miércoles, 21 de marzo de 2012

"OPERACIÓN CAMPEÓN"; LA JUEZA SUSPENDE LA DECLARACIÓN DE FERNANDO BLANCO A PETICIÓN DE LA DEFENSA

Prevista para este jueves
Ninguno de los dos abogados que asisten al ex conselleiro podía ir a la cita

Efe | Lugo

La juez instructora de la 'operación Campeón', Estela San José, ha decidido suspender la declaración del ex conselleiro nacionalista de Industria Fernando Blanco prevista para este jueves, a petición de los abogados que se ocupan de su defensa porque ninguno de ellos podía acompañarlo en su comparecencia.

La defensa de Fernando Blanco presentó el martes un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo para solicitar que fuese aplazada dicha comparecencia y explicar los motivos de tal petición, que finamente fue aceptada por la instructora, según confirmaron fuentes jurídicas.

Según informó a Efe Evaristo Nogueira, uno de los abogados que se ocupa de la defensa del ex conselleiro, presentaron esta solicitud porque ni él ni el otro letrado que asiste a Fernando Blanco, Xoán Antón Pérez-Lema, podían acompañarlo en su comparecencia ante la juez en la fecha señalada, debido a causas personales y profesionales.

En principio, Fernando Blanco había sido citado a declarar por segunda vez ante la instructora el 22 de marzo, un día después que el ex diputado autonómico del PP Pablo Cobián y un día antes que el alcalde de Lugo, el socialista José López Orozco, que comparecerá ante Estela San José, en calidad de imputado, el próximo 23 de marzo.

Evaristo Nogueira confirmó que, una vez que Fernando Blanco preste declaración, la defensa presentará un escrito en el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo para solicitar el sobreseimiento de la causa contra su patrocinado, por considerar que "no hay caso" contra él.

"OPERACIÓN CAMPEÓN"; PABLO COBIÁN: "NO VOLVERÉ A DECLARAR HASTA QUE SE RESTABLEZCAN TODOS MIS DERECHOS"

El ex diputado Pablo Cobián (i), junto a su abogado Ulises Bértolo. | Efe
Acudió este miércoles al juzgado de Lugo
El ex diputado explicó a la juez una 'vulneración' de sus derechos
Presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude de subvenciones
Su abogado denuncia la intervención de conversaciones sin autorización
La juez cree que Cobián intercedió a favor de Proitec en ocho obras públicas

Silvia Pena | Lugo

El ex diputado autonómico y ex concejal del PP Pablo Cobián acudió este miércoles al Juzgado de Lugo para prestar declaración por su imputación en la 'operación Campeón'. Apenas media hora después de presentarse ante la instructora del caso, la juez Estela San José, el político coruñés reconoció que se ha negado a declarar, lo que mantendrá "hasta que se restablezcan todos mis derechos".

En declaraciones a los medios de comunicación, a su salida del Juzgado, Pablo Cobián explicó que la comparecencia ante la juez fue "concisa, concreta y rápida". El ex diputado le habría explicado a la juez la remisión de un escrito en el que "entendemos que se han vulnerado todos mis derechos en este proceso y en tanto en cuanto no se restablezcan no volveré a declarar", aseveró.

Pablo Cobián insistió en que no ha cometido "ninguna irregularidad" en la instrucción, por lo que precisó que "así quedará demostrado y en su momento haré las valoraciones oportunas".

Su abogado defensor, Ulises Bértolo, abundó en las explicaciones de Cobián sobre la presentación de un escrito ante el Juzgado de Instrucción Nº3, "en el que denunciamos que se ha cometido una irregularidad en el proceso porque se han intervenido sus conversaciones privadas al margen de autorización judicial", expuso.

Según las manifestaciones del letrado de Cobián, la juez todavía no se ha pronunciado sobre el escrito remitido la pasada semana. "Hay que esperar y dejar que la labor de la justicia siga adelante", añadió al tiempo que matizó que, "hasta que no se resuelva, no vamos a realizar valoraciones a mayores".

Bértolo asume que existen autorizaciones en relación con la intervención y posterior grabación de otros de los implicados en la causa, pero no así de su cliente, un permiso que debería conceder el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) atendiendo a la condición de aforado de Cobián en el momento en el que sucedieron los hechos investigados.

Declaración en noviembre
La juez Estela San José imputa a Pablo Cobián la comisión de tres presuntos delitos: tráfico de influencias, cohecho y tráfico de subvenciones. Al verse salpicado por la 'operación Campeón' a finales de 2011, el político se ve obligado a dimitir de sus cargos como diputado en el Parlamento autonómico y como candidato del PP a la alcaldía de Oleiros (A Coruña). El 28 de noviembre de 2011 -con la investigación bajo secreto de sumario- prestó su primera declaración ante la juez.

Su comparecencia está recogida en 13 folios de la parte alzada del sumario de la investigación. Durante varias horas Cobián explicó a la juez su relación con el principal imputado en la causa, Jorge Dorribo, y respondió sobre las gestiones que presuntamente habría llevado a cabo ante la Xunta para tratar de beneficiar al empresario lucense en sus negocios. Cobián sostiene que en ninguna de sus acciones incurrió en "nada ilegal".

Pablo Cobián reconoció ante Estela San José que se interesó por el expediente de uno de los préstamos solicitados por Dorribo al Igape, cuyo importe era de 2,9 millones de euros. Sobre su supuesta mediación para obtener la ayuda, el político aclara que se interesó por su estado "porque era un expediente muy interesante para desarrollar". También dice que no influyó "para nada" en la resolución de la ayuda y esgrime que no tiene poder ejecutivo ni poder de decisión.

San José justifica las irregularidades ante el TSXG
En abril de 2011, la juez Estela San José remite una exposición razonada al TSXG en el que argumenta que Pablo Cobián -aforado- habría "intervenido" para "favorecer o acelerar" la concesión de una subvención del Igape por alguna de las empresas pertenecientes a Jorge Dorribo.

Las escuchas telefónicas revelarían el supuesto pago de más de 60.000 al político por las gestiones ante la Xunta. Para ello, Dorribo habría decidido patrocinar el equipo de karts Cobián Racing Team en el que competía el hijo del político.

San José razona que "de la coincidencia de hechos cruzados solo puede entenderse que las gestiones realizadas por Pablo Cobián se hicieron con el fin de conseguir ese patrocinio por importe de 139.450 euros a lo largo del año 2011". Una conducta que la juez instructora del caso 'Campeón' ve constitutiva de delito, "al haber influido en el director del Igape para la concesión de un préstamo del Banco Europeo de Inversiones en el que no se observan las garantías necesarias en cuanto a los requisitos exigidos", expone.

Al final del escrito remitido al TSXG, en el que también se solicita la intervención de las comunicaciones del político, San José cita hasta ocho gestiones en las que Pablo Cobián "habría intercedido" para la adjudicación de obras públicas a la sociedad de otros dos imputados en el caso, los socios de Dorribo, Carlos Monjero y Javier Rodríguez, propietarios de la empresa Proitec.

En su testificación ante la juez el pasado mes de noviembre, Pablo Cobián asegura que "nunca" recibió "ni un solo céntimo" por hacer una gestión política y lamenta "el daño personal recibido con esas calumnias". "Políticamente he recibido un daño irreparable", remarca.

El inicio de la operación judicial provocó la interrupción del patrocinio de Nupel al equipo de karts, por lo que solo llegó a ingresar 78.000 euros de los más de 130.000 acordados para "allanar obstáculos y problemas" en la tramitación de las ayudas solicitadas por Jorge Dorribo al Gobierno gallego.

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"CASO MALAYA"; JULIÁN MUÑOZ: "RATIFICO QUE EN NINGÚN CASO HE RECIBIDO DINERO DEL SEÑOR ROCA"

Julián Muñoz presta declaración en el juicio del caso 'Malaya'. | Cabanillas
Se enfrenta a 10 años de prisión



José Carlos Villanueva | Málaga

"Ratifico que en ningún caso he recibido dinero del señor Roca". Así ha arrancado la esperada declaración del ex alcalde de Marbella Julián Muñoz. Ha sido después de que el procesado le pidiera al fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, que le leyera los cargos que se le imputan.

El Ministerio Público ha abierto fuego preguntándole por los 162.000 euros de supuestos sobornos que le atribuye haber cobrado del principal acusado, Juan Antonio Roca. Muñoz se ha escudado en que sus relaciones con Roca "no era buenas por la moción de censura". Lo cierto es que el grueso de los pagos atribuidos a las siglas J.M., en la contabilidad de Roca, son de noviembre de 2002, antes de que Muñoz dejara de ser primer edil.

Concretamente, el 7 de noviembre de 2002 aparece un pago de 15.000 euros a J.M. El día 11 del mismo mes aparece otro pago de 135.000 euros. Ya el 10 de diciembre de 2003, cuatro meses después de dejar la Alcaldía Muñoz, aparece el último pago de 12.000 euros.

"Si a mí me han dado dinero quiero saber quién me lo ha dado, dónde me lo han ingresado y en qué cuenta", le ha inquirido Muñoz al fiscal. López Caballero le ha respondido que "ese dinero se pagó en efectivo, no se ingresó en ninguna cuenta".

Muñoz ha presumido de haber sido "una de las personas más investigadas del caso 'Malaya'. De mí se han pedido comisiones rogatorias a todos los paraísos fiscales del mundo y a las cuentas de todos los bancos de Marbella y no se me ha encontrado nada".

El fiscal acusa al ex regidor del GIL de haber cobrado 162.000 euros en sobornos de Roca. El ex asesor urbanístico ya declaró que las siglas J.M. de su contabilidad no se correspondían con la identidad del ex primer edil, sino con el nombre de un asesor electoral. Muñoz se enfrenta a 10 años de prisión y 400.000 euros de multa por los delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos.

López Caballero sostiene que dichos pagos se corresponden con convenios urbanísticos que Muñoz firmó con sociedades vinculadas a Roca, que salieron claramente beneficiadas, tal es el caso de CCF21 Negocios Inmobiliarios S.A.

En relación con el delito de cohecho, Muñoz se aferra a la declaración exculpatoria hacia él de Roca, cuando el ex asesor urbanístico aseguró que las siglas J.M. correspondían a Javier Manríque, "asesor electoral de Jesús Gil", según el considerado cerebro de la trama de corrupción municipal.

Al ser preguntado por los motivos del cese de Roca, Muñoz ha rectificado la declaración que prestó tras ser detenido en 2006. Ahora dice que el ex asesor "no tuvo nada que ver con la moción de censura. Le cesé porque no respetaba la autoridad del alcalde. El cese es porque el alcalde era yo".

En cuanto al poder de Jesús Gil tras la moción de censura, el ex alcalde sostiene que "lo tuvo todo". De hecho, ha añadido que el ex presidente del Atlético de Madrid "pone la moción de censura porque dejo de obedecerle ciegamente y porque yo soy el que negocio con la Junta de Andalucía".

Muñoz se ha servido de las hemerotecas de julio de 2003 para ilustrar sus reuniones con la Junta de Andalucía, previas a la moción de censura. Sostiene que le pidieron el cese de Roca. Afirma el ex regidor del GIL que le propuso al Ejecutivo andaluz una negociación. Consistía en "dejar la parte del PGOU que se había aprobado, dejar lo legalizable y lo que no, dejarlo apartado". Además, asegura que él propuso al Gobierno andaluz que todos los procedimientos penales por licencias urbanísticas se paralizaran. "La señora Josefina Cruz y el señor Ruiz Povedano me dijeron adelante".

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"CASO PALMA ARENA"; LA FISCALÍA RECHAZA PEDIR EL INGRESO EN PRISIÓN DE MATAS AL NO VER RIESGO DE FUGA

Condenado a 6 años de cárcel
Argumenta que ve 'arraigo' y que no ha habido 'rebeldía' durante el juicio

Lola Sampedro | Agencias | Palma

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha presentado un escrito en la Audiencia Provincial de Palma en el que rechaza pedir el ingreso en prisión del ex presidente balear Jaume Matas tras su condena ayer a 6 años de cárcel por delitos de corrupción en el primer juicio del caso Palma Arena.

En su escrito, el fiscal no considera obligada la ejecución inmediata de la sentencia al no ver riesgo de fuga y "siempre que las medidas cautelares personales en vigor se mantengan en su integridad".

El fiscal advierte de que cualquier modificación de dichas medidas (cautelares) supondría una "incidencia a valorar en orden al aumento de probabilidades de riesgo de fuga, que, ante una condena tan grave, obligarían a solicitar medidas más graves".

Horrach señala que al dictarse ayer sentencia, el "alcance protector" de la presunción de inocencia aparece ya "muy debilitado, aunque no sea firma aún la condena".

El fiscal ve "arraigo" en la figura de Matas y por ello valora que se disminuye el riesgo de fuga, a pesar de que ese peligro "exista siempre". Horrach también argumenta que durante el tiempo que ha durado el juicio ", Matas no ha manifestado voluntad de rebeldía frente al Juzgado".

De esta forma, el fiscal recuerda en su escirto los delitos y las medidas cautelares que se le impusieron al ex presidente, entre las que destaca, además de la fianza de 2,5 millones, el hecho de que se le retirara el pasaporte, se le prohibiera la salida del país y se le obligara a comparecer cada quince días en los Juzgados. Todo esto, dice Horrach, sumado a su situación personal, disminuye a su criterio el riesgo de fuga tanto de Matas como de Alemany.

Horrach también añade que "prevé prácticamente asegurada" la confirmación de la sentencia dictada por la magistrada Margarita Beltrán cuando el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso de casación anunciado por el letrado Matas, Antonio Alberca.

La Fiscalía tampoco solicita el ingreso en la cárcel del periodista Antonio Alemany, quien ha sido condenado a 3 años y 9 meses de prisión.

Condenado a seis años
Matas ha sido condenado a penas que suman 6 años de prisión por varios delitos de corrupción al haber beneficiado fraudulentamente con dinero público al periodista que le escribía los discursos, Antonio Alemany, sentenciado a una pena de 3 años y 9 meses de cárcel.

Esta es la primera sentencia del caso Palma Arena, una causa dividida en 26 piezas sobre corrupción en la que Matas está imputado en una veintena, entre ellas la investigación del Instituto Nóos, que fue presidido por Iñaki Urdangarin.

Matas, que es el cuarto presidente autonómico condenado por corrupción, fue responsable del Govern balear entre los años 1996-1999 y 2003-2007 y ministro de Medio Ambiente de 2000 a 2003.

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"TRAMA DE LOS ERE"; EL EX CHOFER DE GUERRERO LLEGÓ IMPUTADO AL JUZGADO POR 11 DELITOS Y FUE ENCARCELADO POR 22

Tras declarar ante la juez Alaya
Tendrá que abonar una fianza por responsabilidad civil de 2,3 millones
Ha admitido haber creado empresas ficticias para recibir ayudas de la Junta
El propio Guerrero gestionaba arbitrariamente esas subvenciones
Se gastó buena parte de las ayudas en comprar cocaína para él y su jefe
También emitió facturas falsas por trabajos no realizados por sus empresas
Viajó en dos ocasiones a Madrid para recoger sobres con dinero para Guerrero
La juez Mercedes Alaya le imputa once delitos en la investigación de los ERE

A. Salvador | S. Torres | Sevilla

Juan Francisco Trujillo, chófer del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que esta pasada madrugada se convirtió en el segundo encarcelado por los ERE falsos, llegó al juzgado imputado por once delitos y terminó acusado de 22, que incluso podrían aumentar.

En el auto, la juez Mercedes Alaya decretó prisión sin fianza para Trujillo por su riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, porque es ahora cuando ha perdido todo su arraigo social y además va a dejar de cobrar el paro dado que, según su propia confesión, lo percibía de manera fraudulenta.

Trujillo inició su declaración ante la juez de instrucción 6 de Sevilla imputado de once delitos: tres de obtención indebida de subvenciones, uno de falsedad en documento mercantil, un delito continuado de cohecho, otro de trafico de influencias, un delito continuado de prevaricación, otro de malversación y tres delitos de falsedad en documento oficial.

Su encarcelamiento se produjo por otros once: uno de alzamiento de bienes por vender una de las fincas que compró con las subvenciones, dos de falsedad en documento mercantil por los falsos contratos de trabajo por los que está cobrando el paro, tres de falsedad y otros tres de cohecho por las tres facturas falsas que reconoció por trabajos ficticios a Delphi, Dhul y Estudios Jurídicos Villasís, y dos de cohecho por los sobres con dinero en efectivo que recogió para su jefe.

Petición de la acusación
El letrado del Partido Popular ha pedido también la detención y puesta a disposición judicial del director general de Vitalia, Antonio Albarracín, por haber entregado a Trujillo los sobres con dinero con las supuestas comisiones para Javier Guerrero.

Durante su declaración, Trujillo ha reconocido que tanto él como su jefe, Francisco Javier Guerrero, consumían cocaína "a cualquier hora", gastaron 25.000 euros mensuales en droga y que en al menos dos ocasiones viajó a Madrid para recoger sobres con dinero de manos del director general de la empresa Vitalia que posteriormente entregaría a su jefe.

La juez Alaya decretó hace diez días el ingreso en prisión ineludible de Francisco Javier Guerrero -al que impondría una fianza de 703 millones de euros para hacer frente a la devolución del dinero malversado- y su chófer podría seguir ahora su mismo camino.

Durante su declaración ante la juez, Trujillo ha afirmado que Guerrero y él consumían "entre cinco y diez gramos diarios" de cocaína, droga que él mismo preparaba al director general en bolsitas y que le entregaba según le fuera pidiendo.

Esta droga se compró, según ha declarado, con las ayudas públicas que recibió de su jefe, y su suministrador era el hijo del dueño de un restaurante de la Sierra Norte sevillana que también está siendo investigado por las ayudas, según han explicado fuentes próximas al caso.

Dinero en sobres
Además, Trujillo ha asegurado a la juez que en 2007 se desplazó a Madrid en dos ocasiones por orden de Guerrero y, una vez en la estación de Atocha y otra en el despacho del director general de Vitalia, recibió sendos sobres con dinero de manos de Antonio Albarracín, responsable de la aseguradora, una de las mediadoras en los ERE.

Trujillo ha reconocido haber percibido 1.350.000 euros de la Junta para tres empresas que creó a instancias del ex director general de Trabajo, que en realidad eran "ficticias" y Guerrero lo sabía. Pero ello no le impidió emitir al menos cuatro facturas falsas -como las ha calificado la juez Alaya- por trabajos que no realizó.

El chófer ha reconocido a la juez Mercedes Alaya que en la actualidad cobra el paro indebidamente, pues le dieron de alta de manera ficticia dos empresarios conocidos suyos.

Con las ayudas obtenidas durante el tiempo en que fue chófer de Guerrero (2003-2007), Trujillo se compró tres terrenos y un piso en la calle San Luis de Sevilla, devolvió entre 60.000 u 80.000 euros en mano a Guerrero y, entre otras cuestiones, se gastó unos 40.000 euros en regalos para su jefe, 4.000 euros para un piano que le compró, 1.200 euros en teléfonos móviles, le pagó unos 2.000 euros en ropa, le regaló dos relojes y le compró antigüedades que él mismo trasladó a su domicilio en El Pedroso (Sevilla).

Ha explicado los 122.649 euros que percibió su propia madre porque en cierta ocasión el ex director general le comentó que "necesitaban tener liquidez" para seguir comprando cocaína y le pidió los datos del DNI de una persona mayor de edad para hacerle los ingresos.

El ex director general despachaba en los bares de copas que frecuentaba y presumía de su poder para otorgar subvenciones, según otra de las respuestas del chófer.

Según los citados abogados, el imputado ha afirmado que Guerrero despachaba en los bares de copas y luego su chófer veía a esos interlocutores en el despacho oficial del director general. Trujillo "se daba cuenta de que las ayudas se concedían a personas próximas a Guerrero o al PSOE", según ha declarado.

Sobre su jefe, ha manifestado que el ex director general encarcelado desde el pasado día 9 "recibía muchos regalos" y en una ocasión el dueño de una gasolinera le regaló un GPS con DVD y dos pantallas para instalar en su coche marca BMW.

También ha asegurado que la Junta hasta ahora solo le ha notificado la apertura de un expediente de revisión para que devuelva los 450.000 euros obtenidos por su empresa Iniciativas Turísticas de Sierra Morena, y la juez le ha dado diez días de plazo para que explique el destino del dinero que obtuvo en noviembre de 2011 por la venta de una de las fincas que se compró con las ayudas.

Además

"CASO MALAYA"; DIRECTIVOS DE PORTILLO DECLARAN QUE FUERON EXTORSIONADOS POR UN EX EDIL DEL GIL

Juicio

José Carlos Villanueva | Málaga

Tres directivos de la empresa CTSA-Portillo, filial de la compañía FCC, han declarado este martes, como procesados en el caso 'Malaya', haber sido objeto de una extorsión por parte del que fuera edil de Tráfico con el GIL en Marbella, así como en el gobierno tripartito de Marisol Yagüe, Victoriano Rodríguez, ya fallecido.

El primero en relatar la petición del soborno, cifrado en "65 millones de pesetas", ha sido Julio de Marco, ex gerente de la empresa. A preguntas del fiscal ha negado en todo momento haber consumado el pago, también calificado como "mordida", al que le sometió Rodríguez -entre febrero y marzo de 2006- para conseguir la explotación de la terminal de autobuses de Marbella.

"Me dijo que si queríamos ser los adjudicatarios de la contrata debíamos entregar ese dinero, a él o a su amigo Ismael Pérez Peña", en alusión al empresario de automoción que ya pactó con Anticorrupción una rebaja considerable de la pena solicitada, para no entrar en prisión. A cambio reconoció haber regalado a Yagüe tres vehículos de lujo, así como un pago de 180.000 euros para ella y Juan Antonio Roca.

Durante el interrogatorio se han podido escuchar varias conversaciones entre De Marco y Rodríguez, interceptadas por la Policía. En ellas el ex directivo de Portillo llega a preguntarle al entonces edil "dónde te llevo el dinero". El que fuera hombre de confianza de Jesús Gil le contesta lo siguiente: "No me hables de dinero por teléfono".

Julio de Marco, que se enfrenta a un año de prisión y 600.000 euros de multa, ya declaró durante la instrucción que el pago del soborno no llegó a consumarse, al ser detenido Victoriano Rodríguez el 29 de marzo de 2006.

El fiscal Juan Carlos López Caballero le ha recordado al ex gerente de Portillo que él reflejó una "contraoferta", consistente en entregar a Rodríguez 125 millones de las antiguas pesetas antes de dicha adjudicación, y otros 15 millones después.

El ex directivo Joaquín Martínez Vilanova ha declarado que estuvo al corriente de todo, como superior directo de De Marco. Tanto Vilanova como José María Pérez Lozano han denunciado "presiones insoportables" por parte del ex edil ya fallecido. Uno de ellos ha llegado a calificar a Rodríguez de "persona desquiciada". La pretensión de Portillo era renovar por tercera vez la explotación del servicio, ocho años más.

También ha declarado como imputado el abogado Manuel Sánchez Zubizarreta. Él lideraba el bufete de letrados que hicieron las veces de testaferros de sociedades de Roca, tal y como desveló EL MUNDO en abril de 2003.

El auténtico protagonista de la jornada ha sido el ex alcalde Julián Muñoz. Su declaración estaba prevista para este martes, pero finalmente las comparecencias de los responsables de Portillo la han retasado hasta el miércoles.

El fiscal acusa al ex regidor del GIL de haber cobrado 162.000 euros en sobornos de Roca. El ex asesor urbanístico ya declaró que las siglas J.M. de su contabilidad no se correspondían con la identidad del ex primer edil, sino con el nombre de un asesor electoral.

Muñoz se enfrenta a 10 años de prisión y 400.000 euros de multa por los delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos.

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