miércoles, 11 de julio de 2012

"TRAMA DE LOS ERE"; LA JUEZA ALAYA RECHAZA LA RECUSACIÓN DE RIVERA Y LE IMPUTA CUATRO DELITOS

Rivera llega a los juzgados | Jesús Morón
Es el cuarto alto cargo que declara como imputado
El argumento para recusarla era el retraso en resolver el recurso de imputación
Ya declararon dos antecesores suyos y un ex consejero de Empleo
Francisco Javier Guerrero y Antonio Fernández siguen en prisión
Juan Márquez quedó libre con cargos la semana pasada
La juez Alaya ha citado a Rivera tras nuevos informes de la Guardia Civil

ELMUNDO.es | Sevilla

La juez que investiga los ERE fraudulentos ha rechazado la recusación planteada por Daniel Rivera, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, y le ha imputado cuatro delitos continuados.

La juez Mercedes Alaya ha imputado a Rivera delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, infidelidad en la custodia de documentos y omisión del deber de perseguir delitos por haber dado "forma y continuidad" a las ayudas instauradas por su antecesor Javier Guerrero, encarcelado desde marzo. Alaya ha rechazado por extemporánea la recusación planteada ayer mismo por Rivera, cuyo abogado alegó el retraso en resolver sus recursos contra la imputación.

En un auto entregado este martes a las partes, la juez dice que cuando el pasado 20 de junio le fue notificada a Rivera la citación para declarar como imputado, había transcurrido "con creces" el plazo del 4 de junio para que las partes presentasen alegaciones. En cuanto a la pretensión de Rivera de que no se admitan determinadas pruebas y documentos aportados por otros imputados, Alaya responde que la recusación "no es el mecanismo procesal oportuno". Tras el receso para notificar el auto, Rivera ha comenzado a declarar y no se ha acogido a su derecho a no hacerlo, como barajaban algunos letrados

Rivera es el cuarto alto cargo de la Junta que declara como imputado ante la juez Mercedes Alaya. Lo hicieron antes sus antecesores al frente de la dirección general de Trabajo, Juan Márquez y Francisco Javier Guerrero -el primero libre con cargos, el segundo en prisión preventiva- y el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, actualmente en prisión preventiva.

"CASO MALAYA"; "EL SEÑOR ROCA A VECES OBTENÍA UN BENEFICIO INDECENTE, PERO SIEMPRE ERA LEGAL"

Juan Antonio Roca (a la derecha) junto a su principal testaferro, Óscar Benavente. | C. Díaz
Alegato final de la abogada del principal acusado
La defensa sitúa a Roca como un ‘empresario de éxito’ al llegar a Marbella

José Carlos Villanueva | Málaga

Sobre el guión ya escrito. Rocío Amigo, la abogada defensora del principal acusado en el caso ‘Malaya’, Juan Antonio Roca, ha situado este miércoles a su representado como un “empresario de éxito” cuando desembarcó en el Ayuntamiento de Marbella, en mayo de 1992.

En cuanto a los negocios inmobilarios privados compaginados con su actividad pública, entre 1992 y 2006 que le reportaron un ingente patrimonio su letrada lo justifica así: "El señor Roca a veces obtenía un beneficio indecente, pero siempre era legal'. Para él ha pedido la libre absolución ante el tribunal que enjuicia la mayor trama de corrupción municipal de la historia de España.

Durante su informe final, de más de dos horas de duración, la letrada esteponera ha insistido en la solvencia económica del ex asesor urbanístico municipal marbellí, frente a las tesis de Anticorrupción y los peritos de la Agencia Tributaria. Ambos organismos mantienen que Roca estaba arruinado y con sus empresas en quiebra cuando Jesús Gil le contrató.

Con “treinta y pocos años” Roca fue contratado como director general entre 1986 y 1990 en una empresa “y cobraba un sueldo de 1,6 millones de pesetas al mes” ha alegado su defensa. El cartagenero, perito de Minas, comenzó a comprar participaciones de sociedades. “Del 89 al 92 adquirió un yate y más de una veintena de inmuebles”. En 1996-ha insistido Amigo-”ya estaba bien situado y tenía veinte empresas que le generaban beneficios millonarios”.

“Contaba con un patrimonio de 8 millones de euros cuando llegó a Marbella y ya en 2006 (cuando fue detenido) alcanzó los 133 millones de euros”. Todo ello fruto, según la defensa, de su “actividad empresarial”. Sin tapujos, Rocío Amigo ha reconocido en todo momento que Roca compaginó siempre su labor municipal con los negocios inmobiliarios en Marbella y “todo el mundo lo sabía, porque no se ocultaba”, ha recalcado.

Lo cierto es que en numerosas operaciones desarrolladas en Marbella Roca se benefició como empresario, siendo juez y parte a la hora de comprar, vender y recalificar terrenos a terceros, desde su posición de gerente de Urbanismo. No hay duda de que Roca poseía siempre información privilegiada sobre las parcelas más jugosas que había en el mercado marbellí y prueba de ello fueron las millonarias ganancias obtenidas, como así sostiene la Fiscalía Anticorrupción.

La defensa legitima las actuaciones empresariales del acusado así: "El señor Roca compraba y vendía terrenos, a veces obtenía un beneficio indecente, pero siempre era legal”, ha dicho Amigo sobre los escandalosos pelotazos urbanísticos protagonizados por su representado junto a otros socios.

En definitiva, el ex brazo derecho de Jesús Gil no hizo más que aprovechar el contexto de la burbuja inmobiliaria de la España de aquellos tiempos: “La especulación inmobiliaria puede ser amoral, pero es legal”, ha justificado la representante del antiguo factótum del urbanismo marbellí.

Paralelamente, la abogada del principal procesado ha criticado duramente la instrucción judicial que llevó a cabo el ex titular del Juzgado de Instrucción 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres: “Se ha querido meter en una organización criminal a un picapleitos, a un ñapas (sic) y a un segurata”. De esa forma tan despectiva se ha referido Amigo a los procesados Francisco Soriano (abogado); Ernesto Celdrá (intermediario de terrenos para Roca) y Jaime Hachuel, este último ex jefe de Seguridad del principal acusado.

En opinión de Amigo “Malaya es una investigación policial sin filtro judicial previo y sin cimientos”. Cree, además, que la instrucción de Torres “ha provocado la muerte social de todos los acusados, que han padecido una condena anticipada”.

Finalmente, dicha defensa se ha quejado ante el tribunal de que haya “un periodista que se queje de que el Ayuntamiento rebaja la pena de prisión a Roca de 40 a 30 años”. Realmente la rebaja fue mayor. De los 39 años que el Consistorio pedía inicialmente ahora ha pasado a reclamar tan sólo 20, tal y comó informó EL MUNDO.es el pasado 14 de junio.

El fiscal pide para Roca 30 años de prisión y 800 millones de multa, principalmente por delito continuado de blanqueo de capitales, entre otros. Juan Carlos López Caballero sostiene que el ex asesor municipal cimentó su fortuna en actividades ilícitas dentro del Consistorio marbellí, principalmente con sobornos de empresarios y promotores, además de las comisiones que logró en actividades inmobiliarias privadas.

Además

"CASO GÜRTEL"; MARTÍN VASCO DICE QUE SU HERMANO LE PAGÓ PARTE DEL PISO FAMILIAR SIN FACTURA


El ex diputado Benjamín Martín Vasco en un pleno. | A. Di Lolli
TRIBUNALES


Europa Press | Madrid

El ex diputado del PP en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco, imputado en el "caso Gürtel", ha dicho hoy que su hermano le compró la tercera parte de la casa que tenía con él y con sus padres, por la que le abonó 42.000 euros con pagos en efectivo de 9.000 y 12.000 de los que "no hay factura".

Así lo ha manifestado el ex diputado regional ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que le ha tomado declaración junto a su hermano Joaquín Martín Vasco, ambos imputados por los delitos de alzamiento de bienes e insolvencia punible por la venta de un piso "para eludir presuntamente responsabilidades civiles", han informado fuentes jurídicas.

En la declaración de bienes que Martín Vasco presentó ante la Asamblea de Madrid en 2010, éste aseguraba que sólo poseía el 50% de un piso de 179 metros cuadrados, que compró con su mujer en 2005 en el madrileño distrito de Fuencarral-El Pardo, y un vehículo BMW adquirido en 2008, ya que vendió a su hermano la parte de una casa familiar de la que era copropietario en Arganda del Rey.

Martín Vasco, según las fuentes consultadas, ha detallado que él y su hermano compraron esa vivienda por 19.800.000 de pesetas (119.000 euros), de la que dieron una entrada al 50% de 4.800.000 pesetas (28.848 euros) y dejaron una hipoteca de 15.000.000 pesetas (90.151 euros), y ha añadido que la escrituraron en tres partes: un tercio él, otro su hermano y el otro sus padres.

Sin embargo, ha indicado que "no pagó nada de esa vivienda" porque se iba a casar y compró un piso con su mujer, por lo que sus padres y hermano "asumieron" la hipoteca, y ha recordado que en 2005 "necesitaba dinero" para adquirir su vivienda y por eso le pidió a su hermano que le pagara su tercio.

Esos 42.000 euros se los pagó en cuatro años -de 2005 a 2008- en efectivo, unos pagos de los que -ha subrayado- "no hay factura", lo que ha corroborado su hermano.

Joaquín Martín Vasco fue funcionario en el Ayuntamiento de Arganda del Rey de 2003 a 2007, una localidad en la que su hermano fue teniente de alcalde entre 1995 y 1999, portavoz del PP de 1999 a 2003, presidente de la empresa pública 'Sociedad de Fomento de Arganda del Rey' (1997-1999) y consejero delegado de la también entidad pública Fomento y Desarrollo Municipal S.A. (2003-2006).

Al ser preguntado cómo explica los pagos de 9.000 y 12.000 euros que le hizo a su hermano para pagarle la tercera parte de la vivienda, Joaquín ha manifestado que "tenía costumbre" de cuando tenía "un poco de dinero" en el banco lo sacaba y lo guardaba en casa, y con eso le iba pagando.

Martín Vasco ya estaba imputado en el 'caso Gürtel' por delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal, entre otros, a los que ahora Ruz ha añadido alzamiento de bienes e insolvencia punible, los mismos de los que acusa a su hermano, que hasta el momento no estaba imputado.

Además de los hermanos Martín Vasco, Ruz tenía previsto tomar declaración al ex tesorero y ex senador del PP Luis Bárcenas para interrogarle en relación con la imputación por delito fiscal de su esposa Rosalía Iglesias, aunque ha aplazado hasta el 18 de septiembre esta declaración.

Según han indicado fuentes jurídicas, Bárcenas ha acreditado que hoy miércoles tenía un viaje previsto y su abogado tenía fijado un señalamiento del 'caso Malaya' y tampoco podía acudir al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

"CASO GÜRTEL"; EL JUEZ RUZ APLAZA LA DECLARACIÓN DE BÁRCENAS HASTA EL 18 DE SEPTIEMBRE

El ex tesorero del PP ha acredidato que tenía hoy un viaje previsto
Iba a ser interrogado sobre la imputación por delito fiscal de su esposa
Su abogado tampoco podía acudir por tener un señalamiento del 'Malaya'

Efe | Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha aplazado hasta el 18 de septiembre la declaración del ex tesorero y ex senador del PP Luis Bárcenas, imputado en el 'caso Gürtel', para interrogarle en relación con la imputación por delito fiscal de su esposa Rosalía Iglesias, han informado fuentes jurídicas.

Según han indicado, Bácenas ha acreditado que hoy miércoles tenía un viaje previsto y su abogado tenía fijado un señalamiento del 'caso Malaya' y tampoco podía acudir al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

El pasado 8 de junio, Ruz confirmó la imputación a Iglesias -a la que interrogó el 18 de mayo- por un delito contra la Hacienda Pública, ya que podría haber defraudado "una cuota de 222.112,58 euros al reflejar una supuesta ganancia patrimonial en cuantía de 558.196,97 euros como derivada de la transmisión de un elemento patrimonial adquirido" en 1987.

La defensa de la mujer de Bárcenas había presentado un recurso de reforma contra la imputación y pedido el archivo de la causa basándose en un informe que el pasado mes de abril elaboró la Agencia Tributaria después de que Iglesias acreditara con documentos que el dinero procedía de la venta de unos cuadros adquiridos en 1987.

Ruz reabrió la causa contra Iglesias el pasado 20 de abril después de que el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira levantara su imputación el 6 de mayo de 2010.

Además de Bárcenas, el magistrado ha citado para hoy al ex diputado de este partido en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco y a su hermano, a los que imputa los delitos de alzamiento de bienes e insolvencia punible por la venta de un piso "para eludir presuntamente responsabilidades civiles".

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