jueves, 27 de junio de 2013

LA AUDIENCIA DE LUGO ORDENA INVESTIGAR POR PREVARICACIÓN AL ALCALDE DE BARREIROS


El Tribunal Superior anuló la legalización masiva de viviendas en el municipio

Xosé Hermida / Pepe Seijo Santiago / Lugo
Alfonso Fuente / XOSÉ MARRA


Al alcalde de Barreiros (Lugo), Alfonso Fuente, del PP, se le acumulan los problemas judiciales por la masiva concesión de licencias de obras —para más de 5.000 pisos en un municipio de 3.200 habitantes— que firmó en 2006 pese a varias advertencias de ilegalidad. Mientras el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anulaba el plan sectorial aprobado por la Xunta para legalizar una buena parte de esas viviendas, la Audiencia Provincial de Lugo ordenaba días atrás reabrir la investigación penal a Fuente tras una denuncia de la organización ecologista Adega, que le acusa de un delito de prevaricación urbanística.

La denuncia de Adega fue sobreseída por el juzgado de Mondoñedo, pero ahora la instancia judicial superior le enmienda la plana y sostiene que hay datos suficientes para realizar una investigación. La Audiencia argumenta en un auto que tanto la secretaria municipal como la Xunta advirtieron de la posible ilegalidad de las licencias de obras y, pese a eso, el alcalde y los miembros de su junta de gobierno autorizaron las urbanizaciones. Además, señala que en el municipio costero se produjo en su momento “un problema de muy considerable trascendencia” ya que el Ayuntamiento dio luz verde a las promociones “pese al conocimiento que se llevó por parte de la Xunta de que no existía infraestructura para dotar a la gran cantidad de edificios y viviendas que se pretendían construir”.

Adega también fue la promotora del recurso que ha logrado que el TSXG anule el plan sectorial con el que la Xunta pretendía legalizar cientos de viviendas en Barreiros y destinar 14 millones de euros a dar servicios a las urbanizaciones. Los ecologistas se felicitaron ayer por una sentencia que “restaura la legalidad urbanística frente a la arbitariedad de la Administración”. “De producirse una legalización por esa vía, sería toda una invitación a municipios y promotores a saltarse la normativa”, señaló Adega, que exige dimisiones de los responsables del Plan Sectorial. AGE personalizó la solicitud de dimisión en el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández. El alcalde de Barreiros se mostró confiado en que la Xunta recurrirá el fallo mientras el portavoz local del BNG, Antonio Veiga, exigió explicaciones al presidente Feijóo como impulsor de la legalización masiva.

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EL TSJ INVESTIGARÁ LA DENUNCIA CONTRA COSTA POR PREVARICACIÓN Y COHECHO


Juan Climent asume la competencia en este nuevo caso contra el ex secretario general del PP

EP Valencia

La Sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) se ha declarado competente para investigar una denuncia contra el diputado autonómico y ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, por posibles delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. El instructor del caso será el magistrado Juan Climent.

Esta investigación se remonta a la denuncia que presentó un particular ante la Fiscalía de Castellón contra Ricardo Costa, y ésta se remitió al juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad. Dado que los hechos denunciados habían transcurrido en Valencia, este órgano judicial remitió la causa al decanato de Valencia, según ha informado el tribunal valenciano en un comunicado.

Por reparto, la denuncia recayó sobre el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, quien tomó declaración al denunciante para ratificar la denuncia.

Una vez cumplimentado ese trámite, este magistrado elevó exposición motivada a la sala de lo Civil y Penal del TSJCV porque los hechos afectaban a un diputado que cuenta con aforamiento y, por tanto, su investigación es competencia del tribunal valenciano.

La sala del tribunal valenciano ha aceptado la competencia de la investigación en los términos remitidos por Instrucción 5, y ha nombrado instructor al magistrado Juan Climent.

Ricardo Costa ya está imputado en el caso Gürtel que se instruye en el TSJCV, en concreto, por un delito electoral y otro de falsedad documental, en relación con la presunta financiación ilegal del PP valenciano a través de empresas investigadas en la trama como Orange Market.

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EL JUICIO A CARLOS FABRA ARRANCARÁ EL 2 DE OCTUBRE TRAS NUEVE AÑOS DE INVESTIGACIÓN


Carlos Fabra, en la Diputación de Castellón en una imagen de archivo. / ÀNGEL SÁNCHEZ
La fiscalía le acusa de delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal
El mismo tribunal que rechazó la acusación de cohecho ha sido elegido para juzgarle

Lorena Ortega Castellón


Carlos Fabra, el expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, se sentará en el banquillo de los acusados a partir del próximo 2 de octubre para ser juzgado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y cuatro fraudes fiscales. Lo hará cuando hayan pasado más de nueve años desde que el empresario Vicente Vilar, hasta entonces amigo íntimo, le denunciara y acusara de cobrarle “cantidades millonarias” a cambio de que el expolítico mediara para obtener los permisos para comercializar productos fitosanitarios. Desde entonces, nueve jueces y cuatro fiscales han pasado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Nules. La Fiscalía Anticorrupción pide penas de hasta 15 años de prisión para el expolítico.

La Audiencia Provincial de Castellón ha puesto ahora fecha para el juicio del exbarón del PP y ha dictaminado los magistrados que le juzgarán: Esteban Solaz (presidente), junto a Pedro Luis Garrido y Aurora de Riego. Los tres magistrados son los mismos que en mayo de 2012 instaron al instructor a anular la acusación de cohecho una vez se había dictado ya la apertura de juicio oral. Son los únicos que quedaban en la Sección Primera después de que el presidente de la Audiencia, Carlos Domínguez, decidiera apartarse voluntariamente del caso. Su nombramiento revela que ninguno de ellos ha seguido los pasos de Domínguez y no han pedido apartarse.

La decisión de retirar el cohecho llevó al juez Jacobo Pin, titular del juzgado 1 de Nules, a pedir amparo ante el Consejo General del Poder Judicial al ver “perturbaba” su independencia en la instrucción del caso. El Tribunal Supremo revocó el auto y dio vía libre a Pin para que Carlos Fabra fuera también juzgado por este presunto delito.

Solaz también participó en la resolución de un recurso vulnerando las normas de reparto. En dicho recurso también participó Garrido y el presidente de la Audiencia, Carlos Domínguez. De hecho, Domínguez argumentó en el escrito en el que decidió retirarse voluntariamente del caso Fabra que su relación con el proceso se limitó a formar parte del tribunal que resolvió dicho recurso, del que dijo que “resulta absolutamente inocuo a los fines de preservación de imparcialidad”.

La Sección Primera ha fijado los del 2 al 4 de octubre para el interrogatorio de todos los acusados. Junto a Carlos Fabra se sentarán en el banquillo quien fuera su mujer, María de los Desamparados Fernández; el empresario que le denunció (Vicente Vilar) y su exmujer, Monserrat Vives; y el exsenador Miguel Prim. El juicio se ha dividido en diez sesiones más que se prolongarán hasta el 30 de octubre para la toma de declaraciones de setenta testigos y de varios peritos.

Tras años de instrucción y de recursos, Carlos Fabra se sentará en el banquillo para enfrentarse a una pena de 15 años de cárcel que le reclama la Fiscalía Anticorrupción por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal.

Será en octubre cuando tenga la oportunidad de responder ante el magistrado por las acusaciones sobre la presunta utilización de su cargo al frente de la Diputación y del PP castellonense para beneficiar a Vicente Vilar (el empresario que le acusó y que también se sentará en el banquillo junto a su ex esposa y la entonces mujer de Carlos Fabra) en la obtención de los permisos necesarios para comercializar productos sanitarios. Vilar le acusó de cobrarle “cantidades millonarias” por estas supuestas gestiones. El expolítico también está acusado de defraudar, junto a su exmujer, 1,5 millones de euros entre 1999 y 2004.

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"CASO GÜRTEL"; LA GERENTE DE LA LUZ DE LAS IMÁGENES DEFIIENDE LA LEGALIDAD DE LOS CONTRATOS CON ORANGE

Adjudicaciones a Orange Market
Una funcionaria de Sanidad dice que no oyó nunca la empresa Orange Market
Atribuye a Peset y Batallar la firma de los contratos

Europa Press | Valencia

La gerente de la fundación La Luz de las Imágenes, Carmen Díaz Quintero, ha defendido ante el juez del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que en los contratos firmados con Orange Market S.L. -una de las mercantiles investigadas- no había nada irregular.

Carmen Quintero estaba citada este jueves para declarar, en calidad de imputada, por la pieza 5 del 'caso Gürtel' -en total hay seis-, en la que se investigan presuntas irregularidades en la firma de contratos entre administraciones de la Generalitat Valenciana y empresas de la trama.

La imputada, quien todavía continúa en su puesto de gerente de la fundación, ha estado declarando durante algo más de una hora, y durante el interrogatorio ha defendido -al igual que han hecho otros ex altos cargos imputados en el procedimiento- la legalidad de los contratos y ha reiterado que no había irregularidades.

Según consta en la documentación de la causa, la Luz de las Imágenes suscribió con Orange Market un total de tres contratos por más de 74.000 euros para organizar exposiciones culturales en los Open de Tenis de 2005, 2006 y 2008.

Al respecto, la Intervención General del Estado informó sobre supuestas irregularidades, puesto que solo le constaba una factura sin expediente de contratación, lo que podía llevar a pensar a que los mismos se tramitaran como contratos menores, pese a exceder el límite establecido de 12.020,24 euros.

Una funcionaria
Previamente a Quintero, ha prestado declaración en el tribunal valenciano, en calidad de testigo, una funcionaria de la Conselleria de Sanidad. Su interrogatorio se ha prolongado durante algo más de una hora y media, y ha tenido que responder sobre los contratos suscritos por los 'Premios Salud y Sociedad' en los años 2006 y 2007.

La testigo ha explicado que se encargaba de la sección de negociado, y ha defendido que ni ella ni sus compañeros tienen nada que ver con este asunto. Ha indicado que no firmó nada con ninguna empresa, y se ha sorprendido de que le llamaran a declarar por aparecer sus siglas en algunos documentos.

Asimismo, ha asegurado que no oyó nunca ni recibió instrucciones de nada respecto a Orange Market S.L., y a este respecto ha señalado que los que se encargaban de las contrataciones eran los entonces subsecretarios de la Conselleria, es decir, Rafael Peset en 2006 y Alfonso Bataller en 2007.

ARCHIVAN LA ACUSACIÓN CONTRA ISIDRE MASALLES EN EL "CASO DE LAS ITV"


JUSTICIA | Se le mantiene a Oriol Pujol

Efe | Barcelona

El juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga el caso ITV ha archivado la acusación contra el subdirector de Seguridad Industrial, Isidre Masalles, al considerar que no ha quedado suficientemente acreditada su participación en la supuesta trama corrupta.

En un auto notificado hoy, el magistrado del TSJC Enric Alsina mantiene la imputación contra los demás acusados, entre ellos el diputado de CiU Oriol Pujol, y acuerda transformar las diligencias del caso en un procedimiento de Tribunal del Jurado, ya que los delitos investigados son los de tráfico de influencias y cohecho.

Según el juez, pese a que la mayoría de imputados, especialmente Josep Tous -que fue designado por la Generalitat como intermediario en el sector de las ITV-, calificaron a Masalles como persona "obediente", no ha quedado suficientemente acreditado "que haya realizado ningún acto, ni dictado ninguna resolución que se pueda considerar relevante penalmente", ni que tuviera conocimiento del plan supuestamente ilícito.

En el auto, el juez, que a mediados de junio finalizó el interrogatorio a todos los imputados, considera que el diputado de CiU Oriol Pujol pudo ejercer como "vértice" entre las dos ramas de la supuesta trama corrupta de empresarios y cargos públicos que pretendía amañar la adjudicación de estaciones de ITV.

Para el magistrado, el objetivo de los imputados, "al frente de los cuales parece que se encontraba Oriol Pujol Ferrusola", era dejar sin efecto un concurso resuelto sobre la adjudicación de estaciones de ITV y convocar otro, conforme al nuevo Plan Territorial de Estaciones de ITV.

Ante la perspectiva de optar a varios lotes de ITV, los implicados, según el magistrado, crearon la sociedad Upprime Energy, para recibir la adjudicación del lote, de la que formaban parte los empresarios imputados Sergio Pastor y Sergio Alsina, que tenía que ceder la mitad de su parte a Oriol Pujol. Para lograr su "objetivo preconcebido", acordaron nombrar a Josep Tous como mediador de la Generalitat en el conflicto de las ITV, gracias a la influencia política de Oriol Pujol.

De esta forma, una de las líneas de actuación consistía en que Tous, nombrado con la influencia de Oriol Pujol, tratara de "alinear al Partido (CDC), al Departamento y al gobierno, con la finalidad de cumplimentar la 'hoja de ruta'" diseñada por el empresario imputado Ricard Puignou, para ampliar el mapa de las ITV y poder compensar con nuevas estaciones a los operadores que retirasen sus recursos.

"No puede ignorarse, ni obviarse, que Ricard Puignou retribuía mensualmente al coimputado Sergi Alsina con 12.000 euros para que defendiera sus intereses en el mercado de las ITV, siendo el primero de ellos plenamente conocedor de la relación de amistad íntima entre Sergi Alsina y Oriol Pujol", remarca el auto.

La segunda línea de actuación de la trama, según el juez, consistía en que el empresario Sergi Alsina, con quien y para quien trabajó en varias ocasiones la esposa de Oriol Pujol, intervino en la constitución de Uprrime Energy, al tiempo que retribuyó con 2.000 euros mensuales a Josep Tous para que velara por sus intereses cuando éste fue destinado por la Generalitat como pacificador del mapa de las ITV.

"El vértice de ambos comportamientos ilícitos puede recaer en la persona de Oriol Pujol Ferrusola", remarca el juez, que señala que el diputado de CiU "no sólo influyó" en el secretario general de Empresa, Enric Colet, para el nombramiento de Tous, sino que también indicó a Sergi Alsina y a Josep Tous "el camino a seguir, siendo en todo momento informado por ambos de las negociaciones que cada uno de ellos llevaba a cabo".

La trama también logró que se nombrara subdirector del departamento de Industria a Isidre Masalles, considerado por los imputados como un hombre "obediente", para que "no les planteara ningún tipo de problema", según el magistrado.

El juez recuerda no obstante que los objetivos pretendidos por la supuesta trama corrupta no fructificaron "ya que hubo una filtración a la prensa de que estos hechos estaban siendo investigados por un juzgado de instrucción, lo que provocó que cambiaran inmediatamente su 'modus operandi'". Por este motivo, el juez mantiene la imputación por tráfico de influencias a Oriol Pujol, a los empresarios Sergi Alsina, Sergio Pastor y Ricard Puignou y a Josep Tous, y de un delito de soborno para Sergi Alsina, Josep Tous y Ricard Puignou.

IMPUTAN AL ALCALDE DE ESPORLES POR EL "CASO SENDERISMO" Y MÉS NO PIDE SU DIMISIÓN

POLÍTICA | Investigación
Ensenyat ha sido citado a declarar como imputado por las ayudas a El Camí
Barceló defiende su inocencia y no cree que deba dimitir por ahora
Joana Lluïsa Mascaró dimitió como diputada nada más ser imputada

Daniel Álvarez | Palma

El alcalde de Esporles, Miquel Ensenyat, del PSM, miembro de la coalición Més y que también forma parte del grupo de consellers del grupo nacionalista en el Consell de Mallorca, ha sido citado a declarar como imputado en el caso Senderismo, que investiga las ayudas concedidas por distintas administraciones durante la pasada legislatura del Pacte a la asociación catalana Amics del Camí para el proyecto de creación de unas rutas senderistas por la Serra de Tramuntana como parte de un recorrido por los llamados ‘Països Catalans’ según la propia organización catalanista.

Por este mismo caso, también fueron imputados otros altos cargos del PSM, entre ellos la ex consellera de Cultura del Consell de Mallorca Joana Lluïsa Mascaró, quien dimitió como diputada nada más ser imputada. Esta vez, sin embargo, Ensenyat no dimitirá por ahora a raíz de su imputación, ni en el Ayuntamiento de Esporles ni en el Consell, sino que esperará a tomar una decisión una vez haya prestado declaración ante el juez, y cuenta con el apoyo de Més, según ha explicado el líder de la coalición, Biel Barceló.

Ensenyat ha sido citado a declarar en calidad de imputado dentro de un mes, el próximo 26 de julio, por unas ayudas concedidas por el consistorio de Esporles a la asociación Amics del Camí, una de 1.624 euros en 2009 y otra de 2.923 euros en 2010, según informa hoy el diario Ara Balears. Biel Barceló asegura que están «absolutamente tranquilos y que el expediente por el que ha sido imputado Ensenyat cuenta con una justificación por parte del ayuntamiento «absolutamente detallista, incluso innecesaria para ser de 4.000 euros».

Aunque hasta ahora su coalición ha pedido públicamente la dimisión de todos los políticos imputados en casos de presunta corrupción y del precedente de Mascaró, el líder de Més ha anunciado que ahora esperarán a que Ensenyat presente un recurso ante el juez y a que preste declaración dentro de un mes. Si después de declarar continúa imputado, «por coherencia pondrá sus cargos a disposición del partido», ha dicho Biel Barceló durante una rueda de prensa al ser preguntado al respecto.

PIDEN MÁS DE TRES AÑOS DE CÁRCEL Y NUEVE DE INHABILITACIÓN PARA EL EXALCALDE DE LA ALGABA


TRIBUNALES | Anulada una grabación como prueba
José Luis Vega (IU-CA) se ha desligado de cualquier irregularidad
El ex alcalde se apoya en el informe favorable del arquitecto municipal

Europa Press | Sevilla

La sección primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dejado este martes visto para sentencia el juicio por las licencias de primera ocupación otorgadas en 2008 por el Ayuntamiento de La Algaba, entonces gobernado por José Luis Vega (IU-CA), a la sociedad limitada 'Agroporc', pese al informe desfavorable de la oficial mayor del Consistorio.

Al finalizar la vista oral, el Ayuntamiento de La Algaba ha solicitado para Vega seis años de cárcel, nueve de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 90.000 euros, mientras la Fiscalía ha pedido tres años y medio de prisión, nueve de inhabilitación y multas por valor de 50.000 euros y la defensa del exalcalde ha reclamado su libre absolución. Durante la vista oral, según han informado fuentes del caso, han sido juzgados tanto el exalcalde José Luis Vega, como quien fuera su coordinador de Alcaldía, Antonio M.M.

La causa en cuestión parte de una grabación sonora en la que el PSOE, que gobierna actualmente el Ayuntamiento de La Algaba, identifica "claramente" la voz del por entonces alcalde reclamando supuestamente 30.000 euros a unos directivos de 'Arcopro S.L.', por la entrega de las citadas licencias de primera ocupación, que contaban con el informe desfavorable de la oficial mayor del Consistorio.

La grabación, no obstante, no ha sido utilizada como prueba en el juicio, porque un informe de la Unidad Central Criminalística del Cuerpo Nacional de Policía concluía ya en 2011 que "no es posible realizar informe técnico pericial de identificación de voz" del citado material al estar "muy degradada" su señal acústica.

De la documentación incluida en la fase de instrucción se desprende que el 15 de julio de 2008, un informe de la oficial mayor del Ayuntamiento informaba desfavorablemente sobre estas licencias de primera ocupación solicitadas el 26 de junio de aquel año por la promotora 'Arcopro S.L.'. Ese día 15 de julio, cuando Vega aún ostentaba la alcaldía de La Algaba, él mismo libraba una licencia urbanística para una primera ocupación en favor de esta empresa merced al "informe favorable" de los servicios técnicos municipales y "visto" el mencionado informe del oficial mayor del Consistorio.

Informes a favor y en contra
En ese sentido, durante la vista oral han comparecido como testigos la propia oficial mayor, quien ha dado cuenta de su informe, y la ex secretaria general del Ayuntamiento de La Algaba Encarnación C.P., quien ya en diciembre de 2010 testificaba en la causa manifestando que la licencia en cuestión gozaba de "un informe técnico favorable", aunque "no era frecuente que se firmara un decreto con el informe desfavorable de la oficial mayor". Para ella, "no había ninguna duda en cuanto a que no se podía conceder las licencias", toda vez que esta alta funcionaria ha testificado en el juicio ratificando su tesis inicial.

También han testificado en el juicio los empresarios de 'Arcopro S.L.', quienes habrían defendido la tesis de que el entonces alcalde, primero a través de los comentarios de un ingeniero técnico y después en la supuesta reunión asociada a la grabación, les habría reclamado dinero por la concesión de las licencias, extremo que habría corroborado el citado ingeniero en su propio testimonio.

Finalmente, el Ayuntamiento de La Algaba, en su papel de acusación, ha solicitado para José Luis Vega cuatro años y medio de cárcel y una multa de 90.000 euros por un presunto delito de cohecho y un año y medio de cárcel y nueve de inhabilitación para empleo o cargo público por un posible delito de prevaricación administrativa. La Fiscalía, de su lado, ha solicitado tres años y medio de cárcel y una multa de 30.000 euros por un presunto delito de cohecho y una multa de 20.000 euros y nueve años de inhabilitación por presunta prevaricación, toda vez que la defensa de Vega ha solicitado su libre absolución.

Y es que Vega, de su lado, se ha desligado siempre de cualquier irregularidad y, recientemente, avisaba de que "la principal acusación que esgrimía el PSOE como prueba de cargo", en este caso la grabación, "ha quedado totalmente invalidada". Según señalaba, el mencionado CD "pudo sufrir numerosas manipulaciones antes de que los socialistas lo pusieran en mano de la justicia". Igualmente, el exalcalde señala el informe y el testimonio del arquitecto municipal que avaló su decisión de conceder las licencias de forma parcial, por unidades de ejecución de urbanización. Según el primer edil, este informe "fue elaborado por el arquitecto municipal y acredita por tanto la legalidad de la actuación desde el punto de vista técnico y urbanístico".

Por su parte, el propio exalcalde ha manifestado que no ha habido "pruebas en la mesa" sobre los delitos de cohecho o prevaricación que le atribuyen el Ayuntamiento y la Fiscalía. Vega, en ese sentido, ha señalado que la inadmisión de la grabación que dio pie al caso reduce el asunto a "un testimonio contra otro" y que incluso dos de los cuatro empresarios de 'Agroporc' que han testificado niegan que él les reclamase dinero a cambio de las licencias.

jueves, 20 de junio de 2013

"CASO COOPERACIÓN"; LA POLICÍA INVESTIGA LA ETAPA DE BLASCO AL FRENTE DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD

La Fiscalía cree que la trama de cooperación afectó a más departamentos

Jaime Prats Valencia

La policía judicial se ha personado en los últimos días en la Consejería de Sanidad para entregar citaciones a funcionarios y altos cargos para que testifiquen sobre los contratos adjudicados por el siete veces consejero y diputado autonómico Rafael Blasco —procesado por el presunto desvío de fondos de cooperación— durante su etapa al frente de Sanidad (2006-2007).

El objeto de la investigación sobre los años de Blasco al frente de Sanidad tiene que ver con las presuntas vinculaciones que podrían existir entre la concesión de contratos en esta etapa —en especial, en el área de informática— y la trama mafiosa que saqueó dinero público destinado al Tercer Mundo. Se ha citado a declarar como testigo al actual secretario autonómico, Manuel Escolano y, al menos, a otras cuatro personas más.

Algunas fuentes han trasladado a este diario que la policía ha llegado incluso a recabar contratos concedidos bajo el mandato de Rafael Blasco. En junio de 2007 se concedieron tres concursos especialmente polémicos por un valor conjunto de cinco millones de euros, en un momento en el que Blasco ejercía el cargo de consejero en funciones, y en el que se consideraba muy poco probable que repitiera al frente de la consejería, como finalmente así fue.

Estas adjudicaciones se encontraron con la negativa del que, por entonces era el responsable del departamento de informática de la consejería, Alfonso Jiménez. La oposición a avalar estos contratos, que acabó en un enfrentamiento abierto con Blasco, derivó en la salida de Jiménez, que fue sustituido por uno de los personajes clave de la presunta agrupación mafiosa responsable del fraude en los fondos de cooperación: Marc Llinares, que se encuentra imputado junto al propio Blasco.

Ya con Llinares al frente de informática se firmaron los contratos. Meses antes, trascendió una reunión en la Consejería de Sanidad entre Rafael Blasco y Augusto César Tauroni, presunto cerebro de la trama de cooperación junto al propio Blasco. Tauroni es el único encarcelado por el caso y ha sido adjudicatario de contratos otorgados por consejerías por las que pasó Blasco.

La Fiscalía Anticorrupción sospecha que la práctica de obtener subvenciones y concursos públicos utilizando entramados empresariales como los que que se empleó para defraudar fondos de cooperación se extendió a lo largo de la trayectoria política de Blasco por las diversas consejerías que dirigió desde 1999. Siempre, en colaboración con Tauroni.

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UN CONSTRUCTOR RATIFICA QUE PAGÓ COMISIONES EN EL "CASO ADIGSA"


Salguero, que destapó ante la Fiscalía presuntas irregularidades en Adigsa, ha ratificado ante el TSJC que pagó 108.000 euros

Agencias / Jesús García Barcelona

El constructor Antonio Salguero, un empresario “arrepentido” que destapó la presunta trama de comisiones ilegales en torno a la empresa pública Adigsa, se ratificó ayer en sus acusaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Salguero reiteró lo que ya había revelado ante la fiscalía: que pagó 108.000 euros en comisiones al intermediario Josep Maria Penín por obras de reforma en viviendas de protección oficial de Adigsa.

La causa judicial arrancó en 2005. La fiscalía presentó una querella tras la alusión en el Parlament del expresidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, al cobro de comisiones —el célebre “ustedes tienen un problema que se llama 3%”— durante los gobiernos de Convergència i Unió. Tras superar mil vicisitudes, el caso está ahora en manos del TSJC por la condición de aforado de uno de los imputados, el expresidente de Adigsa y diputado de CiU Ferran Falcó. Hace un mes, Falcó se desmarcó de la trama y alegó que sus funciones eran políticas.

Por indicación de Penín, precisó Salguero, pagó comisiones de hasta el 20% por obras de reforma en 18 viviendas de Adigsa, empresa de la Generalitat. La mordida, siempre según su versión, no se quedaba solo en manos del intermediario, que llegó a amenazarle con no adjudicarle ni pagarle más proyectos si no abonaba ese dinero.

El propio Penín también debía dar explicaciones ayer, pero se acogió a su derecho a no declarar y se ratificó en la versión de 2006. Entonces, el intermediario admitió irregularidades en la adjudicación de las obras de rehabilitación de viviendas de segunda mano, pero exculpó al actual consejero de Empresa, Felip Puig, de quien es pariente lejano.

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IMPUTAN A UN EX CONCEJAL DE ICV EN REUS POR SU RELACIÓN CON EL "CASO INNOVA"


JUDICIAL | Presunta malversación de fondos


Efe | Barcelona

El juez ha decidido imputar al exregidor de ICV-EUiA en el ayuntamiento de Reus Daniel Pi por votar en el consejo de administración de Innova en marzo del 2007 a favor de conceder un aval de 3 millones de dinero público a la empresa público-privada de investigación alimentaria Shirota.

Según fuentes judiciales, las declaraciones del juzgado de instrucción número 3 de Reus por el aval de Shirota prosiguieron ayer por la tarde con Daniel Pi, también integrante del consejo de administración de Innova en su día.

El juez ha decidido imputarle porque en marzo del 2007 votó a favor de avalar el proyecto de Shirota, si bien siempre condicionado a que Innova saliera con la mayor brevedad de la empresa, al tratarse una iniciativa privada.

Posteriormente, ya con otros regidores ecosocialistas en el grupo municipal -tras las elecciones del 2007-, ICV optó por abandonar el consejo de administración de Shirota porque este punto no se había cumplido.

Por otra parte, el juzgado también ha tomado declaración como testigos al exportavoz del PP, Miquel Àngel Mallol, y a Ricard Font de Rubinat, de CiU. El pasado lunes, los exregidores de CiU y PPC Fèlix Oliva y Juan Gallardo, respectivamente, que estaban en la oposición en la anterior legislatura, declararon como testigos por el aval de 3 millones aprobado en el 2008 a la empresa Shirota.

Tras declarar hace dos semanas los 14 concejales del equipo de gobierno de entonces (PSC-ICV-ERC) por aprobar un aval de 3 millones de dinero público a la empresa de investigación alimentaria Shirota, de capital público-privado, el juzgado ha empezado a llamar a declarar a los concejales que estaban entonces en la oposición, y a los que integraban el consejo de administración de Innova cuando se aprobó el citado aval.

Las declaraciones se inscriben en la causa que este juzgado lleva a cabo dentro de la pieza separada y secreta de la causa judicial iniciada contra los exdirectivos de Innova y Shirota, Josep Prat y Carles Manté, respectivamente, por las presuntas facturas irregulares que cobraron de Innova.

"JUICIO CAN DOMENGE"; MUNAR: "NIEGO ROTUNDAMENTE QUE HAYA HABIDO REPARTO DE COMISIONES"

Munar y Nadal en el banquillo en la segunda jornada del juicio. | C. Forteza
Declaración de la ex presidenta del Parlament
'Vicens nunca me ha dado dinero ni para mí ni para el partido, ha dicho Munar
Ha sostenido que 'no sabía ni que Can Domenge se llamara así'
El juez ha interrumpido seis veces porque no era clara al contestar

María Fuenteálamo | Daniel Álvarez | Palma

La ex presidenta del Consell de Mallorca ha "negado rotundamente" que hubiera reparto de comisiones en Can Domenge durante su comparecencia en el juicio por este caso de corrupción urbanística. La ex presidenta del Consell ha asegurado que ella "no sabía ni que ese solar se llamaba así", en relación a la zona de Palma donde estaba previsto el proyecto. La ex líder de UM se ha mostrado altiva en sus respuestas ante el Tribunal, en las que ha llegado incluso a interrumpir al fiscal Juan Carrau.

Munar ha sostenido que el tema de Can Domenge era "uno más del Consell" que en aquel entonces presidía ella y que, según ha contado, se aprobó con el Pleno del organismo insular. "Yo no sabía nada", ha insistido.

El juez ha tenido que interrumpir media docena de veces a Munar durante su comparecencia, puesto que la ex líder de UM no contestaba de forma clara a las preguntas.

La ex presidenta ha llegado a espetar al fiscal: "Usted me intenta confundir". Igual que hizo Jaume Matas, Munar ha descargado toda la responsabilidad sobre los técnicos y ha dicho que no intervino ni en la decisión de vender ni en cómo hacerlo, ya que eso se establece en el pliego de condiciones del concurso.

"Yo no participo en el pliego de condiciones porque ese no es el trabajo de la presidenta. Yo me fío de mis consellers y sobre todo de los técnicos del Consell, que son 2.000 y todos de carrera, ninguno de libre designación", ha sostenido ante el Tribunal.

"Quiero que quede muy claro, Vicens nunca me ha dado dinero ni para mí ni para el partido", ha dicho a preguntas del fiscal sobre el reparto de cuatro millones de comisión que confesó el propio Vicens.

Antes que Munar el primero en declarar durante esta segunda sesión del retomado juicio por el caso Can Domenge ha sido el que fuera su delfín Miquel Nadal, que ha exculpado a la ex líder de UM y la ha dejado al margen del trato privilegiado a Sacresa, constructora a la que se le pasó información privilegiada para que acabara siendo la adjudicataria del concurso. De este modo, el ex conseller reconoce solo una parte de su participación en el pelotazo.

"He confesado y pienso seguir confesando", ha dicho el que fue delfín de la ex presidenta del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar, que también ha adelantado que sobre el cohecho hablará en el Juzgado cuando se levante el secreto de sumario.

Nadal ha insistido durante su declaración en que si él hubiera negociado el cohecho, él habría puesto al intermediario y no Vicens. El ex conseller ha reconocido y confesado ante preguntas de fiscal el trato de información a Sacresa, aunque se ha mostrado más reacio a hablar sobre el cohecho en sí, delito del que ha dicho que declarará voluntariamente en el Juzgado de Instrucción cuando se levante el secreto de sumario.

Además

martes, 18 de junio de 2013

EL TSJ DE VALENCIA CIERRA LA RAMA FITUR DEL CASO GÜRTEL Y ABRIRÁ JUICIO ORAL

El ex vicepresidente Vicente Rambla, y las ex conselleras Milagrosa Martínez y Angélica Such.

TRIBUNALES | Imputados Rambla, Milagrosa Martínez y Angélica Such
La sala Civil y Penal rechaza los 14 recursos presentados por las defensas
Rambla, Milagrosa y Such, imputados por tráfico de influencias y prevaricación
A las dos ex conselleras de Turismo se les acusa también de cohecho pasivo
El juez Ceres deberá decidir sobre Rambla, a quien la Fiscalía no acusó

Gema Peñalosa | Valencia

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dado salida a la pieza de los contratos presuntamente irregulares concendidos por la Generalitat a la empresa de Francisco Correa Orange Market para el diseño y montaje del pabellón de la Comunidad Valenciana en las ediciones de 2005 a 2009 de la Feria Internacional del Turismo de Madrid (Fitur).

En esta rama del caso Gürtel están están imputadas Milagrosa Martínez y Angélica Such, ex conselleras de Turismo, y Vicente Rambla, ex vicepresidente de la Generalitat.

Seis meses después de que el magistrado instructor, José Ceres, cerrara las actuaciones y enseñara el camino del banquillo a los imputados, ahora es la Sala la que confirma el auto de procesamiento y deja todo listo para el juicio.

Tras desestimar los 14 recursos de apelación presentados por las defensas, ahora sólo queda que Ceres redacte el auto de apertura de juicio oral. Y en él tiene una importante decisión: incluir a Vicente Rambla, tal como pedía la acusación particular ejercida por el PSPV, o dejarle fuera, como solicitaba la Fiscalía Anticorrupción.

En su auto de procesamiento, fechado en diciembre, el magistrado apreció indicios de que los tres ex dirigentes del Consell podrían haber cometidos delitos continuados de tráfico de influencias y prevaricación por el presunto amaño en la adjudicación de los contratos para organizar la feria de Turismo Fitur a las empresas de la trama Gürtel entre los años 2005 y 2009.

Además, considera que Milagrosa Martínez, actual alcaldesa de Novelda y también ex presidenta de las Cortes, y Angélica Such también podrían haber cometido otro delito de cohecho pasivo por haber recibido presuntamente regalos de la trama. Según el relato del juez, Álvaro Pérez 'El Bigotes' le regaló a Martínez en las Navidades de 2005 un reloj Hublot de acero valorado en 2.400 euros. A Such le regaló otro reloj en los Reyes de 2009: un Cartier de oro de 3.650 euros.

En la misma causa el juez encuentra indicios de delito en Álvaro Pérez 'El Bigotes', Pablo Crespo, Francisco Correa, Cándido Herrero, Isabel Jordán y Mónica Magariños, vinculados a la trama Gürtel. Les imputa tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude a la administración pública y falsedad en documento oficial.

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lunes, 17 de junio de 2013

LA CORRUPCIÓN SUMÓ 800 CASOS Y CASI 2.000 DETENIDOS EN UNA DÉCADA


ESCÁNDALOS EN LA ADMINISTRACIÓN »
El español confía en la policía (45%), algo en la justicia (36%) y nada en partidos y sindicatos
GRÁFICO El mapa de la corrupción urbanística
Justicia más rápida en Baleares

Luis Gómez

No hay una cifra tótem sobre la corrupción en España durante el siglo XXI, aunque sí varios estudios que presentan alguna aproximación: en 13 años se han detectado unos 800 casos, no todos ellos judicializados, y se han practicado unas 2.000 detenciones, según fuentes policiales. Se conocen algunas consecuencias: principalmente que los españoles tienen más fe en la policía (45%) que en la justicia (39%) a la hora de denunciar un caso de corrupción y no confían nada en los políticos (4%) y los sindicatos (6%). Es más, los españoles han pasado de sospechar que la corrupción era un asunto local a creer firmemente (93%) que se encuentra en instituciones nacionales. La percepción de que España está invadida por la corrupción está ahora en su punto más elevado.

Sin embargo, se está produciendo un efecto retardado: los casos que están hoy en las páginas de los periódicos y en la mesa de jueces y fiscales corresponden a unos años atrás. Es seguro que, como consecuencia de la crisis económica, haya ahora menos corrupción. Ahora bien: ¿se habrán corregido las conductas corruptas? Sobre eso habrá que seguir investigando.

Se han cumplido ya siete años del estallido de la Operación Malaya, el caso que hizo despertar la conciencia de que algo muy sucio estaba pasando en España. Desde entonces, el mapa más completo sobre la corrupción urbanística en España lo han realizado unos geógrafos de la Universidad de La Laguna (Tenerife). Un mapa según el cual más de la mitad de la población española, el 56,1%, ha sufrido un caso de corrupción en su municipio. Esa sería una de las conclusiones de un estudio que recopiló todos los casos conocidos en un decenio, entre 2000 y 2010, estuvieran judicializados o no: la cuenta sumó 676 casos.

El estudio realizado por los geógrafos refleja cómo, a partir del año 2006, se dispara el conocimiento de los casos de corrupción (antes de esa fecha se habían registrado muy pocos), coincidiendo con la explosión de las dos primeras investigaciones mediáticas: la Operación Ballena Blanca (marzo de 2005) y, sobre todo, el caso Malaya (marzo de 2006). Esta explosión de casos tiene varias explicaciones: Una, la burbuja inmobiliaria estaba en su apogeo; dos, se inauguran delegaciones de la Fiscalía Anticorrupción en zonas calientes de España. Y, tres, se crean unidades policiales de investigación especializada. Es el caso de la conocida UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal), responsable de los principales casos. Por entonces, la UDEF no llegaba a los 100 agentes. En la actualidad, cuenta con 299, según puso de manifiesto hace unos meses el ministro del Interior, Jorge Fernández.

El estudio de la Universidad de La Laguna registra 414 casos hasta el año 2008, que se disparan en otros 262 entre 2009 y junio de 2010 (un 63% de incremento), un porcentaje que coincide con datos de Anticorrupción. El estudio acaba ahí. Si se buscan otras fuentes, la propia memoria de la Fiscalía Anticorrupción señala cómo a partir de 2010 empiezan a disminuir el número de diligencias de investigación, una señal de que la cantidad de casos tiende a bajar, producto del estallido de la burbuja inmobiliaria entre 2008 y 2009. Según otros informes, la cifra se quedaría cerca de los 800.

Estos números son coincidentes con un estudio elaborado por Elena Costas-Pérez, Albert Solé-Ollé y Pilar Sorribas-Navarro, publicado en 2012 en el European Journal of Political Economy (Corruption scandals, voter information, and accountability). “Nosotros recogimos noticias de prensa publicadas entre 1996 y 2009”, explica Elena Costas, “a partir del estudio de la Fundación Alternativas para los años 2000-2007, complementado con búsquedas bibliográficas de las noticias publicadas antes y después”. Suman casos (los judicializados) y escándalos y la cifra alcanza los 814 hasta enero de 2009. “Estos casos implican a 565 municipios”.

En el estudio de los geógrafos, Andalucía es la comunidad que suma mayor número (154) seguida de Valencia (94), pero es Murcia quien tiene afectado un mayor porcentaje de municipios (el 57,8%), debido en parte a que es la comunidad con menor número de Ayuntamientos. Los dos grandes partidos políticos aparecen como principales responsables: el 44% son municipios gobernados por el PP y el 31,2% por el PSOE.

“Pensábamos que había un elemento coyuntural y observamos que no, que había una connivencia entre la iniciativa privada y las instituciones públicas”, explica el profesor Víctor Martín, uno de los autores del estudio, que señala que el punto de inflexión se produjo con los casos Ballena Blanca y Malaya.

Y ocho años han pasado desde que explota el caso Ballena Blanca hasta que el Supremo dicta sentencia para cinco de los 19 acusados: cinco años de cárcel para el abogado Fernando del Valle, principal imputado y acusado en su momento de blanquear dinero a través de hasta 1.000 sociedades, muchas de ellas domiciliadas en paraísos fiscales. Se divulgaron en aquella ocasión imágenes de sus colecciones de coches y de sus lujosos inmuebles, además de su afición a contratar para su despacho exclusivamente a letradas.

El juicio arrancó en marzo de 2010 con mucho ruido, algún escándalo (el extravío de algunos de los 257 tomos del sumario) y muchas dudas sobre su operatividad: los 50 imputados se quedaron en 19 y al juicio se acreditaron 176 periodistas.

Hoy en día, Fernando del Valle ha recuperado parte de su patrimonio, solo estuvo seis meses en la cárcel y hace tiempo que reabrió su despacho como abogado en Marbella (Málaga). Hay serias dudas de que vuelva a pisar la cárcel, entre otras cosas porque seguramente solicitará su indulto al Gobierno, algo parecido a lo que hará el también abogado y presidente del Sevilla, José María Del Nido, si el Supremo confirma su condena de siete años por el caso Minutas, otra de las piezas de lo que ha sido el puzle marbellí. ¿Pasará algo parecido con la operación Malaya, convertida en otro macrojuicio con 103 acusados y casi año y medio de duración?

La atención de muchos expertos está situada, actualmente, en la sentencia de este caso, que se espera con expectación. Hay división de opiniones. Algún experto sostiene que habrá una condena severa “porque se ha tocado el dinero público”. Otros dudan de que haya sanciones ejemplares: “Si las condenas siguen la levedad de las impuestas en el caso Ballena Blanca, habría que replantearse cómo investigar estos asuntos”, señala un jurista. “Sería interesante saber cuál ha sido el coste total del caso Malaya”, apunta un abogado. El debate está abierto desde hace tiempo: son cada vez más quienes defienden que sean los fiscales y no los jueces quienes lleven el peso de la instrucción.

La lista de operaciones de relumbrón es amplia. Hay una lista de nombres que se ha hecho familiar al español medio, desde esa Ballena Blanca hasta el cada vez más complicado caso Gürtel, pasando por el caso Nóos que toca a la Familia Real o el asunto Bárcenas que pone en cuestión al actual Gobierno del PP, sin olvidar episodios con miles de afectados como las presuntas estafas de Fórum Filatélico y Afinsa.

Siete años parece ser la media de edad en la que una operación policial alcanza el momento del juicio oral, demasiado tiempo según los expertos, una media que solo se rompe en Baleares gracias a una estrategia diferente en la forma de instruir los procedimientos y evitar los macroprocesos.

Han sido ocho años de convivencia con la corrupción, asunto de actualidad casi diaria, corrupción que ha pasado su examen por las urnas. El trabajo de Costas-Solé-Sorribas muestra un castigo medio en las urnas equivalente a una pérdida de votos del 4%, que fue mayor en las elecciones locales celebradas en 2007 que en las de 2003. “La estimación de nuestro modelo”, señala Elena Costas, “confirma que los votantes españoles castigaron a los políticos locales corruptos. Los más penalizados fueron aquellos alcaldes involucrados en escándalos que generaron un alto número de noticias, más de 10, donde la pérdida media de votos en las elecciones del 2007 aumentó del 4% al 9%”.

Los geógrafos de La Laguna extraen otra interesante conclusión: un 88% de los escándalos han estado relacionados con el suelo. O con el terreno. De tal forma que el antiguo caciquismo (que los autores sitúan en la primera restauración borbónica) ha sido sustituido por uno nuevo (el de la segunda restauración borbónica), en el que entran a formar parte constructores: “Cuando estos se convierten en grandes propietarios, empiezan a tener el mismo comportamiento que los anteriores caciques”. La diferencia está en que los caciques del siglo XXI prefieren guardar el dinero en Suiza y otros paraísos fiscales.

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