jueves, 20 de junio de 2013

"CASO COOPERACIÓN"; LA POLICÍA INVESTIGA LA ETAPA DE BLASCO AL FRENTE DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD

La Fiscalía cree que la trama de cooperación afectó a más departamentos

Jaime Prats Valencia

La policía judicial se ha personado en los últimos días en la Consejería de Sanidad para entregar citaciones a funcionarios y altos cargos para que testifiquen sobre los contratos adjudicados por el siete veces consejero y diputado autonómico Rafael Blasco —procesado por el presunto desvío de fondos de cooperación— durante su etapa al frente de Sanidad (2006-2007).

El objeto de la investigación sobre los años de Blasco al frente de Sanidad tiene que ver con las presuntas vinculaciones que podrían existir entre la concesión de contratos en esta etapa —en especial, en el área de informática— y la trama mafiosa que saqueó dinero público destinado al Tercer Mundo. Se ha citado a declarar como testigo al actual secretario autonómico, Manuel Escolano y, al menos, a otras cuatro personas más.

Algunas fuentes han trasladado a este diario que la policía ha llegado incluso a recabar contratos concedidos bajo el mandato de Rafael Blasco. En junio de 2007 se concedieron tres concursos especialmente polémicos por un valor conjunto de cinco millones de euros, en un momento en el que Blasco ejercía el cargo de consejero en funciones, y en el que se consideraba muy poco probable que repitiera al frente de la consejería, como finalmente así fue.

Estas adjudicaciones se encontraron con la negativa del que, por entonces era el responsable del departamento de informática de la consejería, Alfonso Jiménez. La oposición a avalar estos contratos, que acabó en un enfrentamiento abierto con Blasco, derivó en la salida de Jiménez, que fue sustituido por uno de los personajes clave de la presunta agrupación mafiosa responsable del fraude en los fondos de cooperación: Marc Llinares, que se encuentra imputado junto al propio Blasco.

Ya con Llinares al frente de informática se firmaron los contratos. Meses antes, trascendió una reunión en la Consejería de Sanidad entre Rafael Blasco y Augusto César Tauroni, presunto cerebro de la trama de cooperación junto al propio Blasco. Tauroni es el único encarcelado por el caso y ha sido adjudicatario de contratos otorgados por consejerías por las que pasó Blasco.

La Fiscalía Anticorrupción sospecha que la práctica de obtener subvenciones y concursos públicos utilizando entramados empresariales como los que que se empleó para defraudar fondos de cooperación se extendió a lo largo de la trayectoria política de Blasco por las diversas consejerías que dirigió desde 1999. Siempre, en colaboración con Tauroni.

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UN CONSTRUCTOR RATIFICA QUE PAGÓ COMISIONES EN EL "CASO ADIGSA"


Salguero, que destapó ante la Fiscalía presuntas irregularidades en Adigsa, ha ratificado ante el TSJC que pagó 108.000 euros

Agencias / Jesús García Barcelona

El constructor Antonio Salguero, un empresario “arrepentido” que destapó la presunta trama de comisiones ilegales en torno a la empresa pública Adigsa, se ratificó ayer en sus acusaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Salguero reiteró lo que ya había revelado ante la fiscalía: que pagó 108.000 euros en comisiones al intermediario Josep Maria Penín por obras de reforma en viviendas de protección oficial de Adigsa.

La causa judicial arrancó en 2005. La fiscalía presentó una querella tras la alusión en el Parlament del expresidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, al cobro de comisiones —el célebre “ustedes tienen un problema que se llama 3%”— durante los gobiernos de Convergència i Unió. Tras superar mil vicisitudes, el caso está ahora en manos del TSJC por la condición de aforado de uno de los imputados, el expresidente de Adigsa y diputado de CiU Ferran Falcó. Hace un mes, Falcó se desmarcó de la trama y alegó que sus funciones eran políticas.

Por indicación de Penín, precisó Salguero, pagó comisiones de hasta el 20% por obras de reforma en 18 viviendas de Adigsa, empresa de la Generalitat. La mordida, siempre según su versión, no se quedaba solo en manos del intermediario, que llegó a amenazarle con no adjudicarle ni pagarle más proyectos si no abonaba ese dinero.

El propio Penín también debía dar explicaciones ayer, pero se acogió a su derecho a no declarar y se ratificó en la versión de 2006. Entonces, el intermediario admitió irregularidades en la adjudicación de las obras de rehabilitación de viviendas de segunda mano, pero exculpó al actual consejero de Empresa, Felip Puig, de quien es pariente lejano.

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IMPUTAN A UN EX CONCEJAL DE ICV EN REUS POR SU RELACIÓN CON EL "CASO INNOVA"


JUDICIAL | Presunta malversación de fondos


Efe | Barcelona

El juez ha decidido imputar al exregidor de ICV-EUiA en el ayuntamiento de Reus Daniel Pi por votar en el consejo de administración de Innova en marzo del 2007 a favor de conceder un aval de 3 millones de dinero público a la empresa público-privada de investigación alimentaria Shirota.

Según fuentes judiciales, las declaraciones del juzgado de instrucción número 3 de Reus por el aval de Shirota prosiguieron ayer por la tarde con Daniel Pi, también integrante del consejo de administración de Innova en su día.

El juez ha decidido imputarle porque en marzo del 2007 votó a favor de avalar el proyecto de Shirota, si bien siempre condicionado a que Innova saliera con la mayor brevedad de la empresa, al tratarse una iniciativa privada.

Posteriormente, ya con otros regidores ecosocialistas en el grupo municipal -tras las elecciones del 2007-, ICV optó por abandonar el consejo de administración de Shirota porque este punto no se había cumplido.

Por otra parte, el juzgado también ha tomado declaración como testigos al exportavoz del PP, Miquel Àngel Mallol, y a Ricard Font de Rubinat, de CiU. El pasado lunes, los exregidores de CiU y PPC Fèlix Oliva y Juan Gallardo, respectivamente, que estaban en la oposición en la anterior legislatura, declararon como testigos por el aval de 3 millones aprobado en el 2008 a la empresa Shirota.

Tras declarar hace dos semanas los 14 concejales del equipo de gobierno de entonces (PSC-ICV-ERC) por aprobar un aval de 3 millones de dinero público a la empresa de investigación alimentaria Shirota, de capital público-privado, el juzgado ha empezado a llamar a declarar a los concejales que estaban entonces en la oposición, y a los que integraban el consejo de administración de Innova cuando se aprobó el citado aval.

Las declaraciones se inscriben en la causa que este juzgado lleva a cabo dentro de la pieza separada y secreta de la causa judicial iniciada contra los exdirectivos de Innova y Shirota, Josep Prat y Carles Manté, respectivamente, por las presuntas facturas irregulares que cobraron de Innova.

"JUICIO CAN DOMENGE"; MUNAR: "NIEGO ROTUNDAMENTE QUE HAYA HABIDO REPARTO DE COMISIONES"

Munar y Nadal en el banquillo en la segunda jornada del juicio. | C. Forteza
Declaración de la ex presidenta del Parlament
'Vicens nunca me ha dado dinero ni para mí ni para el partido, ha dicho Munar
Ha sostenido que 'no sabía ni que Can Domenge se llamara así'
El juez ha interrumpido seis veces porque no era clara al contestar

María Fuenteálamo | Daniel Álvarez | Palma

La ex presidenta del Consell de Mallorca ha "negado rotundamente" que hubiera reparto de comisiones en Can Domenge durante su comparecencia en el juicio por este caso de corrupción urbanística. La ex presidenta del Consell ha asegurado que ella "no sabía ni que ese solar se llamaba así", en relación a la zona de Palma donde estaba previsto el proyecto. La ex líder de UM se ha mostrado altiva en sus respuestas ante el Tribunal, en las que ha llegado incluso a interrumpir al fiscal Juan Carrau.

Munar ha sostenido que el tema de Can Domenge era "uno más del Consell" que en aquel entonces presidía ella y que, según ha contado, se aprobó con el Pleno del organismo insular. "Yo no sabía nada", ha insistido.

El juez ha tenido que interrumpir media docena de veces a Munar durante su comparecencia, puesto que la ex líder de UM no contestaba de forma clara a las preguntas.

La ex presidenta ha llegado a espetar al fiscal: "Usted me intenta confundir". Igual que hizo Jaume Matas, Munar ha descargado toda la responsabilidad sobre los técnicos y ha dicho que no intervino ni en la decisión de vender ni en cómo hacerlo, ya que eso se establece en el pliego de condiciones del concurso.

"Yo no participo en el pliego de condiciones porque ese no es el trabajo de la presidenta. Yo me fío de mis consellers y sobre todo de los técnicos del Consell, que son 2.000 y todos de carrera, ninguno de libre designación", ha sostenido ante el Tribunal.

"Quiero que quede muy claro, Vicens nunca me ha dado dinero ni para mí ni para el partido", ha dicho a preguntas del fiscal sobre el reparto de cuatro millones de comisión que confesó el propio Vicens.

Antes que Munar el primero en declarar durante esta segunda sesión del retomado juicio por el caso Can Domenge ha sido el que fuera su delfín Miquel Nadal, que ha exculpado a la ex líder de UM y la ha dejado al margen del trato privilegiado a Sacresa, constructora a la que se le pasó información privilegiada para que acabara siendo la adjudicataria del concurso. De este modo, el ex conseller reconoce solo una parte de su participación en el pelotazo.

"He confesado y pienso seguir confesando", ha dicho el que fue delfín de la ex presidenta del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar, que también ha adelantado que sobre el cohecho hablará en el Juzgado cuando se levante el secreto de sumario.

Nadal ha insistido durante su declaración en que si él hubiera negociado el cohecho, él habría puesto al intermediario y no Vicens. El ex conseller ha reconocido y confesado ante preguntas de fiscal el trato de información a Sacresa, aunque se ha mostrado más reacio a hablar sobre el cohecho en sí, delito del que ha dicho que declarará voluntariamente en el Juzgado de Instrucción cuando se levante el secreto de sumario.

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