de servicios (hospitales y colegios).
Fue aprobado bajo el amparo de la alcaldesa María Victoria Pinilla, del Partido Aragonés (PAR).

BALEARES

Andratx: El alcalde del municipio, el popular Eugenio Hidalgo, el director de Ordenación del Territorio del Govern, Jaume Massot, y a un funcionario celador de obras, Jaume Gibert, así como otras tres personas, fueron detenidas entre los días 27 y 28 noviembre por corrupción urbanística. Un juez de la localidad les imputa a los tres primeros delitos contra la ordenación del territorio, falsedad y prevaricación urbanística, cohecho, asociación ilícita y blanqueo de capitales, entre otros.

Santa Margalida: El alcalde de Santa Margalida (Mallorca), Antoni del Olmo, del PP, se vio obligado a renunciar a su cargo al tener abierta la Fiscalía de Baleares una investigación sobre una presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento.

CANARIAS

Telde: El 'caso Faycán' se conoció a raíz de que una empresaria de Telde denunciara, en julio de 2005, que la Concejalía de Obras Públicas y Contratación del Ayuntamiento, que dirigía María Antonia Torres, le exigió el pago de una comisión del 20% del presupuesto de la obra a cuya adjudicación aspiraba. Desde entonces han sido detenidas más de 25 personas, entre ellas el alcalde y media corporación municipal, el responsable del PP en Telde, y más tarde su sucesor en el cargo. Según algunas informaciones, el dinero de las comisiones podría haber ido a parar al PP.

Caso Parques Eólicos: Celso Perdomo, ex director de Industria de Canarias (PP), está imputado en el caso Parques Eólicos.

Mogán: En enero de 2007 fue detenido y puesto en libertad bajo fianza el alcalde de Mogán, José Francisco González (PP), por su relación en un caso de corrupción urbanística.

Las Palmas: El TSJC citó a declarar como imputados por una supuesta prevaricación a la ex alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Josefa Luzardo, y al ex edil de Urbanismo, Felipe Afonso El Jaber, ambos del PP, en relación al Plan Especial de Ordenación del Canódromo.

La Oliva: El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha presentado una denuncia contra el ex alcalde de La Oliva y el presidente del PP de Fuerteventura, Domingo González, por delitos de ordenación del territorio y desobediencia continuada.

Tenerife: El empresario Ignacio Manuel González Martín que se embolsó casi 110 millones "sin invertir un euro propio" tras varias irregularidades del Ayuntamiento de la ciudad, que permitió la compra del terreno playero Las Teresitas por un tercio de su valor.

Santa Lucía: El alcalde de la localidad grancanaria de Santa Lucía de Tirajana, Silverio Matos Pérez, ha sumado una nueva imputación por uso de información privilegiada, que se suma a la de prevaricación que ya pesaba sobre él, después de declarar hoy en el Juzgado de Instrucción Nº 4 de San Bartolomé de Tirajana.

CANTABRIA

Arnuero: Una sentencia del Tribunal Superior exige la demolición de la urbanización El Encinar, construida sobre suelo no urbano, según denunció el grupo ecologista Arca (Asoc. para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria). Quien era alcalde cuando se empezó a construir la urbanización, José Luis Rey Villa (Unión para el Progreso de Cantabria), fue condenado a 14 años de inhabilitación por otro caso urbanístico. Se rumorea que podría presentarse a las próximas elecciones porque cumple su condena de inhabilitación.

Ribamontán al Monte: El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santander investiga la construcción de tres casas en un terreno rústico.

Lo más curioso de este caso es que los dueños de las viviendas son la mujer del presidente de la asociación ecologista Arca, Gonzalo Canales.

CASTILLA Y LA MANCHA

Albacete

Hellín: Ecologistas en Acción denunció ante la Fiscalía Anticorrupción, a la Junta de Castilla-La Mancha y al Ayuntamiento de Hellín por autorizar, según ellos ilegalmente, el proyecto urbanístico de Las Higuericas, en un caso que se viene arrastrando desde 2003. El lugar elegido para construir una urbanización ha sido un lugar propuesto por la Junta como Lugar de Interés Comunitario (LIC). El PP lo calificó de "pelotazo urbanístico". Ahora también hay acusaciones de queel lugar se encuentra en una Zona Especial de Protección de las Aves (ZEPA). La organización ecologista dice que al empresa Cleyton Ges compró el apoyo municipal con 150.000 euros, y denunció el proyecto ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y ante el Defensor del Pueblo.

Ciudad Real

Argamasilla de Alba: IU denunció ayer un Proyecto de Actuación Urbanística que prevé la construcción de 900 chalets de lujo y dos campos de golf que necesitarían de un abastecimiento de agua equivalente al consumo de 220 campos de fútbol.

Esta construcción aportaría al Ayuntamiento 7 millones de euros por la recalificación del suelo.

Toledo

Seseña: Investigan la recalificación de los terrenos sobre los que que contruye Francisco Hernando (Paco 'el Pocero'). El alcalde del municipio toledano, de IU, denunció presiones del PP y el PSOE para aprobar el proyecto. Tras iniciar diligencias informativas contra las más de 13.000 viviendas de Hernando, el alcalde, Manuel Fuentes, fue denunciado y llamado a declarar por calumnias por 'el Pocero'. El promotor tenía empleados a varios concejales del PSOE, que dieron el visto bueno, cuando formaban parte de la anterior corporación, a las obras de 'el Pocero'. El Ayuntamiento paralizó este proyecto de 1,6 millones de metros, pese a la recusación del alcalde que intentó 'el Pocero'. En este pleno, los concejales del PP se abstuvieron y los del PSOE votaron a favor. El PP suspendió de militancia a sus ediles por su relación con el constructor. También un segundo megaproyecto de 'Paco el Pocero': un polígono industrial de 1,2 millones de metros. El PP suspendió de militancia a sus ediles por su relación con el constructor, mientras que Hernando organizó una manifestación de 1.000 trabajadores para pedir al alcalde las licencias necesarias.

Portillo: El Juzgado de lo Penal número 1 de Toledo ha condenado al alcalde de Portillo (Toledo), Luis Gómez (PP), al pago de una multa de 3.600 euros y a ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, por un delito contra la ordenación del territorio, tras aprobar un Plan de Actuación Urbanizadora (PAU) en julio de 2005, a sabiendas de que estaban adoptando una resolución ilegal.

CASTILLA Y LEÓN

Ávila

La Cañada: La Asociación de Vecinos de la Cañada han presentado una demanda contra la construcción de 59 chalés en un monte de utilidad pública por el que discurren las canalizaciones de aguas fecales. La urbanización no cuenta con servicios municipales. La asociación responsabiliza al ex alcalde, Andrés Sáez, del PSOE.

Hoyos del Espino: La asociación de vecinos de Hoyo del Espino y el PSOE han acusado al alcalde de la localidad, Antonio Veneros, de construir en zonas no urbanizables, junto al Parque de Gredos y sin licencia.

Navas del Marqués: El ayuntamiento de las Navas del Marqués dio permiso para talar un pinar para construir un complejo de golf y chalés. Se trata de una zona crítica para la cigüeña negra.

Navahondilla: pueblo con problemas de agua, quieren construir otro campo de golf y 1.150 chalés.

Burgos

Arlanzón: Construirán una gran urbanización de 640 chalés, un hotel, campo de golf y campo de tiro en 220 hectáreas de suelo público, de las cuales 76 están protegidas como monte público y como Lugar de Interés de la UE. Unos seis informes técnicos se opusieron a la construcción, pero ni la Diputación de Burgos, del PP, ni la Consejería de Medio Ambiente lo han detenido. La primera, de hecho, ya lo asignó a cinco constructoras. Las zonas del campo de golf son un robledal protegido "clasificado como suelo rústico de protección natural" según un informe.

Salamanca

Salamanca: El PSOE acusa al Ayuntamiento de haber recalificado unos terrenos protegidos en favor de la familia del consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP).

Valladolid

Arroyo de la Encomienda: El PSOE denuncia un pelotazo urbanístico , que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid. La trama relaciona al alcalde de la localidad, José Manuel Méndez, y al una promotora gallega. El alcalde firmó con la representante de la promotora Mahia, María Iluminada Miguel, el cambio de uso de suelo industrial a suelo residencial para edificar 3.410 viviendas en 335.000 metros cuadrados en el sector nueve del Plan de Ordenación Urbana aprobado en 2003.

Además, la Audiencia de Valladolid investiga la recalificación de 33,5 hectáreas industriales, en el denominado SAU-9, para permitir la construcción de 2.984 viviendas.

El cambio fue solicitado por la constructora Mahía, propietaria de los terrenos, y se materializó en un convenio urbanístico firmado por el alcalde con la representante de Mahía, María Iluminada Miguel.

Se da la circunstancia de que María Iluminada estuvo contratada por el alcalde en una empresa privada y es hija del concejal del Ayuntamiento de Valladolid y diputado provincial Dionisio Miguel Recio (PP). Además, Recio fue vocal de la empresa municipal de suelo de Arroyo (Emuva).

Por otro lado, el concejal de Obras de Arroyo de la Encomienda, Francisco Javier Cruz, ha sido sancionado por la Junta de Castilla y León porque dos de sus cinco viviendas eran de protección oficial.

Villalba de los Alcores: Es un pequeño pueblo de no más de 500 habitantes, a 30 k. de Valladolid. En un referéndum popular, los ciudadanos mostraron su rechazo a los planes de la empresa Desarrollos Naturales Siglo XXI de construir un hotel de cinco estrellas, campo de golf y equitación y coto de caza mayor en sus terrenos. El proyecto tenía el visto bueno de la corporación municipal (PSOE), aunque la presión popular obligó al alcalde, Emiliano Rico, a someterlo a consulta para que no se asociara con los actuales casos de corrupción.

COMUNIDAD VALENCIANA

Alicante

Albatera: El juez está investigando a la constructora San José, Inversiones y Proyectos Urbanísticos, S.A, a la que acusa de un presunto delito contra la ordenación del territorio. Un informe elaborado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil considera que el alcalde, que es a su vez el responsable comarcal del PSOE en la Vega Baja, pudo obrar en connivencia con el promotor, Francisco García Gelardo.

Alicante: El juez ha imputado al alcalde, Luis Díaz Alperi (PP), y dos concejales por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y adjudicaciones irregulares. Además, los socialistas acusan al alcalde de aprobar en 2003 la revisión de un plan parcial en una zona en expansión para "calzar un centro privado en forma de concesión administrativa encubierta, en el único solar municipal reservado para hacer un colegio público".

Orihuela: El fiscal anticorrupción está investigando al alcalde de Orihuela, el popular José Manuel Medina, los concejales Mónica Lorente, José Antonio Rodríguez Barberá, Antonio Franco, y Eva Ortiz, más la ex edil Encarna Galiano, ahora asesora. El alcalde de Orihuela no ha dimitido, pero ha renunciado a ir en las listas de 2007 tras reconocer ante un juez favores (préstamo de un coche de lujo y de un chalé) que le hizo un promotor beneficiado con adjudicaciones municipales.

Parcent: el Tribunal Superior de la Comunidad ha paralizado las obras de 1.500 viviendas, sentencia que la alcaldesa (PP) va a recurrir. Parcent tiene 900 habitantes y los propietarios anuncian más protestas por el urbanismo municipal.

Torrevieja: El alcalde Pedro Hernández, del PP, estuvo imputado por la venta millonaria de un solar de su propiedad. Pero se archivaron provisionalmente las actuaciones judiciales contra el alcalde, y otros dos concejales del consistorio municipal, Pascual Ortiz y José Antonio Sánchez, acusados de prevaricación. A todos ellos se les imputaba el delito continuado de corrupción por solicitar créditos con los que pagar obras y servicios que no tenían presupuestados.

Valencia

Cullera: El Ayuntamiento ha aprobado la última modificación necesaria para que el Consell autorice el polémico megaproyecto de 610.000 metros cuadrados para más de 20.000 personas, que duplicará la cantidad de población de la localidad. El conocido como 'Manhattan de Cullera' cuenta con dos informes desfavorables de la Demarcación de Carreteras del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, y de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Incluirá la construcción de 33 torres de 25 alturas, dos de 40, varios edificios menores, y un puerto deportivo. Ha sido impulsado por Instituto Valenciano de la Vivienda. Un informe señala que no hay abastecimiento suficiente de agua en la zona. La delegación del Gobierno en Valencia ha llevado el proyecto a los Tribunales.

Paiporta: El PP ha interpuesto una querella criminal contra el alcalde de la localidad, Bartolomé Bas Tarazona, del PSPV, por presuntas irregularidades relacionados con la obra del Auditorio Nacional, cuyo presupuesto se ha visto triplicado respecto al aprobado inicialmente. Se le acusa de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación.

Riba-roja: Operación ligada a la de Mestalla. Juan Soler, presidente y accionista mayoritario del Valencia CF, compró por 36 millones de euros unas parcelas que en 2005 vendió en 168 millones. Un directivo del club ligado a la empresa compradora fue el mediador en la operación. Allí, el club hará su ciudad deportiva y se elaboró un Programa de Actuación Integrada (PAI) que contempla la construcción de 2.700 viviendas en 1,6 millones de metros cuadrados de suelo agrícola. Este PAI se forjó con un acuerdo entre Soler, el anterior consejero de Territorio, Rafael Blasco (PP), y el alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona (PP). Familiares del alcalde han comprado muchos metros cuadrados de las polémicas parcelas, y el PSOE se ha querellado contra ellos por delitos varios.

Sueca: El alcalde del municipio, Salvador Gil, del PSOE, está imputado por tres presuntos delitos de prevaricación, contra el medio ambiente y contra la ordenación territorial. También están imputados el arquitecto municipal y otro arquitecdto, socio del despacho particular del alcalde. El PP denunció a Gil por autorizar la construcción de 25 viviendas en terrenos pertenecientes al Parque Natural de la Albuefera. El permiso fue concedido a un promotor que había contratado, con ese fin, los servicios del despacho particular del alcalde.

Valencia: La oposición en el Ayuntamiento (gobernado por el PP) y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia denunciaron como ilegal ante la Justicia el plan del Valencia CF y su presidente, Juan Soler -apoyado por la alcaldesa, Ritá Barberá y los ediles populares -, para derrumbar el estadio de Mestalla, recalificar su solar, y construir allí 750 viviendasy un gran área comercial, así como la privatización de una parcela pública para construir el nuevo campo del club. La operación le haría ganar al club unos 100 millones de euros.

-Entre 1996 y 2001, la administración popular del Ayuntamientos recalificcó y cedió siete parcelas escolares (29.532 metros cuadrados). Esto recortó un 12% el total de 269.909 metros cuadrados de reserva escolar.

-Congelada desde 1997 la parcela de 12.500 metros cuadrados reservados para la contrucción de una escuela pública en la Avenida de francia.
-Cesión de 3.233 metros cuadrado de suelo escolar recalificado a la Iglesia de los Mártires.
-Recalificación de 6.766 metros cuadrados de suelo escolar público en favor de la academia privada Marni.

GALICIA

A Coruña

Oleiros: La Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza ha denunciado a Ángel García Seoane, alcalde por un partido independiente, por la presunta compra de fincas que posteriormente eran recalificadas desde su propio ayuntamiento aumentando así de valor.

El alcalde ha admitido que tiene tres casas y 13 fincas con más de 25.000 metros cuadrados, pero insiste en su inocencia dice que está limpio. Todas estas propiedades, salvo una que heredó, las tiene desde su llegada al Ayuntamiento. La investigación sigue abierta.

Porto do Son: La fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia investiga la presunta compra de fincas por parte del edil socialista Manuel Vázquez que después eran recalificadas.

El fiscal sostiene que el concejal compró al menos cuatro fincas entre 2000 y 2006, declaradas no urbanizables, con la pretensión de recalificarlas para incrementar su valor. La investigación sigue abierta.

Pontevedra

Tui: La Xunta suspendió el Plan general de Urbanismo del municipio en diciembre de 2005. Este mes se inició el juicio por prevaricación en el juzgado de lo penal número 2 de Pontevedra contra el alcalde, Feliciano Fernández Rocha.

La actuación está relacionada con un desmesurado incremento de la edificabilidad y las alturas en el municipio, la falta de respeto por los bienes patrimoniales, la recalificación de suelo rústico y la concesión de licencias irregulares.

Gondomar: La Fiscalía ha presentado una querella por prevaricación contra el alcalde, Carlos Silva Mariño (PP), que concedió al menos 300 licencias y permisos de obra irregulares.

Nigrán: El Plan General de Urbanismo incorporaba numerosas recalificaciones de suelo rústico, sobre todo en áreas cercanas a la costa y en concreto en el Monte de Monteferro, zona de protección ambiental que se encuentra sobre el mar.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha presentado una denuncia penal contra el alcalde, Alfredo Rodríguez (PP), y cinco ediles más por un supuesto delito de tráfico de influencias, pese a que el alcalde retiró el Plan General ante las airadas protestas de los vecinos , que irrumpieron en el plen0. Podrían estar implicados altos cargos del PP y empresarios como el presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño. Ha dimitido Aurora Carbajal, concejala en el Ayuntamiento.

LA RIOJA

Lardero: El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha obligado a demoler parcialmente un bloque de 43 viviendas de cuya constructora el alcalde del municipio (del PP) es accionista. El PSOE asegura que el actual Plan General Municipal recalifica el doble del actual suelo considerado urbano.

Santurde: El también popular alcalde de Santurde está siendo juzgado por una recalificación a su favor de 7 millones de euros.

MADRID

Madrid: Diecisiete detenidos en la "Operación Guateque", que desmanteló una red de funcionarios municipales que cobraban comisiones ilegales a cambio de agilizar la concesiones de licencias o retrasar expedientes sancionadores en locales.

Seis de las personas implicadas en esta supuesta red de cobro de comisiones ilegales, entre ellos Victoriano Ceballos, jefe de División de Impacto y Análisis Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente, permanecen en prisión por delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y falsedad. Un total de 35 personas son investigadas por el juez, entre las que figuran los 17 funcionarios detenidos, otros empleados municipales y varios empresarios.

Brunete: El director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto (PP), dimitió después de que el PSOE le acusara de tener intereses personales en el desarrollo del Plan General de Urbanismo de Brunete (Madrid).

Bustarviejo: Julio De Mateo, el alcalde indepiende de esta localidad, está acusado de permitir la construcción de 400 chalés en suelo protegido.

Ciempozuelos: Otro caso que cobró notoriedad fue el que afectó a Pedro Torrejón y Joaquín Tejeiro, ex alcaldes del PSOE de Ciempozuelos (Madrid), quienes están en libertad bajo fianza por el supuesto cobro de comisiones para la recalificación de unos terrenos y por haber ingresado elevadas sumas de dinero en un banco de Andorra.

Colmenarejo: El Tribunal Supremo ha condenado a Julio García Elvira, ex alcalde por el PP, por adjudicarse una finca municipal en subasta pública mientras ejercía el cargo.

Quijorna: La recalificación de todo un corredor de cinco kilómetros de largo entre el pueblo y la M-501 con suelo para edificar al menos 10.000 viviendas, ha puesto a la alcaldesa, Mercedes García, del PP, y a su equipo en solfa.

Ciempozuelos: El alcalde socialista de Ciempozuelos (Madrid), Pedro Torrejón, fue obligado a dimitir al saberse que ingresó 800.000 euros en Andorra y que planeó una gran recalificación de terrenos. Un juzgado de Valdemoro abrió diligencias contra él y contra el ex edil, Joaquín Tejeiro (PSOE). Un juez ordenó el día 3 de noviembre prisión para ambos, eludible bajo fianza.

Torrelodones: El Alcalde Carlos Galbeño, del PP, está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción tras una recalificación de terreno y una expropiación para construir un aparcamiento, así como por cobros ilegales a empresarios.

Dos concejales del PP en ese municipio, Jesús María Pacios y Reyes Tintó han denunciado la actuación de Galbeño y por ello fueron destituidos.

Tanto Galbeño como el presidente del PP de Torrelodones, y diputado nacional, Mario Mingo, se querellarán contra los ex concejales de su propio partido, según informa El Mundo.

Tres Cantos: Unas grabaciones de el ex concejal del PP, Antonio Reino Cortés - aparecidas en el diario El País - desvelaban la supuesta existencia de comisiones millonarias ante la aprobación por el municipio del Plan Urbanístico de la localidad en 2004.

Villanueva de la Cañada: El alcalde, Luis Partida (PP), ordenó en 1997 la compra de una finca de los constructires Francisco Bravo y Francisco Bravos Vázquez, que apoyaron al 'tránsfuga' Eduardo Tamayo cuando en 2003 impidió la formación de un gobierno del PSOE en Madrid junto a María Teresa Sáez. Los constructores compraron la parcela en 268.674 euros, y meses después, el ayuntamiento en 963.349 euros. Los Bravo recibieron a cambio suelo municipal tasado en 965.899 euros, que vendieron en tres meses por 2,5 millones, según El País.

Navalcarnero: El edil de Urbanismo de la localidad, Miguel Ángel Fernández Colomo tiene terrenos e intereses en 10 de los 22 sectores en los que está dividido el municipio, gobernado por el PP, y acumula posesiones de 31.987 metros. Su familia tiene un total de 286.994 metros cuadrados, y a través de sociedades, el padre acumula hasta 175 propiedades en la localidad, según El Mundo.

Níjar: Según denuncia ABC, el alcalde socialista de Níjar, Joaquín García, permitió a un ex concejal construir cuatro veces más de lo permitido.

MURCIA

Totana: La Guardia Civil detuvo a seis personas relacionadas con una presunta trama de corrupción urbanística. Dos de ellos fueron detenidos en Murcia, uno en Totana, dos en Pontevedra y otro en Madrid. Hay otras dos personas imputadas en Murcia, que no fueron detenidas. La operación está relacionada con la recalificación de 2, 2 millones de metros cuadrados (m2) de terreno rústico donde el grupo vigués Nuaria tenía previsto hacer 5.000 casas, un campo de golf y dos hoteles con spa.

Además, la Guardia Civil detuvo al alcalde de la localidad, José Martínez Andreo (PP), al jefe de la Policía local, a la secretaria del Ayuntamiento y a un empresario hostelero de la localidad, dueño del hotel Olimpia y promotor, por posibles delitos urbanísticos.

Los Alcázares: El ex alcalde de Los Alcázares, Juan Escudero (PSOE) está en libertad bajo fianza al igual que el ex secretario municipal Diego Sánchez Gómez y el arquitecto municipal Mariano Ayuso por su implicación en un delito urbanístico.

Águilas: El fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, investiga al Gobierno murciano (PP) por la recalificación de una finca en Águilas situada en una zona protegida y en la que está previsto construir unas 4.100 viviendas y un campo de golf.

El propietario del grupo Hispania, Trinitario Casanova Abadía, podría haber ganado 75 millones de euros con el cambio de uso. La recalificación fue aprobada por la Consejería de Medio Ambiente y la de Obras Públicas, cuyo titular es amigo del promotor, según informa El País.

Cartagena: El fiscal ha abierto diligencias informativas por la edificación de 5.300 plazas viviendas y 3.000 plazas hoteleras. Los ecologistas han reclamado por vía administrativa y denuncian a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, y al el ex consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, por permitir que se dañe el Espacio Natural Protegido del Saladar de lo Poyo.

Además, en Cartagena, la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) ha presentado un contencioso administrativo por la construcción de 10.000 viviendas y un campo de golf en Espacio Protegido.

Mazarrón: La Justicia investiga el pago de 33.000 euros por parte del alcalde, Francisco Blaya (PP), al concejal Domingo Valera (Partido Independiente por Mazarrón -PIXM), cuyos tres concejales permitieron la recalificación de más de 41 millones de metros cuadros de suelo rústico, que será urbanizable, y donde se planean construir 43.000 viviendas. Las tres principales empresas beneficiadas: Polaris World, Euromarina, e Iniciativas Urbanísticas de Mazarrón.

Torre Pacheco: El alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, detenido por presunta corrupción urbanística y el juez ha decretado su ingreso en prisión comunicada y sin fianza. El pasado 31 de marzo fue detenido por el mismo caso el arquitecto técnico de Torre Pacheco, Ramón Cabrera, que está ahora en prisión.

San Javier: El gobierno autonómico es responsable de la construcción de un puerto deportivo de 1.000 amarres que supone un importe de 6.000 millones de pesetas. Están en marcha dos contenciosos administrativo presentados por el Ministerio de Medio Ambiente, ANSE y Greenpeace contra el Gobierno Regional, por actuar en Dominio Público Terrestre. El juez ha paralizado de forma cautelar el proyecto mientras dura el proceso.

También en San Javier el PSRM-PSOE ha presentado una querella contra el alcalde de la localidad, José Hernández, del PP, por las presuntas relaciones mercantiles del primer edil con las principales promotores que construyen en el municipio.

Los Alcázares: El ex alcalde de Los Alcázares, Juan Escudero (PSOE) está en libertad bajo fianza al igual que el ex secretario municipal Diego Sánchez Gómez y el arquitecto municipal Mariano Ayuso por su implicación en un delito urbanístico. El procedimiento se abrió a raíz de unas querellas presentadas por el PP en 2005, en las que se denunciaba la existencia de empresas vinculadas a algunos de los detenidos y que podrían haber acumulado un importante patrimonio de forma fraudulenta.o.

NAVARRA

Egüés: El ex alcalde Ignacio Galipienzo, de Unión del Pueblo Navarro (UPN), dimitió a finales de 2003 por el escándalo de un cobro de comisiones por vender a Construcciones Flores una parcela en Gorraiz que era de uso escolar y en la que la constructora quería erigir un hotel. En noviembre, el juez encargado del caso dio por cerrada la instrucción y atribuyó a Galipienzo un delito de cohecho y seis de revaricacion, e imputó a otras nueve personas.

Cada día hay nuevos casos de ladrillazo, y ningún color ni formación política se salva del urbanismo desaforado, las recalifcaciones dudosas o las sombras en contratos y adjudicaciones.

* Consulta por separado los casos del PSOE, IU, PP y otros partidos

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