domingo, 13 de febrero de 2011

"CASO PALMA ARENA"; EL FISCAL CALIFICA DE "MONTAJE" EL CONTRATO DE MATAS CON CALATRAVA PARA LA ÓPERA DE PALMA

ANDREU MANRESA - Palma de Mallorca

La Fiscalía Anticorrupción ha acusado al ex presidente popular de Baleares Jaume Matas de actuar por "interés exclusivamente personal y partidista", para favorecer en 2007 su candidatura al Gobierno autónomo, al amañar la contratación por 1,2 millones de euros del arquitecto Santiago Calatrava para idear y presentar una maqueta de una Ópera en la bahía de Palma. Matas se halla imputado por nueve supuestos delitos de corrupción en el caso Palma Arena y evitó en marzo de 2010 ingresar en prisión al depositar una fianza de tres millones.

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach, en su escrito de acusación, en el que pide que se imponga a Matas una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones, ve "acreditados claramente" los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude, tras dos años de investigación. El juez José Castro decidirá en los próximos días si impone a Matas la fianza solicitada por la fiscalía.

"Absolutamente todo el expediente de contratación [de Calatrava] no es más que un montaje", asegura el fiscal en su escrito, firmado también por la letrada María Ángeles Berrocal, de la Abogacía de la Comunidad balear, que ejerce la acusación. Matas y su mano derecha, el ex consejero de Educación y diputado del PP Francisco Fiol, son acusados de maquinar una adjudicación directa, a través de la empresa pública Ibisec. Fiol, que es parlamentario autonómico y ve amenazada su carrera política, ha reprochado al Gobiermo balear, del PSOE, que "instrumentalice la justicia".

En el caso Palma Arena hay 25 piezas separadas desde que se inició en la Fiscalía Anticorrupción en 2008. Calatrava, imputado por un supuesto contrato ilícito, declaró ante el juez el pasado viernes.

El fiscal anticorrupción precisa en su escrito de acusación que Matas era "plenamente consciente de la práctica imposibilidad material y económica del proyecto" de construcción de la Ópera. Y añade que la contratación del arquitecto se efectuó para "beneficiar de forma arbitraria e injustificada a un particular". Calatrava sostuvo ante el juez que efectuó su trabajo de manera legal y transparente.

El fiscal Horrach señala que Calatrava no presentó ningún anteproyecto, tan solo un vídeo, dos maquetas y un power-point y se pregunta "¿qué se paga con un millón de euros? (...) No hay un solo documento, informe, estudio o análisis respecto a dicho proyecto que pruebe que se tuviera en cuenta mínimamente su viabilidad y financiación", detalla el fiscal. Y señala la "imposibilidad de realizar el encargo en el espacio temporal comprendido entre la firma del contrato (27 de abril de 2007) y la fecha de la pretendida presentación pública del proyecto", menos de una semana después.

elpaís.com


"CASO VOLTOR"; LA JUEZ CITA A DECLARAR A FARRÚS, FLAQUER Y BUILS

Continúa la investigación
Palma

La juez instructora del 'caso Voltor' ha citado a 11 personas como imputados y testigos para esta semana, una lista de comparecencias que se abre mañana con el empresario Jacinto Farrús, continuará el martes con Miquel Àngel Flaquer y culminará el jueves con el ex conseller de Turismo de UM Francesc Buils.

La titular del juzgado de instrucción 10 de Palma, Carmen Abrines, que investiga esta causa de supuesta corrupción, atenderá a las declaraciones los tres imputados por su presunta implicación en la pieza número diez del caso, referida al empresario de la comunicación Jacinto Farrús, cuyas empresas prestaron servicios a la Conselleria de Turismo.

Está previsto que Farrús declare el lunes junto con un testigo del caso; y el martes le tocará el turno al ex director de Calidad Ambiental Antoni Oliver y al ex presidente de UM y ex conseller de insular Miquel Àngel Flaquer

El miércoles están llamados a declarar el ex contable de UM Álvaro Llompart y a la administradora de la empresa Cubic Asesoramiento, Margarita Munar; y el jueves lo harán Francesc Buils y Catalina Mas, todos ellos imputados en el caso.

La esteticista de Munar, ante el juez
Ese mismo día está llamada a prestar declaración Marisol Carrasco, la esteticista de la ex presidenta del Parlament balear Maria Antònia Munar, en el marco de una nueva pieza del 'caso Voltor' que investiga la adjudicación irregular de un concurso para medir la calidad del agua de los "spa" a la empresa de Carrasco.

Junto a ella, están llamados también dos de sus socios en la citada empresa.


elmundo.es

"CASO PALMA ARENA"; MATAS ORDENÓ PAGAR 131.827 EUROS POR UNA PRESENTACIÓN QUE NUNCA SE HIZO

Escrito de la Fiscalía

* El acto de presentación del anteproyecto de la ópera nunca se celebró

Efe | Palma

El expresidente del Govern balear en la pasada legislatura, el "popular" Jaume Matas, dio orden de que se pagara un montante de 131.827 euros por diferentes contratos menores vinculados a la presentación del palacio de la ópera en la bahía de Palma, un acto que nunca se llegó a celebrar. Así lo recoge la Fiscalía de Baleares en su escrito de petición de fianza relativo a la que es la pieza número 3 del caso de presunta corrupción "Palma Arena", que investiga el anteproyecto del arquitecto Santiago Calatrava para una ópera en la bahía de Palma por encargo del Govern del expresidente Jaume Matas.

El documento, entregado ayer al juez que instruye el caso, está firmado conjuntamente con la acusación particular de la Comunidad Autónoma y en él se pide una fianza civil de 1,6 millones de euros para el expresidente Jaume Matas. El acto de presentación del anteproyecto de la ópera nunca llegó a celebrarse porque, debido a la proximidad a las elecciones autonómicas que tuvieron lugar en mayo de 2007, la Junta Electoral, ante una denuncia del PSIB-PSOE, lo prohibió al quedar solo un mes para los comicios. Sin embargo, los contratos menores vinculados al acto se tramitaron y que incluyen el pago de 11.948 euros por el traslado especial desde Londres de una estructura esférica; 10.960 euros por el montaje y desmontaje de un carpa; otros 9.035 euros por una carpa de presentación y elementos para bastidores.

El alquiler de otra carpa especial supuso el pago de 11.900 euros más; la estructura y el montaje de la mesa y el control técnico, 11.797 euros; la tarima, 9.235 euros; la gestión del evento, 11.849 euros, y así hasta 12 contratos menores que, en total, ascienden a 131.827,93 euros. La Fiscalía incide en que "ninguno" de estos contratos reseñados responden a un interés público sino a un interés "puramente particular", pues el expresidente era "plenamente consciente de la práctica imposibilidad material y económica del proyecto".

Además, remarca que los doce contratos menores pagados fueron iniciados "como mínimo" dos días antes de que se firmase el contrato entre el Ibisec (empresa pública dependiente de la Conselleria de Educación y Cultura que gestionó la contratación del proyecto) y Santiago Calatrava. Ante esto, el Ministerio Fiscal interpreta que Calatrava ya tenía preparada la maqueta y el vídeo "mucho tiempo antes" y que el expediente administrativo "es un simple montaje". El escrito de acusación de la Fiscalía recoge también que meses después, en septiembre de 2007, Santiago Calatrava, que ya había cobrado 1,2 millones por un anteproyecto de la ópera que nunca entregó al Govern, reclamó al ejecutivo autonómico la citada maqueta, pero su petición fue rechazada.

El Govern explicó al arquitecto que, si bien la propiedad intelectual de dicha maqueta seguía siendo suya, el ejecutivo había pagado por ella: "Si tiene interés en recuperar las maquetas no hay inconveniente siempre que, previamente, lleguemos a un acuerdo, especialmente en el aspecto económico", le respondió el Govern.

elmundo.es

"CASO PALMA ARENA"; LA FISCALÍA DICE QUE EL CONTRATO DE LA ÓPERA FUE UN MONTAJE ORDENADO POR MATAS

Y ejecutado por el ex conseller Fiol

* El proyecto tenía 'la única y exclusiva finalidad de favorecer' a Matas
* El objetivo del ex president era 'un golpe de efecto para las urnas

Efe | Palma


El contrato para construir una ópera en la bahía de Palma no fue más que "un montaje" urdido y ordenado por el expresidente balear Jaume Matas (PP) y ejecutado por su conseller de Educación, el diputado Francesc Fiol, para beneficiar al arquitecto Santiago Calatrava y sacar rédito político, según la Fiscalía.

Ninguno de los diferentes informes emitidos por los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma avala que la contratación tuviera o pudiera hacerse por adjudicación directa, recalca la Fiscalía en su escrito de petición de fianza relativa a la que es la pieza número 3 del caso de presunta corrupción "Palma Arena". "Todo el expediente de contratación (de la ópera) no es más que un montaje", afirma la Fiscalía, que argumenta a lo largo de 27 páginas el porqué de esta acusación aportando fechas y hechos que apuntan a que las bases del contrato se pactaron mucho antes de lo que pretendió hacerse ver.

El Ministerio Fiscal subraya que no existe estudio económico del proyecto ni sobre su ubicación ni tampoco hay un "mínimo" análisis sobre la viabilidad física del mismo, en una zona que "ni siquiera es titularidad de la Comunidad Autónoma". Por ello, considera que fue el expresidente del Govern el que, a principios de 2007, decidió "de forma unilateral" que durante la campaña electoral de ese año presentaría un gran proyecto para Palma "con la única y exclusiva finalidad de favorecer sus intereses propios como candidato a la Presidencia" balear.

El objetivo de Matas era dar "un golpe de efecto" que le beneficiase en las urnas pero el coste del mismo decidió "repercutirlos a la Comunidad Autónoma" siendo, a juicio de la Fiscalía, "plenamente consciente de la práctica imposibilidad material e inmaterial económica del proyecto". Matas habría contactado para ello, en febrero de 2007, con el arquitecto valenciano Santiago Calatrava, con el que, en un encuentro en Roma, habría fijado un acuerdo "verbal" para que fuera él el que pusiera firma al proyecto del palacio de la ópera.

En este acuerdo ya se habría hablado del coste (1,2 millones de euros) por el anteproyecto, un trabajo que no se presentó nunca ante el Govern y que el pasado 9 de febrero Calatrava entregó en los juzgados. A continuación, según la Fiscalía, el expresidente balear habría iniciado una serie de actuaciones para "dar apariencia" de legalidad a su decisión y al acuerdo con Calatrava, para "ocultar" su participación en los hechos y para "simular" la existencia de interés público en la contratación del arquitecto.

La vía elegida por Matas para hacerlo fue el entonces conseller de Educación, Francesc Fiol, según señala la Fiscalía en su escrito, y es efectivamente el segundo el que presenta al Consell de Govern el 30 de marzo de 2007 la propuesta de contratar un anteproyecto para una potencial ordenación de la bahía de Palma. Los acuerdos aprobados ese día en el Consell "ofrecen ya los perfiles de un arquitecto determinado" y garantiza los 1,2 millones de euros prometidos. Todo ello muestra que el proyecto y el contrato "no es más que una pura simulación por orden de Jaume Matas", escribe el Ministerio Fiscal.

Para la Fiscalía, tanto Matas como Fiol y el gerente del Ibisec (empresa pública a través de la cual se gestionó la contratación), Andreu Obrador, eran entonces conscientes de que se iba a beneficiar con fondos públicos y "de manera arbitraria" a Calatrava y para taparlo encargaron varios informes, ninguno de los cuales justifica la adjudicación directa que se realizó. Cuando Calatrava recibió la invitación para participar en una negociación para encargarse del proyecto (propuesta a la que nunca respondió el arquitecto), la Fiscalía señala que ya se le envió un borrador del contrato dejando entrever que "no se produce negociación alguna" pues todo estaba acordado de antemano.

"CASO PALMA ARENA"; LA FISCALÍA ASEGURA QUE FIOL ORDENÒ QUE SE HICIERAN INFORMES A FAVOR DE CALATRAVA

El proyecto de la Ópera
 
* Advirtió a los arquitectos que los informes 'tenían que salir como fuera'
* Ninguno de los informes solicitados avalan una adjudicación directa

Efe | Palma

El exconseller de Educación y Cultura del Govern de Jaume Matas y diputado autonómico del PP, Francesc Fiol, presionó a dos arquitectos de la Comunidad Autónoma para que redactasen sendos informes que avalaran la contratación de Santiago Calatrava para el proyecto de la ópera de Palma, según la Fiscalía.

El escrito de petición de fianza redactado conjuntamente por la Fiscalía y la acusación particular del Govern relativo a la pieza número 3 del caso "Palma Arena" señala expresamente que Fiol entró en una reunión con los arquitectos y advirtió de que los informes tenían que salir como fuera.

El documento de las acusaciones hace referencia a la contratación del proyecto de una ópera para la bahía de Palma, y fue entregado al juez instructor, José Castro, el viernes reclamando una fianza civil para el expresidente balear Jaume Matas de 1,6 millones de euros.

La Fiscalía y la Abogacía de Govern remarcan en este documento que ninguno de los informes solicitados avalan una adjudicación directa, a pesar de los esfuerzos realizados por el exconseller de Cultura y varios de sus subordinados por "vestir" de legalidad el acuerdo al que había llegado el expresidente Jaume Matas con el arquitecto valenciano.

El primero de estos informes, según el escrito, fue encargado por "orden directa" de Fiol el 30 de marzo de 2007 a la consultora externa Landwel-PrinceWaterhouse (firma en la que luego trabajaría Matas tras perder las elecciones autonómicas de mayo de ese año), días antes de que se aprobara en el Ibisec pedir estos estudios.

Sin embargo, el informe no llega a avalar en ningún momento la contratación directa y se limita simplemente a reseñar los requisitos que son necesarios para poder optar por este procedimiento negociado dentro de la legalidad, detalla el escrito de las acusaciones entregado al juez.

"Ante las evidentes carencias del expediente de contratación", Fiol junto con el secretario general de la Conselleria de Educación, Sebastián Vanrell, y el gerente del Ibisec, Andreu Obrador, deciden acudir al departamento de Arquitectura de la Conselleria de Vicepresidencia, que dirigía Rosa Estaràs, para pedir más informes.

El escrito señala que hablaron con el jefe del departamento de Arquitectura, Alejo Reynés, y le pidieron que redactara un informe en el que "textualmente" manifestara que en su opinión el arquitecto Santiago Calatrava "es el único que puede ejecutar el objeto del contrato".

La Fiscalía remarca que Reynés se negó entonces a poner su firma en un informe de esas características a menos que otro arquitecto del Ibisec suscribiera primero dicho informe, hecho al que Fiol y sus subordinados aceptaron y fue el motivo que les llevó a la jefa de Servicio de Proyectos y Obras del Ibisec, Pilar Mesquida.

Según el escrito, a continuación, Vanrell se reunió con Andreu Obrador, Alejo Reynés, la miembro del departamento jurídico del Ibisec Marta García y con Pilar Mesquida y les pidió los informes, pero asegurándoles que no tomaría represalias si no los hacían.

Pero en ese momento, según recoge el escrito, entró en la reunión el exconseller y "exigió a los presentes que los informes de los arquitectos tienen que salir como sea".

Las acusaciones del caso explican en su escrito que fue en ese momento "en un ambiente tenso" cuando Pilar Mesquida se sintió "presionada" y accedió a realizar el informe, documento que suscribió luego Reynés y que es el primer texto oficial en el que figura el nombre de Santiago Calatrava vinculado al proyecto.

La Fiscalía y la acusación particular del Govern en el caso critican que se utilizara "de esta forma" a profesionales cualificados "para ocultar decisiones puramente particulares, exigiéndoles que redactaran un informe con un contenido predeterminado".

JUZGAN AL ALCALDE DE ALHAURÍN POR CEDER UNA CASETA POR 3.600 EUROS EN CONSUMICIONES

TRIBUNALES | Piden un año de cárcel e inhabilitación
 
* Se acusa a Villanova de prevaricación y malversación de caudales públicos

Efe | Málaga

El Juzgado de Instrucción número 2 de Málaga ha acordado la apertura de juicio oral contra el alcalde de Alhaurín de la Torre (Málaga), Joaquín Villanova (PP), por prevaricación y malversación de caudales públicos en la cesión de una caseta municipal a cambio de 3.600 euros en consumiciones.

El auto del juez, al que ha tenido acceso Efe, requiere además el pago de una fianza de 3.600 euros para cubrir la responsabilidad civil al alcalde y a la concejal Isabel Fraile, también imputada en esta causa.

Señala además como órgano competente para el conocimiento y fallo de la presente causa al juzgado de lo penal que por turno corresponda de Málaga.

La Fiscalía sostiene que la tasa correspondiente al uso de las instalaciones durante la feria de San Juan de 2005 fue fijada presuntamente entre el alcalde y el empresario "de manera bilateral" y contraria a las disposiciones legales y a la ordenanza municipal en la materia.

Asimismo, mantiene que el "dinero público" no se ingresó supuestamente en las arcas municipales, sino que se estableció un modo de abono "irregular" en tiques para consumiciones en el bar de la caseta de los que disponía tanto el alcalde como la entonces concejala de Fiestas.

El fiscal acusa a ambos de un delito de malversación de caudales públicos por el que pide una pena de seis meses de prisión, una multa de 1.800 euros y un año de suspensión para empleo o cargo público.

El alcalde está acusado también de un delito de prevaricación para el que el fiscal pide la pena de inhabilitación especial para el empleo o cargo público por siete años, petición que también ha realizado la parte demandante, la entonces portavoz de IU en el Consistorio, Encarnación Ruiz.

Asimismo, el ministerio público considera que el regidor y la concejal deben reintegrar al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre la suma de 3.600 euros por la vía de responsabilidad civil. Por su parte, la demanda pide para ambos un año de prisión, una multa 2.400 euros, suspensión para el empleo o cargo público de tres años por el delito de malversación de caudales públicos.

Villanova aseguró que la explotación de la barra de la caseta municipal no genera tasas al ser un contrato menor y que, según tres interventores municipales, no suponía ingreso público y podía ser adjudicada directamente, por lo que considera que la fiscalía no ha argumentado los presuntos delitos de los que se le acusa.

elmundo.es