lunes, 6 de junio de 2011

"CASO BRUGAL"; ENRIQUE ORTIZ SABÍA QUE DÍAZ ALPERI IBA A DIMITIR 20 DÍAS ANTES DE QUE LO HICIERA OFICIALMENTE

Castedo, Ripoll y Camps junto a Díaz Alperi el día de su dimisión. | A.P.
* El exalcalde llamó además a Ortiz minutos antes de dimitir para despedirse

Efe | Alicante

El empresario alicantino Enrique Ortiz tenía conocimiento de que Luis Díaz Alperi iba a dimitir como alcalde e iba a dejar a la entonces concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, como su sucesora, más de 20 días antes de que finalmente ocurriera la dimisión, según consta en una de las conversaciones interceptadas en la investigación del 'caso Brugal'.
Según aparece en los informes policiales incluidos en la pieza separada del caso Brugal, relativa al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, Ortiz mantuvo el 21 de agosto de 2008 una conversación con Castedo, a quien se dirige como "alcaldesa", pocos días antes de viajar a Ibiza.

En esta conversación, Ortiz le traslada a Castedo que Díaz Alperi le ha comentado que quiere "hacerlo ya ya" y que ha "hablado con Paco Camps" para decírselo. La ahora alcaldesa dice que está al tanto y que "claro que lo quiere hacer ya pero ya es dentro de unos meses".

Castedo le dice a Ortiz que tiene "el estómago encogido" por su designación como alcaldesa y se alegra de la posibilidad de que Díaz Alperi se quede "en el puerto". "A mí me vendría de puta madre, yo lo que quiero es que esté a mi lado", dice la alcaldesa, que añade que "mientras esté él" estará "tranquila".

La ahora alcaldesa dice que "no le importa" que "los palos" vayan directamente a ella. "A mí lo que me interesa es tenerlo a él ahí" porque, según dice, "él es hábil y sabe cómo lo tiene que hacer y yo ejecuto, entiendes", tal y como han "hecho hasta ahora".

Llamó a Ortiz minutos antes de dimitir
La información que sobre este extremo recibe Ortiz vuelve a ponerse de manifiesto el mismo día de la dimisión, el 11 de septiembre de 2008, pocos minutos antes de que se ofreciera la rueda de prensa en la que se anunció su decisión.

Díaz Alperi llamó a Ortiz y le dijo que dentro de "un cuarto de hora doy una rueda de prensa" para dimitir porque "ya está bien". "He estado toda la mañana con Camps y estamos de acuerdo, está aquí conmigo y Ripoll y Sonia, se queda Sonia, claro", le dice el exalcalde a Ortiz, porque "evidentemente si no se queda Sonia yo no me voy".

El empresario parece no dar crédito a lo que Díaz Alperi le cuenta, por lo que éste le pasa a Sonia al teléfono y él se dirige a ella, de nuevo, como "alcaldesa". Al concluir la conversación, Ortiz le dice: "bueno, dentro de un rato ya no serás mi amigo el alcalde, sólo serás mi amigo".

'Sonia es amiga, amiga'
En el informe policial también constan dos llamadas relevantes para los investigadores, una el mismo día de la dimisión, entre Ortiz y Vicente Llácer, en la que el primero informa al segundo de la dimisión de Díaz Alperi. "Bueno, dentro de un cuarto de hora dimite el alcalde de Alicante y se queda Sonia de alcaldesa", dice Ortiz. A esto le responde Llácer: "bueno, ahí tienes tus buenas acciones, eso lo habrás arreglado tú, además". Ortiz responde: "es amiga, es amiga".

La segunda llamada destacada por las investigadores es la que mantiene con Ricardo Costa al día siguiente de la dimisión. El entonces secretario general del PPCV le dice a Ortiz: "ya has colocado a tu pupila de alcaldesa".

El mismo 11 de septiembre también hay una llamada del entonces concejal de Servicios y Mantenimiento, Pablo Suárez, quien saluda a Ortiz como "alcalde". Suárez fue cesado supuestamente a petición de Díaz Alperi por no favorecer unos negocios de su hijo Otto.

"CASO MAQUILLAJE"; LA AUDIENCIA DESESTIMA EL RECURSO DE "INDEFENSIÓN" DE MUNAR

Valida las investigaciones

Carla Arrieta | Palma

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha desestimado el recurso interpuesto por la ex presidenta del Parlament, María Antonia Munar, y otros dos imputados en el llamado 'caso maquillaje', Margarita Sotomayor y Miguel Nadal Buades.

La Sala considera que, pese al posible defecto de forma en el proceso judicial, no se justifica la 'indefensión' alegada por los imputados en la pieza separada que afecta a las subvenciones concedidas al programa 'Temps d'esport' y que incurrieron en delitos de malversación, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios y falsedad en documento oficial.

Las defensas de Munar y los otros dos imputados cuestionan que en el momento en que se desgaja esta pieza, (auto 15 de septiembre de 2010) en lugar de crear una pieza separada se crearon nuevas diligencias previas y "no se les notificó en tiempo y forma". Ante esto la Audiencia considera que, aunque se hubieran creado un procedimiento nuevo no se habría incurrido en ningún tipo de indefensión ya que ya se les había informado y tomado declaración en el marco del caso original y de hecho tuvieron oportunidad de defenderse al ser llamados a declarar ante el juez. Considera así que el trámite es un formalismo para agilizar el proceso pero que todas las investigaciones y delitos imputados proceden de la misma precia madre.

Este Auto supone un paso más en el proceso de poner fecha al juicio oral que ha sido aprobado pero aún quedan recursos pendientes más recursos. Sin embargo, la trascendencia del auto de hoy por un defecto de forma podría haber provocado un importante trastorno en el fondo del asunto ya que, si les hubiesen dado la razón, suponía retrotraer todas las investigaciones de esta pieza.

En concreto, el Ministerio Público sostiene que una vez que Munar y Nadal se hicieron con el control mayoritario de la productora Vídeo U. intervinieron de forma "arbitraria e ilegal" a fin de otorgarle fondos públicos "sin justificación ni motivo alguno". Así fue como la Institución tramitó entre 2004 y 2005 dos subvenciones de 120.000 euros cada una para la creación del programa radiofónico 'Temps d'esport', que de acuerdo a las investigaciones no llegó a difundirse.

Munar defendió en la declaración que prestó ante el juez instructor que si las subvenciones del programa se dieron "es porque se podían dar", ya que "otra cosa es que se haya hecho un mal uso de la subvención y nadie me advirtió de ilegalidad ni había ningún informe en contra, y si no hay informe, lo más normal es firmar". Además, negó haber adquirido el 25 por ciento de Vídeo U, una de las productoras a las que presuntamente el Consell desvío más de cuatro millones de euros la pasada legislatura mientras Munar era máxima responsable de la Institución.

También se encuentran acusados los presuntos testaferros en Vídeo U, Miquel Sard y Víctor García, los socios originarios de esta empresa, Miquel Oliver, Luisa Almiñana y Cristóbal Rullán, los administradores de Studio Media Elisabeth Diéguez y Alfredo Conde, y la ex directora insular de Comunicación, Margarita Sotomayor.

Además
    * Lea el auto de la Audiencia

elmundo.es

"CASO PALMA ARENA"; LA ABOGACÍA DE BALEARES PIDE SOBESEER LA PIEZA DE LA ÓPERA DE CALATRAVA

Efe | Palma

La abogacía de la Comunidad Autónoma de Baleares ha pedido este lunes el sobreseimiento y archivo de la pieza del caso Palma Arena relativa al anteproyecto de la ópera de Santiago Calatrava, en la que por el momento están imputados el arquitecto, el ex presidente Jaume Matas y el ex conseller Francesc Fiol.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), la abogacía de la Comunidad ha hecho esta solicitud en un escrito presentado esta mañana ante el instructor del asunto, el magistrado Francisco Muñoz, de la Sala Civil y Penal del TSJB.

La Fiscalía Anticorrupción debe concretar esta semana si mantiene la acusación en esta pieza, que instruye ahora el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Baleares Francisco Muñoz dada la condición de aforado del exconseller Francesc Fiol como miembro de la diputación permanente del Parlament balear, cargo que dejará de ocupar este martes cuando se constituya la nueva Cámara legislativa autonómica.

El pasado martes, el magistrado dictó una providencia dando por concluida la instrucción de la pieza e instando a la Fiscalía Anticorrupción y a la acusación de la comunidad autónoma a pronunciarse respecto a ella en el plazo de cinco días hábiles.

El anteproyecto de palacio de la ópera y de reforma de la bahía de Palma lo elaboró Calatrava por encargo del pasado Govern de Matas, aunque finalmente no se llegó a presentar por prohibición de la Junta Electoral, dado que se pretendía exponer un mes antes de las elecciones autonómicas de 2007.


elmundo.es

"CASO RENEDO"; LA FISCAL "YA ESTÁ EN CONDICIONES DE EJERCER LA ACUSACIÓN"

Asturias

Gerardo Herrero señala que aún hay diligencias abiertas para analizar la documentación «de varias empresas y diferentes consejerías»

O. SUÁREZ / R. MUÑIZ | GIJÓN.


El fiscal superior de Asturias, Gerardo Herrero, detalló ayer el estado en el que se encuentra la instrucción del 'caso Renedo'. «Existen aún unas diligencias abiertas, en las que se está analizando documentación de varias empresas, así como la relación con diferentes consejerías». En lo tocante a los cinco imputados que hay hasta ahora (José Luis Iglesias Riopedre, María Jesús Otero, Marta Renedo, Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez), «la fiscal tiene ya prácticamente finalizado el relato de los hechos; si no se producen novedades, está en condiciones de ejercer la acusación».
 
El Ministerio Fiscal sigue pendiente de que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre una de las primeras medidas adoptadas por el magistrado que instruye el caso desde que pasara a Oviedo: imponer un secreto sobre el sumario que incluía al fiscal. «No es legal», entiende el fiscal. La semana pasada, el magistrado-juez Ángel Sorando Pinilla, autorizó el inicio del análisis de los documentos ocupados a Comercial Asturiana de Papelería S. A. (Igrafo), empresa de la que es accionista Víctor Manuel Muñiz.

El miércoles que viene, además, tiene citados a B. F. S. y V. H. M., dos funcionarios que pasaron por la Secretaría General Técnica de Educación. Durante la etapa de Riopedre, la de Educación fue la consejería con mayor rotación en este puesto, llamado a fiscalizar las contrataciones. El día 20 les siguen P. R. P., del mismo departamento, y Alberto Pérez Cueto, director general de Modernización en funciones, y superior inmediato de Marta Renedo. Todos responderán a las preguntas del magistrado y de las partes personadas, incluidas las acusaciones populares, ejercidas por el Bloque por Asturies y la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall).

Sorando acaba de solicitar que el Principado remita el expediente de las obras de cableado informático en el centro cultural de La Fresneda (Siero). En junio de 2006, la Consejería de Cultura, de la que era titular Ana Rosa Migoya, anunció las obras por 66.500 euros. Dos meses antes, un expediente autorizado por la consejera, ordenaba el pago de 26.500 euros por la instalación de un programa informático en el mismo centro a Oxiplans, una tapadera que presuntamente usaba Renedo para desviar fondos a sus bolsillos.

elcomercio.es

EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 1 DE GRANADA ARCHIVA EL "CASO MORELÁBOR" TRAS LA PETICIÓN DE LA FISCALÍA

GRANADA

Tras la toma de declaración de los imputados, el fiscal consideró que "no existe prueba" ni sobre la "concreción" ni sobre la realidad de una "oferta económica" cierta a los concejales Clares y Jiménez

EUROPA PRESS | GRANADA
   
El Juzgado de Instrucción 1 de Granada ha archivado la investigación del llamado'caso Morelábor', en el que estaban imputados nueve cargos políticos -de PP, PSOE e independientes- por la posible comisión de delitos de cohecho relacionados con la moción de censura que dio al PP la Alcaldía de Morelábor, un municipio de la comarca de Los Montes de apenas 700 habitantes.

Según han informado fuentes judiciales, en un auto de fecha 19 de mayo el juez atiende a la petición de la Fiscalía de Granada, que ya pidió el sobreseimiento de la causa, que se abrió a raíz de las denuncias interpuestas de manera separada por PP y PSOE por la supuesta compra de la voluntad de los concejales Belinda Clares y Celedonio Jiménez para que apoyaran en un caso y rechazaran en otro la moción de censura, que finalmente prosperó el 16 de noviembre de 2009.

Tras la toma de declaración de los imputados, el fiscal consideró que "no existe prueba" ni sobre la "concreción" ni sobre la realidad de una "oferta económica" cierta a los concejales Clares y Jiménez -que, pese a ser independientes, se presentaron en la lista del PSOE en las elecciones de 2007-, ni si éstos recibieron dinero o prebenda alguna, según señalaba el Ministerio Público en su resolución.

De hecho, según afirmaba el fiscal, los implicados sólo invocaron "conversaciones no contrastadas" y refirieron "promesas o expectativas en términos genéricos", según las interpretaciones de uno y otro lado, y "nunca avaladas por ningún testigo sujeto a la obligación de decir verdad".

Por ello, la Fiscalía concluyó que procedía el sobreseimiento de la causa dado que la jurisprudencia exige para el delito de cohecho que exista un ofrecimiento concreto de una cantidad económica o de un puesto de trabajo y, como quiera que ese ofrecimiento "no se ha podido acreditar" y sólo existen "dos bloques de declaraciones idénticas y contradictorias", entiende que en los hechos no existe el suficiente "apoyo probatorio".

El juez abrió diligencias de investigación penal después de la denuncia que el PP presentó tras la rueda de prensa que ofrecieron los concejales en la que afirmaron haber mantenido reuniones con los responsables provinciales del PSOE en las que éstos les aseguraron "que si no acudían a la moción de censura contra el alcalde socialista de Morelábor no iban a tener problemas en lograr ayudas en forma de trabajo o dinero por parte del PSOE".

Concretamente, la edil Belinda Clares manifestó que recibió presiones constantes por parte de los socialistas imputados para evitar su apoyo a la moción, "llegando hasta el punto de asegurarle que si la apoyaba no iba a tener dinero ni para pagar el colegio de su hijo".

El asunto había sido llevado en diciembre de 2009 por el PSOE a la Fiscalía, que denunció por cohecho a tres diputados del PP granadino por supuestamente haber ofrecido empleo a los dos concejales a cambio de que apoyaran la moción de censura, denuncia que fue trasladada posteriormente al juzgado.

Según el PSOE, los ediles se habrían visto forzados a apoyar esa moción por su situación "económica y familiar", dado que dos diputadas del PP --las denunciadas, junto al portavoz del PP José Antonio Robles, Teresa Fernández del Moral y María Victoria Molina-- les ofrecieron a ambos "un puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Guadix".

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