jueves, 7 de abril de 2011

EL JURADO DECLARA NO CULPABLE DE MALVERSACIÓN AL ALCALDE DE BORRIOL

La fiscalía pedía tres años de prisión para el regidor por pagar un litigio por una demanda interpuesta por él mismo con dinero del Ayuntamiento

M. FABRA - Castellón 

El jurado popular ha declarado "no culpable" al alcalde de Borriol, Adelino Santamaría, acusado de malversación de fondos públicos por pagar un litigio por una demanda interpuesta por él mismo con dinero del Ayuntamiento. La fiscalía pedía tres años de prisión y siete de inhabilitación para el regidor. Cinco de los miembros del jurado han dictado este veredicto, hace apenas unos minutos, mientras que los otros cuatro consideraban que Santamaría debía ser declarado culpable.

Según las respuestas que han dado al objeto del veredicto, la mayoría del jurado considera que el alcalde de Borriol actuó en consonancia con lo dictado por los técnicos municipales.

Durante el juicio, celebrado el pasado 5 de abril, Adelino Santamaría (PP) admitió que recurrió a los fondos municipales para pagar su defensa en una demanda contra un medio de comunicación. Santamaría alegó que, aunque la demanda se presentó en su nombre, lo hizo en representación del Ayuntamiento al considerar que la información "dañaba" la imagen del Consistorio. Sin embargo, Santamaría no supo explicar por qué en la demanda figuraba él como destinatario de los 30.000 euros que reclamaba como indemnización en una causa que perdió. Ante el jurado, el alcalde aseguró que hubiera cobrado "para el Ayuntamiento".
 

"CASO TROYA"; EL JUICIO AL ALCALDE DE ALHAURÍN EL GRANDE COMENZARÁ EN SEPTIEMBRE


Y a otras 19 personas

Europa Press | Málaga

La Sección Octava de la Audiencia de Málaga tiene previsto iniciar a finales de septiembre, en concreto el día 22, el juicio al alcalde de la localidad malagueña de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, y a otras 19 personas por el denominado caso 'Troya', contra la presunta corrupción urbanística municipal en dicho municipio.

Inicialmente se prevé que las sesiones se celebren los jueves y los viernes y que la vista oral se prolongue hasta diciembre, según han confirmado fuentes judiciales. Además del regidor están acusados el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, dos funcionarios, que eran asesores jurídicos; y 16 empresarios.

La Fiscalía de Málaga solicita en sus conclusiones provisionales, a las que tuvo acceso Europa Press, una pena de cuatro años y medio de prisión y 19 de inhabilitación para cargo público para Martín Serón, al que acusa de los delitos de prevaricación omisiva y de cohecho pasivo.

El fiscal concluye que en ese Ayuntamiento, al menos desde 2002, "ha venido funcionando una trama cuyo objeto no era otro que obtener el enriquecimiento personal ilícito de ciertas autoridades municipales y que consistía en ofrecer a empresarios la posibilidad de obtener una mayor edificabilidad a cambio de una retribución".

Según la acusación, "al frente de dicha trama" estaba el edil de Urbanismo, al que acusa de 11 delitos de cohecho pasivo, con carácter continuado, por lo que solicita las penas de cinco años de prisión y 11 de inhabilitación para cargo publico; y de 14 delitos urbanísticos, también continuados, por lo que pide dos años de cárcel y 10 de inhabilitación, además de una multa de 1,6 millones de euros.

El fiscal considera que, presuntamente, los hechos "eran conocidos" por el alcalde, quien habría permitido la conducta supuestamente delictiva del edil de Urbanismo. Así, para el regidor, además de la pena de prisión y de inhabilitación, pide una multa de 500.000 euros y el decomiso del dinero en efectivo intervenido y de los bienes inmuebles adquiridos con los fondos "ilegales".

Ante esto, en el escrito de defensa, los letrados del regidor alegaron "indefensión" y afirmaron "la completa inocencia" de éste "al ser absolutamente incierta la realidad de su participación criminal en la trama de corrupción que de forma general se dibuja, no sólo por ser los hechos inciertos, sino porque mi mandante no conoce ni sabe a qué conductas de corrupción por cohecho y prevaricación se está refiriendo el ministerio fiscal".

Según la Fiscalía, el edil de Urbanismo "se encargaba de negociar las nuevas condiciones urbanísticas a aplicar a los proyectos de obras y las contrapartidas a abonar por los empresarios". En el escrito inicial se señala que los pagos están en anotaciones manuscritas y en archivos informáticos intervenidos.

En estas anotaciones, éste "había tasado el precio a pagar por el incremento en los metros de edificabilidad y del número de viviendas respecto a lo legalmente establecido", de forma que, presuntamente, el metro cuadrado de techo de más se fijaba en 80 euros, mientras que "a la vivienda proyectada en exceso se aplicaba la suma de 6.000 euros, dice la Fiscalía.


elmundo.es

LA AUDIENCIA RECHAZA LA NULIDAD DEL "CASO CAMAS" Y CULPA A LOS ACUSADOS DEL ATRASO

TRIBUNALES | Por el presunto soborno de una concejal

* estos autos cierran la fase de instrucció

Efe | Sevilla

La Audiencia de Sevilla ha rechazado los dos últimos recursos por nulidad presentados por dos acusados en el llamado 'caso Camas', que investiga el presunto soborno a una concejal a cambio de ciertos acuerdos urbanísticos, y dice que el retraso en la causa se debe a la complejidad de los recursos que han planteado.

La Sección Tercera de la Audiencia, en sendos autos, rechaza la nulidad de actuaciones pedida por el ex alcalde Agustín Pavón (IU), derivada de que el juez instructor había resuelto en un mismo auto distintas peticiones de las partes.

También rechaza otro recurso de Antonio Enrique Fraile, ex concejal del PP imputado, quien había pedido el archivo porque el peritaje de una grabación no pudo identificar a los participantes en la reunión donde se planificó el soborno.

Fuentes del caso han indicado que estos autos cierran la fase de instrucción del 'caso Camas', por lo que en los próximos meses un jurado popular enjuiciará a los cuatro acusados: Pavón, Fraile, el exedil del PA José del Castillo y el empresario Eusebio Gaviño, acusados de sobornar en septiembre de 2005 con 12.000 euros a la ex concejal de IU Carmen Lobo para conseguir su voto en el pleno municipal.

Nulidad de las escuchas y nuevas peticiones
La Audiencia responde a Pavón que el juez instructor respondió a distintas peticiones en un mismo auto "por economía procesal" y ello "en modo alguno determina mayor confusión que la derivada de las cuestiones planteadas".

"Es evidente que la posición de las partes en este proceso ha afectado a su desarrollo", dice la Audiencia, y añade que "ello no debe interpretarse como un ataque a la actuación" de Pavón, sino "la constatación de una realidad" porque las partes "están en su perfecto derecho a interponer los recursos que les permite la ley".

La Audiencia rechaza además que Pavón haya sufrido indefensión por el retraso del juez instructor en señalar qué párrafos de las actuaciones se ven afectadas por la nulidad de las escuchas telefónicas y también rechaza que se vuelva a tomar declaración a los acusados a la luz de dicha anulación.

Sobre las nuevas declaraciones pedidas por Pavón, dice la Audiencia que puede reclamarlas para el juicio, porque en caso contrario conllevaría "una injustificada e innecesaria demora".

Los hechos
En cuanto a Fraile, dice el auto que la imposibilidad de identificar a los participantes en la reunión donde se planificó el soborno no significa el archivo pues "existen otras pruebas que determinan que tuvo participación activa en el delito investigado".

Además, el peritaje "no excluye su intervención, sino que declara que técnicamente no la puede afirmar", recoge el auto, que añade que la participación de Fraile "es admitida por los denunciados".

Los cuatro imputados están acusados de utilizar a un militante de IU, Javier Gordo, para desbloquear la situación del Ayuntamiento de Camas en torno a unos "importantes proyectos urbanísticos" y para ello pidieron el voto de Carmen Lobo a favor de las propuestas que se iban a presentar en seis plenos municipales.

Gordo y Lobo fingieron acceder a la propuesta y denunciaron los hechos, por lo que todos los movimientos de los acusados fueron vigilados por la Policía, que interceptó la entrega a la entonces concejal de un sobre con 12.000 euros en efectivo.

elmundo.es

"CASO MERCASEVILLA"; RODRIGO TORRIJOS, IMPUTADO POR LA VENTA FRAUDULENTA DE LOS SUELOS DE LA EMPRESA PÚBLICA

Torrijos (centro) y Mellet (izquierda), compartiendo mariscada en Bruselas.
A la empresa Sanma, filial de Sando

* La juez destaca la 'responsabilidad y activa participación' de Torrijos
* Es primer teniente de alcalde de Sevilla y era vicepresidente de Mercasevilla

María Rionegro | Sevilla

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, primer teniente de alcalde, delegado de Infraestucturas para la Sostenibilidad y candidato de esta formación a la Alcaldía de Sevilla en las próximas elecciones municipales, ha sido imputado este miércoles por la juez Mercedes Alaya en el 'caso Mercasevilla'.

Torrijos formaba parte, como vicepresidente de la empresa pública, del consejo de administración de Mercasevilla que aprobó la venta de sus terrenos a la sociedad filial de Sando, Sanma, en lo que la juez que investiga el caso consideró desde el primer momento una "venta fraudulenta", en la que Alaya ve indicios de malversación.

La juez, en un auto dictado el pasado lunes y que se ha notificado este jueves a las partes, determina que "del resultado de las pruebas practicadas se deduce la responsabilidad y activa participación de don Antonio Rodrigo Torrijos, vicepresidente y miembro de la comisión ejecutiva de Mercasevilla, en el proceso de adjudicación de la totalidad de los terrenos a Sanma".

El empresario Antonio Pardal, socio mayoritario de la sociedad mercantil Larena 98, aseguró ante la juez instructora que recibió "presiones" para que resolviera el contrato sobre el derecho de superficie firmado el 14 de octubre de 2003, ya que existía una entidad -Sanma- que estaba esperando a subrogarse en dicho derecho.

Según Pardal, tras firmar el contrato de derecho de superficie y realizar los proyectos para la construcción de una serie de naves industriales, la Gerencia Municipal de Urbanismo le comunicó que estos proyectos no eran viables, ya que los suelos iban a cambiar su uso a residencial.

El propietario de Larena 98 se reunió con los imputados Fernando Mellet y Daniel Ponce, y también con el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, que llegó a manifestarle que "no podía que hacer nada".

Todo a su debido tiempo
La juez que investiga las presuntas irregularidades en Mercasevilla aseguró que el primer teniente de alcalde de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, tendría antes o después "que explicar las razones de su marcado interés por el concurso público" de la venta de los terrenos del mercado central "y su intervención en él".

La magistrada adelantaba en octubre pasado que el "hecho delictivo" que persigue en sus investigaciones no era el concurso público utilizado en lugar de la subasta, por mucho que el método elegido no fuese el "idóneo", sino que es preciso "algo más", demostrar que esa fórmula se "eligió e impulsó" con la idea de favorecer a una entidad determinada.

La juez pidió a Fernando Mellet, el gerente de Mercasevilla, imputado, que aportara a la causa "los datos que posea en relación al señor Rodrigo Torrijos" o cualquiera de los que intervinieron en la aprobación del concurso. Desvelar "quien o quienes le ordenaron sobre el concurso sería no sólo relevante para la investigación sino para su defensa", manifiesta la juez.

"CASO GÜRTEL"; EL JUEZ PONE A CAMPS A UN PASO DEL BANQUILLO TRAS RECHAZAR SUS ALEGACIONES

Flors admite la prueba sobre la manipulación de las cuentas de Forever Young

IGNACIO ZAFRA - Valencia

A FONDO: Todo sobre el caso Gürtel

La situación judicial del presidente valenciano, Francisco Camps, experimentó un grave empeoramiento ayer, un día después de que Mariano Rajoy volviera a avalar su candidatura a las elecciones autonómicas del 22 de mayo. El juez que instruye el caso de los trajes por la supuesta aceptación de numerosas prendas de vestir valoradas en miles de euros regalados por la trama Gürtel, desestimó, en un auto conocido ayer, la mayor parte de las alegaciones presentadas por Camps y los otros tres imputados y convocó la audiencia preliminar, el acto que precede inmediatamente a la decisión de abrir o no juicio oral.

La decisión sobre la apertura de juicio debería conocerse en pocas semanas

El presidente de la Generalitat siempre ha negado los hechos, aunque en público solo ha declarado: "Yo me pago mis trajes". La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado, en cambio, unir al caso de los regalos otros siete supuestos delitos de corrupción, incluidos la financiación ilegal de las campañas electorales de 2007 y de 2008; cohecho propio; prevaricación en la adjudicación de contratos; delitos fiscales, y de falsedad en documento mercantil. En ellos, además de Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret, habrían participado otros siete altos cargos del PP y el Gobierno valenciano, incluidos el vicepresidente Vicente Rambla y la presidenta del parlamento autónomo, Milagrosa Martínez; los cabecillas de la trama, y ocho grandes constructores que, según la investigación, financiaron los macroactos habituales en las campañas del PPCV.

El ministerio público quiere que se juzguen juntos todos los delitos porque considera que están íntimamente conectados y que son distintas expresiones de un mismo foco de corrupción: el derivado de la intensa relación de la trama Gürtel con la Generalitat Valenciana y el PPCV, ambos presididos por Camps.

A la espera de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano decida sobre dicha acumulación, la justicia devolvió ayer el caso de los trajes al preciso momento procesal en que se hallaba hace dos años, cuando la Sala Civil y Penal presidida por el amigo de Camps Juan Luis de la Rúa, la archivó. El Tribunal Supremo corrigió por unanimidad aquella decisión y reabrió la causa al considerar que el órgano valenciano había incurrido en un error de ley.

Esta vez la causa también está pendiente de apelaciones a la sala, relativas a diligencias dilatorias pedidas por las defensas y rechazadas por Flors. Fuentes jurídicas apuntan, sin embargo, que deberían resolverse sin mayor repercusión para el procedimiento, a la vista de lo que estableció el Supremo. Al frente de la sala, además, ya no está De la Rúa, sino Pilar de la Oliva, que se ha mostrado más inclinada a limitar al terreno institucional las relaciones entre los poderes del Estado.

Si no hay sorpresas ni el caso se suspende para unirlo al resto de supuestos delitos, una vez resueltas las apelaciones se señalará la fecha de la vista. El auto sobre la apertura de juicio debería dictarse, según las mismas fuentes, en pocas semanas.

El juez José Flors, instructor del caso de los trajes, abrió ayer otra vía de agua en la defensa del presidente valenciano al avalar la prueba aportada por Anticorrupción que apunta a que la contabilidad de Forever Young, la tienda madrileña de la que habrían salido varias de las prendas para los imputados, fue manipulada para borrar el rastro que conducía a Camps. El identificador del presidente valenciano habría sido sustituido por el de Álvaro Pérez, El Bigotes.

La cuestión es importante porque los peritos de Hacienda que analizaron la contabilidad de la tienda ya expresaron sus sospechas de que las cuentas del establecimiento habían sido manipuladas. Y porque la supuesta indefinición de ese informe pericial es uno de los pocos argumentos que las defensas esgrimen frente a las numerosas pruebas incriminatorias que figuran en la instrucción.

La teórica destrucción de pruebas, apoyada en correos electrónicos y extractos de archivos informáticos, se habría producido pocos días después de una reunión entre Federico Trillo, coordinador del PP en el caso Gürtel, y Eduardo Hinojosa, dueño de la cadena de tiendas. El magistrado cita a declarar en la vista al respecto al sastre José Tomás, al informático de Forever Young que supuestamente alteró la contabilidad y a la directiva de confianza de Hinojosa que le habría ordenado hacerlo.

¿Y ahora qué?
- El 25 de enero, el juez José Flors, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, terminó la instrucción del proceso contra el presidente autonómico, Francisco Camps; el diputado y ex secretario general del PP en esa comunidad, Ricardo Costa; el exvicepresidente del Gobierno regional, José Victor Campos; y el alto cargo de la Consejería de Turismo Rafael Betoret.

- El 11 de febrero, la fiscalía concluyó que se había producido un delito continuado de cohecho pasivo impropio por los 11 trajes, cinco americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas regalados por la red Gürtel.

- El 14 de febrero, el PP valenciano designó a Camps como aspirante a la reelección en las elecciones autonómicas del 22 de mayo. El 24 de febrero, el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, confirmó la candidatura. Esta misma semana, Rajoy aseguró: "Camps no es una hipoteca, es candidato porque creo que es un hombre honrado. Si se abre juicio oral contra él, no haré nada, lo mantendré".

- Ayer, el juez rechazó las alegaciones de los acusados y convocó la audiencia para escuchar a las partes antes de decidir la apertura o no de juicio oral. No fija la fecha de la vista, a la espera de la resolución de las apelaciones ante la Sala Civil y Penal.

- Fuentes del tribunal indican que el juicio, de celebrarse, sería en septiembre u octubre. Los cuatro imputados podrían evitar sentarse en el banquillo si asumieran el delito y pagaran la multa que lleva aparejada (unos 41.000 euros). Lo pueden hacer en cualquier momento del proceso.

- Tanto los escritos de las acusaciones (PSOE y fiscalía) como los de las defensas de los imputados estarán presentados a comienzos de abril. A continuación, el juez convocará la audiencia preliminar, previsiblemente en la primera quincena de abril.

- En ese mismo acto, o inmediatamente después, comunicará si abre juicio oral (contra esa decisión no cabe recurso) o archiva el proceso (no cabría recurso).

- El juicio se realizaría con jurado, y lo presidiría el magistrado Juan Climent.
   
 Más información:
* Personaje: Francisco Camps Ortiz
* Organismo: PP Partido Popular
* Tema: Caso Gürtel
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* Fotografía: Camps y Fabra en Castellón
* Gráfico: La facturación de Orange Market y los regalos a altos cargos valencianos - 12-05-2010
* Audio: Francisco Camps: "Estoy muy agradecido a mis compañeros porque vuelven a confiar en mí para ser el candidato a presidente de la Generalitat"

elpaís.com

LA JUNTA DE ANDALUCÍA ENTREGARÁ MAÑANA LAS ACTAS A LA JUEZ DEL "CASO ERE"

Los problemas del PSOE andaluz

El jueves acaba el plazo que dio la magistrada a Griñán para enviar lacrados los documentos del Ejecutivo regional

LOURDES LUCIO - Sevilla

El Ejecutivo andaluz cumplirá con el plazo de las 72 horas, que vence mañana, que le ha dado la juez Mercedes Alaya para enviarle todas las actas de las reuniones celebradas por el Consejo de Gobierno desde 2001 hasta la actualidad. El Ejecutivo las entregará mañana jueves, según confirmaron fuentes de la Junta de Andalucía. La juez, que investiga el escándalo de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ordenó el envío en sobre lacrado de esas 480 actas de los últimos 10 años.

Alaya ha adoptado esta medida cautelar antes de decidir si envía al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Tribunal Supremo la negativa de la Junta a entregarle las actas por ser reservadas. En un auto dictado ayer, la magistrada advertía al Gobierno andaluz de que si no entregaba copia de las actas en 72 horas cometería un delito de quebrantamiento de medida cautelar. La Junta se mostró ayer dispuesta a aceptar esta nueva exigencia y hoy ha confirmado que será mañana cuando cumplirá la orden de la magistrada.

En este escrito, la juez reclama información sobre cuatro aspectos concretos: si el Consejo de Gobierno aprobó el acuerdo marco de 2001 entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) para conceder las ayudas; si se adoptó algún acuerdo desde 2001 hasta 2003 ante "algún reparo" de la Intervención General y de la Cámara de Cuentas; si llegó a la mesa del Gobierno algún acuerdo por la finalización del convenio con el IFA; y si el Ejecutivo aprobó modificaciones presupuestarias para aumentar el fondo de las ayudas a empresas en crisis.

La instructora busca "evitar en el terreno de las hipótesis que pudieran alterarse u ocultarse partes relevantes de las actas" por la Junta mientras se resuelve el conflicto jurisdiccional. Además, advierte al Gobierno autónomo de que incurriría en desobediencia a la autoridad judicial si no le envía también las actas de los consejos de dirección de las consejerías de Presidencia, Empleo, Hacienda y Economía e Innovación de la última década.

La clave está en si la investigación judicial de los ERE fraudulentos puede justificar el examen que pretende hacer la juez de la gestión del Gobierno andaluz durante una década, o si supone una injerencia del Poder Judicial en el Ejecutivo. La Junta ha identificado en su investigación interna de los ERE subvencionados 111 irregularidades administrativas y 72 intrusos (personas que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas).

Por otra parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Jose Antonio Griñán, ha destacado que se fía "plenamente de que nadie en el juzgado va a abrir las actas", y que "naturalmente" el Ejcutivo regional las remitirá al juzgado.

Mientras, el PP ha pedido la comparecencia "urgente" en el Congreso del vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, para que "dé cuenta" de los escándalos en los que se está viendo envuelta la Junta de Andalucía, en alusión a la denuncia de que su hijo intermedió para empresas de la Junta y al caso de los ERE.