martes, 31 de agosto de 2010

"CASO IBATUR"; UN SUPUESTO COMISIONISTA DEL GOBIERNO DE MATAS SEGUIRÁ EN PRISIÓN

La Audiencia de Palma considera que existe un elevado riesgo de fuga del ex director gerente del Instituto Balear de Turismo

A. M. - Palma de Mallorca

El ex director gerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) del Gobierno balear del PP, Juan Carlos Alía, imputado en el escándalo de supuesta corrupción de la operación pasarela , seguirá en prisión porque la Audiencia de Palma de Mallorca considera que existe un elevado riesgo de fuga y de que interfiera en las investigaciones abiertas.

El juez instructor dictó una orden de ingreso en prisión el pasado día 17 de julio y acusó a Alúa de la exigencia y el cobro de supuestas comisiones ilegales a un empresario contratista del Ibatur, Bartolomé Morey. En la vista de petición de libertad, ante la Audiencia, el fiscal rechazó el argumento de la defensa de que eran inciertas las acusaciones de cohecho y de que podía probar que no cobró cantidades ilegales.

Juan Carlos Alía, ejecutivo del sector del turismo, está imputado los presuntos delitos continuados de malversación de caudales públicos, prevaricación, defraudación a la Administración, cohecho, blanqueo de capitales y falsedad documental. En el Ibatur se manejaban más de 12 millones de euros anuales.

El dueño de la compañía Comunicación Creativa, Bartolomé Morey, que facturó dos millones al Ibatur destapó las supuestas actuaciones ilegales del ex alto cargo del Gobierno de Matas que exigía el 10%. En declaraciones ante la Fiscalía Anticorrupción tras ser detenido, Morey pactó los beneficios penales de la colaboración con la justicia que se otorgan a los arrepentidos. Los fiscales valoraron la disposición del ex gerente del Ibatur a sumarse a esta vía de colaboración para desentrañar la supuesta red de malversación de caudales.

El supuesto comisionista Juan Carlos Alía es el único ex cargo político del PP que está en prisión preventiva entre el medio centenar de imputados en los casos en investigación pendientes de juicio. En la causa del Ibatur han sido detenidas dieciséis personas, ex altos cargos y contratistas. Cuatro de los imputados son dueños de empresas de servicios de publicidad, televisión, edición y espectáculos que trabajaron en las campañas electorales del PP al mismo tiempo que recibían contratos oficiales. La Fiscalía sospecha que regalaron al PP parte de su trabajo. Dos empresarios han reconocido que no cobraron sus facturas.

En la cárcel de Palma, cumpliendo penas firmes por supuesta corrupción, están el ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo; el ex director general del Territorio, Jaume Massot y el ex número dos del Ayuntamiento de Palma, Rodrigo de Santos. El ex secretario general y ex diputado de Unió Mallorquina, Tomeu Vicens, también está preso con condena.

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elpaís.com

"CASO IBATUR"; LA AUDIENCIA CONFIRMA LA DECISIÓN DEL JUEZ Y DENIEGA LA EXCARCELACIÓN DE ALÍA

Ve riesgo de fuga

Eduardo Colom | Esteban Urreiztieta | Palma

El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma confirma la decisión del juez de que el ex gerente del Instituo Balear de Turismo (Ibatur), Juan Carlos Alía, continúe ingresado en prisión. De esta forma, se deniega la petición de excarcelación del acusado, tal y como solicitó este lunes la Fiscalía al ver un elevado riesgo de fuga que podría entorpecer en las investigaciones de este procedimiento. En el caso se indaga un presunto desvío de fondos públicos desde la empresa pública durante la pasada legislatura.

Por su parte, el juez del caso rechaza todos los argumentos esgrimidos hasta ahora por el abogado defensor.

El fiscal Adrián Salazar ha mantenido de este modo que el ex responsable del Ibatur podría alterar los distintos medios de prueba y sustraerse de la acción judicial a tenor de las penas que acarrean los numerosos delitos que se le imputan. Además, ha mantenido que cobró comisiones por la adjudicación de contratos desde la empresa y que participó en la incorrecta tramitación de numerosos expedientes.

En concreto, sobre Alía pesan un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, prevaricación, defraudación a la Administración, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales, tal y como consta en el auto que dictó en primera instancia el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, y al que tuvo acceso, para desestimar el recurso de reforma que ya interpuso el encausado.

El abogado, alegó en la vista de ayer que su patrocinado no aguarda ninguna intención de huir ni de destruir pruebas, e incluso presentó varios informes dirigidos a probar que no percibió dádivas por la concesión de contratos, en contra de lo que en su día declaró el propietario de la empresa Comunicación Creativa, Bartolomé Morey.

Y es que el publicista, quien percibió más de dos millones de euros de diversas contrataciones, confesó ante el juez haber pagado comisiones de un 10 por ciento a Alía bajo el apercibimiento de que, en caso contrario, no se le seguiría contratando, mientras que al también ex gerente del Ibatur, Raimundo Alabern, afirmó haberle pagado unos 12.000 ó 13.000 euros. Tras esta declaración, el pasado 17 de julio el juez procedió a decretar el encarcelamiento de Alía, quien hasta entonces se encontraba en libertad bajo fianza de 30.000 euros.

No obstante, ésta no es la única confesión arrojada en torno a la actuación presuntamente irregular de Alía, único imputado de la causa que ha ingresado en el centro penitenciario de Palma. Del mismo modo, funcionarios del Ibatur han llegado a aseverar que el ex gerente les instó a fraccionar contratos -menores de 12.000 euros para eludir el concurso público- pese a saber que "no se podía", siendo advertidos de que "si no te gusta, ya sabes donde tienes la puerta", informó Europa Press.

'Práctica habitual' fraccionar contratos


De acuerdo a las pesquisas efectuadas, era práctica habitual el fraccionamiento de contratos al objeto de evitar alcanzar los 12.000 euros y así adjudicar de forma directa un determinado servicio a la empresa ya seleccionada de antemano. En la misma línea, el magistrado instructor del caso Ibatur asevera que "muchos" de los contratos adjudicados carecen de justificación que acredite la realización del servicio, constata pagos "totalmente excesivos" y alude a la invitación de empresas del mismo grupo en las contrataciones por más de 12.000 euros.

Cabe recordar que, hasta el momento, un total de 16 personas han sido arrestadas en el marco de estas investigaciones. Además de Alía y Alabern, también fueron detenidos el ex secretario y ex asesor jurídico de la empresa pública, Miquel Àngel Bonet, uno de los socios propietarios del grupo Clave Comunicación, Juan Velasco, y el empresario de relaciones públicas Kamal Dorai.

También han sido detenidos el socio de Clave Alberto Vergés, cuatro jefes de diferentes secciones del Ibatur, F.T.B., L.S., A.G. y P.P.; el empresario de Gestora Balear de Negocios, José Calvo; el presunto testaferro de éste, Mariano Villalba; y la mujer de Kamal Dorai, Francisca J, todos ellos en la primera fase del caso, que se abrió a finales de junio. Fue semanas después cuando, en una segunda fase, fueron detenidos el propietario de la productora Spiral, Guillem Deyà; Bartolomé Morey, y el presidente del Grup Trui, Miquel Jaume.

elmundo.es