sábado, 13 de marzo de 2010

PIDEN CÁRCEL PARA EL EX ALCALDE DE SALARES POR NO ACTUAR CONTRA UNA CASA ILEGAL

TRIBUNALES Piden un año de cárcel

Europa Press Málaga

La Fiscalía de Málaga mantiene la petición de un año de prisión para el ex alcalde de la localidad malagueña de Salares Jorge Luis Fernández, al que acusa de prevaricación omisiva, por no actuar para restablecer la legalidad respecto a una vivienda construida en suelo no urbanizable y sin licencia, según el fiscal. El ex regidor declaró que no sabía que debía sancionar y que pensaba que era legal.

El Juzgado de lo Penal número 7 dejó visto para sentencia el juicio contra Fernández, para el que el fiscal pide también ocho años de inhabilitación; y contra el particular que construyó, para el que pide un año de cárcel, multa e inhabilitación por un año. El escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, insta a la demolición de la vivienda que, según el acusado, es su residencia habitual.

Según la acusación pública, el particular ejecutó de 2001 a 2007 una vivienda de 160 metros cuadrados sobre suelo no urbanizable, amparándose en una solicitud de 1999 de licencia "que no llegó a ser concedida" al no presentar el proyecto técnico y porque la secretaria municipal emitió informe en contra. Además, se señala que las obras no son legalizables porque no están vinculadas a uso agrícola.

A este respecto, el particular declaró que la estructura estaba terminada en 2002, por lo que, según su defensa, el delito habría prescrito; y dijo no recordar si tenía licencia o no, pero sí que había pagado unas tasas y los impuestos. Añadió que "ni el Seprona ni el alcalde ni nadie" le dijo que no se podía construir y precisó que cuando pidió el permiso había otro alcalde.

El ministerio fiscal señala que estos hechos fueron denunciados en el Ayuntamiento hasta en 19 ocasiones por un vecino del acusado, natural de Cómpeta, al que se le había denegado una licencia para una nave para abejas. Éste, que declaró como testigo, señaló que cuando preguntó al alcalde y a la secretaria le decían que la otra casa "tenía licencia".

Por otra parte, el fiscal sostuvo que el entonces alcalde tuvo "pleno conocimiento" de las denuncias del vecino y fue advertido por la secretaria de la necesidad de iniciar expediente de infracción y restablecimiento de la legalidad, lo que no hizo, pero además, según la acusación, expidió en 2006 un certificado en el que se hablaba de que la vivienda reunía las condiciones para la primera ocupación.

En su declaración, el ex regidor dijo que no dio licencia de obra ni de habitabilidad y precisó que ese certificado, para el enganche de la luz, no lo hizo él. En este sentido, la secretaria, que declaró como testigo, dijo que lo redactó ella por indicación del ex alcalde y apuntó que cuando le advertía de la ilegalidad "él hacía la salvedad de que era un pueblo pequeño, era un muchacho de allí y no era para especulación, sino para vivir".

De hecho, el ex primer edil aseveró que "nunca" actuó "contra un vecino que intentaba ganarse la vida". "He preguntado y hecho lo que hacían todos los alcaldes de la Axarquía. Hemos intentado ir con la legalidad, pero no sé de leyes", apostilló Fernández, quien añadió que "a día de hoy, no se sabe la delimitación del casco urbano del pueblo y no hay planeamiento, por lo que no sé si el suelo es urbanizable o no".

En este punto, reconoció que no se preocupó por saber si la casa era legal o ilegal "porque estaba terminada", aunque aseguró que cuando denegó la licencia al otro vecino fue porque era suelo no urbanizable y porque, según se informó, una nave de ese uso "no puede estar cerca de vecinos ni de caminos". "Quería poner la nave cerca de donde vivía gente", insistió.

Aseveró que "mucha gente" sabía que "la casa estaba allí y nadie me dijo que era ilegal" y se quejó de falta de apoyo técnico por parte de otras instituciones. "Pensaba que era legal, pensaba que tenía licencia concedida por tener, como todo el mundo, una hoja de autoliquidación", manifestó, al tiempo que dijo que "hasta hace tres o cuatro años, todo el mundo ha construido en el campo".

En su informe final, el fiscal indicó que el que otras autoridades supieran que existía esa vivienda y no actuaran "no significa que el alcalde no lo tuviera que hacer" y consideró que "cuando uno es alcalde, tiene que conocer que tiene competencias y que se puede perseguir estos delitos". "Si no lo sabe, tiene o que enterarse o no presentarse a alcalde", apostilló.

"OPERACIÓN PONIENTE"; ENCISO AMENAZÓ AL SECRETARIO MUNICIPAL PARA QUE DIERA UNA LICENCIA

ALMERÍA Escuchas de la 'operación Poniente'

Alemán se sirvió de la mediación del secretario de organización del PSOE provincial para conseguir una subvención

Europa Press Sevilla

Las escuchas telefónicas reflejadas en la parte del sumario de la 'operación Poniente' contra la corrupción liberado por la juez instructora revelan las presiones a las que sometieron el alcalde de El Ejido (Almería), Juan Enciso (PAL), y el ex interventor municipal, José Alemán, al secretario del Consistorio, a quien amenazaron con suspender de empleo y sueldo por negarse a firmar un documento presuntamente ilegal destinado a desbloquear una licencia para el Centro Integral de Mercancías (CIM).

Según se relata en una conversación entre Alemán y el ahora alcalde en funciones, Ignacio Berenguel, contenida en las actuaciones, el primer edil ejidense se refirió "hecho un energúmeno" al funcionario diciendo "me cago en la puta que lo parió, que lo suspendo de empleo y sueldo" al conocer que había reflejado en un acta las amenazas e "insultos" que recibió durante una reunión al tiempo que Alemán advertía de que "había que ir preparándose para defenderse de ese hombre que va de llanero solitario".

Ante el temor de que el secretario municipal "esté intentando poner" la base para hacer una "medida judicial", Alemán le trasladó a Berenguel en esa comunicación -fechada el 7 de mayo de 2009- que respaldaba la propuesta del alcalde de "quitarlo unos días de empleo y sueldo" ya que, según sostenía, "no está mal asustarlo un poco, porque a la gente lo que le afecta es el bolsillo".

Una semana antes, un miembro de la corporación local que no identifica la Policía en sus diligencias advierte al ex interventor municipal que debe "coger en serio al alcalde para hablarle seriamente y tomar postura" frente al funcionario, después de que éste no cediese al decirle este edil "de forma clara" que la licencia para el CIM "ya esta dada, y está dada para todos los efectos" porque "se ha conseguido el préstamo y ya está".

Alemán asegura entonces que "hay que pararle los pies por que nos va a complicar la vida al final" e insta a "no echar" el incidente en "saco roto, porque, si ha empezado por ahí puede empezar con más historias", al parecer "porque está dolido con el alcalde". Entre medias, en otra conversación entre Enciso y Alemán, este último le alerta de que la retirada del secretario municipal de sus competencias ha provocado este sentimiento y que "ahora las cosas las tendrá que hacer legalmente, porque éste -en referencia al funcionario- está en este plan y no me fío de él".

El sumario destapa, en esta línea, el recelo que, a mediados de mayo, ya era patente en el primer edil y el ex interventor municipal, ambos encarcelados, con respecto a la investigación que la Fiscalía Anticorrupción inició en 2007 y judicializó con las primeros escuchas telefónicas en abril de 2009.

Es el alcalde quien le dice a Alemán "que no hay nada en ningún lado, nada", en referencia a Madrid y Almería y el que arremete contra "los que están mintiendo, movilizando y engañando a los trabajadores, que están en la calle por culpa de los sindicatos", en referencia a los conflictos generados en torno a la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur).
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