jueves, 11 de junio de 2009

EL TESORERO DEL PP, A UN PASO DEL SUPREMO



La investigación del 'caso Gürtel'

La Fiscalía Anticorrupción halla indicios sólidos de delito fiscal tras un informe de la Agencia Tributaria y solicita que se remita urgentemente la causa al alto tribunal

JOSÉ MANUEL ROMERO - Madrid -

El tesorero nacional del PP y senador por Cantabria, Luis Bárcenas, y el diputado nacional Jesús Merino, del mismo partido, supuestamente cobraron importantes cantidades de dinero de la trama corrupta que dirigía el empresario Francisco Correa y no declararon sus ingresos a Hacienda. Por este motivo, la Fiscalía Anticorrupción, basándose en un informe de la Agencia Tributaria fechado la semana pasada, en la investigación policial y en otros testimonios, entiende que ya sí existen indicios sólidos suficientes para que se remita la causa contra estos dos aforados al Tribunal Supremo. Y así lo ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se investiga la trama corrupta que dirigía Correa, preso en la actualidad por delitos de cohecho, tráfico de influencias y evasión de capitales, entre otros.

El fraude al fisco que se atribuye al tesorero prescribe el próximo julio

La investigación también apunta al diputado nacional Jesús Merino

Los delitos contra la Hacienda Pública que se investigan en el caso de Bárcenas, según fuentes cercanas a este organismo, ocurrieron supuestamente hasta mediados de 2004, por lo que estarían a punto de prescribir, lo que exigiría una actuación urgente del Tribunal Superior de Madrid para remitir el caso al Supremo.

La 'caja B' de la trama

El jefe de la trama corrupta, Francisco Correa, confesó a sus colaboradores en una conversación, grabada e incorporada a la denuncia que dio lugar a la investigación, que había entregado más de 1.000 millones de pesetas a Bárcenas de adjudicaciones de la etapa de Francisco Álvarez Cascos al frente del Ministerio de Fomento. En las anotaciones de la caja B de la trama corrupta figuraban entregas de dinero de Correa que dan cuenta del pago de supuestos cohechos a altos cargos del PP a cambio de favores de administraciones públicas donde gobernaban.

La Fiscalía Anticorrupción entiende que de todo lo investigado y de los informes de la Agencia Tributaria recibidos se puede concluir que las siglas "L. B." o el nombre de "Luis, El Cabrón" (hallados en la caja B de Correa) se corresponden con el tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas.

El contundente informe que ha elaborado la Agencia Tributaria y que ha sido entregado a la Fiscalía Anticorrupción, que investigan desde hace año y medio este caso, probaría -siempre según fuentes conocedoras de la investigación- la relación entre las fechas de los pagos de la trama corrupta a Bárcenas y sus ingresos no declarados al fisco.

La policía investigó una operación bancaria sospechosa de Luis Bárcenas, que ingresó en enero de 2003 en un banco situado junto al Congreso de los Diputados 330.000 euros en billetes de 500. Hacienda llegó a analizar los movimientos bancarios y Bárcenas explicó entonces al fisco que se trataba de la devolución de un crédito que había pedido un mes antes, en diciembre de 2002, para una compra de cuadros que finalmente resultó fallida.

La investigación incluye en el cobro de dinero de la trama al diputado Jesús Merino y al todavía eurodiputado en funciones Gerardo Galeote, que fue apartado de la lista para las últimas elecciones europeas por Mariano Rajoy a raíz de su implicación en este caso.

La contabilidad de las empresas de Correa registra una entrega de unos 50.000 euros al diputado Merino más otros 180.000 euros a una persona a la que se identifica con las siglas J. M. La investigación sostiene que esas siglas corresponden a Jesús Merino.

El Tribunal Superior de Madrid deberá pronunciarse ahora sobre la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción y, en su caso, elevar el asunto al Supremo si considera razonables y delictivos los hechos que detalla la Fiscalía Anticorrupción y que se deducen de los datos aportados por la Agencia Tributaria.

El informe de Hacienda, según fuentes cercanas a la Agencia Tributaria, señala unos ingresos de varios millones de euros a favor de Bárcenas. Incluso más de los "mil millones de pesetas" (seis millones de euros) que Correa confiesa en una conversación con sus colaboradores que fue grabada por uno de ellos. Correa ha manifestado que esa frase estaba mal interpretada porque se refería a todo el dinero que le había ahorrado al PP con las actividades que organizaron para este partido a unos precios muy competitivos.

Cuando el caso de la trama corrupta vinculada al PP estaba en manos del juez Baltasar Garzón y éste quiso elevar el asunto al Tribunal Supremo al entender que Bárcenas estaba implicado en la trama, la fiscalía se opuso en dos ocasiones. Entonces, adujo que no había indicios sólidos de que "L. B." o "Luis, El Cabrón" fuesen las iniciales de Luis Bárcenas.

Ahora no tiene dudas y el único problema con el que se encuentra es la amenaza de prescripción del delito fiscal que supuestamente cometió Bárcenas. La prescripción de los delitos tiene fecha, el próximo mes de julio, según los citados medios. Si la causa se remitiera finalmente al Supremo, este tribunal tendría que pronunciarse sobre si aceptan la competencia y, en su caso, elegir a un juez instructor que, a su vez, citase como imputados a los aforados con vistas a interrumpir la prescripción.

La estrategia del PP siempre se ha basado en la convicción de que el caso Bárcenas nunca llegaría al Tribunal Supremo. Hace sólo 48 horas, Mariano Rajoy, líder de los populares, se mostraba convencido en privado de que la causa contra su tesorero nacional se archivaría.

El líder del PP apoya a Bárcenas, la persona que, como tesorero ahora y en los últimos 20 años como gerente, representa el corazón de las finanzas del partido y tiene toda la información sobre el dinero que se ha movido. Además, de todos los implicados en la trama de corrupción vinculada al PP, es el único al que nombró personalmente como tesorero.

ELPAÍS.COM

HACIENDA APORTA PRUEBAS CONTRA EL TESORERO NACIONAL DEL PP



POLÍTICA

Luis Bárcenas y el diputado popular Jesús Merino podrían encontrarse, en breve, a las puertas del Tribunal Supremo




La Fiscalía Anticorrupción tiene en su poder pruebas sólidas, facilitadas por la Agencia Tributaria, de que el tesorero del PP y senador por Cantabria, Luis Bárcenas, y el diputado nacional Jesús Merino cobraron, presuntamente, importantes cantidades de dinero de la trama corrupta del caso Gürtel y no declararon estos ingresos a Hacienda. Por ello, solicitan que se remita la causa contra estos dos aforados al Tribunal Supremo.




Luis Bárcenas y a su espalda Esperanza Aguirre, ÁLVARO GARCÍA

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Jesús Merino

Los delitos contra Hacienda, que se investigan en el caso de Bárcenas, según fuentes cercanas a esa entidad, ocurrieron supuestamente hasta mediados de 2004, por lo que estarían a punto de prescribir. Por este motivo, exigirá una actuación urgente del Tribunal Superior de Madrid para remitir la causa al Supremo, según publica El País.

La decisión del Tribunal de Madrid
El Tribunal Superior de Madrid deberá pronunciarse ahora sobre la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción y, en su caso, elevar el asunto al Supremo, si considera razonables y delictivos los hechos que se deducen de los datos aportados por la Agencia Tributaria.

La grabación que implica a Bárcenas
El cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa, afirmó a sus colaboradores en una conversación telefónica, grabada e incluida en el sumario, que había entregado más de 1.000 millones de pesetas a Bárcenas por adjudicaciones durante la etapa de Francisco Álvarez Cascos al frente del Ministerio de Fomento.

L.B
En las anotaciones de la caja B de la trama corrupta figuraban entregas de dinero de Correa que dan cuenta del pago de supuestos cohechos a altos cargos del PP a cambio de favores de administraciones públicas donde gobernaban. La Fiscalía Anticorrupción considera que todos estos datos y, ahora, el informe de la Agencia Tributaria concluyen que las siglas "L. B." o el nombre de "Luis, El Cabrón" (hallados en la caja B de Correa) se corresponden con el tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas.

El ingreso de los 330.000
La policía investigó una operación bancaria sospechosa del tesorero del PP, quien ingresó, en enero de 2003, en un banco ubicado junto al Congreso de los Diputados, 330.000 euros en billetes de 500. Hacienda llegó a analizar los movimientos bancarios y pidió explicaciones. Bárcenas alegó entonces que se trataba de la devolución de un crédito que había pedido un mes antes, en diciembre de 2002, para una compra de cuadros que finalmente resultó fallida.

Merino y Galeote
La investigación incluye en el cobro de dinero de la trama al diputado Jesús Merino y al todavía eurodiputado en funciones Gerardo Galeote, quien fue apartado de la lista para las últimas elecciones europeas por Mariano Rajoy, a raíz de su implicación en este caso. La contabilidad de las empresas de Correa registra una entrega de unos 50.000 euros al diputado Merino, más otros 180.000 euros a una persona a la que se identifica con las siglas J. M. La investigación sostiene que esas siglas corresponden a Jesús Merino.

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LA JUNTA DE ANDALUCÍA MODIFICÓ UNA SEGUNDA NORMA PARA FAVORECER A MATSA

Suprimió hace un año las limitaciones a ayudas mineras

Manuel M. Becerro | Sevilla

La Junta de Andalucía modificó hace un año un decreto que permitió el cambio posterior de la orden de incentivos con la que se salvaron los obstáculos legales que impedían conceder la ayuda a la planta de tratamiento de Minas de Aguas Teñidas (Matsa), la empresa en la que está apoderada la hija del vicepresidente tercero, Manuel Chaves.

La modificación se produjo con Paula Chaves Iborra trabajando ya en Matsa, como ha reconocido la propia compañía de capital canadiense, que admitió hace un par se semanas que la contrató «el 2 de julio de 2007» como «responsable del departamento jurídico, ostentando facultades de representación de la compañía» para, entre otras funciones, «la gestión y tramitación de incentivos y ayudas y la representación de la sociedad ante cualquier notaría, registro o Administración Pública».

Según denunció ayer el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, con Chaves de presidente, aprobó el 24 de junio de 2008 un nuevo decreto de la Consejería de Presidencia –que dirigía el ahora secretario de Estado Gaspar Zarrías– para adaptar el marco regulador de las ayudas de finalidad regional y en favor de las pequeñas y medianas empresas.

El decreto anterior, de 30 de enero de 2007, establecía diversas limitaciones al fomento de los proyectos mineros, tanto en su artículo 4.7 como en el 5. Atendiendo a dichas limitaciones fue como se elaboró la orden de incentivos de Innovación de 19 de abril de 2007, que sólo permitía subvencionar en minería proyectos de «industrias extractivas», que no transformadoras, para el acceso a los yacimientos «con el propósito de iniciar su explotación».

'Fomento de la minería'


En junio de 2008, el Consejo de Gobierno modifica –a propuesta de Presidencia– el decreto de referencia y suprime toda la letra pequeña, limitándose a señalar genéricamente el «fomento de la minería» como objetivo suficiente para justificar las ayudas. Así, se dio carta blanca a la nueva orden de incentivos de 9 de diciembre de 2008 –estando ya Paula Chaves apoderada en Matsa–, en la que se amplió con carácter retroactivo la línea de ayudas a todos los proyectos mineros que generaran una «transformación del material» extraído en productos de valor añadido.

¿Qué proyecto presentó en octubre de 2007 Matsa ante la Junta? Una planta de «tratamiento» mineral. Pero se da la circunstancia de que el Gobierno central terminó denegando el 24 de abril de 2008 una ayuda a Matsa para su proyecto de «construcción de una planta de tratamiento de mineral» alegando, entre otros motivos, que Matsa había iniciado las inversiones antes de la presentación de la solicitud de la ayuda, el 20 de julio de 2007.

Si las inversiones estaban ya iniciadas en esa fecha, evidentemente tres meses más tarde –el 11 de octubre de 2007, que es cuando Aguas Teñidas pidió formalmente el incentivo a la Junta– también lo tenían que estar. Sin embargo, la Administración andaluza calificó de «incentivable», y lo hizo en un tiempo récord: en sólo cinco días laborables se evaluó un proyecto de 96 millones de euros que, según esgrime ahora la Junta, ni siquiera se le puede dar copia a la oposición por la desmesura de su tamaño.

Pero antes, y tras conocerse la negativa del Gobierno, Chaves y Zarrías cambiaron el decreto de referencia, dejando la puerta abierta para incentivar cualquier proyecto de «fomento a la minería». Así se allanó el terreno a la orden definitiva de 9 de diciembre: la que permitió los 10,1 millones.

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